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¿Seguirá Trump en el gobierno pese a ser incriminado por su exabogado Michael Cohen?
El presidente de Estados Unidos ha sobrevivido numerosos golpes, pero ¿podrá salir inmune a pesar de los fallos judiciales contra dos de sus colaboradores más cercanos?
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22 de agosto, 2018
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Los dramas que se desencadenaron el martes en cortes de Nueva York y Virginia son el tipo de puñetazo que haría tambalear, si no caer, a la mayoría de los presidentes.

Y la condena de su exjefe de campaña, Paul Manafort, y la declaración de culpabilidad de su antiguo abogado, Michael Cohen, fueron sólo los dos principales titulares en un día que incluyó una serie de pésimas noticias para Donald Trump.

Pero, ¿tendrá esto alguna consecuencia? Al menos entre su base, el presidente de Estados Unidos ha parecido ser, políticamente, a prueba de balas.

Sin embargo, a prueba de balas por ahora no necesariamente significa a prueba de balas para siempre.

Y en algún momento los proyectiles -quizás después de las elecciones de medio término, cuando podrían menguar el control republicano del Congreso y el poder para establecer una agenda política- quizás comenzarán a dar en el blanco.

A continuación te presentamos un vistazo de lo malo que fue este día para el presidente Trump.

Cohen implicó a Trump en conducta criminal

El exabogado personal del presidente no sólo se presentó en la corte el martes y acusó al presidente de mentir.

Al decir que Trump -el “individuo 1” en el acuerdo de culpabilidad- le ordenó que hiciera o supervisara pagos en 2016 para asegurar el silencio de mujeres que estaban a punto de acusar al presidente de tener relaciones adúlteras con ellas, Cohen efectivamente implicó al presidente en un crimen.

Cohen admitió que sus pagos constituyeron contribuciones de campaña que o estaban dirigidas desde una fuente corporativa ilegal o eran cantidades mayores a las permitidas para un individuo.

Ambas acciones conllevan una sentencia en prisión de cinco años mínimo.

El presidente en el pasado ha negado tener algún conocimiento de los pagos. Después su equipo legal cambió de opinión y aseguró que Trump sólo tuvo un conocimiento general después del hecho. Ahora, sin embargo, Cohen está diciendo que Trump supo sobre éstos desde el principio.

Y no sólo es la palabra de Cohen contra la del presidente. En el caso del pago a Karen MacDougal -la “mujer 1” en el acuerdo de culpabilidad- su abogado publicó una grabación en la que Cohen y el entonces candidato Trump discutieron el asunto.

A esto hay que agregar el hecho de que la “mujer 2”, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, está a punto de reanudar su litigio contra Trump para poder salir del acuerdo de confidencialidad que negoció Cohen.

Un juez suspendió el juicio mientras se llevaba a cabo la investigación criminal contra Cohen, que ahora al parecer está resuelta.

Ese litigio podría ofrecer más evidencia de la participación de Trump en el pago ilegal de US$130.000 a Daniels, que Cohen ahora confesó que le pagó en la víspera de las elecciones de 2016.

De cualquier forma como se vea, el presidente enfrenta una tempestad.

El equipo del fiscal especial se apunta un veredicto de culpabilidad

El fiscal especial Robert Mueller estaba bajo considerable presión para obtener una condena en el juicio contra el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

A pesar de que las acusaciones no estaban directamente relacionadas con el objetivo central de su investigación sobre posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, esta fue la primera vez que su equipo enfrentó un jurado.

Si hubieran salido del tribunal sin una condena, ya fuera por un jurado que no llega a un acuerdo o por una absolución directa, las acusaciones de los simpatizantes de Trump de que la investigación es una pérdida de recursos y tiempo se habrían convertido en un clamor.

Esta no fue una victoria universal para Mueller, dado que el jurado no pudo llegar a un veredicto en 10 de los 18 cargos, pero las condenas sobre fraude fiscal, no revelación de cuentas bancarias en el extranjero y fraude bancario son puntos a su favor.

A esto hay que añadir las numerosas imputaciones de individuos y compañías rusas y los acuerdos de culpabilidad que ya se alcanzaron con los funcionarios de campaña de Trump, George Papadopolous, Michael Flynn y Rick Gates, además del abogado en Londres, Alex van der Zwaan y el programador Richard Pinedo.

El equipo del fiscal especial está produciendo una creciente lista de éxitos.

Se incrementa la presión sobre Manafort

Después de que se anunciaron los veredictos, el abogado de Manafort le dijo a la prensa que su cliente estaba “desilusionado”. Lo cual es quedarse corto.

Inclusive con condenas en ocho de los 18 cargos criminales en su contra, el exjefe de campaña de Trump podría enfrentar hasta 80 años en prisión.

Y el próximo mes Manafort enfrenta un segundo juicio en Washington, D.C. por lavado de dinero, actuar como agente no registrado en el extranjero, conspiración para defraudar a Estados Unidos, hacer declaraciones falsas y manipulación de testigos.

Es la mayor parte del caso legal contra un antiguo miembro de un grupo de presión en Washington.

