A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron a ocho entidades del centro y sur del país, no se conoce por completo el origen y destino de los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción del país, debido a que la información presentada en las diversas plataformas oficiales es dispersa e insuficiente.

De acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización Transparencia Mexicana, esta información “no cuenta con la calidad requerida para poder potenciar la coordinación entre actores de gobierno, sociedad civil y sector privado”.

Según estimaciones del gobierno federal, presentadas en la plataforma Fuerza México, el gasto para la reconstrucción asciende, con base en la última actualización hecha en abril pasado, a 38 mil 163 millones 343 mil 987 pesos, sin embargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), responsable de la plataforma, no ha indicado cuál es el estatus y la proporción de gasto de esta cantidad.

La plataforma Fuerza México ha funcionado durante meses como el sitio donde se encuentra “toda la información y datos suministrados a la SHCP por las distintas dependencias y entidades involucradas en las tareas de reconstrucción”.

Los recursos disponibles

El FONDEN está compuesto por: los Apoyos Parciales Inmediatos (APINES) que ascienden a 6 mil 844 millones 389 mil 946 pesos y los recursos para Reconstrucción que 22 mil 810 millones 342 mil 755 pesos. Aunado a estas dos cantidades, existe un apartado de recursos para gastos de evaluación de daños de 39 millones 960 mil 093 pesos.

Así pues, la suma total del FONDEN asciende a 29 mil 694 millones 692 mil 794 pesos, es decir, casi 78% de los recursos totales calculados para la reconstrucción. El 22% restante, que equivale a 8 mil 468 millones 651 mil 194 pesos corresponde a las aportaciones que debieron hacer los gobiernos de todos los estados del país.

En cuanto a los recursos privados, la SHCP, solicitó a donatarias y fideicomisos autorizados informes de transparencia sobre los donativos que recibieron por meses.

Hasta el 31 de mayo de 2018, de recursos privados, se recibió un total de 3 mil 904 millones 576 mil 949 pesos, por parte de 693 donatarias y fideicomisos autorizados. Casi el 90% de esta ayuda fue dinero en efectivo y el resto en especie.

El 85% de estos donativos privados, es decir 3 mil 317 millones 745 mil 498 pesos, son nacionales, y el 15%, lo equivalente a 586 millones 831 mil 459 pesos, vinieron del extranjero.

Sin embargo la distribución de los recursos privados no ha sido del todo transparentada. Un total de mil 994 millones 143 mil 959 pesos (19.8%) ha ido para Oaxaca, unos de los estados más afectados por el movimiento del 7 de septiembre,  mientras que el 13.3% se ha transferido a Ciudad de México, y el 41.6% no se sabe a qué entidad federativa se destinaron.

La falta de información y transparencia tiene que ver directamente la falta de lineamientos para el uso de los recursos, que estandaricen la rendición de cuentas del sector privado.

A pesar de que existe un desglose de cifras así como un cálculo del estimado total a invertir en la reconstrucción, la investigación resalta que las plataformas y bases de datos lanzadas por el gobierno no permiten identificar, por ejemplo, el número real de viviendas dañadas en donde se canalizaron estos apoyos.

“Existen inconsistencias entre las bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y las de BANSEFI. Se presentan datos incompletos (…) y no es posible identificar cuántas viviendas se han reconstruido, quiénes han recibido los apoyos de vivienda o cómo se puede comprobar que los recursos entregados fueron recibidos por las personas que lo requerían”, señalan.

Irregularidades sobre la distribución por sector

• Sector educativo.

De acuerdo con la investigación de Fundar y Transparencia Mexicana, la información publicada sobre las escuelas afectadas es deficiente. Más allá de los reportes sobre la habilitación de las mismas y el número de alumnos en clases, no están disponibles los datos útiles para monitorear el destino de los recursos y el avance de las obras.

La base de datos respecto a este rubro publicada en la plataforma Fuerza México, por parte de la SEP, reporta un total de 19,194 planteles afectados, de los cuales, 7 mil 820 son primarias; 5,969 de Preescolar; 3 mil 641 secundarias, y mil 65 bachilleratos. De esta forma, la infraestructura de las primarias fue la que sufrió mayores daños.

De las entidades donde se reportaron daños en escuelas, los cinco estados con mayor número de afectaciones fueron: Estado de México; Chiapas; Oaxaca; Puebla, y Ciudad de México.

Igualmente se resalta el hecho de que aunque existe certeza en el número de planteles con daño, no pasa lo mismo con la información relacionada al uso y distribución de los recursos, así como los avances en los trabajos de reconstrucción. Los datos se quedaron estancados en la evaluación de los daños.

