¿Seguirá Trump en el gobierno pese a ser incriminado por su exabogado Michael Cohen?
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¿Seguirá Trump en el gobierno pese a ser incriminado por su exabogado Michael Cohen?

El presidente de Estados Unidos ha sobrevivido numerosos golpes, pero ¿podrá salir inmune a pesar de los fallos judiciales contra dos de sus colaboradores más cercanos?
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22 de agosto, 2018
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Los dramas que se desencadenaron el martes en cortes de Nueva York y Virginia son el tipo de puñetazo que haría tambalear, si no caer, a la mayoría de los presidentes.

Y la condena de su exjefe de campaña, Paul Manafort, y la declaración de culpabilidad de su antiguo abogado, Michael Cohen, fueron sólo los dos principales titulares en un día que incluyó una serie de pésimas noticias para Donald Trump.

Pero, ¿tendrá esto alguna consecuencia? Al menos entre su base, el presidente de Estados Unidos ha parecido ser, políticamente, a prueba de balas.

Sin embargo, a prueba de balas por ahora no necesariamente significa a prueba de balas para siempre.

Y en algún momento los proyectiles -quizás después de las elecciones de medio término, cuando podrían menguar el control republicano del Congreso y el poder para establecer una agenda política- quizás comenzarán a dar en el blanco.

A continuación te presentamos un vistazo de lo malo que fue este día para el presidente Trump.

Cohen implicó a Trump en conducta criminal

El exabogado personal del presidente no sólo se presentó en la corte el martes y acusó al presidente de mentir.

Al decir que Trump -el “individuo 1” en el acuerdo de culpabilidad- le ordenó que hiciera o supervisara pagos en 2016 para asegurar el silencio de mujeres que estaban a punto de acusar al presidente de tener relaciones adúlteras con ellas, Cohen efectivamente implicó al presidente en un crimen.

Michael Cohen

Reuters
Michael Cohen se declaró culpable en una corte en Manhattan de violar las leyes financieras de campañas.

Cohen admitió que sus pagos constituyeron contribuciones de campaña que o estaban dirigidas desde una fuente corporativa ilegal o eran cantidades mayores a las permitidas para un individuo.

Ambas acciones conllevan una sentencia en prisión de cinco años mínimo.

El presidente en el pasado ha negado tener algún conocimiento de los pagos. Después su equipo legal cambió de opinión y aseguró que Trump sólo tuvo un conocimiento general después del hecho. Ahora, sin embargo, Cohen está diciendo que Trump supo sobre éstos desde el principio.

Y no sólo es la palabra de Cohen contra la del presidente. En el caso del pago a Karen MacDougal -la “mujer 1” en el acuerdo de culpabilidad- su abogado publicó una grabación en la que Cohen y el entonces candidato Trump discutieron el asunto.

A esto hay que agregar el hecho de que la “mujer 2”, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, está a punto de reanudar su litigio contra Trump para poder salir del acuerdo de confidencialidad que negoció Cohen.

Stormy Daniels

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La actriz porno Stormy Daniels podrá reanudar su litigio contra Trump.

Un juez suspendió el juicio mientras se llevaba a cabo la investigación criminal contra Cohen, que ahora al parecer está resuelta.

Ese litigio podría ofrecer más evidencia de la participación de Trump en el pago ilegal de US$130.000 a Daniels, que Cohen ahora confesó que le pagó en la víspera de las elecciones de 2016.

De cualquier forma como se vea, el presidente enfrenta una tempestad.

El equipo del fiscal especial se apunta un veredicto de culpabilidad

El fiscal especial Robert Mueller estaba bajo considerable presión para obtener una condena en el juicio contra el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

A pesar de que las acusaciones no estaban directamente relacionadas con el objetivo central de su investigación sobre posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, esta fue la primera vez que su equipo enfrentó un jurado.

Robert Mueller

EPA
El veredicto de culpabilidad en contra de Manafort es la primera gran victoria del fiscal especial Robert Mueller.

Si hubieran salido del tribunal sin una condena, ya fuera por un jurado que no llega a un acuerdo o por una absolución directa, las acusaciones de los simpatizantes de Trump de que la investigación es una pérdida de recursos y tiempo se habrían convertido en un clamor.

Esta no fue una victoria universal para Mueller, dado que el jurado no pudo llegar a un veredicto en 10 de los 18 cargos, pero las condenas sobre fraude fiscal, no revelación de cuentas bancarias en el extranjero y fraude bancario son puntos a su favor.

A esto hay que añadir las numerosas imputaciones de individuos y compañías rusas y los acuerdos de culpabilidad que ya se alcanzaron con los funcionarios de campaña de Trump, George Papadopolous, Michael Flynn y Rick Gates, además del abogado en Londres, Alex van der Zwaan y el programador Richard Pinedo.

