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Cuartoscuro Archivo

Denuncias y juicios pendientes: Qué sigue para Duarte y por qué Guatemala es clave en el proceso

Al exgobernador de Veracruz le restan dos procesos abiertos y otros casos que podrían llegar a juicio pero bajo ciertas condiciones.
Cuartoscuro Archivo
28 de septiembre, 2018
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Con la sentencia condenatoria por lavado de dinero y asociación delictuosa, dictada el pasado miércoles en contra de Javier Duarte, concluyó la fase principal del proceso penal que la PGR promovió en su contra por el uso de empresas fantasma. Sin embargo, sobre el exgobernador de Veracruz aún pesan casos pendientes que podrían traducirse en nuevos procesos y condenas.

¿Qué sigue para Javier Duarte? A continuación se desglosa lo que está pendiente. Primero los juicios ya abiertos y en curso, luego las órdenes de aprehensión ya concedidas por jueces pero que no se han ejecutado, además de las investigaciones que involucran a su gobierno y que aún no han sido consignadas.

Toda la información que se incluye fue proporcionada por autoridades locales y federales relacionadas con los procesos, así como por la defensa del exmandatario.

Los juicios abiertos

  • El federal: última etapa

En contra del exgobernador de Veracruz se han abierto tres procesos penales hasta ahora. Uno de ellos era el promovido por la PGR por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y por el cual fue sentenciado el miércoles pasado a nueve años de prisión (4 años y medio por lavado y 4 años y medio por asociación delictuosa). También se ordenó el decomiso de 40 bienes y el pago de 58 mil pesos de multa.

Aunque la sentencia fue pactada entre las partes el caso aun no está cerrado. Tanto los abogados de Duarte como la víctima (que en este caso es la Secretaría de Hacienda) tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar alguna apelación. Ricardo Reyes Retana, abogado de Duarte, dijo que revisarán si existe algún elemento en contra del cual presenten una inconformidad.

Si el plazo de cinco días transcurre sin novedad, se considera que la sentencia queda firme y entonces se convocará otra audiencia ante un juez denominado “de ejecución”, el cual definirá en qué centro penitenciario debe cumplir Duarte su sentencia.

Cabe señalar que la condena de cárcel impuesta al exgobernador no puede ser cambiada – de momento – por una medida alternativa. Esto ya que se rebasó el límite de cuatro años como máximo de sentencia para tener derecho a ello y porque además el lavado de dinero entra en un catálogo de ilícitos que, de acuerdo con el Código Penal, no son canjeables por ninguna otra medida que no sea la cárcel.

Sin embargo cuando Duarte cumpla la mitad de la pena que se le impuso, es decir cuatro años y medio (de los que le faltan tres años porque a lleva año y medio preso), el exgobernador podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional, es decir, cumplir la otra parte de su pena en libertad, y con una medida alternativa como puede ser un brazalete electrónico.

El otorgamiento de dicha medida dependerá de que se cumplan todos los requisitos que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si para el momento en que se presente esa solicitud Duarte está sentenciado por otro caso, esto podría cancelar la concesión del beneficio.

  • Los dos procesos locales: cerca de la mitad

Los otros dos procesos que ya están en curso en contra del exgobernador son los que promovió la Fiscalía de Veracruz ante un juez local de Ciudad de México. Uno de ellos por el uso ilegal de un helicóptero y el otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas.

El pasado 20 de mayo el juez, Júpiter López, consideró que había elementos suficientes para vincular a Duarte a proceso en ambos casos y ordenó un plazo de seis meses para culminar con las investigaciones. Esto significa que a finales de noviembre próximo el Ministerio Público tendrá que presentar la acusación formal.

El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, adelantó a Animal Político que por ambos procesos el Ministerio Público solicitará al juez una condena de al menos 15 años de cárcel.

Al igual que en el caso federal, Duarte también tiene la posibilidad de declarase culpable para buscar sentencias reducidas y no llegar a juicio oral.

Las órdenes de aprehensión congeladas

En contra del exgobernador de Veracruz hay dos órdenes de aprehensión que hasta el día de hoy no se han podido ejecutar, por lo que tampoco han arrancado los procesos correspondientes.

Una de las órdenes es por delitos electorales y la concedió un juez federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Esto luego de que se responsabilizó a su administración de haber retenido ilegalmente recursos etiquetados para el órgano electoral local, lo que puso en riesgo la realización correcta de elecciones.

La otra orden es por desaparición forzada, delito considerado como grave y de lesa humanidad. Esta orden la concedió un juez de Veracruz a petición de la fiscalía y está relacionada con la presunta desaparición sistemática de personas que llevaban a cabo policías estatales en la administración de Duarte.

El motivo por el cual no se han podido ejecutar estas órdenes es porque dichos casos no se incluyeron originalmente en la solicitud de extradición presentada a Guatemala en abril de 2017. Y los tratados de extradición, como el firmado con el país centroamericano, indican que la persona solo debe ser juzgada por los ilícitos por los cuales fue entregada.

La alternativa que tiene México es solicitar a Guatemala una excepción y si se concede, las órdenes pueden ejecutarse. En el caso de la orden por desaparición forzada, la Fiscalía de Veracruz promovió desde hace varios meses la petición ante la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que oficialmente presenten el requerimiento. Hasta ahora no se conocen los resultados.

