A un año de la tragedia del Rébsamen, no se ha verificado si otras escuelas de CDMX son seguras
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A un año de la tragedia del Rébsamen, no se ha verificado si otras escuelas de CDMX son seguras

Las autoridades educativas y de la CDMX no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
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Por Itxaro Arteta
11 de septiembre, 2018
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A casi un año del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el terremoto del 19 de septiembre, donde murieron 19 niños y 7 adultos, las autoridades educativas y de la Ciudad de México no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.

El análisis sobre las responsabilidades de diversos actores en el caso Rébsamen detalla que era un edificio construido en 1983, que no se adecuaba a lo establecido en el Reglamento de Construcciones creado dos años después del terremoto de 1985, además de que en 2009 se le agregó un cuarto piso, que sumaba 225 toneladas, sin haber reforzado el diseño estructural.

“Existen constancias documentales de que las autoridades identificaron la ilegalidad de la obra y el riesgo de la misma, incluso la clausuraron en dos ocasiones, pero tal obra continuó y culminó, pese a las irregularidades y el riesgo que representaba, y sin razonamiento técnico alguno fue validada por DROs y CSEs ; lo que denota responsabilidad no solo de los propietarios del Colegio sino también de las autoridades que por acción u omisión permitieron que la obra irregular fuera construida e incluso validada”, señala el informe.

Por ello, considera urgente una revisión oficial a las escuelas construidas antes de esa fecha por parte de todos los involucrados con la infraestructura educativa –la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX y las delegaciones–.

“Para cerciorarse de que (independientemente que cuenten o no con visto bueno de operación y constancia de seguridad estructural) dichas instalaciones han sido adecuadas, modificadas o reforzadas, conforme a la normatividad técnica actual en materia de seguridad estructural para las construcciones”, señala el informe.

Para obligar a que esto ocurra, ya hay una demanda legal interpuesta. Los familiares de los niños que murieron presentaron desde abril pasado una Acción Colectiva (una figura legal que permite una demanda en grupo) que no sólo pide una indemnización de los propietarios del colegio derrumbado, sino que reclama a las autoridades que verifiquen todas las escuelas anteriores a 1987 y les exijan el Certificado de Infraestructura Educativa del INIFE, para tener certeza de que son colegios seguros, y no volverá a ocurrir una tragedia.

“No tenemos noticia de que se haya hecho, y de alguna manera para los padres ese es el punto importante, a ellos les duele que México sea el país de no pasa nada, y que puedan ocurrir estas tragedias cuando había una notoria negligencia, en cuanto a que se permitió que se prestaran las clases en una construcción defectuosa. Que las autoridades, que ya habían identificado, incluso clausurado dos veces la ampliación del colegio, hubieran permitido que se dieran clases cuando ya habían visto que había un riesgo”, explica en entrevista uno de los abogados de la Barra Mexicana que lleva el caso, Julio Gutiérrez.

Responsables: tanto autoridades como sociedad

El informe “A un año del 19-S: responsabilidades derivadas de los sismos” señala tres tipos de responsables en los derrumbes que causaron 228 muertes por el terremoto del año pasado: las autoridades, los auxiliares de la autoridad (DROs y CSEs) y la sociedad, representada por los constructores y cualquier persona que posea un inmueble.

En el caso del Rébsamen, apunta a la Delegación Tlalpan, la Seduvi, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF, la SEP, los Directores de Obra, y como propietarios de la escuela, las Sociedades Enrique R S.C. y Secundaria Enrique Rébsamen.

“Los daños generados en el Colegio Rébsamen a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, no fueron causados por el sismo, sino que fueron causa de actos ilícitos e irregulares relacionados con la construcción, remodelación, modificación y obra de la edificación”.

Sin embargo, hasta ahora sólo hay una persona detenida, el Director de Obra Juan Mario Velarde, capturado apenas en julio pasado y vinculado a proceso.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad deslindó a la entonces delegada de Tlalpan y hoy jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y según Gutiérrez, lo que se pide es responsabilidad de la delegación como institución. Mientras que la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, está prófuga y hay una ficha de captura en su contra, y el resto de su familia también está escondida, asegura el abogado, y sólo han podido notificarles de la demanda mediante su abogado.

“Pero lo más grave es que no ha habido un reconocimiento de responsabilidades y, por supuesto, tampoco indemnizaciones derivado de esas responsabilidades. Sólo apoyos menores, muy menores”, agrega Gutiérrez.

¿Cómo se determina la indemnización por una muerte?

Las familias de los 19 niños muertos en el derrumbe del Rébsamen no han recibido indemnizaciones por lo ocurrido.

Gutiérrez explica que la Acción Colectiva interpuesta reclama una reparación del daño a padres, hermanos y abuelos de los niños, pero no hay un monto establecido, porque el juez lo determina al final del juicio de manera discrecional, para lo cual tiene que tener en cuenta el daño psicológico y emocional que han sufrido los deudos.

“Hay un precedente de la Suprema Corte que dice que puede tener, este daño moral, un alcance punitivo. ¿Qué quiere decir?, que tiene que ser lo suficientemente amplio, gravoso, para que se desincentiven las conductas que se están reclamando, lo suficientemente fuerte para que realmente se lo piensen dos veces la manera en la que actúan”, detalla.

Como ejemplo pone el caso de un joven que murió en un hotel porque se electrocutó en sus instalaciones, y la indemnización fue de 30 millones, no porque eso valga la vida de una persona, sino pensando en que dada la capacidad económica del hotel, esa cantidad iba a desincentivar que se dejaran pasar futuras negligencias.

