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Primer año del sistema penal acusatorio: el nivel de impunidad superó el 90% en 15 estados, reporta México Evalúa

De acuerdo con la organización, la nueva administración federal debe retomar como prioridad el Sistema Acusatorio, ya que ningún plan de pacificación dará resultados si prevalecen las viejas prácticas en el poder judicial.

En junio pasado se cumplieron dos años de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que buscaba reestructurar todo el aparato judicial para darle efectividad en un país que no confía en sus autoridades. Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87 % de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %.

Los estados que superaron el 90 % de impunidad en 2016 (la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 % de delitos cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a 60%.

La organización presenta este jueves el informe ‘Hallazgos 2017’, una nueva edición de la evaluación que realiza a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio de 2016.

En esta ocasión agregó un ranking de las entidades por el índice de impunidad que reportaron durante ese año, donde el promedio nacional fue de 87.3 %, sin considerar ocho entidades que no entregaron la información que México Evalúa les solicitó vía transparencia: Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Los números apenas son una pincelada de la realidad delictiva en el país, admiten los investigadores, pues además de no poder contar con toda la información de cada estado, también debe considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, cuando la cifra negra (delitos que no se denuncian) en México llega hasta 94 %.

“Existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que sólo una pequeña parte de los delitos ocurridos llegan al conocimiento de las autoridades”, sentencia el reporte.

Una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles a los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los casos sin que hayan sido completamente investigados ni haya justicia real, según explicó la coordinadora del Informe, María Novoa. El más utilizado y grave de ellos: el archivo temporal.

Impunidad institucionalizada

El Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales similar a la antigua “reserva” del Sistema Tradicional: el archivo temporal. Esta herramienta permite a los investigadores poner una “pausa” a la investigación para recopilar más información sobre el caso,  obtener mejores elementos probatorios o hacer un expediente histórico delictivo de personas o grupos, explicó María Novoa a Animal Político.

Sin embargo, este “comodín” –como ella lo llama- ha sido usado por las instituciones más como un atajo para quitar esos casos de los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es utilizado hasta en 30 % de las carpetas de investigación, lo cual a decir de los evaluadores, es un abuso que les ha permitido mejorar sus cifras de resolución de casos en las evaluaciones; además de que puede llevar a los expedientes al olvido al no tener un plazo límite de esa temporalidad.

“Están más preocupados por cumplir con los números que por resolver los casos, es la institucionalización de la impunidad. Lo que evidencia son procuradurías debilitadas, y esto demerita al Sistema Acusatorio aunque el problema no es la herramienta sino su aplicación”, puntualizó la coordinadora del Informe.

Aunque el Sistema Acusatorio tiene como prioridad la resolución de los conflictos por vías alternas que eviten el encarcelamiento, esta opción ha sido mínimamente contemplada en todo el país, según el Informe.

Además del archivo temporal, las procuradurías de justicia han preferido dar cauce a las investigaciones por otras vías: la no competencia de la autoridad; el no ejercicio de la acción penal; la investigación complementaria o los criterios de oportunidad.

Avances a “cuentagotas”

Además de los altos índices de impunidad, en el informe se reconoció que ningún estado ha alcanzado la meta establecida de avances en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), aunque tuvieron ocho años para prepararse.

El reporte señala las etapas de este nuevo Sistema de Justicia, basado en la presunción de inocencia y caracterizado por la búsqueda de alternativas de solución a los conflictos antes de optar por la prisión. La Reforma Penal de 2008 otorgó un plazo de ocho años a las instituciones involucradas a nivel federal y estatal, a fin de que hicieran las adecuaciones necesarias para operar con el nuevo Sistema Acusatorio.

En 2016 venció ese plazo e inició la etapa de consolidación, para la cual todos dijeron estar listos aunque los expertos advirtieron que les tomaría otros 11 años contar con todos los elementos para llevarlo a cabo.

En su evaluación, los investigadores establecieron otro ranking para evaluar el avance que en 2016 y 2017 se tuvo en cada estado para consolidar el sistema de justicia penal. Para ello establecieron   un estándar ideal de mil puntos. Para el primer año de operación, 2016, se estableció en 500 puntos y para 2017 en 600.

