Sexto Informe: EPN destaca acciones anticorrupción, pero sin resultados a fondo en casos como Odebrecht
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Sexto Informe: EPN destaca acciones anticorrupción, pero sin resultados a fondo en casos como Odebrecht

En el apartado de combate a la corrupción y transparencia del Sexto Informe, el gobierno de Peña Nieto presumió sanciones sólo en un caso, el del Paso Exprés.
Cuartoscuro
Por Itxaro Arteta
3 de septiembre, 2018
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El Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto incluyó uno de los temas que más desgastó a su administración: la corrupción. Pero lejos de ofrecer resultados en investigaciones a fondo y sanciones, mostró exhortos y asesorías anticorrupción en casos como los sobornos de Odebrecht y la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, mismos que fueron presentados como logros del Sistema Nacional Anticorrupción, a poco más de un año de su puesta en marcha.

El Informe presumió cifras y acciones en esta materia, a pesar de que durante este sexenio México pasó del lugar 105 al 135 en corrupción, de entre 180 países clasificados por el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora cada año Transparencia Internacional.

En el capítulo dedicado a justicia, el apartado de combate a la corrupción y transparencia, presumió sanciones sólo en un caso, el del Paso Exprés.

Mencionó 24 procedimientos abiertos por responsabilidad administrativa a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este caso se refiere al socavón abierto, el 12 de julio de 2017, en una obra inaugurada apenas tres meses antes. Dos personas murieron al caer en el agujero, Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo.

De los 24 procedimientos abiertos por el socavón, en 23 casos hubo sanciones relacionados con “suspensión, destitución e inhabilitación temporal por el período de tres meses, un año y diez años” a los funcionarios involucrados.

El informe completo, de más de 700 páginas, contiene dos veces el nombre de Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos en campañas políticas de 12 países latinoamericanos. A pesar de que México es el único país, junto con Venezuela, en el que no hay detenidos por estos hechos, el gobierno lo menciona entre sus logros de combate a la corrupción.

Pero las acciones presumidas son simples exhortos. Uno del 15 de enero de 2018, dirigido a la PGR para que informara sobre la atención a posibles actos de corrupción, y otro del 17 de abril, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción por el caso. No se informó de mayores averiguaciones ni sanciones.

Hace apenas dos semanas, una nueva investigación periodística apuntó a que mediante la empresa Altos Hornos de México, comprada por Pemex en un precio perjudicial, se hicieron depósitos por casi 4 millones de dólares a una firma offshore que utilizaba Odebrecht para distribuir sobornos, desde la cual presuntamente se pagó, por ejemplo, a empresas vinculadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que fue coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto cuando era candidato presidencial, en 2012.

Otra acción presumida en anticorrupción son las asesorías preventivas dadas a diversas dependencias y programas. Entre ellos, mencionó que se asesoró al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en tres licitaciones públicas internacionales para la construcción del túnel de drenaje pluvial profundo, de las redes exteriores de servicios y del centro intermodal de transporte, en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El informe no habla de acciones o detección de casos de corrupción en esta megaobra, que el futuro gobierno ha puesto bajo la lupa, a pesar de la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por más de mil millones de pesos, así como pagos excesivos a contratistas o servicios que no se comprobaron.

Otro de los temas que más marcó el sexenio, la corrupción de los gobernadores, apareció en un párrafo del resumen ejecutivo, pero sin nombres de los involucrados ni detalles de los actos cometidos.

“En relación con las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción contra exgobernadores, cuatro imputados se encuentran sujetos a prisión preventiva y en otros dos casos, se siguen los procedimientos legales para la detención con fines de extradición a territorio mexicano”, señaló el texto.

Una de las solicitudes de extradición es la del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de corrupción. Si bien su nombre no apareció en el documento, su imagen apareció en uno de los videos del presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de su último Informe de Gobierno.

Leer: Aparece César Duarte, prófugo de la justicia, en video de EPN presumiendo logros

Uno de los exgobernadores detenidos es Javier Duarte, a quien hace dos semanas la PGR le retiró el cargo de delincuencia organizada que implicaba su prisión preventiva automática, lo que abrió la puerta a su defensa para solicitar que enfrente el juicio en libertad.

Además, el texto del Informe no hace referencia a las sanciones o aclaraciones por casos emblemáticos del sexenio, como el desvío de recursos mediante universidades, conocido como la Estafa Maestra, o lo referente a la Casa Blanca, aunque de este último tema el presidente Peña Nieto grabó  un video en el que admitió que había sido un error cómo lo manejó.

Sanciones y dinero recuperado

El Anexo Estadístico del Sexto Informe consignó que durante el sexenio fueron recuperados mediante auditorías 10 mil 374 millones de pesos, la mitad durante los dos primeros años de gobierno, mientras que en el primer semestre de 2018 sólo han sido reintegrados 364.6 millones.

Estas cifras quedaron muy lejos de los casi 900 mil millones de pesos que, de acuerdo con algunas estimaciones, cuesta anualmente la corrupción, y de los 500 mil millones que según el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se pierden por esta causa.

Los datos del Gobierno también apuntaron a que durante el sexenio hubo 61 mil 251 sanciones a servidores públicos. 2014 fue el año con más, casi 17 mil, mientras que en el primer semestre de 2018 van apenas 3 mil 146, una quinta parte.

En cuanto a sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, el Informe reportó que la mitad de las resoluciones de los casos investigados acabaron sin castigo: mil 520 de 2 mil 850 durante el sexenio.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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