Eliminar intermediarios de programas sociales en los estados, ¿suficiente para acabar con la corrupción?
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Eliminar intermediarios de programas sociales en los estados, ¿suficiente para acabar con la corrupción?

Gonzalo Hernández Licona, titular del Coneval, aplaudió la intención de "limpiar" la casa de "coyotes" que viven de gestionar programas sociales, aunque también dijo que hace falta un esquema muy claro de sustitución, con gente honrada y profesional.
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Por Itxaro Arteta
12 de septiembre, 2018
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que en cuanto empiece su gobierno desaparecerán los actuales intermediarios que entregan recursos de programas sociales, para evitar el clientelismo.

Sin embargo, expertos en desarrollo social coincidieron en que siempre existirá el riesgo de que haya personas que se adapten a las nuevas condiciones o se corrompan, y que vuelva el uso político de los programas.

Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aplaudió esta intención de “limpiar la casa” y acabar con los llamados “coyotes”, que prácticamente viven de gestionar recursos sociales, pero advirtió en entrevista que entonces hace falta un esquema muy claro para sustituirlo.

“Hay una enorme desconfianza por los intermediarios, en parte con razón, porque muchos lo que han hecho es que se han cobrado sus chambas. Pero me parece que hay que tener un sustituto eficiente y eficaz, porque entregar las cosas por uno mismo como gobierno va a requerir muchísima gente para hacerlo, y gente toda que sea completamente honrada y que sea profesional”, señaló.

La propuesta inicial de López Obrador es centralizar el manejo de las políticas sociales, quitando a las decenas de delegados que hay actualmente en cada estado por cada dependencia y cada programa.

Es decir, hoy una entidad tiene un delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), otro de Prospera, otro de Liconsa, etcétera. En lugar de eso, el próximo presidente ha nombrado a 32 delegados estatales de Programas Integrales de Desarrollo y 164 regionales.

No ha dado detalles de cómo se organizará la nueva estructura para entregar los recursos de programas, aunque reconoció que no podría ser por transferencias bancarias, ya que sólo en 65% de cabeceras municipales hay banco.

“Se está planeando una estrategia de entrega de fondos de manera directa para que no haya intermediarios y no se use dinero en efectivo, que no haya traslado de dinero en efectivo”, dijo el pasado 31 de agosto en conferencia de prensa.

¿Cómo funcionan los intermediarios?

Alberto Serdán, coordinador de la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza, identificó por lo menos tres tipos de intermediarios: organizaciones sociales (como Antorcha Campesina o las de vivienda) que mediante manifestaciones y presión consiguen programas, y entonces deciden a quién benefician; otros son operadores políticos directamente de los partidos que movilizan a la gente o piden el voto; y otros actúan por intereses personales, como pueden ser operadores de programas que condicionan a los beneficiarios a que acudan a su negocio o les den una cuota.

Uno de los programas donde más coyotes pueden aparecer, de acuerdo con Serdán, es Prospera (antes Oportunidades, antes Progresa), que es el más grande del Gobierno porque atiende a casi 7 millones de  familias. Es un programa que condiciona las ayudas a que las madres lleven a los hijos a la escuela y a revisiones médicas, además de que hay representantes llamadas “vocales”, que deben ser elegidas por las propias beneficiarias, pero a veces son impuestas por los coordinadores.

“Las titulares, para fines prácticos, viven chantajeadas por todo mundo. Chantajeadas por las vocales, chantajeadas por los responsables de atención, chantajeadas por enfermeras, por maestros… en fin, y si hay otro actor, también. Y en realidad el dinero de sus apoyos, se va en cachitos que terminan pagando en muchas cosas”, explicó.

A esto se suma que en época electoral, los apoyos sociales se vuelven un vehículo para sacar ventaja política. Acción Ciudadana contra la Pobreza detectó que en las pasadas campañas electorales, los partidos intentaron comprar el voto de la gente con promesas de beneficios sociales: a alrededor de 600 mil electores les ofrecieron inscribirlos a un programa a cambio de su voto; medio millón recibió una oferta de becas o útiles escolares, y unos 400 mil, de atención médica, medicinas o lentes, de acuerdo con lo que arrojó una encuesta de esta organización.

