A casi un año del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el terremoto del 19 de septiembre, donde murieron 19 niños y 7 adultos, las autoridades educativas y de la Ciudad de México no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
El análisis sobre las responsabilidades de diversos actores en el caso Rébsamen detalla que era un edificio construido en 1983, que no se adecuaba a lo establecido en el Reglamento de Construcciones creado dos años después del terremoto de 1985, además de que en 2009 se le agregó un cuarto piso, que sumaba 225 toneladas, sin haber reforzado el diseño estructural.
“Existen constancias documentales de que las autoridades identificaron la ilegalidad de la obra y el riesgo de la misma, incluso la clausuraron en dos ocasiones, pero tal obra continuó y culminó, pese a las irregularidades y el riesgo que representaba, y sin razonamiento técnico alguno fue validada por DROs y CSEs [Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Seguridad Estructural]; lo que denota responsabilidad no solo de los propietarios del Colegio sino también de las autoridades que por acción u omisión permitieron que la obra irregular fuera construida e incluso validada”, señala el informe.
Por ello, considera urgente una revisión oficial a las escuelas construidas antes de esa fecha por parte de todos los involucrados con la infraestructura educativa –la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX y las delegaciones–.
“Para cerciorarse de que (independientemente que cuenten o no con visto bueno de operación y constancia de seguridad estructural) dichas instalaciones han sido adecuadas, modificadas o reforzadas, conforme a la normatividad técnica actual en materia de seguridad estructural para las construcciones”, señala el informe.
Para obligar a que esto ocurra, ya hay una demanda legal interpuesta. Los familiares de los niños que murieron presentaron desde abril pasado una Acción Colectiva (una figura legal que permite una demanda en grupo) que no sólo pide una indemnización de los propietarios del colegio derrumbado, sino que reclama a las autoridades que verifiquen todas las escuelas anteriores a 1987 y les exijan el Certificado de Infraestructura Educativa del INIFE, para tener certeza de que son colegios seguros, y no volverá a ocurrir una tragedia.
“No tenemos noticia de que se haya hecho, y de alguna manera para los padres ese es el punto importante, a ellos les duele que México sea el país de no pasa nada, y que puedan ocurrir estas tragedias cuando había una notoria negligencia, en cuanto a que se permitió que se prestaran las clases en una construcción defectuosa. Que las autoridades, que ya habían identificado, incluso clausurado dos veces la ampliación del colegio, hubieran permitido que se dieran clases cuando ya habían visto que había un riesgo”, explica en entrevista uno de los abogados de la Barra Mexicana que lleva el caso, Julio Gutiérrez.
Responsables: tanto autoridades como sociedad
El informe “A un año del 19-S: responsabilidades derivadas de los sismos” señala tres tipos de responsables en los derrumbes que causaron 228 muertes por el terremoto del año pasado: las autoridades, los auxiliares de la autoridad (DROs y CSEs) y la sociedad, representada por los constructores y cualquier persona que posea un inmueble.
En el caso del Rébsamen, apunta a la Delegación Tlalpan, la Seduvi, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF, la SEP, los Directores de Obra, y como propietarios de la escuela, las Sociedades Enrique R S.C. y Secundaria Enrique Rébsamen.
“Los daños generados en el Colegio Rébsamen a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, no fueron causados por el sismo, sino que fueron causa de actos ilícitos e irregulares relacionados con la construcción, remodelación, modificación y obra de la edificación”.
Sin embargo, hasta ahora sólo hay una persona detenida, el Director de Obra Juan Mario Velarde, capturado apenas en julio pasado y vinculado a proceso.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad deslindó a la entonces delegada de Tlalpan y hoy jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y según Gutiérrez, lo que se pide es responsabilidad de la delegación como institución. Mientras que la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, está prófuga y hay una ficha de captura en su contra, y el resto de su familia también está escondida, asegura el abogado, y sólo han podido notificarles de la demanda mediante su abogado.
“Pero lo más grave es que no ha habido un reconocimiento de responsabilidades y, por supuesto, tampoco indemnizaciones derivado de esas responsabilidades. Sólo apoyos menores, muy menores”, agrega Gutiérrez.
¿Cómo se determina la indemnización por una muerte?
Las familias de los 19 niños muertos en el derrumbe del Rébsamen no han recibido indemnizaciones por lo ocurrido.
Gutiérrez explica que la Acción Colectiva interpuesta reclama una reparación del daño a padres, hermanos y abuelos de los niños, pero no hay un monto establecido, porque el juez lo determina al final del juicio de manera discrecional, para lo cual tiene que tener en cuenta el daño psicológico y emocional que han sufrido los deudos.
“Hay un precedente de la Suprema Corte que dice que puede tener, este daño moral, un alcance punitivo. ¿Qué quiere decir?, que tiene que ser lo suficientemente amplio, gravoso, para que se desincentiven las conductas que se están reclamando, lo suficientemente fuerte para que realmente se lo piensen dos veces la manera en la que actúan”, detalla.
Como ejemplo pone el caso de un joven que murió en un hotel porque se electrocutó en sus instalaciones, y la indemnización fue de 30 millones, no porque eso valga la vida de una persona, sino pensando en que dada la capacidad económica del hotel, esa cantidad iba a desincentivar que se dejaran pasar futuras negligencias.
