Denuncias y juicios pendientes: Qué sigue para Duarte y por qué Guatemala es clave en el proceso
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Denuncias y juicios pendientes: Qué sigue para Duarte y por qué Guatemala es clave en el proceso

Al exgobernador de Veracruz le restan dos procesos abiertos y otros casos que podrían llegar a juicio pero bajo ciertas condiciones.
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28 de septiembre, 2018
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Con la sentencia condenatoria por lavado de dinero y asociación delictuosa, dictada el pasado miércoles en contra de Javier Duarte, concluyó la fase principal del proceso penal que la PGR promovió en su contra por el uso de empresas fantasma. Sin embargo, sobre el exgobernador de Veracruz aún pesan casos pendientes que podrían traducirse en nuevos procesos y condenas.

¿Qué sigue para Javier Duarte? A continuación se desglosa lo que está pendiente. Primero los juicios ya abiertos y en curso, luego las órdenes de aprehensión ya concedidas por jueces pero que no se han ejecutado, además de las investigaciones que involucran a su gobierno y que aún no han sido consignadas.

Toda la información que se incluye fue proporcionada por autoridades locales y federales relacionadas con los procesos, así como por la defensa del exmandatario.

Los juicios abiertos

  • El federal: última etapa

En contra del exgobernador de Veracruz se han abierto tres procesos penales hasta ahora. Uno de ellos era el promovido por la PGR por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y por el cual fue sentenciado el miércoles pasado a nueve años de prisión (4 años y medio por lavado y 4 años y medio por asociación delictuosa). También se ordenó el decomiso de 40 bienes y el pago de 58 mil pesos de multa.

Aunque la sentencia fue pactada entre las partes el caso aun no está cerrado. Tanto los abogados de Duarte como la víctima (que en este caso es la Secretaría de Hacienda) tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar alguna apelación. Ricardo Reyes Retana, abogado de Duarte, dijo que revisarán si existe algún elemento en contra del cual presenten una inconformidad.

Si el plazo de cinco días transcurre sin novedad, se considera que la sentencia queda firme y entonces se convocará otra audiencia ante un juez denominado “de ejecución”, el cual definirá en qué centro penitenciario debe cumplir Duarte su sentencia.

Cabe señalar que la condena de cárcel impuesta al exgobernador no puede ser cambiada – de momento – por una medida alternativa. Esto ya que se rebasó el límite de cuatro años como máximo de sentencia para tener derecho a ello y porque además el lavado de dinero entra en un catálogo de ilícitos que, de acuerdo con el Código Penal, no son canjeables por ninguna otra medida que no sea la cárcel.

Sin embargo cuando Duarte cumpla la mitad de la pena que se le impuso, es decir cuatro años y medio (de los que le faltan tres años porque a lleva año y medio preso), el exgobernador podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional, es decir, cumplir la otra parte de su pena en libertad, y con una medida alternativa como puede ser un brazalete electrónico.

El otorgamiento de dicha medida dependerá de que se cumplan todos los requisitos que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si para el momento en que se presente esa solicitud Duarte está sentenciado por otro caso, esto podría cancelar la concesión del beneficio.

  • Los dos procesos locales: cerca de la mitad

Los otros dos procesos que ya están en curso en contra del exgobernador son los que promovió la Fiscalía de Veracruz ante un juez local de Ciudad de México. Uno de ellos por el uso ilegal de un helicóptero y el otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas.

El pasado 20 de mayo el juez, Júpiter López, consideró que había elementos suficientes para vincular a Duarte a proceso en ambos casos y ordenó un plazo de seis meses para culminar con las investigaciones. Esto significa que a finales de noviembre próximo el Ministerio Público tendrá que presentar la acusación formal.

El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, adelantó a Animal Político que por ambos procesos el Ministerio Público solicitará al juez una condena de al menos 15 años de cárcel.

Al igual que en el caso federal, Duarte también tiene la posibilidad de declarase culpable para buscar sentencias reducidas y no llegar a juicio oral.

