A un año de la tragedia del Rébsamen, no se ha verificado si otras escuelas de CDMX son seguras
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A un año de la tragedia del Rébsamen, no se ha verificado si otras escuelas de CDMX son seguras

Las autoridades educativas y de la CDMX no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
Cuartoscuro Archivo
Por Itxaro Arteta
11 de septiembre, 2018
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A casi un año del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el terremoto del 19 de septiembre, donde murieron 19 niños y 7 adultos, las autoridades educativas y de la Ciudad de México no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.

El análisis sobre las responsabilidades de diversos actores en el caso Rébsamen detalla que era un edificio construido en 1983, que no se adecuaba a lo establecido en el Reglamento de Construcciones creado dos años después del terremoto de 1985, además de que en 2009 se le agregó un cuarto piso, que sumaba 225 toneladas, sin haber reforzado el diseño estructural.

“Existen constancias documentales de que las autoridades identificaron la ilegalidad de la obra y el riesgo de la misma, incluso la clausuraron en dos ocasiones, pero tal obra continuó y culminó, pese a las irregularidades y el riesgo que representaba, y sin razonamiento técnico alguno fue validada por DROs y CSEs ; lo que denota responsabilidad no solo de los propietarios del Colegio sino también de las autoridades que por acción u omisión permitieron que la obra irregular fuera construida e incluso validada”, señala el informe.

Por ello, considera urgente una revisión oficial a las escuelas construidas antes de esa fecha por parte de todos los involucrados con la infraestructura educativa –la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX y las delegaciones–.

“Para cerciorarse de que (independientemente que cuenten o no con visto bueno de operación y constancia de seguridad estructural) dichas instalaciones han sido adecuadas, modificadas o reforzadas, conforme a la normatividad técnica actual en materia de seguridad estructural para las construcciones”, señala el informe.

Para obligar a que esto ocurra, ya hay una demanda legal interpuesta. Los familiares de los niños que murieron presentaron desde abril pasado una Acción Colectiva (una figura legal que permite una demanda en grupo) que no sólo pide una indemnización de los propietarios del colegio derrumbado, sino que reclama a las autoridades que verifiquen todas las escuelas anteriores a 1987 y les exijan el Certificado de Infraestructura Educativa del INIFE, para tener certeza de que son colegios seguros, y no volverá a ocurrir una tragedia.

“No tenemos noticia de que se haya hecho, y de alguna manera para los padres ese es el punto importante, a ellos les duele que México sea el país de no pasa nada, y que puedan ocurrir estas tragedias cuando había una notoria negligencia, en cuanto a que se permitió que se prestaran las clases en una construcción defectuosa. Que las autoridades, que ya habían identificado, incluso clausurado dos veces la ampliación del colegio, hubieran permitido que se dieran clases cuando ya habían visto que había un riesgo”, explica en entrevista uno de los abogados de la Barra Mexicana que lleva el caso, Julio Gutiérrez.

Responsables: tanto autoridades como sociedad

El informe “A un año del 19-S: responsabilidades derivadas de los sismos” señala tres tipos de responsables en los derrumbes que causaron 228 muertes por el terremoto del año pasado: las autoridades, los auxiliares de la autoridad (DROs y CSEs) y la sociedad, representada por los constructores y cualquier persona que posea un inmueble.

En el caso del Rébsamen, apunta a la Delegación Tlalpan, la Seduvi, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF, la SEP, los Directores de Obra, y como propietarios de la escuela, las Sociedades Enrique R S.C. y Secundaria Enrique Rébsamen.

“Los daños generados en el Colegio Rébsamen a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, no fueron causados por el sismo, sino que fueron causa de actos ilícitos e irregulares relacionados con la construcción, remodelación, modificación y obra de la edificación”.

Sin embargo, hasta ahora sólo hay una persona detenida, el Director de Obra Juan Mario Velarde, capturado apenas en julio pasado y vinculado a proceso.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad deslindó a la entonces delegada de Tlalpan y hoy jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y según Gutiérrez, lo que se pide es responsabilidad de la delegación como institución. Mientras que la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, está prófuga y hay una ficha de captura en su contra, y el resto de su familia también está escondida, asegura el abogado, y sólo han podido notificarles de la demanda mediante su abogado.

“Pero lo más grave es que no ha habido un reconocimiento de responsabilidades y, por supuesto, tampoco indemnizaciones derivado de esas responsabilidades. Sólo apoyos menores, muy menores”, agrega Gutiérrez.

¿Cómo se determina la indemnización por una muerte?

Las familias de los 19 niños muertos en el derrumbe del Rébsamen no han recibido indemnizaciones por lo ocurrido.

Gutiérrez explica que la Acción Colectiva interpuesta reclama una reparación del daño a padres, hermanos y abuelos de los niños, pero no hay un monto establecido, porque el juez lo determina al final del juicio de manera discrecional, para lo cual tiene que tener en cuenta el daño psicológico y emocional que han sufrido los deudos.

