close
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Los memes por los que te pueden meter a la cárcel en Rusia
Maria Motuznaya, de 23 años explicó en Twitter por qué está en la lista oficial de "extremistas y terroristas" de Rusia.
Por BBC Mundo
26 de agosto, 2018
Comparte

El caso de una joven que se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel por compartir memes en las redes sociales ha provocado un gran debate sobre el abuso de la ley y la censura en Rusia.

Maria Motuznaya, de 23 años, quien vive en la ciudad de Barnaul en Siberia, llamó la atención pública a fines de julio, cuando explicó en Twitter por qué está en la lista oficial de extremistas y terroristas de Rusia.

“Hola a todos, mi nombre es Masha, tengo 23 años y soy una extremista”, escribió en ruso, presentando su historia.

En los 20 tweets que siguieron, María detalló cómo, en mayo, la policía la acusó de “insultar a la gente” publicando memes satíricos en su perfil en VKontakte o VK, la red social más grande de Rusia.

Después de una audiencia inicial, el caso regresará a la corte el 28 de agosto. María enfrenta hasta 6 años de prisión por cargos de incitación al odio y ofender los sentimientos de creyentes religiosos, ambos delitos en Rusia y en muchos otros países del mundo.

“Compartí varios memes y unas de las imágenes eran de temas religiosos, sobre la Iglesia ortodoxa rusa en particular”, le contó a la BBC.

Uno de los memes ofensivos muestra a mujeres vestidas de monjas fumando cigarrillos y exhortándose mutuamente a hacerlo rápido “mientras Dios no está mirando“.

Otra muestra a niños africanos con platos vacíos en sus manos, acompañados por la leyenda: “El humor negro es como la comida, no todos lo reciben bien”.

“No eran genocidio ni nada así, simplemente algunas imágenes divertidas”, explicó Maria.

Ella dice que los memes reflejan su yo más joven y que hoy en día no los publicaría, ya que su perspectiva y sentido del humor han cambiado.

“Tenía 20 años, era una persona completamente diferente”, dijo.

“Pensé que era una broma”

Cuando Maria descubrió que estaba bajo investigación policial, su primera reacción fue de incredulidad.

“Honestamente, la primera vez, cuando me mostraron la orden , me reí y pregunté: ‘¿Hablas en serio?’. Pensé que era una broma de algún tipo, que tal vez mis amigos estaban divirtiéndose a mi costa”.

Cuando la llevaron para interrogarla, la policía le dijo que recibiría “servicio comunitario sin antecedentes penales” si firmaba una confesión completa. “Firmé todo, creí a nuestra gran policía“, señaló, con una risita nerviosa.

“No puedo creer que lo que está sucediendo sea real. Todavía me parece que en cualquier momento me dirán que es una broma“, agregó.

“Ciudadano indeseable”

Pero no es una broma.

De hecho, dado que su historia acaparó titulares en Rusia, se descubrió que en la misma ciudad en la que vive Maria, al menos otras dos personas enfrentan ahora posibles condenas de prisión por cargos idénticos.

Los detalles de sus casos son tan similares a los de Maria que es difícil no tener una sensación de déjà vu: ambos usaron VKontakte, compartieron alrededor de una docena de memes y luego fueron acusados ​​de extremismo.

Uno de ellos, Daniil Markin, de 19 años, ha estado bajo investigación por más de un año. Una de las imágenes que compartió comparaba al personaje de la serie de televisión de “Juego de Tronos” Jon Snow con Jesús.

un año desde que empecé a tener miedo de quedarme dormido, pensando que vendrían a buscarme por la mañana“, escribió en una larga publicación en VK.

Rusia está lentamente, pero matándome, como un ciudadano indeseable“, concluyó.

Las investigaciones sobre Daniil y Maria fueron motivadas por denuncias hechas a la policía por parte de las mismas dos mujeres, dos estudiantes. Desde entonces, las jóvenes, quienes dijeron que los acusados insultaron su creencia religiosa, cerraron sus cuentas de las redes sociales.