Las órdenes de aprehensión congeladas

En contra del exgobernador de Veracruz hay dos órdenes de aprehensión que hasta el día de hoy no se han podido ejecutar, por lo que tampoco han arrancado los procesos correspondientes.

Una de las órdenes es por delitos electorales y la concedió un juez federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Esto luego de que se responsabilizó a su administración de haber retenido ilegalmente recursos etiquetados para el órgano electoral local, lo que puso en riesgo la realización correcta de elecciones.

La otra orden es por desaparición forzada, delito considerado como grave y de lesa humanidad. Esta orden la concedió un juez de Veracruz a petición de la fiscalía y está relacionada con la presunta desaparición sistemática de personas que llevaban a cabo policías estatales en la administración de Duarte.

El motivo por el cual no se han podido ejecutar estas órdenes es porque dichos casos no se incluyeron originalmente en la solicitud de extradición presentada a Guatemala en abril de 2017. Y los tratados de extradición, como el firmado con el país centroamericano, indican que la persona solo debe ser juzgada por los ilícitos por los cuales fue entregada.

La alternativa que tiene México es solicitar a Guatemala una excepción y si se concede, las órdenes pueden ejecutarse. En el caso de la orden por desaparición forzada, la Fiscalía de Veracruz promovió desde hace varios meses la petición ante la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que oficialmente presenten el requerimiento. Hasta ahora no se conocen los resultados.

El Senado de la República emitió ayer un exhorto oficial dirigido a la PGR y a la SRE para que se agilice esta petición.

Investigaciones en curso: los 60 mil millones denunciados por la ASF

Tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz sostienen que tienen carpetas de investigación abiertas vinculadas con Javier Duarte, pero de las que – por reserva de las investigaciones – no se pueden dar mayores detalles.

Los casos que sí se conocen públicamente son las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ante la PGR por la desaparición de recursos federales en la administración de Duarte. Un reporte especial publicado por los auditores en febrero pasado, señaló que eran más de medio centenar de denuncias las presentadas por el posible desvío de 61 mil millones de pesos.

La PGR informó a Animal Político que el estatus oficial de estas denuncias que dieron pie a la apertura de averiguaciones previas y carpetas de investigación es “en integración”, es decir, que las indagatorias no han concluido. Aunque las denuncias no son en contra de Duarte sino de su administración, el exgobernador podría resultar implicado si así lo arroja la indagatoria.

El obstáculo para estos casos es que aun cuando la PGR los consigne a un juez y Duarte figure entre los implicados, se tendría que solicitar a Guatemala autorización para abrir nuevos procesos al exgobernador, sin la garantía de que dicho aval se conceda.

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Coahuila: la decepción de las familias de los 10 mineros atrapados hace casi un mes

Las familias de los mineros atrapados en Coahuila pierden la esperanza de verlos con vida después de que el gobierno asegurara que su rescate necesitará de 6 a 11 meses más.
31 de agosto, 2022
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A poco de cumplirse un mes de la tragedia este próximo sábado, la esperanza de los familiares de los diez mineros atrapados en un pozo de carbón en México se apaga poco a poco.

El primer varapalo fue cuando, después de que las galerías donde trabajaban se inundaran el 3 de agosto por el agua de minas cercanas abandonadas en Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, una nueva inundación echó por tierra el trabajo de casi dos semanas de bombeo de líquido y hubo que volver a empezar.

El golpe definitivo para las familias fue cuando las autoridades les comunicaron el pasado jueves que la estrategia a seguir ahora sería la de hacer un tajo a cielo abierto para descender 60 metros y llegar donde están los hombres en la mina de El Pinabete.

¿El mayor problema? Que serán necesarios al menos seis meses para hacerlo, lo que terminó por dinamitar el ánimo de las familias.

“De seis a 11 meses de trabajo es mucho, ¿qué nos van a entregar entonces de mi hermano?”, le dice a BBC Mundo Magdalena Montelongo, hermana de Jaime, uno de los mineros atrapados.

