1968: No habrá retorno a la normalidad, el CNH esperará respuesta a su pliego petitorio en huelga
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1968: No habrá retorno a la normalidad, el CNH esperará respuesta a su pliego petitorio en huelga

El Consejo Nacional de Huelga manifestó ayer su decisión de mantener el paro de actividades –que cumple ya 50 días– hasta que se dé solución satisfactoria a los seis puntos del pliego petitorio dado a conocer el pasado 4 de agosto.
Especial
Por Viétnika Batres
12 de septiembre, 2018
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Ciudad de México, 11 de septiembre de 1968.- En asambleas generales realizadas durante las últimas 48 horas y en dos mítines realizados este miércoles –uno en la explanada de Ciudad Universitaria y otro en el Casco de Santo Tomas–, estudiantes universitarios y politécnicos se pronunciaron por continuar la huelga, luego del llamado del rector Javier Barros Sierra al “necesario y urgente el retorno a la normalidad”, hecho el lunes de esta semana.

El Consejo Nacional de Huelga manifestó ayer su decisión de mantener el paro de actividades –que cumple ya 50 días– hasta que se dé solución satisfactoria a los seis puntos del pliego petitorio dado a conocer el pasado 4 de agosto.

Asimismo, consideró que la posición del rector –quien se reunió con un comité de estudiantes la tarde de ayer–, “está condicionada por las presiones de que ha sido objeto por parte de las autoridades federales, que en este momento pretenden confundir a la opinión pública, aislar nuestro movimiento y facilitar una posible represión”.

“La huelga constituye el centro del movimiento estudiantil, la forma de expresión más efectiva con que se cuenta y el modo como se expresa la adhesión estudiantil al pueblo. El levantamiento del paro –argumentó el Consejo– ocasionaría incuestionablemente una gran confusión entre los sectores populares y entre los propios estudiantes. Además, la actividad académica normal dificultaría la labor de las brigadas políticas, base de comunicación del movimiento”.

La Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas también respondió al exhorto de hecho por Barros Sierra: “Coincidimos con la preocupación y proposición de la Rectoría de la UNAM de la necesidad de volver a los cauces normales dentro de la vida institucional. Pero consideramos que la forma más rápida, más digna cívica y moralmente del retorno de dichos cauces reside en la solución inmediata y total del pliego petitorio a través del diálogo público.

“La solución favorable de dicho pliego garantizaría –prosigue la Coalición– la vigencia de la autonomía universitaria y de los institutos de cultura del país, así como del ejercicio de las libertades democráticas del pueblo mexicano”.

Por su parte, los Consejos Técnicos de diversas escuelas y facultades de la UNAM publicaron desplegados en los que informan que sesionaron en sus respectivos planteles y convinieron en sumarse al llamado del rector de volver a clases, cuyo reinicio será el próximo 17 de septiembre. No obstante, precisaron que no se oponen a la lucha cívica de los estudiantes, siempre que se haga dentro de los cauces legales y sin detrimento de las labores académicas.

Mientras, los comités de lucha, a través de las brigadas estudiantiles, preparan lo que anuncian como “la gran marcha silenciosa” para el próximo viernes 13.

Temor a una “represión masiva”

Por otra parte, en el CNH existe la preocupación de que, en lugar de aceptar el diálogo público, la respuesta de las autoridades sea una “represión masiva” para descabezar al movimiento estudiantil y pararlo, ante la cercanía de los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados en Ciudad de México el próximo 12 de octubre.

Marcelino Perelló, representante de la Facultad de Ciencias en el Consejo, dio a conocer que este martes fue enviada una carta al presidente Gustavo Díaz Ordaz, en la cual se pide, una vez más, “la realización de un diálogo público, que lleve a la solución definitiva del conflicto que nuestro pliego petitorio y la huelga nacional estudiantil con que lo respaldamos ha planteado”.

Además, el CNH recuerda al presidente que “el compromiso contraído por nuestra patria al organizar los XIX Juegos Olímpicos nos obliga a ambas partes a acelerar la resolución definitiva del problema para poder llevar a cabo con éxito que todos esperamos el evento deportivo y cultural más importante del mundo”.

La decisión de enviar este mensaje escrito directamente al presidente de la República suscitó una fuerte discusión dentro del CNH. Rechazada en una primera votación, la propuesta –hecha por el representante de la Facultad de Derecho José Barragán– finalmente fue aprobada después de ser defendida por Perelló, como una forma de “romper la trampa burocrática” que representan las respuestas que han dado las dependencias gubernamentales y forzar a que Díaz Ordaz se pronuncie abierta y explícitamente sobre el diálogo.

