A un año del 7S, pobladores de Unión Hidalgo, Oaxaca, denuncian apoyos incompletos para reconstrucción
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A un año del 7S, pobladores de Unión Hidalgo, Oaxaca, denuncian apoyos incompletos para reconstrucción

Debido al retraso en la reconstrucción de una secundaria técnica y que se entregaron incompletos los apoyos para los damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre, pobladores de Unión Hidalgo buscan ampararse contra autoridades federales y de Oaxaca.
Cuartoscuro
12 de septiembre, 2018
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A un año del sismo del 7 de septiembre, pobladores de la comunidad Unión Hidalgo, del estado de Oaxaca, anunciaron que han presentado cuatro demandas de amparo contra autoridades de los tres niveles de gobierno, por el retraso en la reconstrucción de una escuela secundaria, por los apoyos a damnificados que se entregaron de forma incompleta y para que incluyan a todos los afectados en los censos oficiales.

Édgar Martín Regalado, vocero de la asociación de padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 33, señaló en conferencia de prensa que a un año del sismo, los estudiantes de este plantel continúan acudiendo a clases de manera irregular, en aulas temporales, aunque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han terminado todavía de demoler las partes del edificio que resultaron dañadas.

De acuerdo con Édgar Martín, las autoridades del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) se comprometieron por escrito a terminar con la reconstrucción de las 11 aulas dañadas antes de que comenzara el actual ciclo escolar, aunque actualmente solo han avanzado en un 15% de las labores.

El padre de una estudiante de la Secundaria Técnica No. 33 explicó que se determinó la pérdida total de uno de los laboratorios del plantel, 11 salones, un módulo de baños, el garaje del transporte escolar, una barda perimetral y el edificio del personal administrativo, mismos que fueron sustituidos por aulas temporales.

Martín Regalado señaló que el material liviano con el que están construidas las aulas temporales pone en riesgo a los alumnos, dado que la comunidad, ubicada en la zona del Istmo en Oaxaca, presenta constantemente fuertes ráfagas de viento.

Por ello, acompañados del abogado José Antonio Pelayo, presentaron un amparo en noviembre de 2017, para exigir a las autoridades acelerar las labores de reconstrucción total del plantel.

Ante la falta de celeridad para que se resuelva el amparo, los padres de familia acudieron ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde presentaron una queja contra del Inifed, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el presidente Enrique Peña, el gobernador Alejandro Murat y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

A través de esta queja, los padres reclaman a las autoridades el garantizar el derecho a la educación de los más de 400 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 33 que resultaron afectados.

Damnificados se amparan para que se haga un nuevo censo

Víctor González, abogado que asesora a los pobladores de Unión Hidalgo, señaló que en mayo pasado, damnificados que no fueron censados por las autoridades federales después del sismo del 7 de septiembre interpusieron un amparo para que el gobierno los considere como beneficiarios de los apoyos sociales para reconstrucción.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Unión Hidalgo, el sismo del 7 de septiembre de 2017 destruyó el 80% de las viviendas y edificios públicos. De las 2 mil 811 casas afectadas, un 67% quedó en condiciones de pérdida total.

Sin embargo, explicó Édgar Martín, en los 15 días posteriores al terremoto se registraron 4 mil 326 réplicas por lo que algunas viviendas que no fueron reconocidas como dañadas por las autoridades se vieron afectadas después de que las autoridades de Sedatu hicieron la revisión de los inmuebles de la comunidad.

González informó que el amparo que presentaron para que se realice un nuevo censo y reclasifiquen los daños de parciales a totales, o se considere a algunas personas como víctimas beneficiarias, se encuentra en trámite en el Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y está dirigido a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda.

Además de este amparo, mencionó el abogado, algunos de los damnificados que sí fueron considerados en el primer censo buscan ampararse contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), pues los apoyos de reconstrucción se les entregaron incompletos, se les retiraron sin aviso previo de las cuentas bancarias asignadas o fueron congelados, impidiendo su uso por parte de las víctimas.

De acuerdo con Víctor González, los pobladores cuentan con documentos que acreditan que, incluso en los casos en los que los apoyos fueron depositados parcialmente en las cuentas de los damnificados, Bansefi realizó retiro de una parte del dinero asignado en cada caso, por lo que exigen a las autoridades que se otorguen de manera total las cantidades establecidas por ley para los afectados.

“Todas las autoridades contra las que se ha buscado amparar la comunidad han negado los actos reclamados, dicen que no tienen responsabilidad. La única que aceptó tener injerencia en el tema fue la Sedatu, acerca de los apoyos incompletos, pero señaló que ya cumplió con su parte, pues pidió a Bansefi reintegrar el dinero a los afectados.

