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Cuartoscuro Archivo

Sí, su señoría: Duarte aceptó su culpabilidad para obtener solo 9 años de cárcel… 4 si se porta bien

El día de ayer, con una sentencia de 9 años de prisión, culminó el proceso federal que la PGR promovió en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El final fue precipitado por el propio exgobernador que, a cambio de una pena reducida, dijo ser responsable de lo que se le acusaba.
Cuartoscuro Archivo
27 de septiembre, 2018
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El reloj digital de la sala de audiencias del Reclusorio Norte marcaba las 8 de la noche con 12 minutos. Habían transcurrido ya cuatro horas de sesión.

El juez Marco Tapia miraba fijamente a Javier Duarte. Su rostro, visiblemente más delgado que en otras ocasiones pero cubierto con una barba abundante, no rehuía a los ojos del juzgador.

-¿Está usted seguro de haber comprendido la explicación que le di? – dijo el juez a Duarte, rompiendo el silencio que se había extendido por varios segundos.

Sí, su señoría. Lo entendí bien – respondió Duarte.

-¿Quiere renunciar a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda razonable, que usted es culpable de lo que se le acusa?

-Sí, su señoría…

-Entonces le voy a volver a hacer la misma pregunta para que no queden dudas… ¿Admite usted, en este momento, la responsabilidad en los delitos que se le imputan?

En base del principio de lealtad y de institucionalidad que rigen mi conducta… sí, su señoría, la acepto… – señaló Duarte sin titubear.

***
El día de ayer, con una sentencia de 9 años de prisión, culminó el proceso federal que la PGR promovió en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el cual inició con la obtención de una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2016 y su posterior detención en Guatemala en abril de 2017.

Pero el fallo emitido por el juez no fue resultado –como el propio juzgador dijo– de un proceso en el cual los fiscales convencieran a un Tribunal de que Duarte había cometido los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa que se le imputaban. El final fue precipitado por el propio exgobernador que, a cambio de una pena reducida, dijo ser responsable de los hechos de los que se le acusaba.

A continuación se describen los pasajes principales de esta audiencia que, en teoría, solo era el paso previo para un juicio oral que ya no ocurrirá.

La petición

Con 12 minutos de retraso inició la audiencia programada para las 16 horas.

Javier Duarte y sus tres abogados ocuparon la mesa de la derecha de la sala. En la izquierda estaban cuatro fiscales de la PGR, dos hombres y dos mujeres, junto con un representante de la Secretaría de Hacienda, que, en el caso de Duarte, funge como la víctima por tratarse de un quebranto al erario.

“Mira que delgado está Duarte. Parece como si hubiera perdido 30 kilos…”, comentó una de las 16 personas que ocupaban los únicos lugares disponibles para el público, y de los cuales la mitad eran periodistas. El exmandatario estatal, en efecto, lucía muy delgado, incluso aún más que en los últimos meses de gobierno cuando él decía que había perdido peso tras someterse a un tratamiento.

Tras decretar abierta la sesión, el juez señaló que la convocatoria era para una audiencia intermedia de preparación al juicio. Pero una de las fiscales de PGR pidió la palabra para señalar que, el pasado 17 de septiembre, Duarte había presentado a través de sus abogados una petición de un “proceso abreviado”, con el cual él aceptaría su responsabilidad a cambio de que se impusiera la pena mínima que marca la ley por los dos delitos.

El juez preguntó entonces a la defensa si esto era correcto. El abogado Ricardo Reyes Retana respondió que sí, que ellos habían hecho la solicitud, y que estaban de acuerdo. Más tarde, al salir de la audiencia, el litigante señalaría incluso que fue su idea y que Duarte la aceptó.

Lo que vino después fue la acusación. En síntesis, la PGR señaló que Duarte era responsable de “dirigir una organización criminal que operó en Veracruz, Guerrero y Ciudad de México, y a través de la cual se desviaron cantidades millonarias de recursos públicos… utilizando para ello empresas fantasma y prestanombres… Todo con la finalidad de invertirlo en propiedades y otros bienes en beneficio de él, de su esposa y de su familia”.

Enemigo en casa

Las siguientes dos horas de audiencia, interrumpidas solo por un receso de 10 minutos, transcurrieron con la lectura de las pruebas que la PGR decía tener para demostrar que el exgobernador era culpable. Había múltiples documentos pero, sobretodo, testimonios. Declaraciones que no eran de víctimas o denunciantes, sino de personas del primer círculo de Javier Duarte.