El temor a una acción militar a escala masiva en contra del movimiento estudiantil ha aumentado lo dicho por cinco legisladores del PRI en el Senado de la República este martes, quienes expresaron su “apoyo total” a Díaz Ordaz en caso de que éste llegara a recurrir –de ser “necesario”– al Ejército, la aviación y la Marina “en defensa de la seguridad interna y externa de México”.

No claudicaremos

Unos 8 mil estudiantes –según el periódico El Día– participaron en el mitin efectuado en la explanada de Rectoría de la UNAM este miércoles, en el que los oradores refrendaron la decisión del CNH de no regresar a clases y seguir la huelga.

El profesor Heberto Castillo –aún convaleciente de la golpiza que le dieron elementos de seguridad frente a su casa, cuando intentaban aprehenderlo tras la marcha del 27 de agosto–, habló a nombre de la Coalición de Maestros. Dijo que el conflicto ha rebasado el ámbito estudiantil y se ha convertido en movimiento popular. Al mencionar el mensaje de Barros Sierra, cuando llama a la responsabilidad de los universitarios, Castillo preguntó: “¿Y qué es lo que hemos hecho desde el 26 de julio, sino ser responsables?”.

En su turno, el dirigente del CNH Gilberto Guevara Niebla afirmó que “existe la obligación por parte del rector de seguir en la lucha y comprometerse a no dejar de pedir la solución del pliego petitorio (…) nadie debe renunciar ya que esto, junto con el hecho de permitir que una sola escuela entre a clases, entregaría el movimiento, el cual no puede ser detenido ya por nadie. Únicamente serán los estudiantes quienes determinen cuándo, cómo y por qué  se levante el movimiento”.

En tanto, al mitin efectuado en la Plaza del Carillón, dentro del Casco de Santo Tomás, acudieron alrededor de 4 mil personas –de acuerdo con El Día–, entre estudiantes, profesores y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional.

Los oradores insistieron en que la solución al conflicto pasa por el diálogo público que ha exigido el CNH y la respuesta satisfactoria a los seis puntos del pliego petitorio. “El estudiantado no claudicará ante las presiones del gobierno, ni ante las intromisiones del MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), el rector de la UNAM y el director del Politécnico”, coincidieron.

Situación “delicada en extremo”

El lunes 9, en un comunicado difundido en diarios de circulación nacional, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, pidió a los universitarios regresar “a la normalidad”:

“Es necesario y urgente el retorno a la normalidad en la vida universitaria, lo que requiere la presencia activa de toda la comunidad”, ya que no sólo está en peligro la autonomía, sino también ‘”la vida misma de la Universidad Nacional”.

El rector incluso aseguró que, “en lo esencial”, las demandas del Consejo Universitario ya fueron satisfechas por el presidente y aclaró: “No tratamos de oponernos a que profesores y estudiantes lleven adelante su lucha cívica, más no podemos estar de acuerdo con ninguna intransigencia, de donde quiera que provenga”.

Barros Sierra advirtió: “La situación actual de la Universidad, casi sobra decirlo, es delicada en extremo. Desde hace varias semanas, se suspendieron las labores docentes, cuando estábamos terminando los cursos del bachillerato y cuando, en el nivel profesional, el segundo semestre iba a menos de la mitad de su avance.

“Esa interrupción, aunada al uso de los bienes y servicios de la Universidad para fines que no son estrictamente universitarios, no sólo ha perjudicado a los alumnos, sino que ha quebrantado gravemente a la propia casa de estudios al desviarse, e impedirse en gran parte el cumplimiento de las funciones que nos encomienda la ley y que constituyen nuestra obligación ante el pueblo mexicano.

“Ahora bien, nuestras demandas institucionales, contenidas en la declaración del Consejo Universitario publicada el pasado 18 agosto, han quedado satisfechas, en lo esencial, por el ciudadano Presidente de la República Mexicana en su último informe. Cierto es que aún falta el esclarecimiento de algunos aspectos jurídicos importantes en relación con la autonomía; pero ello se lograría por las vías y con los métodos más adecuados.

“De todo lo que antecede se concluye, según mi criterio, y confío en que lo comparta la gran mayoría de los universitarios, que es necesario y urgente el retorno a la normalidad de. La vida universitaria, lo que requiere la presencia activa de la comunidad”.