Por ahora, informó el abogado, continuarán a la espera de que se resuelvan los amparos presentados y a que los apoyos para la comunidad lleguen de manera rápida para que los damnificados puedan iniciar o continuar con la reconstrucción de sus viviendas, aunque en algunos casos, lo primero es que cuenten con documentos que acrediten que los terrenos y edificios dañados son suyos, porque algunas personas no cuentan con los títulos de propiedad.

Los representantes de los abogados, del despacho Regalado & Galindo, destacaron que los afectados buscan recomponer su pueblo no solo reedificando sus viviendas, sino también reconstruyendo la manera de hacer que el gobierno haga su trabajo.

“Hay que educar al gobierno para que no solo responda ante marchas y bloqueos carreteros, sino principalmente ante la ley y los tribunales”, señaló Édgar Martín.

Para el poblador de Unión Hidalgo, es importante que el Estado “no solo prometa actuar, sino que diga con claridad qué autoridad será responsable de ello y en qué plazo cumplirá”.

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Sentencian a pena de muerte a hombre que prendió fuego a bloguera en 'live' en redes

La popular creadora de videos Lamu murió en 2020 luego de haber sufrido un ataque calificado como "extremadamente cruel" por el tribunal que ordenó la pena de muerte para su exmarido.
14 de octubre, 2021
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La manera en que la videobloguera china Lamu fue asesinada fue calificada por un tribunal como “extremadamente cruel”.

La mujer tibetana tenía cientos de miles de seguidores en Douyin, la versión china de TikTok, por sus populares videos sobre la vida rural.

Mientras estaba transmitiendo en vivo, su exesposo, Tang Lu, le roció gasolina y le prendió fuego. Murió el 30 de septiembre de 2020, luego de pasar semanas hospitalizada por las quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Por este crimen, un tribunal emitió una sentencia de muerte contra Tang y calificó el crimen como “extremadamente cruel y con impacto social extremadamente malo”.

El caso causó indignación en China y desató un renovado debate sobre la violencia que sufren muchas mujeres en sus matrimonios.

¿Quién era Lamu?

Conocida solo como Lamu, la mujer falleció a los 30 años.

Atrajo a casi 800.000 seguidores por sus publicaciones optimistas sobre el estilo simple de la vida rural que compartía en la plataforma Douyin.

Sus videos la mostraban buscando comida en las montañas, cocinando y haciendo divertidas parodias de canciones vestida con ropa tradicional tibetana.

Sus publicaciones llegaron a acumular más de 6,3 millones de “me gusta”.

Video de Lamu en Douyin

Douyin/Lamu

Estaba casada con Tang, quien según el tribunal tenía un historial de violencia contra ella.

El ataque

Varios reportes indican que Lamu se acercó a la policía en repetidas ocasiones para denunciar la violencia que sufría por parte de su esposo, pero los agentes le decían que la violencia era un “asunto familiar”.

La pareja se divorció en junio de 2020.

Sin embargo, la joven regresó con él después de que Tang amenazara con matar a uno de sus hijos. La violencia no paró, así que se separó por segunda vez y obtuvo la custodia de ambos niños.

Luego de casi tres meses desde la separación, ocurrió el ataque con gasolina y fuego mientras la joven hacía una transmisión en la casa de su padre.

Las demandas de justicia

Después de su muerte, decenas de miles de sus seguidores dejaron mensajes en su página de Douyin, mientras que millones de usuarios de la plataforma Weibo pidieron justicia utilizando hashtags que luego fueron censurados.

El tribunal de la prefectura de Aba, una zona rural remota en el suroeste de la provincia de Sichuan donde vive un gran número de tibetanos, dijo que Tang merecía un “castigo severo” de acuerdo con la ley.

El hombre fue detenido, juzgado y sentenciado a la pena capital.

Un cartel sobre violencia doméstica en Pekín

Getty Images
La violencia doméstica ha sido un tema de debate en años recientes en China.

China tipificó como delito la violencia doméstica en 2016, pero es una problemática que sigue estando muy extendida, sobre todo en las zonas rurales.

Aproximadamente una cuarta parte de las mujeres casadas han sufrido abuso doméstico, según un estudio de 2013 de la Federación de Mujeres de China.

Algunos activistas temen que un período de “reflexión” obligatorio de 30 días recientemente introducido para las parejas que desean divorciarse pueda dificultar que las mujeres abandonen las relaciones abusivas.


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