Ante la emergencia por el sismo del pasado 19 de septiembre, la actuación de las autoridades capitalinas fue “insuficiente, descoordinada, lenta y confusa”, concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en un informe especial.
En el estudio El estado que guarda los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, la dependencia señala que los habitantes de la capital viven en un “estado de cosas inconstitucional”, pues las omisiones y dilaciones de las autoridades locales continúan impactando de forma negativa a las víctimas del terremoto.
A partir de testimonios de víctimas y damnificados, y de las 258 quejas recibidas por hechos relacionados con el sismo, la CDHDF determinó que la “repuesta estatal ha provocado una preocupante falta de efectividad en la garantía de múltiples derechos humanos”.
De acuerdo con la Comisión, a un año del sismo, “la situación en la que se encuentra la capital y las condiciones de vida de las personas damnificadas es contraria a los principios rectores y a diversas disposiciones contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de México”, utilizada como parámetro para medir el actuar de las autoridades frente a la emergencia.
Estas fueron las principales omisiones e irregularidades señaladas por la CDHDF sobre el actuar de las autoridades en la Ciudad de México para atender a los damnificados por el sismo:
Investigaciones fallidas
La Comisión documentó que, a pesar de las denuncias por parte de los familiares de víctimas acerca de presuntas irregularidades en la construcción de los edificios, y de que el procurador capitalino informó que habían iniciado investigaciones por estos hechos, a un año del sismo “no se han concretado las líneas de investigación de una manera eficiente y exhaustiva que permita llegar a la verdad”.
De acuerdo con el informe, hasta el 12 de septiembre pasado se abrieron 204 carpetas de investigación y se obtuvieron 65 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, responsabilidad de Directores Responsables de Obra (DRO), fraude específico y cambio de uso de suelo.
“No obstante, a un año del movimiento telúrico no se han concretado las líneas de investigación de una manera eficiente y exhaustiva que permita llegar a la verdad; fincar responsabilidades de orden penal, civil y administrativo a constructora y personas servidoras públicas, y garantizar la reparación integral a las víctimas”, aseveró.
Falta de resguardo de inmuebles afectó investigaciones
La CDHDF identificó en varias zonas de derrumbes “la insuficiencia de autoridades para atender la situación de forma oportuna, por ejemplo para acordonar las zonas, resguardar los inmuebles afectados y proteger las pruebas, en detrimento de las investigaciones y el acceso a la verdad”.
En el informe, el organismo señala que los familiares de las víctimas se enfrentaron a la falta de protocolos de rescate de personas con vida y de recuperación de los cuerpos de quienes perecieron en los escombros.
Los familiares de las víctimas y organizaciones sociales también expusieron la ausencia de coordinación y materiales adecuados para el rescate, así como la nula o poca información que recibían del avance de las acciones llevadas a cabo por los grupos de rescate y sobre los cuerpos recuperados.
Autoridades no han atendido grietas y hundimientos por el sismo
La Comisión informó que ha recibido diversas quejas que dan cuenta sobre la probabilidad de consecuencias futuras dañinas en zonas donde el sismo provocó grietas y hundimientos.
Hasta ahora, la CDHDF ha recibido 19 quejas por la falta de apoyo por parte de las autoridades para la realización de estudios de mecánica de suelo, principalmente en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.
De acuerdo con el organismo, estas fallas en el suelo son consecuencia de la extracción del agua del subsuelo de la ciudad, que genera hundimientos que dañan las edificaciones e infraestructura urbana como calles, drenaje, tuberías de agua potable y redes de distribución eléctrica y, por ende, la integridad de las personas que viven y transitan en dichas zonas.
Atlas de riesgo no estaba actualizado
La investigación realizada por la CDHDF reveló que, a pesar de que la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal establece que los Atlas de Riesgos deben actualizarse semestralmente, hasta el 28 de septiembre de 2017 solo 3 delegaciones lo habían hecho.
Además, han conocido de denuncias acerca de que los Atlas se encuentran incompletos, carecen de información útil y no cuentan con datos para que los habitantes puedan visualizar los peligros de vivir o transitar ennj algunas zonas.
Afectaciones en infraestructura
Después del sismo, la CDHDF recibió diversas quejas relacionadas con recortes de energía eléctrica, afectaciones a hospitales y centros de salud, daños en la infraestructura hídrica y desabasto de agua potable.
También documentó que en delegaciones como Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, los damnificados que solicitaron pipas de agua tuvieron que pagar para obtenerlas, y también para que las autoridades realizaran trabajos de reconexión del drenaje a sus domicilios.
En relación con las escuelas, la Comisión informó que el censo realizado en agosto de 2018 a los planteles de educación básica afectados por el sismo contabilizó un total de mil 900 inmuebles afectados, de los cuales 750 tienen daño moderado o severo, 35 moderado y 9 presentan afectaciones graves.
Actualmente, señaló el organismo, 23 escuelas, con una matrícula de 13 mil 994 estudiantes trabajan en aulas móviles, y otros 22 planteles con 4 mil 874 estudiantes fueron reubicados.