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Afganistán: qué ocurre ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes (y cuál puede ser el papel de China)

Ahora que los talibanes tienen de nuevo el control del país, ¿puede funcionar su sistema financiero?
18 de agosto, 2021
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La economía de Afganistán está “moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional”.

Este es el problemático panorama económico que describió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana.

Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más precarias, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país.

Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación.

Entiende mejor: Afganistán: cómo surgió el Talibán y otras 5 preguntas clave sobre el grupo islamista

La dependencia económica es llamativa. En 2019, el Banco Mundial mostró que la ayuda para el desarrollo representaba el 22% del ingreso general nacional (que no es lo mismo que el PIB, pero sí muy parecido).

Esta es una cifra muy alta, pero es mucho menor que la de unos 10 años atrás, cuando llegaba al 49%.

Ahora esas ayudas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heike Maas, le dijo a las cadenas de su país que “no le vamos a dar otro centavo si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley sharia”.

Otros países que son proveedores de ayuda van a estar mirando la situación muy de cerca.

El mal de la corrupción

La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control: Afganistán dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos.

Además de la seguridad y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones, por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios.

Desde 2014 solo se han contado cuatro inversiones de este tipo.

Pastor de ovejas en Afganistán.

Getty Images
Cerca del 60% del ingreso promedio de los hogares en Afganistán dependen de la agricultura y el campo.

Solo para comparar con dos países del sur de Asia con poblaciones parecidas, en Nepal el número de nuevos negocios con inversión extranjera es 10 veces superior al logrado por Afganistán, y Sri Lanka multiplica por unas 50 veces esa cifra en ese mismo período.

El Banco Mundial describe el sector privado afgano como “estrecho”. El empleo está concentrado en una producción agrícola limitada: el 60% de los ingresos de los hogares en Afganistán vienen de este rubro.

A esto se suma que en el país funciona una enorme economía informal e ilegal. Por ejemplo, hay minería ilegal y, por supuesto, la muy conocida producción de opio y su contrabando asociado.

El tráfico de drogas también es una fuente de financiamiento para los talibanes.

Riqueza mineral

Dicho todo esto, la economía afgana ha crecido desde la invasión en 2001.

Aunque las cifras económicas de Afganistán no son del todo confiables, lo que estas muestran, de acuerdo con el Banco Mundial, es un crecimiento promedio anual del 9% desde 2003 hasta 2013.

Después de ese año, los números del crecimiento caen un poco (que coinciden con la reducciòn de los niveles de ayuda) a un promedio de 2,5% desde 2015 hasta 2020.

Amapolas

EPA
El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para los talibanes.

Ahora, el país cuenta con abundantes recursos naturales y, en la medida en que mejore la seguridad y reduzca la corrupción, puede ser atractivo para los negocios internacionales.

Se pueden encontrar grandes cantidades disponibles de cobre, cobalto, carbón y hierro. También hay yacimientos de gas y petróleo.

Un material particular destaca sobre otros: el litio, que tiene una alta demanda para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos.

Y va a ser fundamental para la industria automotriz en su transición hacia un modelo de “emisión cero” de gases contaminantes.

De vuelta en 2010, un general estadounidense le dijo al New York Times que el potencial minero de Afganistán era impresionante. Eso sí, como muchas salvedades.

El diario también reportó que el departamento de Defensa de EE.UU. había dicho en un informe que el país podía convertirse en la “Arabia Saudita del litio”.

Pero a pesar ello, este potencial no está ni cerca de ser explotado. Ni los afganos están cerca de percibir algún beneficio por ello.

Poderes extranjeros

Se han presentado muchos informes que revelan la voluntad de China de tomar parte. El gigante asiático parece tener mejores relaciones con los talibanes que las potencias occidentales, por lo que puede tener una ventaja si el nuevo régimen se mantiene en el poder.

Ahora, lo cierto es que las empresas chinas obtuvieron contratos para desarrollar operaciones de cobre y petróleo, pero no pasó mucho.

Es de esperar que China esté interesada. Las oportunidades están allí y los dos países comparten un corto segmento de frontera.

Pero cualquier empeño chino, ya sea oficial o empresarial, va a necesitar cierta certeza de que tendrá éxito.

Y los chinos se mostrarán reacios a comprometerse a menos que sientan que los problemas de seguridad y corrupción están lo suficientemente resueltos -o al menos, contenidos- como para permitirles extraer cantidades valiosas de estos productos de uso industrial.

Mineros en Afganistàn.

Getty Images
Afganistán posee un gran potencial de explotación de minerales.

Una pregunta clave para cualquier inversionista potencial, de China o de cualquier otro lugar, será si es probable que los talibanes serán más capaces de crear el tipo de entorno que necesita el negocio de lo que lo fue el anterior gobierno afgano.

Otro factor que puede afectar la economía es el empleo de las mujeres. En la última década, el porcentaje de la población femenina de más de 15 años con empleo ha aumentado drásticamente, aunque en 2019 era del 22%, todavía bajo los estándares internacionales.

Bajo control de los talibanes, es probable que este cambio se revierta, lo que podría dañar aún más las perspectivas económicas.

En el futuro inmediato, también existe una gran incertidumbre sobre la estabilidad financiera. En estos días se han visto largas filas de personas que intentan sacar su dinero de los bancos.

El Afghan Islamic Press, con sede en Pakistán, informó que un portavoz talibán ofreció garantías a los propietarios de bancos, cambistas, comerciantes y tenderos de que sus vidas y propiedades estarán protegidas.

Que incluso haya dudas sobre la seguridad física de los operadores financieros es impactante.

Necesitan tener confianza para que funcione el sistema financiero de Afganistán. Pero también se necesita que los clientes sientan que su dinero está seguro y eso seguramente no sucederá pronto.


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