El equipo del fiscal especial está produciendo una creciente lista de éxitos.

Se incrementa la presión sobre Manafort

Después de que se anunciaron los veredictos, el abogado de Manafort le dijo a la prensa que su cliente estaba “desilusionado”. Lo cual es quedarse corto.

Inclusive con condenas en ocho de los 18 cargos criminales en su contra, el exjefe de campaña de Trump podría enfrentar hasta 80 años en prisión.

Y el próximo mes Manafort enfrenta un segundo juicio en Washington, D.C. por lavado de dinero, actuar como agente no registrado en el extranjero, conspiración para defraudar a Estados Unidos, hacer declaraciones falsas y manipulación de testigos.

Es la mayor parte del caso legal contra un antiguo miembro de un grupo de presión en Washington.

Paul Manafort

Reuters
Manafort fue declarado culpable de ocho cargos de fraude fiscal, fraude bancaria y no revelar cuentas bancarias en el extranjero.

Los abogados de Manafort insistieron en realizar dos juicios separados, quizás porque pensaron que tenían una mejor posibilidad de absolución con un jurado en Alexandria o de jueces federales más amistosos en el distrito del norte de Virginia.

Si es así, el plan les falló.

Manafort quizás está esperando un perdón presidencial, dado que Trump ya ha dicho que su acusación está políticamente motivada y que es “un buen hombre”.

Sin embargo, el presidente sólo puede perdonar crímenes federales y la condena de Manafort por fraude fiscal facilita los futuros cargos a nivel estatal, los cuales Trump no tendría poder de perdonar.

Ahora Manafort, de 69 años, enfrenta una larga sentencia en prisión y más batallas legales. Y aunque hasta ahora no ha mostrado una disposición para cooperar con la investigación de Mueller, eso podría cambiar.

Paul Manafort

Reuters
El abogado de Manafort le dijo a la prensa que su cliente estaba “desilusionado” por el fallo en su contra.

Después de todo, Manafort asistió a la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump organizada por Donald Trump Jr. con ciudadanos rusos originalmente anunciada como un medio de reunir información dañina sobre la demócrata Hillary Clinton.

Manafort tomó una serie de apuntes crípticos sobre el asunto, los cuales podría estar dispuesto a explicar al fiscal especial, a cambio de una sentencia más ligera.

El hecho de que tu exjefe de campaña termine condenado por un delito grave no es una buena noticia. Si Manafort se voltea, sin embargo, un mal día para Trump podría, en retrospectiva, terminar como una catástrofe.

Flynn todavía está cooperando

Bajo las noticias del martes quedó enterrada otra perla de la oficina del fiscal especial: que solicitó que la sentencia del ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, sea retrasada una vez más.

“Debido al estado de la investigación, la Oficina del Fiscal Especial no cree que es momento de programar una audiencia de sentencia”, le dijeron los abogados de Mueller a la corte que supervisa el acuerdo de culpabilidad de Flynn.

Michael Flynn

Reuters
Todo indica que Flynn sigue cooperando con Mueller.

Eso podría indicar que Flynn, que admitió haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos durante la transición presidencial de Trump, todavía está cooperando con Mueller y que continua siendo útil en la investigación .

También podría significar que una audiencia de sentencia formal podría revelar información que Mueller preferiría mantener secreta por ahora.

De cualquier forma, es una señal de que, tras bambalinas, los engranajes continúan trabajando en la investigación de Mueller.

Otro antiguo simpatizante de Trump fue acusado

Hace dos semanas, Chris Collins, de Nueva York, el primer miembro de la Cámara de Representantes que apoyó la candidatura presidencial de Trump, fue imputado por uso de información privilegiada.

El martes, Duncan Hunter, el segundo congresista que lo apoyó, fue acusado de utilizar fondos de campaña para gastos personales, incluidos viajes para su familia a Hawái e Italia.

Donald Trump

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Las primeras consecuencias políticas podrían verse en las elecciones de medio término de Noviembre.

Ese día la senadora demócrata Elizabeth Warren desveló un amplio programa de medidas para reformas políticas que dijo eran necesarias para enfrentar la extensa corrupción política en Washington, D.C.

Estas incluyen la prohibición de todos los miembros del Congreso y la Casa Blanca de mantener acciones corporativas individuales y el requisito de que todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales revelen ocho años de declaraciones de impuestos.

Pedidos similares para arreglar el sistema político ayudaron a que los demócratas ganaran el control en el Congreso en 2006.

Lo mismo ocurrió con los republicanos en 1994. La retórica de Trump de “drenar el pantano” fue una constante grito de guerra ante sus simpatizantes en 2016.

Después de la embestida de condenas, acuerdo e imputaciones, el programa de propuestas de Warren podría llegar a ser una potente arma de medio término para los demócratas el próximo noviembre, si saben como usarla.