“Al principio teníamos mucha esperanza. Pero fue pasando el tiempo y cuando se vino la otra ola de agua… se va perdiendo. Ahorita, como ya van a hacer esto, se me hace difícil que los veamos con vida”, reconoce resignada la mujer.

En todo este tiempo no ha habido ningún contacto con los mineros, quienes no tenían comida ni agua potable. El gobierno, sin embargo, ha rechazado oficialmente que se les dé por muertos.

Volvió a la mina para ayudar a sus compañeros

Con 61 años, Jaime Montelongo es el veterano del grupo de los hombres atrapados.

Hijo y padre de mineros, lleva trabajando en ello desde los 14 años y, aunque ya estaba retirado desde el año pasado, decidió regresar a la mina porque “se sentía bien”.

Map

Su hermana Magdalena habla de él intercalando tiempos verbales en presente y pasado, fruto probablemente de la incertidumbre. Recuerda cómo uno de los mineros sobrevivientes le contó que Jaime pudo haber escapado junto a él, pero decidió ayudar a sus compañeros.

“Oyeron un fuerte estruendo, y luego otro. Mi hermano empezó a hablar al resto por el radio: ‘¡gente, gente!’, pero no había respuesta. Entonces él le dijo a este compañero que se fuera en el bote y regresó para avisar al grupo”, relata la mujer.

Su colega sobreviviente se subió al bote y, en cuestión de segundos, estaba prácticamente cubierto por toda el agua que llegaba con fuerza. Logró salir, pero de Jaime nunca supo nada más.

“No sé, creo que él sentía el deber y la responsabilidad de traerse a los demás compañeros… nunca pensó la magnitud del problema que se venía”, dice su hermana, quien lo define como alguien “muy noble” y bueno. “Los muchachos de la mina decían que sí se enoja, pero que no los regañaba”.

Jaime Montelongo

AFP
Jaime Montelongo trabaja en la mina desde los 14 años.

Sobre el nuevo método de rescate elegido, la mujer asegura no estar de acuerdo. Las autoridades, sin embargo, defendieron que esta es la propuesta más sólida y de menor riesgo para los rescatistas según los análisis de especialistas.

“La otra (opción) es que sigamos bombeando, que saquemos toda el agua de Pinabete, de Conchas Norte, de Mina 6, acuérdense que Pinabete está rodeada de minas, pero esto (…) llevaría 24 meses. El tema es que puede haber un gran riesgo de colapso”, dijo Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil.

Rechazo e indemnizaciones

Inicialmente, los familiares se negaron a aceptar esta nueva estrategia por todo el tiempo que requerirá. Montelongo no entiende por qué no se optó por esta técnica desde el principio ni por qué las autoridades mexicanas se demoraron dos semanas en pedir asesoría de especialistas extranjeros.

“Se dejó pasar mucho tiempo, pienso que en la primera semana los podrían haber rescatado pero hizo falta gente más capacitada para este tipo de situaciones”, opina.

Familiares de mineros

AFP

Finalmente, el pasado fin de semana, las esposas de los mineros aceptaron la técnica del tajo a cielo abierto.

En la zona se levantará un memorial y el gobierno también les entregará una indemnización “por encima de lo convencional”, según adelantó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque no se ha determinado la cantidad.

“Para nosotros, nuestro hermano no tiene valor económico. En ese momento dijimos ‘ya no hay nada que hacer más que resignarnos y entregar nuestro hermano a Dios’. Estamos decepcionados e impotentes, no nos han dejado otra opción”, lamenta Montelongo.

López Obrador, quien insistió en que las tareas de rescate no se detendrán y que “no va a suceder lo de Pasta de Conchos” -en referencia a otra mina en Coahuila donde una explosión de gas en 2006 dejó 65 muertos, de los que 63 cuerpos nunca fueron recuperados-, dijo entender el dolor de las familias.

Este domingo, el mandatorio admitió que los familiares no estaban satisfechos al principio con la opción del rescate planteado por el gobierno.

“No aceptaban por el tiempo. Se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, estaban muy alterados y no querían nada, y ya, pues han aceptado”, dijo el presidente, quien se comprometió a “trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos”.