Andrei Shasherin, de 38 años, también fue acusado de extremismo por memes satíricos de sacerdotes y de Kirill, el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa.

La policía acusó a Andrei de “desacreditar al liderazgo de la Iglesia ortodoxa rusa”.

En una entrevista con el canal de televisión independiente Dozhd, Andrei contó: “No quería ir a la cárcel, sentía miedo, como creo que cualquiera sentiría después de una conversación de dos horas con esos tipos. Firmé una confesión y una suerte de declaración”.

Andrei también fue incluido en la lista de extremistas del gobierno ruso. Esta designación impone severas restricciones a la hora, por ejemplo, de usar una cuenta bancaria. Solo puede retirar un máximo de 10.000 rublos (alrededor de US$150) al mes.

“Capital del extremismo”

Sarcásticamente, hay medios rusos que usan el apodo “la capital del extremismo del país” al referirse a la ciudad de Barnaul, de la que es Maria y otros acusados.

Pero, más en serio, algunos comentaristas advierten que los casos de Maria, Daniil y Andrei son una muestra de una tendencia nacional.

En los últimos años, cada vez más rusos han sido procesados ​​por su actividad en las redes sociales, según las estadísticas publicadas por el grupo internacional de derechos humanos Ágora.

Según sus datos, en 2017 se presentaron 411 casos criminales contra usuarios de internet en Rusia. El año anterior habían sido 298.

En la mayoría de los casos, los usuarios fueron acusados ​​de extremismo, una ofensa que puede incluir:

  • “Incitar el odio y la animosidad”
  • “Rehabilitación del nazismo”
  • “Llamadas al separatismo”
  • “Insultar los sentimientos de los creyentes”

Pavel Chikov, el director de Ágora, señala que debido a que la definición oficial de “extremismo” es tan amplia, la policía puede discrepar con prácticamente cualquier cosa.

Puede ir desde la redacción “políticamente incorrecta” de un mensaje en las redes, hasta contenido en línea que presuntamente humilla a ciertos grupos religiosos, étnicos o funcionarios del gobierno, e incluso a la propia policía.

De hecho, en los últimos años, los agentes de la ley rusos han hallado violaciones de las llamadas leyes “extremistas” en todo tipo de contenido en línea: desde memes, reenvíos y fotografías históricas hasta imágenes compuestas, comentarios e incluso “me gusta” a una publicación en particular.

Ilya Varlamov, uno de los principales blogueros de Rusia, concuerda y considero que esto permite a las autoridades tener una “interpretación muy libre” de lo que infringe la ley, de modo que cobija gran parte de lo que cualquiera podría hacer al comunicarse con los demás.

VKontakte en el foco

Según los activistas en defensa de los derechos humanos, la mayoría de los casos de “extremismo” en línea se basan en la actividad de los usuarios en VK, y alegan que la red social coopera activamente con la policía rusa y los servicios de seguridad.

Chikov lo describe como un “problema sistémico” y agrega que VKontakte “siempre responde a las” investigaciones policiales “sin una orden judicial”.

VKontakte dice que está obligado por ley a entregar información a la policía.

“Verificamos cuidadosamente si cada solicitud está elaborada correctamente”, le dijo la compañía a la BBC. Agregó que las solicitudes que “no cumplen con la ley quedan sin respuesta”.

VKontakte dijo que hará cambios en su política y permitirá que las personas hagan sus páginas “totalmente privadas”. La red social también dijo a la BBC que en el futuro haría públicas las estadísticas sobre solicitudes de cumplimiento de la ley.

En respuesta a las críticas, el gigante ruso de internet Mail.ru Group, propietario de VKontakte, solicitó la amnistía para los condenados por compartir o dar a “me gusta” a los mensajes en línea.