Los abogados de Manafort insistieron en realizar dos juicios separados, quizás porque pensaron que tenían una mejor posibilidad de absolución con un jurado en Alexandria o de jueces federales más amistosos en el distrito del norte de Virginia.

Si es así, el plan les falló.

Manafort quizás está esperando un perdón presidencial, dado que Trump ya ha dicho que su acusación está políticamente motivada y que es “un buen hombre”.

Sin embargo, el presidente sólo puede perdonar crímenes federales y la condena de Manafort por fraude fiscal facilita los futuros cargos a nivel estatal, los cuales Trump no tendría poder de perdonar.

Ahora Manafort, de 69 años, enfrenta una larga sentencia en prisión y más batallas legales. Y aunque hasta ahora no ha mostrado una disposición para cooperar con la investigación de Mueller, eso podría cambiar.

Después de todo, Manafort asistió a la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump organizada por Donald Trump Jr. con ciudadanos rusos originalmente anunciada como un medio de reunir información dañina sobre la demócrata Hillary Clinton.

Manafort tomó una serie de apuntes crípticos sobre el asunto, los cuales podría estar dispuesto a explicar al fiscal especial, a cambio de una sentencia más ligera.

El hecho de que tu exjefe de campaña termine condenado por un delito grave no es una buena noticia. Si Manafort se voltea, sin embargo, un mal día para Trump podría, en retrospectiva, terminar como una catástrofe.

Flynn todavía está cooperando

Bajo las noticias del martes quedó enterrada otra perla de la oficina del fiscal especial: que solicitó que la sentencia del ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, sea retrasada una vez más.

“Debido al estado de la investigación, la Oficina del Fiscal Especial no cree que es momento de programar una audiencia de sentencia”, le dijeron los abogados de Mueller a la corte que supervisa el acuerdo de culpabilidad de Flynn.

Eso podría indicar que Flynn, que admitió haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos durante la transición presidencial de Trump, todavía está cooperando con Mueller y que continua siendo útil en la investigación .

También podría significar que una audiencia de sentencia formal podría revelar información que Mueller preferiría mantener secreta por ahora.

De cualquier forma, es una señal de que, tras bambalinas, los engranajes continúan trabajando en la investigación de Mueller.

Otro antiguo simpatizante de Trump fue acusado

Hace dos semanas, Chris Collins, de Nueva York, el primer miembro de la Cámara de Representantes que apoyó la candidatura presidencial de Trump, fue imputado por uso de información privilegiada.

El martes, Duncan Hunter, el segundo congresista que lo apoyó, fue acusado de utilizar fondos de campaña para gastos personales, incluidos viajes para su familia a Hawái e Italia.

Ese día la senadora demócrata Elizabeth Warren desveló un amplio programa de medidas para reformas políticas que dijo eran necesarias para enfrentar la extensa corrupción política en Washington, D.C.

Estas incluyen la prohibición de todos los miembros del Congreso y la Casa Blanca de mantener acciones corporativas individuales y el requisito de que todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales revelen ocho años de declaraciones de impuestos.

Pedidos similares para arreglar el sistema político ayudaron a que los demócratas ganaran el control en el Congreso en 2006.

Lo mismo ocurrió con los republicanos en 1994. La retórica de Trump de “drenar el pantano” fue una constante grito de guerra ante sus simpatizantes en 2016.

Después de la embestida de condenas, acuerdo e imputaciones, el programa de propuestas de Warren podría llegar a ser una potente arma de medio término para los demócratas el próximo noviembre, si saben como usarla.

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Cuartoscuro Archivo
De 600 detenidos por huachicol, Fiscalía liberó al 56% por falta de evidencia
El presidente había responsabilizado a la ley por no contemplar al robo de combustible como “delito grave”, pero fueron los MP los que soltaron a la mayoría.
Cuartoscuro Archivo
13 de mayo, 2019
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El 7 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al “huachicol”, que fuerzas federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de combustibles. Y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de la ley que era “muy blanda” y no contemplaba a este delito como “grave”, lo que permitía a jueces liberarlos aun cuando fueran procesados.

Pero datos oficiales obtenidos por Animal Político, vía transparencia gubernamental, revelan que no fue esa la causa por la cual la mayoría de ellos quedó en libertad. Fue el propio Ministerio Público Federal el que ante la falta de evidencia de que fueran realmente “huachicoleros” liberó, por su cuenta, al 56.5% del total de los detenidos.

No solo eso. En varios casos donde sí se llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales ni siquiera solicitaron la medida de prisión preventiva para ellos y, de hecho, de los 162 donde sí la solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales que contempla la ley para sustentar el riesgo de un presunto responsable, y justificar el hecho de que tenga que quedar preso.

La información a detalle de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que, de diciembre de 2018  a febrero de 2019, fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal 655 personas por presunto robo de combustible, o delitos similares. De ese total, 72 terminaron bajo proceso y con la medida de prisión preventiva justificada, es decir, en prisión.

Se trata de un 10.9% del total de las personas detenidas. Estas cifras coinciden con las señaladas por el presidente en la conferencia del pasado 7 de febrero, sin embargo, es en las causas de la liberación de las personas aprehendidas donde está la diferencia.