Básicamente lo que se calificó en este ranking fue: el avance y la calidad de las acciones de política pública en 2016 y 1017 y los avances logrados respecto a las demás entidades federativas.

El estado con mayores avances hasta la fecha apenas alcanzó 483 puntos (Querétaro) y ocho entidades no superan siquiera los 200, donde Guerrero es el más bajo con 134.

Dilación en los procesos

El riesgo de abusar del archivo temporal es que los casos tomen tanto tiempo en investigarse, que el delito acabe prescribiendo o la víctima abandonando su caso, advierte Novoa. Y la operación del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio no se ha salvado de los conocidos limbos en la justicia mexicana: el Informe detectó que la dilación en las audiencias –uno de los pilares del SJPA- está aumentando a un nivel alarmante.

“Uno de los retos a vencer es el índice de diferimiento de las audiencias, que se elevó de 7% en 2016 a 21% para 2017 a nivel nacional”, advierte el reporte, en el que destacan los estados de Guanajuato (alrededor de 48%) y de Chiapas (44) que aumentaron dramáticamente el diferimiento en las audiencias.

Policías, talón de Aquiles

En la edición 2016 de ‘Hallazgos’ los investigadores advirtieron que la Policía es el punto más débil de la cadena de deficiencias que presenta el sistema judicial mexicano. En este nuevo informe refuerzan este dato: la fuerza de seguridad en México es de 128,067 policías, es decir, 1.1 policías por cada mil habitantes. “Si consideramos a los elementos que serán dados de baja por no acreditar los controles de confianza, el promedio quedaría en 0.8 policías por cada mil habitantes”, señala el texto presentado este jueves.

La Ciudad de México cuenta con el promedio de estado de fuerza más alto (4.3 policías por cada mil habitantes) y Baja California el más bajo, con 0.3. Respecto a la capacitación a las policías en el nuevo Sistema de Justicia Penal, el reporte afirma que el 100% del estado de fuerza fue capacitado en al menos uno de los talleres, pero únicamente el 26.8% tomó el Taller de la función del primer respondiente: justo el eslabón más importante en la cadena de investigación de un delito.

“Más que capacitación se necesita profesionalización de los cuerpos de seguridad en un servicio profesional de carrera”, agrega María Novoa.

La investigadora apunta que la nueva administración federal (a cargo del candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador) debe retomar como prioridad el Sistema Acusatorio, ya que ningún plan de pacificación dará resultados si prevalecen las viejas prácticas en el poder judicial, que entre otras fallas, siguen invisibilizando a las víctimas.

“Le están dando prioridad a este pacto de paz pero no están contemplando la procuración de justicia, así se seguirán repitiendo los casos. Ningún proceso de construcción de paz tendrá viabilidad en el tiempo si no se refuerza el Sistema Acusatorio, es necesario subirle la prioridad en el nuevo gobierno”, expresó.

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Qué es el “Big One”, el devastador terremoto que espera California en la falla de San Andrés

Los terremotos de mayor magnitud en 20 años que sacudieron el sur de California la semana pasada dejaron a más de uno en estado de alerta ante el llamado "Big One", un terremoto que, según los científicos, puede ocurrir en cualquier momento.
Getty Images
10 de julio, 2019
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Los terremotos de la semana pasada volvieron a recordarles a los habitantes de California que en algún momento va a llegar el temido “big one”.

Así es como conocen al hipotético gran terremoto de efectos catastrófico que los científicos esperan sacuda la costa oeste de Estados Unidos, específicamente California.

No se trata de si habrá un gran terremoto sino de cuándo ocurrirá“, es lo que dicen los geólogos que han estudiado la zona.

Los sismos de días recientes, los más potentes en 20 años, se hicieron sentir con más fuerza en la ciudad de Ridgecrest, a unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles.

No hubo muertes que lamentar, aunque sí se desataron incendios y hubo daños a infraestructuras y vías.

Un panorama que alarmó a residentes en ciudades como Los Ángeles, que vieron cómo las tiendas de artículos para acampar y kits de primeros auxilios agotaron su inventario durante el fin de semana.

El terremoto de magnitud 7,1 del pasado viernes rompió el suelo en varias partes de la ciudad de Ridgecrest.