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Extinguir fideicomisos afecta la investigación, becas, atletas y el dinero iría a una caja negra

Con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos el gobierno obtendría recursos para enfrentar al COVID. Pero advierten que habría un manejo discrecional de los recursos.
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22 de mayo, 2020
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La Cámara de Diputados pretende extinguir fideicomisos creados por decreto de ley que dejaría sin recursos a 26 centros de investigación, alumnos becados en el extranjero, atletas de alto rendimiento y medallistas olímpicos; periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y extrabajadores migratorios del Programa Bracero, ahora ancianos.

El argumento es que con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos a través de la modificación de 14 leyes y la eliminación de una, el gobierno federal obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronovirus.

También se eliminaría la “opacidad” de los fideicomisos al estar “vinculados a la discrecionalidad y falta de transparencia”, según advierte la iniciativa presentada por Dolores Padierna, diputada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Legislativo.

Lee: AMLO ordena extinguir fideicomisos; dinero será para los pobres y reactivación económica

Sin embargo, la iniciativa no prevé mínimos lineamientos o reglamentación para el uso del dinero y su respectiva rendición de cuentas, pues sólo mandata que los recursos sean transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, la dependencia tendría recursos extra fuera del presupuesto y sin etiquetar.

“El dinero se iría a una caja negra, con un manejo discrecional y con mayor opacidad de la que se supone van a remediar, porque realmente no sabemos si se usará para la pandemia o va a terminar en Pemex”, asegura José Roldán Xopa, profesor de Derecho Administrativo del CIDE.

Aunque la iniciativa de ley advierte que los fideicomisos se rigen bajo el secreto bancario y la nula fiscalización, Roldán Xopa argumenta lo contrario, toda vez que dichos instrumentos se rigen bajo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y sí son sujetos de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Los fideicomisos tienen mayor transparencia y mayor posibilidad que lo que están proponiendo en la iniciativa”, afirma Roldán Xopa. De hecho, la Secretaría de la Función Pública tiene participación en todos los fideicomisos existentes, por lo que habría posibilidad de establecer más candados y vigilancia para combatir la supuesta opacidad.

Además, la iniciativa tampoco explica qué otro mecanismo sustituiría a los beneficiarios de esos fideicomisos, ni que pasaría en el momento de transición, por ejemplo, con los becarios en el extranjero, los contratos con proveedores, los salarios porque “el hecho de que exista dinero disponible no significa que no estén comprometidos”. En resumen: “no proponen algo mejor”.

La iniciativa del partido Morena pretende extinguir los fideicomisos creados por ley y que no estuvieron incluidos en el decreto del presidente López Obrador publicado el pasado 2 de abril, que eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía a 740 mil millones de pesos.

Sin embargo, no se ha hecho público la lista de dichos fideicomisos pese a que los recursos debían ser transferidos a Hacienda a más tardar el 15 de abril, según estableció el decreto.  

Los educación 

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con 45 años de funcionamiento, y otros 25 centros públicos de investigación del país como el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Centro de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), también serían afectados con la extinción.

Todos pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyt), cuyo financiamiento está previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología, pero la iniciativa propone derogar la fracción del artículo 23 referente a “los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico cuyo soporte operativo estará a cargo de los centros públicos de investigación”.

Por tanto, cada uno de los centros públicos de enseñanza superior e investigación tienen su propio fideicomiso y al extinguirlos no tendrían recursos suficientes para funcionar como lo han venido haciendo.

Sergio López Ayllón, director del CIDE, asegura que los recursos que entrega el gobierno Federal no son suficientes para solventar las necesidades de los centros, por eso es que “utilizamos los recursos de los fideicomisos para financiar proyectos, y si los quitan ¿cómo vamos a desarrollar esas actividades?”.

“Tendríamos muchas dificultades para hacer lo que hacemos hoy y algunas actividades ya no las podríamos hacer”, advierte López Ayllón en entrevista con Animal Político.

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California, por ejemplo, hace investigación sobre el Golfo de México mediante un barco cuyo mantenimiento se paga de su fideicomiso y no de su presupuesto. También existen proyectos multianuales que pueden desarrollarse gracias al fideicomiso y sin estar sujetos al presupuesto anual.

López Ayllón asegura que se ha hecho un esfuerzo porque estos fideicomisos sean transparentes y “están sujetos a fiscalización, auditorías y el uso de recursos tiene fines específicos que están en la propia ley”, como apoyar investigación, becas para estudiantes, adquisición de equipos para los centros, obras de infraestructura, mantenimiento.

En todo caso, dice, debía haber una revisión de cada fideicomiso para evaluar cómo operan y su posible mejora, “pero no la opción de la bomba atómica de matar a todos.  Eliminarlos por principio es una idea que no tiene mucho sustento y van a generar mucho daño”.