¿Qué pasó entonces?

Los datos de la FGR arrojan que de las 655 personas que les pusieron a disposición del Ministerio Público (MP), éste determinó poner en libertad a 370 de ellas, que equivalen al 56.5% del total de los detenidos.

Se trata de casos donde el agente del MP consideró que no tenía elementos suficientes para sostener ante un juez la supuesta responsabilidad de la persona que le llevaron, en robo de hidrocarburos. Ante ello, la Fiscalía decide ponerlos en libertad, y en todo caso continuar por su cuenta con las investigaciones.

En cambio la FGR sí decidió llevar ante un juez a 281 detenidos, para tratar de que fueran procesados por robo de combustible. Esto es solo el 42.9% del total de las personas presentadas ante el MP.

De los que fueron llevados a tribunales, los fiscales consiguieron que el juez considerara que había datos de prueba suficientes para abrir proceso penal en contra de 215 de ellos. En tanto hubo 66 casos donde los presentados fueron liberados por el juez, al considerar que no había indicios suficientes para presumir su participación en actividades de “huachicoleo”.

Como se advierte de estos datos oficiales, apenas un 33% de los 655 detenidos -1 de cada 3 – terminaron vinculados a proceso por robo de combustible, paso previo a la imposición de una medida cautelar como es, por ejemplo, la prisión preventiva. Incluso aunque dicha medida cautelar de prisión ya hubiera sido automática para casos de “huachicoleo” (lo que el presidente denomina delito grave), no habría servido de nada pues las personas no fueron procesadas por falta de elementos.

Esto contrasta con la justificación que dio el presidente López Obrador en aquella conferencia de prensa, donde acusó que la libertad de los detenidos se debía a que el ilícito no era considerado “grave”, lo que significaba que no ameritaba prisión automática como medida cautelar.

“… la ley es muy laxa, muy blanda, por eso la reforma que está en el Congreso. Aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas para que sea delito grave. Sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo, ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy”, dijo entonces el presidente.

Pero como los datos oficiales muestran fue la falta de evidencia, y no la ley o “gravedad” del delito, lo que provocó que la mayoría de los detenidos por “huachicoleo” fueran liberados.

Sin argumentos ante el juez

La información proporcionada por la FGR evidencia además que los fiscales no solicitaron en todos los casos la prisión preventiva justificada para las personas detenidas. De los 215 vinculados a proceso solo la solicitó para 162 de ellos. En el resto prefirió otras medidas como la prohibición de no salir del país, el acudir a firmar periódicamente al juzgado, etc.

Y de los 162 casos en los que sí solicitó este recurso, apenas en 11 casos presentó un dictamen elaborado por su unidad de medidas cautelares, en los cuales justificara la necesidad de mantener privado de la libertad al presunto delincuente. Se trata apenas del 6.7% de los casos donde la había solicitado.

Cabe señalar que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para imponer la prisión preventiva el juez debe sustentar su decisión, a partir de un “análisis de evaluación de riesgo, mientras que el artículo 176 sostiene que el mismo debe ser elaborado por la unidad de “medidas cautelares”.

En julio de 2017 Animal Político reveló que a nivel federal dicha unidad no se había puesto en marcha, lo que le dificultaba para los fiscales el tener argumentos técnicos para sustentar la petición de prisión preventiva ante el juez, y a este concederla. Y aunque posteriormente se anunció su creación, autoridades federales han señalado que el funcionamiento de la misma es mínimo.

Pese a esta falta de argumentación los jueces federales concedieron la medida de prisión preventiva en 72 casos, como ya se dijo. Y en los casos donde los detenidos fueron procesados pero no se ordenó prisión preventiva, se establecieron medidas cautelares como la presentación periódica en el juzgado para firmar, pagos de fianzas y limitaciones para no salir de la entidad correspondiente.

Cabe señalar que con la reforma constitucional impulsada por el gobierno de López Obrador en materia de prisión preventiva oficiosa y que el Congreso ya aprobó, ahora no será necesario que los fiscales justifiquen la solicitud de prisión preventiva para los detenidos, pues los jueces ahora están obligados a imponerla en automático. Lo anterior siempre y cuando haya datos de prueba suficientes que permitan vincular a proceso a los detenidos.

Edomex e Hidalgo, con más detenciones

Los datos oficiales proporcionados por la FGR revelan los estados en donde se efectuaron las 655 detenciones por presunto robo de combustibles. La entidad donde más capturas se registraron fue el Estado de México con 173 de ellas, que equivalen al 26.4% del total.

Más atrás se encuentra Hidalgo, en donde se reportaron 87 personas detenidas y puestas a disposición del MP, que representan el 13.2% del total. Y después se ubica Tabasco con 86 personas detenidas, que equivalen al 13.1%.

Los siguientes estados con mayor registro de detenidos por presunto robo de combustible fueron Puebla con 45 personas aseguradas; Querétaro con 42; Guanajuato con 40; Sonora con 35 y Veracruz con 24. Se trata en todos los casos de entidades en donde se ubican ductos o estaciones de Petróleos Mexicanos.

Hay siete estados donde no se reportó ninguna detención: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

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