Barros Sierra también opinó que la suspensión de clases ya no sirve de apoyo a las peticiones y que que el problema estudiantil “es síntoma de problemas sociales y políticos que nuestra nación, en conjunto, no ha resuelto todavía”.

Respuesta insuficiente

La respuesta gubernamental a la que aludió Barros Sierra en su mensaje, se refería a la publicada “bajo instrucciones de la Presidencia de la República”, el pasado viernes 6, por parte de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales, y el Departamento del Distrito Federal:

“La libertad de las personas que ustedes llaman presos políticos deberá tratarse ante las autoridades judiciales competentes, por estar dichas personas sujetas a proceso; o hacerse las gestiones correspondientes por la parte legítimamente interesada, ante la Procuraduría General de la República o la del Distrito y Territorios Federales según el caso, o ante los agentes del Ministerio Público que directamente tengan intervención. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar las resoluciones de carácter judicial y su intervención en los procedimientos penales se limita a la que puede ejercer a través del Ministerio Público”.

Sobre la derogación del artículo 145 del Código Penal, señala que el Poder Ejecutivo tampoco tiene “facultades para derogar leyes” e indica que el Congreso de la Unión “se ha servido atender la petición del C. Presidente de la República y va a realizar una serie de audiencias públicas en que los interesados podrán exponer las razones que desean aducir”.

Y respecto a la desaparición del Cuerpo de Granaderos, el DDF justificó que “no constituye una corporación independiente del resto de la policía preventiva del Distrito Federal” y “una ciudad no puede quedarse sin policía preventiva que garantice, en la medida de sus posibilidades y capacidades, tanto el orden como la libertad, los bienes, la integridad de las personas, etcétera, previniendo la posibilidad de la comisión de delitos”.

Sin embargo, se dijo “en la mejor disposición de escuchar razonamientos y sugerencias para mejorar el funcionamiento de la policía y reglamentar sus intervenciones”.

Y de la destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe de la policía capitalina, respectivamente, también se colocó “en la mejor disposición de realizar investigaciones para deslindar responsabilidades”.

Igualmente, en cuanto a la indemnización de los familiares de las víctimas, el DDF dijo estar “en la mejor disposición” de proceder con los directamente interesados o sus representantes legalmente acreditados, luego de que se aporten pruebas de los daños y de que éstos fueron causados “por agentes de la autoridad” y que sean debida y justamente cuantificados.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por su lado, aseguró que el patrullaje que hacía en la ciudad cesó completamente y que, en cambio, ha reforzado la vigilancia en carreteras e instalaciones claves, como torres de corriente eléctrica, refinerías y aeropuertos, para evitar posibles actos de sabotaje.

La representación estudiantil –que ha recolectado más de 25 mil firmas en la capital a favor de la derogación de los artículos que tipifican el delito de disolución social–, replicó el lunes 9 a las distintas dependencias gubernamentales, con un solo señalamiento: la omisión de la solicitud de diálogo público.

“Reiteramos la necesidad de un contacto público del CNH con el gobierno federal y pedimos que el Poder Ejecutivo se pronuncie respecto si acepta o no el diálogo público. En caso de que la respuesta sea negativa, que dé a conocer públicamente las proposiciones que ofrece.”

“El movimiento popular que sostenemos continuará hasta obtener las soluciones políticas que pedimos”.

 


Referencias

1 Diego Ortega, Roberto, “1968: El ambiente y los hechos. Una cronología”, Nexos, 1 septiembre 1978. En https://www.nexos.com.mx/?p=3199

2 Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil de México, editorial Era, México, 1969, p. 307.
3 Ídem.
4 Gómez Nashiki, Antonio, “1968. Cronología del movimiento estudiantil mexicano”, Nexos, 1 de enero de 1988. En https://www.nexos.com.mx/?p=4996

5 Ramírez, Ramón, op. cit. p. 308.

6 Anaya, Héctor, Los parricidas del 68, Plaza y Valdés Editores, México, 1998, pp. 302 y 303.
7 Jardón, Raúl, 1968: El fuego de la esperanza, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 70.
8 Ramírez, Ramón, op. cit., p. 309.
9 Gómez, Pablo, 1968: La historia está también hecha de derrotas, Ed. Miguel Ángel Porrrúa, 2008, México, p. 243.
10 Ramírez, Ramón, op. cit., p. 310.
11 “50 años del 68”, Gaceta UNAM. En http://www.gaceta.unam.mx/anuncia-el-cnh-manifestacion-del-silencio/
12 Ramírez, Ramón, p. 305.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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