Las acciones de las autoridades policiales a menudo no se corresponden con una amenaza potencial y su reacción a los comentarios o memes es innecesariamente dura“, dijo en un comunicado.

María es escéptica sobre sus posibilidades de absolución: “En principio, aquí en Rusia, el porcentaje de absoluciones es del 0,2%. Dudo que tenga tanta suerte de estar entre ellas”.

Si llegara a ser absuelta, planea abandonar el país.

Trataré de irme porque no hay forma de que vaya a vuelva a tener una vida normal aquí“.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.
Alberto Pradilla
Desplazados de Chenalhó exigen a AMLO justicia y seguridad para volver a casa
Los desplazados dicen que no dejarán el plantón que tienen en Palacio Nacional hasta que el gobierno de López Obrador atienda sus demandas.
Alberto Pradilla
Comparte

Han pasado tres años desde que la vida le cambió por completo a Aracely Cruz López, de 26 años, originaria del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Aquel día, hombres armados asesinaron a su padre, Guadalupe Cruz Hernández, de 58 años.

La víctima recibió tres balazos en el costado, en su propia casa, durante una incursión de lo que su hija califica como “grupos paramilitares”. También resultaron heridos su esposa y otro de sus hijos. El crimen continúa impune. Desde hace tres años, Aracely no ha pisado su comunidad.

“Somos desplazados. Nos desplazaron por cuestiones de partidos políticos, por no haber votado por el Partido Verde Ecologista, por no haber votado por la presidenta Rosa Pérez Pérez”, afirma.

Lee: Comuneros desplazados de Chiapas viven con el miedo de ser asesinados o detenidos

Aracely Cruz forma parte de un grupo de 238 vecinos del ejido que abandonaron sus posesiones tras el ataque. En total, son 53 familias, con 123 niños y niñas que actualmente se encuentran refugiados en un campamento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Queremos justicia, que los responsables vayan a la cárcel y poder regresar de forma segura a nuestra comunidad”, dice la joven.

Desde hace una semana, junto a otros compañeros, se ha sumado al plantón que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPY-MN) – movimiento creado hace 28 años – mantiene en Palacio Nacional, sede de las oficinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Resguardados bajo unos toldos de plástico, acostados en colchones o cartones, exigen que se cumplan diversas reivindicaciones.

Lee: Chiapanecos desplazados acusan a partidos de perseguirlos; exigen a AMLO juicio contra gobernador

Pero no son las únicos inconformes en el plantón de Palacio Nacional. Hay personas que llegaron desde Nayarit para exigirle al gobierno iniciar una negociación sobre el pago por los terrenos agrícolas en los que se construyó la autopista de Tepic a Nayarit.

Otro grupo procede del estado de Puebla y pide justicia por los casos de asesinatos de líderes sociales como Manuel Gaspar (activista de Cuetzalan que se oponía a proyectos de minería abierta y que fue ejecutado en mayo de 2018) o Antonio Esteban (defensor muerto a tiros en Cuauhtapanaloyan en 2014).

También está Aracely Cruz y otros representantes de su comunidad en Chiapas, que dicen que no van a marcharse hasta que el Ejecutivo acepte sus demandas: justicia, desarticulación de los grupos armados y retorno seguro.

LEE: Ya que me maten, estoy cansado: violencia sigue asfixiando a desplazados que retornaron en Chiapas

Por el momento, solo han mantenido un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Según la propia Aracely, éste les prometió revisar su caso, aunque hasta el momento no han visto avances. Animal Político trató, sin éxito, de obtener la versión de la subsecretaría.

A Aracely Cruz no le tiembla la voz al recordar aquella jornada de hace tres años en la que la vida dejó de ser lo que había conocido hasta el momento. “Estaba en mi casa con mi familia cuando llegaron los grupos armados. Nos agredieron con piedras, palos, armas de fuego. Algunos lograron huir, otros no y nos quedamos encerrados en la casa”, dice.