Getty Images
El terremoto de magnitud 7,1 del pasado viernes rompió el suelo en varias partes de la ciudad de Ridgecrest.

¿Por qué lo llaman “Big One”?

En inglés, “big one” se puede traducir como “el grande”.

“En California, tendemos a utilizar el término Big One para referirnos a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7,8 u 8″, declaró recientemente a medios locales Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región.

Por su parte, el periodista Jacob Margolis, presentador de un podcast llamado The Big One, le aclara a BBC Mundo que “‘Big One’ quiere decir que no solo debemos considerar la magnitud del terremoto sino el nivel de daño“.

Y es que grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino han sido construidas en las cercanías de la activa e imponente falla de San Andrés, que recorre California de norte a sur a lo largo de 1.300 kilómetros y delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico.

La de San Andrés es una de las fallas más estudiadas del planeta ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre.

Fue la causante del terremoto de magnitud de 7,8 que destruyó gran parte de San Francisco en 1906, provocando la muerte de más de 3.000 personas.

La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.

Getty Images
La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.

A los científicos les preocupa específicamente la sección sur de la falla pues, según estimaciones, lleva demasiado tiempo sin descargar cantidades grandes de energía.

Estudios geológicos muestran que en los últimos 1.500 a 1.400 años, terremotos grandes han ocurrido con una periodicidad de unos 150 años en la sección sur de la falla.

El sismo más grande ocurrido en esa región fue en 1857, por lo que esa zona se considera un lugar probable para la ocurrencia de un fuerte terremoto en las próximas décadas.

Los sismólogos aclaran, sin embargo, que no tienen manera de anticipar cuándo ocurrirá un terremoto.

Destrucción causada por el terremoto de Northridge

Getty Images
El terremoto de Northridge en 1994 causó daños graves en Los Ángeles, pese a que registró una magnitud de 6,7.

Los cálculos más conservadores apuntan a que, de producirse un sismo de magnitud 7,8 en esa sección -que tendría un impacto directo en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU.- cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos.

Los daños materiales superarían los US$200.000 millones.

¿El “Big One” solo está asociado con la falla de San Andrés?

Por su extensión y por el hecho de delimitar dos placas tectónicas, un terremoto en la falla de San Andrés es a menudo citado como ese Big One que muchos californianos temen.

Pero el término bien puede utilizarse para hablar de otros sismos que, de ocurrir, también pueden causar graves daños.

El sismo fracturó vías en el sur de California.

Reuters
El sismo de 7,1 del viernes fracturó vías en zonas del sur de California cercanas al epicentro.

Por ejemplo, la falla de Hayward, localizada en el este de la bahía de San Francisco fue calificada como “una suerte de bomba de tiempo tectónica” por el geólogo emérito del USGS David Schwartz.

El USGS consideró en un reporte de 2018 que esta falla “es una de las más activas y peligrosas porque recorre una región densamente urbanizada e interconectada”.

En la zona viven unos siete millones de personas.

“Cada quien, dependiendo de en qué zona de California estés, tiene su propio Big One“, señala Margolis.

El periodista hace referencia a otra falla, la de Puente Hills, ubicada debajo de la ciudad de Los Ángeles.

Un incendio desatado tras el terremoto de 7,1 en Ridgecrest, California.

AFP
Uno de los peligros inmediatos tras un terremoto son los incendios ocasionados por fallas eléctricas.

Científicos del USGS enfatizan que una ruptura de esa falla es un evento inusual, que ocurre “cada 3.000 años”.

“Los científicos se preocupan menos por esta porque no es tan activa como la de San Andrés, pero un sismo allí podría ser muy destructivo en Los Ángeles”, advierte Margolis.

Según estimaciones publicadas por el USGS en 2005, un terremoto de 7,5 en Puente Hills podría resultar en la muerte de 3.000 a 18.000 personas y pérdidas valoradas en US$250.000 millones.

En años recientes y para prevenir peores daños, sin embargo, las autoridades de Los Ángeles han requerido que los dueños de edificios fortalezcan las estructuras consideradas como débiles y vulnerables a colapsar en un terremoto.


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