Y es que ni siquiera se describen los criterios que determinan si un plantel tiene daños mínimos, moderados o graves. Todo se limita a cifras. Incluso hay registros que muestran como “información en construcción” los datos sobre si las escuelas están operando o no. Opacidad total en la actualización de los datos.

Por tanto, no se puede comprobar que haya consistencia en el uso del dinero que se destinó a este sector y que las obras de reconstrucción se estén o se hayan realizado. “Sobresale, en términos de rendición de cuentas, la incapacidad de hacer un corte de caja y completar la información”, destacan.

• Vivienda

En cuanto a la base de datos elaborada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), actualizada en julio  de 2018, reporta 191 mil 227 viviendas dañadas. De las cuales, 126 mil 970 tienen daño parcial y 64,257 como pérdida total.

Oaxaca, Chiapas y Puebla concentran 86% de las viviendas con daño parcial, y 79% de las viviendas con pérdida total.

A pesar de que estos datos aparecen en las plataformas oficiales, no es posible afirmar que estén consolidados y actualizados, pues se desconoce si se realizó un censo de toda la población afectada, en todas las localidades y comunidades.

Estos datos presentan inconsistencias en comparación con los datos de la Sedatu, que muestra cifras distintas principalmente en las dos entidades con mayor cantidad de viviendas dañadas (Oaxaca y Chiapas). Además, los reportes de la Sedatu, para el estado de Veracruz no reporta cifras de daños.

Esta situación resulta “preocupante en términos de coordinación interinstitucional para la generación y publicación de información oportuna, clara y confiable”.

• Sector Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos

El portal Fuerza México presenta que para la recuperación de monumentos tanto arqueológicos, como artísticos e históricos, se destinaron poco más de 6 mil millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Cultura, con datos actualizados a mayo de 2018, reportó 2 mil 694 registros de recintos afectados por los sismos. Los cinco estados con mayores afectaciones a su patrimonio cultural, histórico y arqueológico, fueron: Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Pero todos los registros sobre los monumentos carecen de información sobre: el estatus de operación de las obras, la fecha de verificación, el nombre de las o los supervisores, las empresas que las ejecutarán, las instancias responsables y el avance físico y financiero.

Con estas cifras y registrados con información “insuficiente” no se pueden responder las interrogantes con relación a los damnificados y su situación de vida, las plataformas oficiales no están asumiendo el papel que deberían presentando los datos que permitan valorar el avance físico y financiero de las acciones después de fenómenos naturales como los dos sismos que azotaron al país.

A continuación, las principales inconsistencias respecto a la información detectadas en la plataforma Fuerza México:

En conclusión, Fundar México y Transparencia Mexicana, plantean que es fundamental que a un año de los sismos se conozca el origen y destino de los recursos públicos y privados mediante herramientas completas y accesibles a la ciudadanía.

Lamentan el hecho de que las herramientas y plataformas hasta ahora presentadas no tengan la claridad sobre el estatus de los recursos públicos y privados.

Agregan que es necesario “que, en el marco de la transición, se publique la información que aún está pendiente para realizar una valoración sobre el avance físico y financiero de las obras. Continúa siendo mucha la especulación y la falta de datos contundentes que permitan conocer la proporción de estos avances”.

Y recomiendan que a la brevedad se publiquen y actualicen datos en tres grandes categorías:

1. Información general: Informes oficiales de la situación y de los daños generados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre por entidad federativa, ámbito y sector, así como de su impacto socioeconómico.
2. Información financiera: Informes presupuestales y financieros actualizados indiquen lo aprobado, asignado, ejercido y comprometido por sector. Además de publicar toda la información sobre los contratos, las aportaciones estatales y su consistencia con el avance financiero de las obras y acciones.
3. Información de gestión: Diagnósticos, dictámenes, criterios, metodologías, evidencia documental y fotográfica para determinar los tipos de daños categorizados por sector y población distribuida por sexo, grupos de edades, ámbito, actividad y nivel socioeconómico tanto a nivel nacional como por entidad federativa.

Aunado a estos tres puntos se requiere la publicación de los planes de trabajo desarrollados con los que se atenderá la reconstrucción a nivel local, estatal y nacional; así como los censos de daños con evidencia documental de los dictámenes técnicos y soporte fotográfico.

“Existe la necesidad de contar con bases de datos (abiertas) completas que permitan identificar a las y los beneficiarios de los apoyos entregados, dados de baja o retirados por cambio de tipo de daño”, finalizan.