Aquel día mataron a su padre en su propia casa. También a Adriana, una niña de 12 años. Aunque ella estaba ahí junto a otros familiares, dice que no pudieron sacar a su padre y llevarlo a un centro médico “porque los paramilitares habían tapado todos los accesos”.

Lee: CNDH emite recomendación para el gobierno y Fiscalía de Chiapas por los desplazados de Chenalhó

Las publicaciones de la época hablan de un “enfrentamiento” entre partidarios de la entonces presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez; y seguidores de Miguel Santiz Álvarez, quien ejerció como alcalde sustituto de Chenalhó. La versión de Aracely, sin embargo, es diferente. “Era un grupo de entre 40 o 50 personas, armados, encapuchados”, dice.

La mujer señala a la antigua alcaldesa como responsable directa, pero también al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y a Eduardo Ramírez Aguilar, los dos senadores en activo.

“Los dos estaban en el comité del Partido Verde Ecologista y ese día estuvieron a favor de la presidenta”, afirma Aracely.

“Ese día, hace tres años, salimos de nuestras comunidades, robaron nuestras cosas, quemaron nuestras casas”, lamenta la mujer.

Recuerda además que, tras el ataque, los 238 desplazados se fueron a Chenalhó, donde se refugiaron en la casa de Cultura. Nueve meses aguantaron hasta que, nuevamente, se repitieron las amenazas. Desde entonces están en San Cristóbal de las Casas.

“No podemos salir de ahí, no podemos trabajar porque estamos amenazados por los grupos armados que operan en Chenalhó”. Según relata, viven en un campamento, “en casitas de granjas de pollo”.

Aracely Cruz lamenta el abandono por parte de las instituciones. Dice que la anterior administración, la liderada por Enrique Peña Nieto, siempre ignoró sus peticiones. “El gobierno anterior nunca nos tomó en cuenta. No tuvo la capacidad de apoyarnos. Somos gente indígena. No resolvió nuestros problemas”, afirma.

Lee también: Lo perdieron todo, y ahora esperan que el gobierno cumpla: así viven los desplazados de Guerrero

Al hablar sobre sus viviendas abandonadas llega la nostalgia. “Allí crecimos, allí tenemos nuestra cultura, nuestras posesiones, hoy cumplimos tres años de nuestro desplazamiento forzado”, dice, mientras se suma a una marcha que este domingo 26 de mayo partió desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

“Tenemos nuestras comunidades abandonadas porque ahí siguen los grupos paramilitares. Exigimos cárcel para ellos”, afirma. “Es gente del pueblo. Siguen viviendo ahí felices con sus familias”, asegura.

La pregunta es obvia: ¿conoce los nombres de las personas que mataron a su padre? “Sí”, asegura.

No sólo eso. Dice que hay órdenes de captura en contra de esas personas pero, hasta el momento, no han sido cumplimentadas.

“No han sido detenidos, se ejecutaron órdenes de aprehensión, pero los asesinos no están en la cárcel”.

La joven dice no tener miedo por señalar a quienes, según su versión, apretaron el gatillo y mataron a su padre. “No tengo miedo. No hemos hecho nada. Son ellos los que nos hicieron el daño. Nos agredieron ese día, vamos a seguir luchando hasta encontrar justicia”, asegura.

Después de una semana, Cruz López afirma que no tiene intención de levantar el plantón hasta que no se resuelva su demanda. Y muestra su confianza en López Obrador y en el actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. “Les pedimos que nos apoyen, que resuelvan nuestros problemas. Confiamos en ellos, les dimos el voto, pedimos que nos resuelvan el problema”, insiste.

“Exigimos justicia para nosotros como desplazados. Tenemos derechos”, dice la mujer. Volver a casa sigue siendo su principal objetivo. Mientras, duerme bajo un toldo de plástico frente al palacio presidencial.

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.