“Cambiar esto pasa por varias acciones y pasa por un cambio en la voluntad política. Es decir, mientras quienes toman decisiones sigan viendo a los programas sociales como un botín a repartir entre los ganadores y un castigo para los perdedores u opositores, pues difícilmente se van a erradicar estas prácticas”, afirmó Serdán.

“Un peligro de corto plazo es que se terminen los intermediarios  y no haya gente que haga esa chamba, o peor, que haya gente que vuelva a ser corruptos como antes, si no hay supervisión”, señaló Hernández Licona.

Un censo único, recomendable pero difícil de levantar

La primera consigna que López Obrador ha dado a sus futuros delegados estatales y regionales es que levanten un censo, tocando puerta por puerta, para identificar dónde hay adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, que serán incluidos en los programas pensados para dar una pensión o una beca a estas poblaciones, además de evitar duplicidades.

Tanto Hernández Licona como Serdán consideraron que efectivamente tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales sería clave, pero es una tarea que les pareció difícil de realizar en el corto plazo.

“Yo espero que estén conscientes de la complejidad de hacer un censo nacional, porque un censo es ir casa por casa a preguntar. El Inegi lo hace cada 10 años e invierten miles de millones de pesos, no puedes ir a unas casas sí y a otras no. Y dos: para levantar un censo se requiere gente profesional y capacitada”, comentó el titular de Coneval.

Serdán agregó que además de un padrón depurado, también habrá que hacer transparente quiénes son elegibles para los programas, por qué una persona entra y por qué en determinado momento sale, y que no vuelva a haber discrecionalidad en el funcionamiento.

El plan de tener mayor claridad en el padrón es que también haya una compactación y fortalecimiento central de los recursos invertidos en la política social, de acuerdo con el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar.

Por ello, adelantó a Animal Político, antes de que arranque el nuevo Gobierno los diputados harán revisiones y modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que Sedesol se transformará en Secretaría del Bienestar, y al Paquete Financiero para 2019.

“Sí va a haber una compactación y lo que queremos es terminar con esta dispersión de programas sociales, porque hay aproximadamente un poco más de cinco mil, a nivel estatal, municipal, federal, muchos de ellos se duplican, son lo mismo. Lo que se ha evaluado da como resultados que esta dispersión está provocando que no haya prácticamente ninguna mejoría en las condiciones de vida de los beneficiarios”, aseguró.

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Tokio: Por qué los Juegos Olímpicos dejarán ‘enormes’ pérdidas económicas para Japón

Las proyecciones iniciales sobre el costo de albergar el evento fueron ampliamente superadas. Varios economistas consideran que los Juegos se han convertido en un "mal negocio".
2 de agosto, 2021
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Protestas en Tokio

Getty Images
Dos tercios de la población japonesa se oponen a los Juegos Olímpicos en Tokio.

Estadios vacíos, hoteles y restaurantes sin turistas extranjeros y negocios con pocos clientes.

La decepción de quienes habían hecho grandes inversiones a la espera de un boom comercial gatillado por los Juegos Olímpicos ha sido brutal.

Es que el evento en Tokio, que fue pospuesto el año pasado por la pandemia de covid-19, se está desarrollando sin público y en una ciudad en estado de emergencia por la crisis sanitaria.

Pese a las persistentes protestas contra la celebración de los Juegos y a que de dos tercios de la población japonesa se oponen a ellos por temor a que se conviertan en un evento “superpropagador” de la pandemia, las competiciones siguen adelante.

No sin polémica. Uno de los grandes auspiciadores del evento, la automotriz Toyota, anunció hace unos días que no utilizará avisos comerciales conectados con los Olímpicos de Tokio por la preocupación que existe en el país en relación con la pandemia.

Y algunos líderes empresariales en Japón como Takeshi Niinami, director ejecutivo de la empresa Suntory, declaró que los Juegos Olímpicos están perdiendo su valor comercial y que su firma decidió no ser parte de los patrocinadores por considerarlos “demasiado caros”.