Estaban, por ejemplo, los abogados Juan Janeiro y Alonso Ortega, quienes señalaron que trasfirieron recursos a empresas fachada y los invirtieron en múltiples propiedades. Confesiones brindadas a cambio de no pisar ellos mismos la cárcel.

Estaban las declaraciones de dos de sus más cercanos excolaboradores en el gobierno, Arturo Bermúdez –quien dirigiera la secretaría de Seguridad– y su extesorero, Antonio Tarek Abdalá, los cuales dijeron que por órdenes de Duarte y de su esposa Karime Macías habían desviado recursos públicos.

Los fiscales también dijeron tener el testimonio de Xóchitl Tress, otra exfuncionaria del gobierno pero además expareja sentimental de Duarte, quien confesó que siendo directora de espacios educativos no recibió el dinero que requería para reparar escuelas pero sí, en cambio, recursos para comprar una camioneta de lujo y una casa.

Incluso se presentó el testimonio del dueño de la joyería Berger de Polanco, quien dijo que le vendió a Moisés Mansur, a Ortega y a Janeiro medio millón de dólares en joyas que eran, según los testimonios, para Karime Macías.

“A Duarte lo traicionaron para salvarse todos el pellejo…”, susurró una persona sentada en el público de la sala.

El exgobernador escuchó los testimonios sin mayor sorpresa, o al menos eso mostraba en apariencia.

Sospecha fundada, inocencia perdida

“En resumen su señoría, solicitamos se impongan nueve años de prisión a JDDO (siglas con las que formalmente se denominaba a Duarte en el proceso) por los delitos ya mencionados… es el mínimo que marca la ley con el beneficio que el acusado obtendría”, dijo la fiscal de la PGR tras concluir su exposición.

Tras hacer unas anotaciones y pedir precisión en dos datos, el juez centró su atención en Duarte y comenzó con él un diálogo directo.

-Le voy a explicar a qué tiene derecho usted antes de que renuncie a ello… Tiene derecho a un juicio oral en el que se determine su culpabilidad o no… tiene usted derecho a que se le presuma siempre inocente hasta que no se demuestre lo contrario en ese juicio…

Duarte asentía con la cabeza, sin comentar nada. El juez prosiguió.

– Es un juicio en que el estándar de prueba es elevado. En el que el Ministerio Público está obligado a demostrar, lejos de toda duda razonable, que usted cometió esos delitos. Y es un juicio en el que usted tiene derecho a presentar sus propias evidencias y si resulta que los delitos no se prueban, usted queda en libertad, libre de cualquier antecedente penal.

El exgobernador hizo un gesto mínimo, en señal de que comprendía.

-En un procedimiento abreviado como el que ahora se solicita – continuo el juez –  usted garantiza la pena mínima… eso es correcto. Pero estará aceptando su responsabilidad en los términos que ya planteó la fiscalía. Y usted va a ser sentenciado con registros de investigación enumerados en la exposición, pero sin haber visto realmente las pruebas.

-Entiendo su señoría – respondió esta vez Duarte de inmediato, sin mayor tiempo para reflexionarlo.

-¿Consultó usted con sus abogados sobre esta decisión? ¿La platicó con ellos? – añadió el juez con insistencia.

– Sí, lo hice – respondió de nuevo casi en automático Javier Duarte.

Acto seguido, el juez Marco Tapia preguntó al exgobernador sobre su culpabilidad. Luego vino un último receso, y a las 8 de la noche con 29 minutos el veredicto.

“Emito fallo de condena en su contra por los delitos que se le imputan en su calidad de autor material de los mismos…. Se le impone la pena propuesta de 9 años de prisión y 990 días de multa. Ordeno que se le amoneste para que no incurra en estas conductas nuevamente. Se suspenden sus derechos políticos y civiles por el tiempo de nueve años. Autorizo el decomiso de 40 propiedades ya descritas. Y por tratarse de delitos formales, queda exonerado de la reparación del daño”, concluyo el juez.

Y Duarte escuchó la noticia, de nuevo, sin mayor expresión.

***
Los cuatro fiscales de la PGR que asistieron a la audiencia abandonaron el edificio casi de inmediato. Lo hicieron a bordo de una camioneta Suburban color plata con las ventanas abajo. Ello permitió verlos sonrientes e intercambiando expresiones.

– Estarán contentos, pero a Duarte le salió muy barato, dijo uno de los periodistas que esperaba afuera por una entrevista.

– En el país del no pasa nada, algo es algo- le respondió otro colega.