El Senado de la República emitió ayer un exhorto oficial dirigido a la PGR y a la SRE para que se agilice esta petición.

Investigaciones en curso: los 60 mil millones denunciados por la ASF

Tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz sostienen que tienen carpetas de investigación abiertas vinculadas con Javier Duarte, pero de las que – por reserva de las investigaciones – no se pueden dar mayores detalles.

Los casos que sí se conocen públicamente son las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ante la PGR por la desaparición de recursos federales en la administración de Duarte. Un reporte especial publicado por los auditores en febrero pasado, señaló que eran más de medio centenar de denuncias las presentadas por el posible desvío de 61 mil millones de pesos.

La PGR informó a Animal Político que el estatus oficial de estas denuncias que dieron pie a la apertura de averiguaciones previas y carpetas de investigación es “en integración”, es decir, que las indagatorias no han concluido. Aunque las denuncias no son en contra de Duarte sino de su administración, el exgobernador podría resultar implicado si así lo arroja la indagatoria.

El obstáculo para estos casos es que aun cuando la PGR los consigne a un juez y Duarte figure entre los implicados, se tendría que solicitar a Guatemala autorización para abrir nuevos procesos al exgobernador, sin la garantía de que dicho aval se conceda.

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Qué es la temida falla de San Andrés (y por qué preocupa tanto tras los sismos en California)

La que más preocupa a los científicos es la sección sur de la falla, en la que no se ha producido un sismo en cerca de 300 años,
6 de julio, 2019
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Cada vez que tiembla en California, la pregunta se repite: ¿está más cerca el “Big One”?

Con el “Big One” se refieren a un terremoto catastrófico que, según los sismólogos, ya debió haber ocurrido.

Los temores volvieron a desatarse esta semana. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la noche de este viernes la región sur de California.

Este sismo se registró tan solo un día después del de magnitud 6,4 en la misma zona.

California es propensa a los terremotos, ya que se ubica sobre una serie de fallas, es decir, regiones donde las placas tectónicas se unen.

La mayor de ellas -y la potencialmente más peligrosa- es la falla de San Andrés, que atraviesa el Estado de norte a sur y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.

La falla delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico y es una de las más estudiadas del planeta, ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre.

Sobre ella se asientan los enormes centros urbanos de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU., y San Diego, y 38 millones de personas que viven en sus inmediaciones.

Cuestión de tiempo

La parte media de la falla se rompió hace unos 160 años y la parte norte en 1906, provocando el devastador terremoto de 7,8 grados que destruyó gran parte de San Francisco en 1906 y dejó más de 3.000 muertos.

Terremoto de San Francisco 1906.

Getty Images
Un terremoto de 7,8 grados destruyó gran parte de San Francisco en 1906.

Pero la que más preocupa a los científicos es la sección sur de la falla, en la que no se ha producido un sismo en cerca de 300 años, pese a que los registros geológicos indican que es la causante de un gran terremoto con una periodicidad de unos 150 años, y en todo ese tiempo ha ido acumulando tensión.

El último gran terremoto que hubo en esa zona data del año 1700, pero no se tienen detalles de cómo ocurrió al carecer de registros en esa época.

En la Conferencia Nacional de Terremotos celebrada en California en 2016, los científicos que participaron ya advirtieron que la sección sur de la falla de San Andrés está “cargada y lista” para provocar un gran temblor.

Un gran riesgo

Sismólogos del Geological Survey de Estados Unidos simularon los efectos de un gran terremoto en California para un programa de estudio.

Uno de sus modelos de computadora asume que el próximo gran evento en la falla de San Andrés será de magnitud 7,8, que iniciará una ruptura en el sur de California cerca del Mar Salton y luego se disparará hacia el norte a lo largo de la falla para golpear a Los Ángeles.

Vista de Los Ángeles.

Getty Images
Un terremoto en la sección sur de la falla de San Andrés tendría un impacto directo en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU.

Los cálculos más conservadores apuntan a que, de producirse un temblor de esa magnitud en esa sección, cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos.

Alrededor del 1% de los edificios en un área de 10 millones de personas colapsarían y alrededor de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas.

Los daños materiales superarían los US$200.000 millones.

Sistema de alerta

La viabilidad de las comunidades después de un evento así depende de la preparación.

En California, gran parte del enfoque en la planificación se ha reflejado en las normas de construcción.

Simulacro de un terremoto.

Getty Images
California estrenó este año un sistema de alerta temprana de terremotos.

Tras el terremoto de San Francisco en el norte de California se introdujeron nuevas regulaciones, obligando a que se reforzaran estructuras construidas con concreto, muchas de las cuales albergan escuelas y hospitales.

En 2014, la alcaldía de Los Ángeles propuso una normativa similar.

A principios de este año comenzó a funcionar ShakeAlert LA, un sistema de alerta temprana de terremotos similar al que existe en países con alta actividad sísmica como Japón o México.

Se trata de una aplicación móvil que avisa a los residentes del condado de Los Ángeles hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Esto no solo ayuda a alertar a la población, sino también a las autoridades.

Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés se quebrará en el sur de California, sino cuándo lo hará.


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