Algo que ya habían advertido expertos del mundo financiero como Takahide Kiuchi, economista del Instituto de Investigación Nomura, quien escribió en un informe que “gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón”.

“Hubiera sido mejor no tenerlos”, declaró Suehiro Toru del banco de inversión Daiwa Securities, pese a los costos que habría supuesto suspenderlos.

La perspectiva comercial es sombría, aunque no solo por los estragos que ha causado la pandemia.

Un “mal negocio”

Desde hace años varios economistas han publicado investigaciones para demostrar que los Olímpicos son un “mal negocio” para la ciudad -y el país- que los alberga.

Los argumentos que más se repiten son que, en lugar de consumo, turismo y prestigio, el evento deja una millonaria deuda y obras de infraestructura que terminan convertidas en “elefantes blancos” completamente inútiles.

Negocio callejero en Tokio

Getty Images
Desde pequeños negocios hasta las grandes cadenas de hoteles han sufrido el impacto de unos Juegos sin público.

“Las pérdidas serán enormes”, le dice a BBC Mundo Robert Baade, profesor de Economía de la Universidad Lake Forest en Estados Unidos y expresidente de la Asociación Internacional de Economistas del Deporte.

Aunque es difícil poner en cifras la verdadera magnitud de las pérdidas económicas para Japón, porque los cálculos operan sobre la base de valores estimados en relación a lo que habrían sido las “ganancias” generadas por el evento en otras circunstancias, el economista dice que, de todos modos, es posible hacer una proyección.

Desde su perspectiva, las pérdidas pueden ser de unos US$15.000 millones.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que se han esfumado unos US$800 millones por la venta de entradas. Pero el asunto se torna más complejo cuando hay que estimar cuánto ha perdido el sector turístico y todos los negocios asociados a él, además de otros sectores que confiaban en un renacer económico gracias a los Juegos.

Qué dice el gobierno

El evento se ha convertido en todo un desafío para la nación del sol naciente, que “cuando ganó esta oportunidad esperaba que le sirviera para demostrar su renacer tras la triple crisis de 2011 y su vuelta a la primera línea mundial, con un ojo puesto en Pekín, que acogerá los siguientes, los de invierno en 2022”, explica Tamara Gil, enviada especial de BBC Mundo a Tokio.

En medio de la vorágine, el gobierno de Japón ha salido a tratar de calmar las aguas.

El primer ministro Yoshihide Suga

Getty Images
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, declaró el estado de emergencia por la pandemia de covid-19.

El primer ministro Yoshihide Suga ha dicho que está seguro de que las medidas para mantener al público alejado del evento evitarán una escalada de la pandemia y que el país aún se beneficiará de una enorme audiencia televisiva mundial.

“Decidí que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante sin comprometer la seguridad del pueblo japonés”, dijo Suga en una entrevista.

“Lo más simple y lo más fácil es detenerlos”, agregó. Pero “el trabajo del gobierno es abordar los desafíos”.

Suga no está en una posición cómoda, considerando que su nivel de aprobación ha bajado y que enfrentará elecciones hacia fines de este año.

Por otro lado, la apuesta por convertirse en país sede del evento fue hecha hace casi una década por su predecesor, Shinzo Abe, un aliado político de Suga, que heredó este gran desafío.

El problema es que cada vez hay menos interés por parte de los gobiernos para albergar el evento, precisamente porque se han puesto en duda los beneficios que genera.

Los únicos interesados en responder al último llamado para organizar los Juegos posteriores a Tokio fueron Pekín y Almaty (Kazajastán). La apuesta la ganó China.

¿Qué tan costosos han resultado estos Olímpicos?

Como suele ocurrir con los Juegos Olímpicos, el presupuesto previsto para el evento terminó escalando más allá de las previsiones iniciales.

En 2013, el costo del evento fue calculado oficialmente en US$7.300 millones. A fines de 2019 subió a US$12.600 millones y más tarde a US$15.400 millones.

Posteriormente, la Junta Nacional de Auditoría de Japón informó que el costo final se acerca a los US$22.000 millones.

