Primer año del sistema penal acusatorio: el nivel de impunidad superó el 90% en 15 estados, reporta México Evalúa
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Primer año del sistema penal acusatorio: el nivel de impunidad superó el 90% en 15 estados, reporta México Evalúa

De acuerdo con la organización, la nueva administración federal debe retomar como prioridad el Sistema Acusatorio, ya que ningún plan de pacificación dará resultados si prevalecen las viejas prácticas en el poder judicial.
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En junio pasado se cumplieron dos años de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que buscaba reestructurar todo el aparato judicial para darle efectividad en un país que no confía en sus autoridades. Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87 % de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %.

Los estados que superaron el 90 % de impunidad en 2016 (la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 % de delitos cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a 60%.

La organización presenta este jueves el informe ‘Hallazgos 2017’, una nueva edición de la evaluación que realiza a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio de 2016.

En esta ocasión agregó un ranking de las entidades por el índice de impunidad que reportaron durante ese año, donde el promedio nacional fue de 87.3 %, sin considerar ocho entidades que no entregaron la información que México Evalúa les solicitó vía transparencia: Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Los números apenas son una pincelada de la realidad delictiva en el país, admiten los investigadores, pues además de no poder contar con toda la información de cada estado, también debe considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, cuando la cifra negra (delitos que no se denuncian) en México llega hasta 94 %.

“Existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que sólo una pequeña parte de los delitos ocurridos llegan al conocimiento de las autoridades”, sentencia el reporte.

Una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles a los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los casos sin que hayan sido completamente investigados ni haya justicia real, según explicó la coordinadora del Informe, María Novoa. El más utilizado y grave de ellos: el archivo temporal.

Impunidad institucionalizada

El Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales similar a la antigua “reserva” del Sistema Tradicional: el archivo temporal. Esta herramienta permite a los investigadores poner una “pausa” a la investigación para recopilar más información sobre el caso,  obtener mejores elementos probatorios o hacer un expediente histórico delictivo de personas o grupos, explicó María Novoa a Animal Político.

Sin embargo, este “comodín” –como ella lo llama- ha sido usado por las instituciones más como un atajo para quitar esos casos de los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es utilizado hasta en 30 % de las carpetas de investigación, lo cual a decir de los evaluadores, es un abuso que les ha permitido mejorar sus cifras de resolución de casos en las evaluaciones; además de que puede llevar a los expedientes al olvido al no tener un plazo límite de esa temporalidad.

“Están más preocupados por cumplir con los números que por resolver los casos, es la institucionalización de la impunidad. Lo que evidencia son procuradurías debilitadas, y esto demerita al Sistema Acusatorio aunque el problema no es la herramienta sino su aplicación”, puntualizó la coordinadora del Informe.

Aunque el Sistema Acusatorio tiene como prioridad la resolución de los conflictos por vías alternas que eviten el encarcelamiento, esta opción ha sido mínimamente contemplada en todo el país, según el Informe.

Además del archivo temporal, las procuradurías de justicia han preferido dar cauce a las investigaciones por otras vías: la no competencia de la autoridad; el no ejercicio de la acción penal; la investigación complementaria o los criterios de oportunidad.

Avances a “cuentagotas”

Además de los altos índices de impunidad, en el informe se reconoció que ningún estado ha alcanzado la meta establecida de avances en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), aunque tuvieron ocho años para prepararse.

El reporte señala las etapas de este nuevo Sistema de Justicia, basado en la presunción de inocencia y caracterizado por la búsqueda de alternativas de solución a los conflictos antes de optar por la prisión. La Reforma Penal de 2008 otorgó un plazo de ocho años a las instituciones involucradas a nivel federal y estatal, a fin de que hicieran las adecuaciones necesarias para operar con el nuevo Sistema Acusatorio.

En 2016 venció ese plazo e inició la etapa de consolidación, para la cual todos dijeron estar listos aunque los expertos advirtieron que les tomaría otros 11 años contar con todos los elementos para llevarlo a cabo.

En su evaluación, los investigadores establecieron otro ranking para evaluar el avance que en 2016 y 2017 se tuvo en cada estado para consolidar el sistema de justicia penal. Para ello establecieron   un estándar ideal de mil puntos. Para el primer año de operación, 2016, se estableció en 500 puntos y para 2017 en 600.

Básicamente lo que se calificó en este ranking fue: el avance y la calidad de las acciones de política pública en 2016 y 1017 y los avances logrados respecto a las demás entidades federativas.

El estado con mayores avances hasta la fecha apenas alcanzó 483 puntos (Querétaro) y ocho entidades no superan siquiera los 200, donde Guerrero es el más bajo con 134.

Dilación en los procesos

El riesgo de abusar del archivo temporal es que los casos tomen tanto tiempo en investigarse, que el delito acabe prescribiendo o la víctima abandonando su caso, advierte Novoa. Y la operación del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio no se ha salvado de los conocidos limbos en la justicia mexicana: el Informe detectó que la dilación en las audiencias –uno de los pilares del SJPA- está aumentando a un nivel alarmante.

“Uno de los retos a vencer es el índice de diferimiento de las audiencias, que se elevó de 7% en 2016 a 21% para 2017 a nivel nacional”, advierte el reporte, en el que destacan los estados de Guanajuato (alrededor de 48%) y de Chiapas (44) que aumentaron dramáticamente el diferimiento en las audiencias.

Policías, talón de Aquiles

En la edición 2016 de ‘Hallazgos’ los investigadores advirtieron que la Policía es el punto más débil de la cadena de deficiencias que presenta el sistema judicial mexicano. En este nuevo informe refuerzan este dato: la fuerza de seguridad en México es de 128,067 policías, es decir, 1.1 policías por cada mil habitantes. “Si consideramos a los elementos que serán dados de baja por no acreditar los controles de confianza, el promedio quedaría en 0.8 policías por cada mil habitantes”, señala el texto presentado este jueves.

La Ciudad de México cuenta con el promedio de estado de fuerza más alto (4.3 policías por cada mil habitantes) y Baja California el más bajo, con 0.3. Respecto a la capacitación a las policías en el nuevo Sistema de Justicia Penal, el reporte afirma que el 100% del estado de fuerza fue capacitado en al menos uno de los talleres, pero únicamente el 26.8% tomó el Taller de la función del primer respondiente: justo el eslabón más importante en la cadena de investigación de un delito.

“Más que capacitación se necesita profesionalización de los cuerpos de seguridad en un servicio profesional de carrera”, agrega María Novoa.

La investigadora apunta que la nueva administración federal (a cargo del candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador) debe retomar como prioridad el Sistema Acusatorio, ya que ningún plan de pacificación dará resultados si prevalecen las viejas prácticas en el poder judicial, que entre otras fallas, siguen invisibilizando a las víctimas.

“Le están dando prioridad a este pacto de paz pero no están contemplando la procuración de justicia, así se seguirán repitiendo los casos. Ningún proceso de construcción de paz tendrá viabilidad en el tiempo si no se refuerza el Sistema Acusatorio, es necesario subirle la prioridad en el nuevo gobierno”, expresó.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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