“Hay un precedente de la Suprema Corte que dice que puede tener, este daño moral, un alcance punitivo. ¿Qué quiere decir?, que tiene que ser lo suficientemente amplio, gravoso, para que se desincentiven las conductas que se están reclamando, lo suficientemente fuerte para que realmente se lo piensen dos veces la manera en la que actúan”, detalla.

Como ejemplo pone el caso de un joven que murió en un hotel porque se electrocutó en sus instalaciones, y la indemnización fue de 30 millones, no porque eso valga la vida de una persona, sino pensando en que dada la capacidad económica del hotel, esa cantidad iba a desincentivar que se dejaran pasar futuras negligencias.

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Coahuila: la decepción de las familias de los 10 mineros atrapados hace casi un mes

Las familias de los mineros atrapados en Coahuila pierden la esperanza de verlos con vida después de que el gobierno asegurara que su rescate necesitará de 6 a 11 meses más.
31 de agosto, 2022
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A poco de cumplirse un mes de la tragedia este próximo sábado, la esperanza de los familiares de los diez mineros atrapados en un pozo de carbón en México se apaga poco a poco.

El primer varapalo fue cuando, después de que las galerías donde trabajaban se inundaran el 3 de agosto por el agua de minas cercanas abandonadas en Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, una nueva inundación echó por tierra el trabajo de casi dos semanas de bombeo de líquido y hubo que volver a empezar.

El golpe definitivo para las familias fue cuando las autoridades les comunicaron el pasado jueves que la estrategia a seguir ahora sería la de hacer un tajo a cielo abierto para descender 60 metros y llegar donde están los hombres en la mina de El Pinabete.

¿El mayor problema? Que serán necesarios al menos seis meses para hacerlo, lo que terminó por dinamitar el ánimo de las familias.

“De seis a 11 meses de trabajo es mucho, ¿qué nos van a entregar entonces de mi hermano?”, le dice a BBC Mundo Magdalena Montelongo, hermana de Jaime, uno de los mineros atrapados.

“Al principio teníamos mucha esperanza. Pero fue pasando el tiempo y cuando se vino la otra ola de agua… se va perdiendo. Ahorita, como ya van a hacer esto, se me hace difícil que los veamos con vida”, reconoce resignada la mujer.

En todo este tiempo no ha habido ningún contacto con los mineros, quienes no tenían comida ni agua potable. El gobierno, sin embargo, ha rechazado oficialmente que se les dé por muertos.

Volvió a la mina para ayudar a sus compañeros

Con 61 años, Jaime Montelongo es el veterano del grupo de los hombres atrapados.

Hijo y padre de mineros, lleva trabajando en ello desde los 14 años y, aunque ya estaba retirado desde el año pasado, decidió regresar a la mina porque “se sentía bien”.

Map

Su hermana Magdalena habla de él intercalando tiempos verbales en presente y pasado, fruto probablemente de la incertidumbre. Recuerda cómo uno de los mineros sobrevivientes le contó que Jaime pudo haber escapado junto a él, pero decidió ayudar a sus compañeros.

“Oyeron un fuerte estruendo, y luego otro. Mi hermano empezó a hablar al resto por el radio: ‘¡gente, gente!’, pero no había respuesta. Entonces él le dijo a este compañero que se fuera en el bote y regresó para avisar al grupo”, relata la mujer.

Su colega sobreviviente se subió al bote y, en cuestión de segundos, estaba prácticamente cubierto por toda el agua que llegaba con fuerza. Logró salir, pero de Jaime nunca supo nada más.

“No sé, creo que él sentía el deber y la responsabilidad de traerse a los demás compañeros… nunca pensó la magnitud del problema que se venía”, dice su hermana, quien lo define como alguien “muy noble” y bueno. “Los muchachos de la mina decían que sí se enoja, pero que no los regañaba”.

Jaime Montelongo

AFP
Jaime Montelongo trabaja en la mina desde los 14 años.

Sobre el nuevo método de rescate elegido, la mujer asegura no estar de acuerdo. Las autoridades, sin embargo, defendieron que esta es la propuesta más sólida y de menor riesgo para los rescatistas según los análisis de especialistas.

“La otra (opción) es que sigamos bombeando, que saquemos toda el agua de Pinabete, de Conchas Norte, de Mina 6, acuérdense que Pinabete está rodeada de minas, pero esto (…) llevaría 24 meses. El tema es que puede haber un gran riesgo de colapso”, dijo Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil.

Rechazo e indemnizaciones

Inicialmente, los familiares se negaron a aceptar esta nueva estrategia por todo el tiempo que requerirá. Montelongo no entiende por qué no se optó por esta técnica desde el principio ni por qué las autoridades mexicanas se demoraron dos semanas en pedir asesoría de especialistas extranjeros.

“Se dejó pasar mucho tiempo, pienso que en la primera semana los podrían haber rescatado pero hizo falta gente más capacitada para este tipo de situaciones”, opina.

Familiares de mineros

AFP

Finalmente, el pasado fin de semana, las esposas de los mineros aceptaron la técnica del tajo a cielo abierto.

