El Poder Judicial de la Federación anunció una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones, para aplicar medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público, sin comprometer su autonomía e independencia.
Durante la declaratoria de apertura del segundo periodo de sesiones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, reconoció que el país enfrenta retos en lo económico, en lo político y en lo social “y el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos retos”.
Ante ello, se instruyó a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que elaboren los respectivos proyectos de presupuestos de Egresos para el ejercicio 2019, con tres directrices.
Primero, revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra, a fin de solo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables, disminuyendo gastos no prioritarios como la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario y equipamiento en general.
La segunda directriz es: Revisar la política en materia de servicios al personal para disminuir gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general no indispensables para la adecuada impartición de justicia.
Mientras que la tercera es: Profundizar en la política de racionalidad, disciplina y ahorro que se han instrumentado en los últimos años, que no impida cumplir con las obligaciones que imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia federal en beneficio de la población.
Aguilar Morales indicó que, al tomar estas acciones, sin comprometer la autonomía e independencia judicial, se logrará un ahorro importante que podría ser reorientado conforme a las directrices y valoraciones que hagan los Poderes de la Unión competentes.
En ese sentido, resaltó que dentro de la política de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, el Poder Judicial de la Federación está en posibilidad de contribuir a las finanzas públicas nacionales, como ha hecho con la planeación de presupuestos racionales y adecuados.
En el reporte de Notimex sobre los dichos de Aguilar Morales, no se menciona el tema de los salarios de jueces y magistrados.
Las medidas anunciadas por el Poder Judicial se dan después de que Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, anunciara una reducción de salarios de altos funcionarios, durante su administración.
Un ministro de la SCJN gana 260 mil pesos mensuales, más prestaciones.
Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN y propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, defendió que los jueces son fundamentales para la paz social del país, y que sus salarios no deberían reducirse.
Con información de Notimex