AMLO en la zona del derrumbe

Gobierno de México
López Obrador visitó la zona del siniestro el 7 de agosto.

El papel de familiares y esposas

Magdalena Montelongo tampoco oculta su decepción por el hecho de que las autoridades no hayan tomado en cuenta la opinión de otros familiares de los mineros, sino que solo se reunieron con las esposas “una por una y a puerta cerrada” para plantearles la opción del tajo abierto, a la que finalmente dieron el sí.

La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPdC), un colectivo defensor de los derechos de los mineros, criticó que solo se escuchen la opinión de las esposas.

“No es justo ni correcto porque, antes de ser esposos, fueron hijos y hermanos. Todos son víctimas. Pero el gobierno habla con las esposas porque así se ahorra broncas: los familiares pueden ser más objetivos y no se les puede presionar con indemnizaciones… a las viudas, sí”, dice Cristina Auerbach, defensora de Derechos Humanos en OFPdC.

El colectivo tampoco aprueba la nueva estrategia al considerar que es irreal ni aún el plazo de seis a 11 meses. “Si es una mina a cielo abierto, requieren mover cuando menos cinco millones de toneladas de tierra (equivalente a llenar tres veces el estadio Azteca), más de 1600 trabajadores, camiones de carga de 200 y 300 toneladas…”.

Mina del accidente

AFP
La nueva técnica para el rescate de los mineros comenzará en los próximos días.

“Cuando estaban aquí los especialistas extranjeros, se habló de encapsular y poner barreras para aislar el pozo del agua de las minas cercanas. Nunca se habló de tajo a cielo abierto”, cuestiona Auerbach en entrevista con BBC Mundo.

También critica que la propuesta no venga de cuadrillas de rescate de empresas de la región ni de expertos en minas de carbón, sino que esté liderada por Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La CFE no tiene minas de carbón, solo lo compra, ni tiene experiencia en rescate minero. ¿Entonces por qué va a encargarse de los rescates? Es absurdo, no sabemos por qué”, afirma.

Mayor región carbonífera de México

Tras lo ocurrido, la Fiscalía solo acusó hasta el momento a un joven como “probable responsable en explotación ilícita del subsuelo”.

Según el propio López Obrador, este podría no ser el dueño de la empresa responsable de la mina sino un simple prestanombres sin poder real con el que se trate de evitar que se conozca el nombre del concesionario.

Coahuila se ha convertido en un verdadero punto negro para desarrollar esta profesión. Sin contar grandes minas a cielo abierto, al menos 153 personas han muerto en el estado desde 1996 en pozos y pequeñas minas y cuevas, según un conteo de OFPdC.

“El trabajador está en la mina por necesidad, pero lo hacen en condiciones inhumanas y por 200 pesos (unos US$10) por tonelada de carbón. ¿Quiénes son los beneficiados? Los dueños, que son los que más ganan. Y también la Secretaría de Trabajo debería inspeccionar esas condiciones”, responde Magdalena Montelongo a la pregunta sobre quiénes son responsables de esta situación.

Jaime Montelongo

AFP
La familia de Jaime Montelongo improvisó un altar con su imagen a las afueras de la mina.

En Coahuila se produce el 99% del carbón utilizado en México por la CFE, empresa estatal clave en el proyecto energético del presidente. Pese a esta alta cifra, Auerbach puntualiza que el carbón solo representa “el 4% de la matriz energética” del país.

“Si oyes lo del 99%, piensas que es una locura pedir que se detenga la producción porque dicen que genera desarrollo en la región… pero lo que deja es una estela de muerte brutal. Si fuéramos más sensibles, después de esta tragedia deberíamos dejar de consumir ese 4%”, opina.

La miembro de OFPdC dice estar sorprendida por el hecho de que no se estén revisando todos los contratos de concesiones de minas en la zona.

“Todo el mundo sigue sacando carbón como si nada. Así que es cuestión de tiempo que vuelva a suceder”, concluye.


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