En abril pasado, tras el decreto presidencial para extinguir fideicomisos, la titular del CONACyT, María Elena Álvarez Buylla, apoyó la solicitud que hicieron los centros de investigación a Hacienda para advertir el impacto de la extinción de estos fideicomisos.

Después de ello, nadie del Legislativo o del Consejo se acercaron al CIDE para evaluar el funcionamiento del fideicomiso, por eso, dice López Ayllón, “nos desconcierta, nos descorazona esta iniciativa”.

Otro impacto a la formación es la reforma a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que pretende eliminar el fondo que tenía como principal objetivo la “capacitación de personas para que actúen en acciones de cooperación internacional, movilización a terceros países, asunción de los costos de estancia en México de cooperantes extranjeros”. Esto significa que tampoco habría recursos para becarios en el extranjeros bajo esta modalidad.

Desastres, deporte, periodistas, exbraceros

La iniciativa de Morena también prevé reformas a la Ley General de Protección Civil, para eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con disponibilidad de 7 mil 129 millones de pesos y cuya bolsa que no depende de un presupuesto anual, sirve para hacer frente a los desastres naturales como sismos o huracanes e incluso para obras y acciones de prevención.

El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, nadie del Gobierno Federal, ni el Legislativo se acercó para evaluar la operatividad y áreas de mejora del Fonden, según dijo en entrevista con Denise Maerker este jueves.

La reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte también prevé la eliminación de los fondos y fideicomisos públicos y privados que contribuyan al desarrollo deportivo del país.

En el informe trimestral de Hacienda, se explica que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, por ejemplo, se utiliza para brindar apoyo integral a los mejores deportistas del país mediante becas, campamentos, equipo multidisciplinario, competencias, equipo deportivo, insumos médicos y calzado deportivo.

La disponibilidad hasta marzo de este año era de 298 millones de pesos, y en el primer trimestre del año se utilizaron recursos para apoyar a 774 atletas, 99 médicos olímpicos, 282 deportistas del deporte convencional de 37 disciplinas de alto rendimiento, 47 deportistas del deporte adaptado. Este fondo también sirve para los apoyos vitalicios a medallistas olímpicos, gastos para la preparación y participación de los deportistas en diversas competencias, campamentos, concentraciones, eliminatorias y clasificatorios rumbo a los juegos olímpicos y paralímpicos.

Pese a que México registra el mayor número de periodistas asesinados en 2019 en un país en paz, incluso a nivel de Siria, y con una tasa de impunidad mayor a 90% según la organización Periodistas Sin Fronteras, también sería eliminado el fideicomiso para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por lo que el Fondo, es decir, los recursos, estarían a cargo de la Secretaría de Gobernación, y sólo estaría alimentado por los recursos anuales del presupuesto de la Federación y la dependencia emitiría las reglas de operación. Esto, dice, Roldán Xopa, deja a  discrecionalidad de una dependencia, cuando el fideicomiso tenía reglas de operación y un consejo multidisciplinario para su funcionamiento.

La única ley abrogada es la que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos del Programa Bracero. Este consistió en que mediante un convenio binacional entre México y Estados Unidos, mexicanos trabajaron en EU entre 1942 y 1964 .

Con dicho acuerdo se creó el Fideicomiso para los Trabajadores Migrantes Braceros que estipulaba que el gobierno estadounidense custodiaría temporalmente el 10% del salario perteneciente a los trabajadores mexicanos, a fin de crear un fondo de ahorro el cual sería devuelto al regresar a México a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola de México (BANRURAL) y al Banco del Ahorro Nacional S.A.

El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados calculó que fueron 4 millones 649 mil 199 los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos dentro del Programa Bracero, de los cuales 3 millones 233 mil 755 sobrevivían hasta 2008, además de la descendencia de quienes habían fallecido.

Y hasta ese año, apenas habían 229 mil exbraceros inscritos en los padrones de 2006 y 2009 y que habían sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, lo cual representaba 7% del total y de este número, solamente han recibido su pago 180 mil 322, lo que equivale al 5% del total. Pero ese dinero, también sería transferido a Hacienda.

El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), utilizado para apoyar la producción de películas mexicanas, también estaba incluido en las extinciones propuestas por Morena, pero desde este miércoles, la comunidad cultural protestó en redes sociales y a través de cartas dirigidas a los diputados firmantes de la iniciativa.

Ante los reclamos, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, dijo en su cuenta de Twitter que hubo una reunión con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y se llegó a un acuerdo para que Fidecine permanezca y no se ponga en riesgo al fondo con una iniciativa.

El propio Delgado lo confirmó después con un mensaje en redes sociales, celebrando el acuerdo para evitar una de las implicaciones de la iniciativa que surgió de su propio partido. 

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