Sin seguros: servidores públicos deberán ir al ISSSTE o pagar por su cuenta, el plan de Morena para ahorrar 10 mmdp
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Sin seguros: servidores públicos deberán ir al ISSSTE o pagar por su cuenta, el plan de Morena para ahorrar 10 mmdp

A partir del próximo año, los servidores públicos deberán acudir a los servicios del ISSSTE o, si lo desean, contratar seguros por su cuenta, dijo en entrevista Mario Delgado, actual senador por Morena y quien se perfila para ser coordinador de esa bancada en la Cámara de Diputados.
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2 de agosto, 2018
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La eliminación de seguros de gastos médicos mayores, de vida, separación voluntaria y compensaciones adicionales para altos cargos representaría un ahorro de 10 mil 660 millones de pesos anuales en la administración pública federal, según cálculos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esta “medida de austeridad”, propuesta por el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, también impactaría a los trabajadores de institutos y órganos de la administración pública, que han “abusado” al incluir estos beneficios entre sus partidas presupuestales, advierte Mario Delgado, senador por Morena y quien se perfila a ser coordinador de esa bancada en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura.

Aunque son siete las empresas aseguradoras contratadas por dependencias y organismos de gobierno, Metlife México, S. A. de C. V. es la que tiene más contratos. En el actual sexenio obtuvo 14 mil 766 millones de pesos sólo de los tres tipos de seguros. Esto es 10 veces más de lo que se destinó al programa “Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud” en 2018. 

Por eso es que a partir del próximo año, asegura Mario Delgado, los servidores públicos deberán acudir a los servicios del ISSSTE o, si lo desean, contratar seguros por su cuenta, pero ya no habrán contratos de este tipo desde las administraciones federales.

La próxima legislatura en la Cámara de Diputados aprobará un presupuesto con candados para hacer efectivas las medidas de austeridad, como la eliminación de seguros, asesores, telefonía celular, contratación de consultoras, entre otras medidas, afirma Delgado, en entrevista con Animal Político.

Éstas medidas serán obligatorias para las entidades de la administración pública, es decir, dependencias federales y organismos, pero en el caso del Legislativo, será sólo por voluntad, porque la Cámara de Diputados aprueba su propio presupuesto.

Por eso, dice Mario Delgado, la bancada de Morena propondrá un acuerdo en esa materia, para que los legisladores recorten sus gastos adicionales y se sometan a la medida de que ningún funcionario público gane más que el presidente, como se plantea con la propuesta de reforma al artículo 127 Constitucional.

Morena, en teoría, no debería tener ningún inconveniente en aprobar esta propuesta puesto que serán mayoría en la próxima legislatura. “Vamos a invitar a las demás fracciones, y si no quieren ahí sí les decimos que no va a haber de otra, los vamos a planchar”, promete Delgado.

Hacienda, la que más gastó

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad que más erogó en contratos de seguros: 13 mil 276 millones de pesos entre 2012 y 2018. Todos con Metlife México, S. A. de C. V., de acuerdo con información de Contratobook, la herramienta que concentra los contratos de Compranet en un buscador.

El mayor contrato fue el plurianual de 2014-2017, cuando la aseguradora ganó 6 mil 513 millones de pesos por el “seguro de vida institucional por riesgo de fallecimiento, incapacidad total o invalidez, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los riesgos de fallecimiento, incapacidad permanente total o invalidez, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, según establece el contrato. 

Los asegurados fueron 860 mil 676 trabajadores de 148 dependencias y organismos de la administración. Es decir, la Oficina de la Presidencia de la República, la PGR, el Tribunal Superior Agrario, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 16 Secretarías, 74 Órganos Administrativos Desconcentrados, 86 Entidades y 3 Organismos Autónomos.

Entre las dependencias y organismos están desde el Instituto de Perinatología, hasta el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, pasando por ProMéxico y los servicios estatales de salud de los estados.

Sin embargo, en ese año, mientras Hacienda contrataba este plan de seguro que incluía a Caminos y Puentes Federales con un seguro para 2 mil 364 de sus empleados, el organismo contrató de manera adicional a Metlife para el “seguro de vida de la Red Capufe”, por 28 millones de pesos.

Lo mismo ocurrió con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hacienda pagó el seguro de 639 empleados, pero ésta contrató a Metlife para otorgar seguro de vida a sus pensionados por un contrato de 823 mil 329 pesos.

El segundo contrato de mayor monto de Hacienda fue el de 2017 por el seguro de gastos médicos mayores. Pagó a Metlife 2 mil 712 millones de pesos para asegurar a 344 mil 752 burócratas de 188 dependencias.

Este incluía servicios médicos en caso de accidentes o enfermedades que requieran tratamiento médico, cirugía u hospitalización, “para los servidores públicos que ocupen los puestos y niveles de enlace, mando medio y superior, así como a su cónyuge, concubina, concubinario o pareja del mismo sexo, hijos, ascendientes y cónyuge”.

En 2016, Hacienda pagó 2 mil 393 millones de pesos por el seguro colectivo de gastos médicos mayores y mil 174 millones de pesos en 2012. En tanto, en 2013 erogó 603 millones de pesos para el seguro para el retiro.

Del Conalep hasta el IPAB

Sólo Metlife México, S. A. de C. V. consiguió 271 contratos con la administración pública entre 2013 y 2018. Más de 13 mil millones de pesos sólo con Hacienda y los otros mil millones de pesos entre diferentes instancias.

Entre las entidades, destaca, por ejemplo, el Servicio Postal Mexicano, que por seguros de gastos médicos mayores ejecutó 200 millones 588 mil pesos en el sexenio.

También el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), que gastó 36 millones de pesos en el seguro colectivo de gastos médicos mayores en la actual administración.

En este beneficio están incluidos los empleados del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el fondo de contingencia creado para enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios en 1990, conocido como el rescate bancario. Gastó 22 millones de pesos en el sexenio.

En los seguros de gastos médicos mayores están incluidos los funcionarios públicos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Conalep, el Colegio de Bachilleres, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Estudios Churubusco, entre otros.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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