En la zona se levantará un memorial y el gobierno también les entregará una indemnización “por encima de lo convencional”, según adelantó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque no se ha determinado la cantidad.

“Para nosotros, nuestro hermano no tiene valor económico. En ese momento dijimos ‘ya no hay nada que hacer más que resignarnos y entregar nuestro hermano a Dios’. Estamos decepcionados e impotentes, no nos han dejado otra opción”, lamenta Montelongo.

López Obrador, quien insistió en que las tareas de rescate no se detendrán y que “no va a suceder lo de Pasta de Conchos” -en referencia a otra mina en Coahuila donde una explosión de gas en 2006 dejó 65 muertos, de los que 63 cuerpos nunca fueron recuperados-, dijo entender el dolor de las familias.

Este domingo, el mandatorio admitió que los familiares no estaban satisfechos al principio con la opción del rescate planteado por el gobierno.

“No aceptaban por el tiempo. Se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, estaban muy alterados y no querían nada, y ya, pues han aceptado”, dijo el presidente, quien se comprometió a “trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos”.

AMLO en la zona del derrumbe

Gobierno de México
López Obrador visitó la zona del siniestro el 7 de agosto.

El papel de familiares y esposas

Magdalena Montelongo tampoco oculta su decepción por el hecho de que las autoridades no hayan tomado en cuenta la opinión de otros familiares de los mineros, sino que solo se reunieron con las esposas “una por una y a puerta cerrada” para plantearles la opción del tajo abierto, a la que finalmente dieron el sí.

La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPdC), un colectivo defensor de los derechos de los mineros, criticó que solo se escuchen la opinión de las esposas.

“No es justo ni correcto porque, antes de ser esposos, fueron hijos y hermanos. Todos son víctimas. Pero el gobierno habla con las esposas porque así se ahorra broncas: los familiares pueden ser más objetivos y no se les puede presionar con indemnizaciones… a las viudas, sí”, dice Cristina Auerbach, defensora de Derechos Humanos en OFPdC.

El colectivo tampoco aprueba la nueva estrategia al considerar que es irreal ni aún el plazo de seis a 11 meses. “Si es una mina a cielo abierto, requieren mover cuando menos cinco millones de toneladas de tierra (equivalente a llenar tres veces el estadio Azteca), más de 1600 trabajadores, camiones de carga de 200 y 300 toneladas…”.

Mina del accidente

AFP
La nueva técnica para el rescate de los mineros comenzará en los próximos días.

“Cuando estaban aquí los especialistas extranjeros, se habló de encapsular y poner barreras para aislar el pozo del agua de las minas cercanas. Nunca se habló de tajo a cielo abierto”, cuestiona Auerbach en entrevista con BBC Mundo.

También critica que la propuesta no venga de cuadrillas de rescate de empresas de la región ni de expertos en minas de carbón, sino que esté liderada por Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La CFE no tiene minas de carbón, solo lo compra, ni tiene experiencia en rescate minero. ¿Entonces por qué va a encargarse de los rescates? Es absurdo, no sabemos por qué”, afirma.

Mayor región carbonífera de México

Tras lo ocurrido, la Fiscalía solo acusó hasta el momento a un joven como “probable responsable en explotación ilícita del subsuelo”.

Según el propio López Obrador, este podría no ser el dueño de la empresa responsable de la mina sino un simple prestanombres sin poder real con el que se trate de evitar que se conozca el nombre del concesionario.

Coahuila se ha convertido en un verdadero punto negro para desarrollar esta profesión. Sin contar grandes minas a cielo abierto, al menos 153 personas han muerto en el estado desde 1996 en pozos y pequeñas minas y cuevas, según un conteo de OFPdC.

“El trabajador está en la mina por necesidad, pero lo hacen en condiciones inhumanas y por 200 pesos (unos US$10) por tonelada de carbón. ¿Quiénes son los beneficiados? Los dueños, que son los que más ganan. Y también la Secretaría de Trabajo debería inspeccionar esas condiciones”, responde Magdalena Montelongo a la pregunta sobre quiénes son responsables de esta situación.

Jaime Montelongo

AFP
La familia de Jaime Montelongo improvisó un altar con su imagen a las afueras de la mina.

En Coahuila se produce el 99% del carbón utilizado en México por la CFE, empresa estatal clave en el proyecto energético del presidente. Pese a esta alta cifra, Auerbach puntualiza que el carbón solo representa “el 4% de la matriz energética” del país.

“Si oyes lo del 99%, piensas que es una locura pedir que se detenga la producción porque dicen que genera desarrollo en la región… pero lo que deja es una estela de muerte brutal. Si fuéramos más sensibles, después de esta tragedia deberíamos dejar de consumir ese 4%”, opina.

La miembro de OFPdC dice estar sorprendida por el hecho de que no se estén revisando todos los contratos de concesiones de minas en la zona.

“Todo el mundo sigue sacando carbón como si nada. Así que es cuestión de tiempo que vuelva a suceder”, concluye.


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