La eliminación de seguros de gastos médicos mayores, de vida, separación voluntaria y compensaciones adicionales para altos cargos representaría un ahorro de 10 mil 660 millones de pesos anuales en la administración pública federal, según cálculos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Esta “medida de austeridad”, propuesta por el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, también impactaría a los trabajadores de institutos y órganos de la administración pública, que han “abusado” al incluir estos beneficios entre sus partidas presupuestales, advierte Mario Delgado, senador por Morena y quien se perfila a ser coordinador de esa bancada en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura.
Aunque son siete las empresas aseguradoras contratadas por dependencias y organismos de gobierno, Metlife México, S. A. de C. V. es la que tiene más contratos. En el actual sexenio obtuvo 14 mil 766 millones de pesos sólo de los tres tipos de seguros. Esto es 10 veces más de lo que se destinó al programa “Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud” en 2018.
Por eso es que a partir del próximo año, asegura Mario Delgado, los servidores públicos deberán acudir a los servicios del ISSSTE o, si lo desean, contratar seguros por su cuenta, pero ya no habrán contratos de este tipo desde las administraciones federales.
La próxima legislatura en la Cámara de Diputados aprobará un presupuesto con candados para hacer efectivas las medidas de austeridad, como la eliminación de seguros, asesores, telefonía celular, contratación de consultoras, entre otras medidas, afirma Delgado, en entrevista con Animal Político.
Éstas medidas serán obligatorias para las entidades de la administración pública, es decir, dependencias federales y organismos, pero en el caso del Legislativo, será sólo por voluntad, porque la Cámara de Diputados aprueba su propio presupuesto.
Por eso, dice Mario Delgado, la bancada de Morena propondrá un acuerdo en esa materia, para que los legisladores recorten sus gastos adicionales y se sometan a la medida de que ningún funcionario público gane más que el presidente, como se plantea con la propuesta de reforma al artículo 127 Constitucional.
Morena, en teoría, no debería tener ningún inconveniente en aprobar esta propuesta puesto que serán mayoría en la próxima legislatura. “Vamos a invitar a las demás fracciones, y si no quieren ahí sí les decimos que no va a haber de otra, los vamos a planchar”, promete Delgado.
Hacienda, la que más gastó
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad que más erogó en contratos de seguros: 13 mil 276 millones de pesos entre 2012 y 2018. Todos con Metlife México, S. A. de C. V., de acuerdo con información de Contratobook, la herramienta que concentra los contratos de Compranet en un buscador.
El mayor contrato fue el plurianual de 2014-2017, cuando la aseguradora ganó 6 mil 513 millones de pesos por el “seguro de vida institucional por riesgo de fallecimiento, incapacidad total o invalidez, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los riesgos de fallecimiento, incapacidad permanente total o invalidez, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, según establece el contrato.
Los asegurados fueron 860 mil 676 trabajadores de 148 dependencias y organismos de la administración. Es decir, la Oficina de la Presidencia de la República, la PGR, el Tribunal Superior Agrario, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 16 Secretarías, 74 Órganos Administrativos Desconcentrados, 86 Entidades y 3 Organismos Autónomos.
Entre las dependencias y organismos están desde el Instituto de Perinatología, hasta el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, pasando por ProMéxico y los servicios estatales de salud de los estados.
Sin embargo, en ese año, mientras Hacienda contrataba este plan de seguro que incluía a Caminos y Puentes Federales con un seguro para 2 mil 364 de sus empleados, el organismo contrató de manera adicional a Metlife para el “seguro de vida de la Red Capufe”, por 28 millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hacienda pagó el seguro de 639 empleados, pero ésta contrató a Metlife para otorgar seguro de vida a sus pensionados por un contrato de 823 mil 329 pesos.
El segundo contrato de mayor monto de Hacienda fue el de 2017 por el seguro de gastos médicos mayores. Pagó a Metlife 2 mil 712 millones de pesos para asegurar a 344 mil 752 burócratas de 188 dependencias.
Este incluía servicios médicos en caso de accidentes o enfermedades que requieran tratamiento médico, cirugía u hospitalización, “para los servidores públicos que ocupen los puestos y niveles de enlace, mando medio y superior, así como a su cónyuge, concubina, concubinario o pareja del mismo sexo, hijos, ascendientes y cónyuge”.
En 2016, Hacienda pagó 2 mil 393 millones de pesos por el seguro colectivo de gastos médicos mayores y mil 174 millones de pesos en 2012. En tanto, en 2013 erogó 603 millones de pesos para el seguro para el retiro.
Del Conalep hasta el IPAB
Sólo Metlife México, S. A. de C. V. consiguió 271 contratos con la administración pública entre 2013 y 2018. Más de 13 mil millones de pesos sólo con Hacienda y los otros mil millones de pesos entre diferentes instancias.
Entre las entidades, destaca, por ejemplo, el Servicio Postal Mexicano, que por seguros de gastos médicos mayores ejecutó 200 millones 588 mil pesos en el sexenio.
También el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), que gastó 36 millones de pesos en el seguro colectivo de gastos médicos mayores en la actual administración.
En este beneficio están incluidos los empleados del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el fondo de contingencia creado para enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios en 1990, conocido como el rescate bancario. Gastó 22 millones de pesos en el sexenio.
En los seguros de gastos médicos mayores están incluidos los funcionarios públicos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Conalep, el Colegio de Bachilleres, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Estudios Churubusco, entre otros.
