El Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto incluyó uno de los temas que más desgastó a su administración: la corrupción. Pero lejos de ofrecer resultados en investigaciones a fondo y sanciones, mostró exhortos y asesorías anticorrupción en casos como los sobornos de Odebrecht y la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, mismos que fueron presentados como logros del Sistema Nacional Anticorrupción, a poco más de un año de su puesta en marcha.
El Informe presumió cifras y acciones en esta materia, a pesar de que durante este sexenio México pasó del lugar 105 al 135 en corrupción, de entre 180 países clasificados por el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora cada año Transparencia Internacional.
En el capítulo dedicado a justicia, el apartado de combate a la corrupción y transparencia, presumió sanciones sólo en un caso, el del Paso Exprés.
Mencionó 24 procedimientos abiertos por responsabilidad administrativa a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Este caso se refiere al socavón abierto, el 12 de julio de 2017, en una obra inaugurada apenas tres meses antes. Dos personas murieron al caer en el agujero, Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo.
De los 24 procedimientos abiertos por el socavón, en 23 casos hubo sanciones relacionados con “suspensión, destitución e inhabilitación temporal por el período de tres meses, un año y diez años” a los funcionarios involucrados.
El informe completo, de más de 700 páginas, contiene dos veces el nombre de Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos en campañas políticas de 12 países latinoamericanos. A pesar de que México es el único país, junto con Venezuela, en el que no hay detenidos por estos hechos, el gobierno lo menciona entre sus logros de combate a la corrupción.
Pero las acciones presumidas son simples exhortos. Uno del 15 de enero de 2018, dirigido a la PGR para que informara sobre la atención a posibles actos de corrupción, y otro del 17 de abril, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción por el caso. No se informó de mayores averiguaciones ni sanciones.
Hace apenas dos semanas, una nueva investigación periodística apuntó a que mediante la empresa Altos Hornos de México, comprada por Pemex en un precio perjudicial, se hicieron depósitos por casi 4 millones de dólares a una firma offshore que utilizaba Odebrecht para distribuir sobornos, desde la cual presuntamente se pagó, por ejemplo, a empresas vinculadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que fue coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto cuando era candidato presidencial, en 2012.
Otra acción presumida en anticorrupción son las asesorías preventivas dadas a diversas dependencias y programas. Entre ellos, mencionó que se asesoró al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en tres licitaciones públicas internacionales para la construcción del túnel de drenaje pluvial profundo, de las redes exteriores de servicios y del centro intermodal de transporte, en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El informe no habla de acciones o detección de casos de corrupción en esta megaobra, que el futuro gobierno ha puesto bajo la lupa, a pesar de la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por más de mil millones de pesos, así como pagos excesivos a contratistas o servicios que no se comprobaron.
Otro de los temas que más marcó el sexenio, la corrupción de los gobernadores, apareció en un párrafo del resumen ejecutivo, pero sin nombres de los involucrados ni detalles de los actos cometidos.
“En relación con las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción contra exgobernadores, cuatro imputados se encuentran sujetos a prisión preventiva y en otros dos casos, se siguen los procedimientos legales para la detención con fines de extradición a territorio mexicano”, señaló el texto.
Una de las solicitudes de extradición es la del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de corrupción. Si bien su nombre no apareció en el documento, su imagen apareció en uno de los videos del presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de su último Informe de Gobierno.
Uno de los exgobernadores detenidos es Javier Duarte, a quien hace dos semanas la PGR le retiró el cargo de delincuencia organizada que implicaba su prisión preventiva automática, lo que abrió la puerta a su defensa para solicitar que enfrente el juicio en libertad.
Además, el texto del Informe no hace referencia a las sanciones o aclaraciones por casos emblemáticos del sexenio, como el desvío de recursos mediante universidades, conocido como la Estafa Maestra, o lo referente a la Casa Blanca, aunque de este último tema el presidente Peña Nieto grabó un video en el que admitió que había sido un error cómo lo manejó.
Sanciones y dinero recuperado
El Anexo Estadístico del Sexto Informe consignó que durante el sexenio fueron recuperados mediante auditorías 10 mil 374 millones de pesos, la mitad durante los dos primeros años de gobierno, mientras que en el primer semestre de 2018 sólo han sido reintegrados 364.6 millones.
Estas cifras quedaron muy lejos de los casi 900 mil millones de pesos que, de acuerdo con algunas estimaciones, cuesta anualmente la corrupción, y de los 500 mil millones que según el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se pierden por esta causa.
Los datos del Gobierno también apuntaron a que durante el sexenio hubo 61 mil 251 sanciones a servidores públicos. 2014 fue el año con más, casi 17 mil, mientras que en el primer semestre de 2018 van apenas 3 mil 146, una quinta parte.
En cuanto a sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, el Informe reportó que la mitad de las resoluciones de los casos investigados acabaron sin castigo: mil 520 de 2 mil 850 durante el sexenio.