Acerca del patrimonio cultural afectado, el organismo informó que cuentan con reportes de 5 mil 415 inmuebles con características patrimoniales afectados, de los cuales 243 obtienen elementos de valor artístico (32 en situación grave y 37 con afectación media).
Otros 227 inmuebles con daños fueron señalados por la sociedad civil y 23 con valor artístico fueron reportados por la Secretaría de Gobernación (Segob).
No hay información sobre desplazamiento forzado
La CDHDF constató que no existe información oficial sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado derivado de los sismos de septiembre. En una audiencia pública celebrada por la dependencia, 41% de los participantes dijo encontrarse en dicha situación.
Los damnificados manifestaron que ya no vivían en los inmuebles afectados y que están viviendo en casas de amistades o familiares, lugares rentados, albergues o campamentos.
La documentación realizada por la Comisión evidencia que entre las causas que provocaron el desplazamiento se encuentran la pérdida total o parcial de sus viviendas, y el temor ante la falta de certeza sobre la seguridad de estas.
Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han reconocido este fenómeno ni su magnitud, y tampoco han establecido disposiciones para garantizar los derechos de las personas desplazadas.
Atención en albergues y resguardo de pertenencias
De acuerdo con la Comisión, frente a la situación de desastre, las autoridades locales no contaban con protocolos específicos para la instalación y funcionamiento de albergues y campamentos, lo que repercutió en la salud de los damnificados, pues se presentaron brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por las malas condiciones sanitarias.
Además, documentaron que algunos de los damnificados que acudieron a ellos fueron víctimas de maltrato por parte de los encargados, quienes negaban la atención a algunos de los afectados o les brindaban comida en mal estado.
Ante la emergencia por el sismo del pasado 19 de septiembre, la actuación de las autoridades capitalinas fue “insuficiente, descoordinada, lenta y confusa”, concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en un informe especial.
Otra problemática documentada fue la de los robos ante la falta de resguardo de los inmuebles dañados que tuvieron que ser deshabitados tras el sismo.
Censo sobre daños y apoyos para renta
La Comisión denunció que existe falta de claridad en la información oficial respecto de las afectaciones a inmuebles, además de que la Plataforma CDMX, donde autoridades debían informar a la población sobre estos temas no está completa, actualizada ni es de fácil acceso.
Sobre los apoyos para renta, anunciados por el gobierno de la Ciudad de México como una de las acciones para atender a los damnificados, la CDHDF señaló que estos fueron cancelados un mes después de entrar en vigor, al detectarse que habían sido entregados a personas que no eran afectadas.
Finalmente, el programa se reactivó en mayo de 2018, en el marco del Programa para la Reconstrucción de la CDMX, aunque ha sido una medida criticada por “su falta de enfoque para garantizar una vida digna, ya que el recurso brindado es muy limitado (4000 pesos mensuales).
Dictámenes y reconstrucción
En relación con el proceso de reconstrucción, los damnificados señalaron a la CDHDF que no hay claridad en los procedimientos administrativos para acceder a los apoyos, y existe una mala coordinación entre los encargados de emitir dictámenes de seguridad estructural.
Asimismo, han recibido denuncias de que las casas que se han entregado como parte de los procesos de reconstrucción no soportaron las lluvias, por lo que tuvieron que ser demolidas.
Otro de los problemas de los que la Comisión dio cuenta es que varios damnificados no cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas. De las 258 personas que acudieron ante la dependencia, solo el 67.4% afirmó contar con escrituras.
Ante estos hechos, la CDHDF llamó a las autoridades de la Ciudad de México a proteger a los ciudadanos ante la posibilidad de otro desastre, y a brindar a los damnificados una reparación integral de los daños.
Asimismo, señaló que las autoridades gubernamentales deberán asegurar los recursos necesarios para implementar de manera prioritaria y urgente estudios de geología y geofísica, que permitan identificar las fallas en el suelo, y rehabilitar la infraestructura de bienes y servicios urbanos.
La Comisión también recomendó a las autoridades de la Ciudad de México que reconozcan la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado y atender a las víctimas.
Las autoridades deberán establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y permitir que las organizaciones no gubernamentales participen en el proceso de reconstrucción.
Durante la presentación del informe, Nashieli Ramírez, titular de la CDHDF, expresó que las recomendaciones presentadas “implican un cuestionamiento abierto ante la falta de acción preventiva diligente de las autoridades de la Ciudad de México, porque debían conocer los diversos riesgos que caracterizan esta entidad”.
Para la ombudsperson capitalina, es urgente que se tome “conciencia sobre la alta probabilidad, si no es que la inminencia, sobre lo cual alertan personas expertas, de que otros eventos sísmicos ocurran en la Ciudad de México, aunque no sabemos cuándo ni de qué magnitudes puedan ser tales episodios”.
“Esta Comisión tiene en curso diversas investigaciones relacionadas con los derechos de los damnificados, y eso implica un deber jurídico y moral de seguir acompañando el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la ciudad, y seguir impulsando una cultura de prevención para que los eventos sísmicos de la Ciudad dejen de representar desastre. Así lo haremos”, finalizó.