Y luego los medios locales Nikkei y Asahai hicieron sus propias investigaciones situando la cifra en US$28.000 millones.

El costo de los Juegos Olímpicos de Tokio. [ US$22.000 millones Costo estimado del evento según la Junta Nacional de Auditoría de Japón. ] [ US$7.300 millones Estimación oficial del costo del evento en 2013 ], Source: Fuente: BBC Mundo, Image:

A final de cuentas, sea cual sea el cálculo que se considere más preciso, no cabe duda de que las proyecciones iniciales quedaron ampliamente superadas, algo que ha sido una constante durante los últimos años.

“La historia muestra que los Juegos Olímpicos terminan generando pérdidas para los países que se convierten en sede”, explica Baade. “Lo que está ocurriendo en Japón venía desde mucho antes de la pandemia”.

Las firmas patrocinadoras japonesas que aportaron unos US$3.300 millones están preocupadas por la manera en que ha evolucionado esta saga.

Y las pérdidas, dicen expertos, podrían aumentar si finalmente los Juegos terminan siendo el “evento superpropagador” que algunos temen.

“Eso sería un desastre que se sumaría a las pérdidas actuales”, apunta Baade. “Crucemos los dedos para que eso no ocurra”.

¿Quién pierde más?

Según Victor Matheson, profesor de Economía de la Universidad de la Santa Cruz en Massachusetts, Estados Unidos, el costo -no oficial- de los Juegos Olímpicos podría haber llegado a los US$25.000 millones, incluso antes de los gastos adicionales que ha provocado la contención de la pandemia.

Como contraparte, los millonarios ingresos por concepto de entradas, patrocinadores o turismo para Japón, han caído dramáticamente, le dice Matheson a BBC Mundo.

Pero los que no han sufrido un gran impacto financiero, argumenta, son los organizadores del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Los ingresos del COI permanecen intactos mientras los juegos continúen siendo televisados”, señala.

“Todavía hay una oportunidad importante”

Varias de las más de 60 empresas que invirtieron en el evento han mostrado su preocupación por la rentabilidad de sus fondos.

“Esta no es una situación ideal”, reconoció Michael Payne, exjefe de marketing del Comité Olímpico Internacional en una entrevista.

El Estadio Internacional de Yokohama

Getty Images
El Estadio Internacional de Yokohama será la sede de la final del fútbol olímpico.

Sin embargo, su pronóstico aún mantiene un cierto nivel de esperanza.

Las empresas aún podrían quedar “gratamente sorprendidas por el potencial beneficio que dejará el legado de estos juegos tan difíciles”.

“Todavía hay una oportunidad importante”, agregó.

Una solución radical

Andrew Zimbalist, quien ha publicado tres libros sobre la economía de los Juegos Olímpicos, ha criticado los beneficios que deja el evento en las ciudades que lo albergan.

Y en el caso de Tokio, sostiene que el gobierno ha gastado unos US$35.000 millones, la cifra más alta que se ha puesto sobre la mesa.

GHF

Getty Images
Andrew Zimbalist propone que la misma ciudad sea sede de los Juegos cada dos años

Su postura es que las gigantescas inversiones en infraestructura que se hacen para acoger el evento -como construcción de estadios, villas olímpicas o renovación de las instalaciones existentes- suelen terminar beneficiando a las empresas constructoras, más que a la economía local.

En una entrevista con el diario The New York Times, Zimbalist propuso que si viviéramos en un mundo racional, “tendríamos la misma ciudad sede de los Juegos cada dos años”. No hay razón para reconstruir obras cada cuatro años, apuntó. “No tiene sentido para las ciudades”.

“Cuando se crearon los Juegos Olímpicos modernos en 1896, no teníamos telecomunicaciones internacionales ni viajes internacionales en aviones. Entonces, para que el mundo participara y disfrutara de los Juegos Olímpicos, tenía que moverse. Ya no tenemos que hacer eso”, propuso el investigador.

Una propuesta que hasta ahora no parece haber ganado adeptos, al menos en el debate público, pero que después de los Juegos de Tokio y con los efectos que ha causado la pandemia de covid-19 en el mundo, quizás podría comenzar a debatirse.


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