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Bandidos Revolution Team, la banda de hackers de México que robaba millones de los bancos

Un par de cajeros automáticos que de repente empezaron a escupir dinero fueron claves para que las autoridades mexicanas lograran desmantelar al grupo de hackers detrás del mayor ciberataque de la historia de México.
6 de junio, 2019
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Hacker mexicano

Getty Images
A Bandidos Revolution Team se la acusa de estar detrás del mayor ciberataque de la historia de México.

Un par de cajeros automáticos que de repente empezaron a escupir dinero fueron clave para que las autoridades mexicanas lograran desmantelar a la principal banda de cibercriminales del país.

Ocurrió el pasado 3 de marzo en León (Guanajuato) y Tijuana (Baja California Norte), luego de que los cibercriminales que debían recoger los billetes aparentemente faltaran a la cita.

Pero, para ese entonces, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República ya seguía los pasos al grupo al que pertenecían, el Bandidos Revolution Team.

Y un par de meses más tarde las autoridades procedían a arrestar al presunto líder de los Bandidos, Héctor Ortiz Solares, también conocido como “el H-1” o “Bandido Boss”, junto a siete de sus asociados.

En el operativo, realizado en la ciudad de León el pasado 15 de mayo, también se incautaron numerosos vehículos de lujo, computadoras, drogas, armas y varias cajas fuerte repletas de efectivo: suficiente para nadar en él, según un reporte del periódico mexicano El Universal.

Caía así el grupo de hackers detrás del mayor ciberataque de la historia de México, en su mayoría veinteañeros y treintañeros que ya se habían acostumbrado a sustraer mensualmente millones de dólares de los bancos del país.

“El mayor ciberataque”

Según los reportes de medios locales, las autoridades estiman que el Bandidos Revolution Team empezó a operar hace unos cinco años.

Pero fue un ciberataque realizado en abril del año pasado el que los puso en la mira de las autoridades mexicanas.

Cajero automático en México

AFP
Los cibercriminales utilizaban cajeros automáticos para retirar el dinero obtenido mediante transferencias fraudulentas.

Para el mismo, los cibercriminales manipularon el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México (SPEI) para enviar dinero a varias cuentas fraudulentas, procediendo luego a retirar el dinero, principalmente a través de cajeros automáticos.

En su momento, la agencia Reuters reportó que el ataque -que mereció incluso un reportaje en la revista tecnológica Wired- le había costado al sistema bancario mexicano entre US$15 y US$20 millones.

Según El Universal, sin embargo, finalmente se documentaron 849 cuentas falsas que en total habrían recibido unos 500 millones de pesos (más de US$25 millones al cambio actual).

Y los miembros de Bandidos Revolution Team continuaron utilizando su acceso al SPEI para obtener ganancias de entre 100 y 300 millones de pesos (US$5 y US$15 millones) al mes.

Todo, según un experto en seguridad citado por Wired, gracias a una combinación de talento y mucha preparación con una arquitectura de red poco segura y debilidades en la supervisión de la seguridad del SPEI.

Delatado

El Banco de México, por su parte, destacó en un informe publicado a fines de agosto que el ataque no había tenido como blanco a sus sistemas centrales, sino que estaban dirigidos a interconexiones débiles o poco vigiladas.

La institución también concluyó que la estrategia empleada por los cibercriminales requería de “un profundo conocimiento de la infraestructura tecnológica y los procesos de las instituciones víctimas, así como de acceso a ellas”.

Pero el grupo no limitaba sus actividades a la explotación de esas vulnerabilidades.

Pesos mexicanos

AFP
Las autoridades incautaron varios millones de pesos en efectivo.

Entre otras cosas, también se le acusa de haber estado detrás de un ataque con ransomware en contra de la aseguradora AXA que le habría costado a esta poco más de un millón de dólares.

Y durante el registro de las casas vinculadas con Ortiz Solares también se encontraron numerosos productos de lujo adquiridos con tarjetas clonadas a varios grandes almacenes y otras en proceso de clonación.

Los Bandidos, sin embargo, sufrieron un golpe aparentemente mortal cuando una fuente anónima contactó a las autoridades para denunciar “que el cerebro del fraude al SPSE se llamaba Héctor y vivía en León”, reportó Héctor de Mauleón en El Universal.

La información, que coincidía con algunas de las pistas recabadas por la fiscalía y episodios como el de los cajeros, llevó a las autoridades hasta la capital de Guanajuato, H1 y su grupo, el Bandidos Revolution Team.

Y el seguimiento de las autoridades reveló el estilo de vida desproporcionadamente lujoso de Héctor Ortiz, quien pasó así de desplazarse en aviones privados y autos de lujo a una celda en el penal federal de Almoloya de Juárez, donde se encuentra a disposición de las autoridades.


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