En vilo, la investigación en el Senado sobre los desvíos en Sedesol y Sedatu con Rosario Robles
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En vilo, la investigación en el Senado sobre los desvíos en Sedesol y Sedatu con Rosario Robles

El punto de acuerdo se turnó a comisiones y perdió el carácter de urgente. Por el contrario, se optó por el camino más largo y ‘laberíntico’.
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
19 de septiembre, 2018
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Nota del editor: En una primera versión de este texto se manejó que algunos secretarios de Estado están implicados en los desvíos millonarios de recursos públicos, con lo que no se respetó la presunción de inocencia pues debimos referirnos a ellos como presuntos implicados, por lo que ofrecemos una disculpa a los lectores y a los funcionarios mencionados.

En vilo. Así quedó ayer la propuesta de Morena de llamar a comparecer ante el Senado a Rosario Robles, y a otros funcionarios públicos, por los presuntos desvíos millonarios durante su gestión en Sedesol y Sedatu.

Ayer martes, la senadora morenista Gaudalupe Covarrubias presentó ante el pleno del Senado el punto de acuerdo parar crear una comisión especial que investigue, además de los casos de Sedesol y Sedatu, los desvíos por más de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias del gobierno federal, a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

El punto de acuerdo, que también incluye llamar a comparecer para dar explicaciones de esos desvíos a Eviel Pérez, actual titular de Sedesol, y a seis funcionarios clave en la procuración de justicia en el país, como el actual encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, llegó al pleno con carácter de “urgente” y de “obvia resolución”.

Lo anterior significa que los senadores de Morena pedían que el punto fuera votado ayer mismo para que, en caso de ser aprobado por el pleno, arrancara de inmediato el proceso para llamar a comparecer a Rosario Robles y al resto de funcionarios.

“Que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el Hambre, dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude”, condenó la senadora Covarrubias desde la alta tribuna del Senado.

Morena, que tiene mayoría en esa cámara, y que además fue la autora del proyecto, tenía todo a favor para que se votara el punto de acuerdo. Sin embargo, sus propios legisladores decidieron dar un paso atrás, y acordaron no votarlo para mandarlo a la comisión de justicia.

“Informo a esta asamblea que, aún y cuando se solicitó al principio este punto como de urgente resolución, los proponentes han pedido que se turne a la comisión de justicia”, dijo Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado, y también senador de Morena.

La decisión de los senadores de enviar el proyecto a comisiones se da, precisamente, un día después de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, asegurara que no reciben ‘línea’ del líder del partido y presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien, a su vez, hace tres días calificó como “un circo” las acusaciones en medios en contra de Rosario Robles; de quien llegó a decir que se trata de “un chivo expiatorio”.

El laberinto

Ahora bien, ¿qué implica que el punto de acuerdo se turne a comisiones?

Lo primero es que el proyecto perdió el carácter de ‘urgente’. Por el contrario, se optó por el camino más largo y ‘laberíntico’: discutir en comisiones el punto de acuerdo, para ver si se aprueba tal y como está ahora mismo, si se modifica en algunos puntos, o si de plano se manda a la ‘congeladora’. Luego, discutir la elaboración de un dictamen. Luego turnarlo al pleno del Senado y discutirlo. Y, por último, turnarlo a otra discusión en la cámara de diputados.

Este camino, además, tampoco garantiza que Robles y el resto de servidores públicos pisen el Senado, puesto que ahora entrará en juego la política y las negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios.

Por otra parte, la comisión de justicia a la que fue turnada el proyecto de Morena ni siquiera está integrada. Será hasta mañana jueves cuando se conocerá quiénes son los senadores que la forman, y quién la va a dirigir.

Este punto, precisamente, será clave en la suerte del proyecto, porque el presidente de la comisión tiene la facultad para decidir la agenda de dicha comisión.

Es decir, elegirá qué tema se discute y cuál es prioritario y cuál no. Y, aunque no tiene voto ponderado, su postura política también puede ser determinante a la hora de impulsar una iniciativa, o para dejarla por tiempo indefinido en la congeladora.

También importa quiénes serán los senadores de la comisión, porque, aunque no deciden la agenda, sí pueden presionar –o no- a la presidencia para que un proyecto sea tratado –o no- con mayor celo y celeridad.

Puesto que Morena tiene mayoría en el Senado, es muy probable que el presidente de la comisión de justicia sea un senador morenista, y, por lo tanto, afín al proyecto de su partido.

Pero hay que tener en cuenta dos puntos: uno, el punto de acuerdo se turnó a la comisión de justicia de manera provisional, puesto que aún no están integradas las comisiones. Es decir, todavía se podría optar por mandarla a otra comisión ordinaria –tal vez a la de ‘anticorrupción’, si es que finalmente se integra-. Y dos, en pleno arranque de legislatura, las negociaciones políticas entre los partidos están en su máximo punto de ebullición, y la comisión de justicia es de las más cotizadas en el Senado. Por lo que habrá ‘jaloneos’ muy fuertes para conquistarla.

Pese a este ‘laberinto’ de posibilidades, la senadora de Morena, Maribel Villegas, se mostró optimista sobre la posibilidad de que el Senado llame a Rosario Robles y al resto de funcionarios que propone el proyecto.

Incluso, advirtió que “está la puerta abierta” para que se llame a más secretarios de estado que podrían ser presuntos implicados en los desvíos.

“No va a haber borrón y cuenta nueva. Si bien es cierto que el Senado no es un tribunal de justicia, el objetivo es que esta Estafa Maestra millonaria no se eche en saco roto. Por eso, estaremos citando desde la comisión de justicia a estos funcionarios, para que respondan a la pregunta de a dónde fueron a parar los recursos millonarios”, aseguró la senadora.

Y la reforma de ley… pendiente

Por otra parte, la reforma al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, prevista para ser votada este martes en el Senado también se turnó a comisiones y ni siquiera entró a discusión en el pleno.

La propuesta, presentada también por la bancada de Morena con mayoría en la Cámara de Senadores, pretendía obligar a los titulares de las dependencias a firmar los convenios que permiten evadir las licitaciones y que abrieron la puerta a los desvíos millonarios en las dependencias Federales.

La Ley de adquisiciones permite a entidades de gobierno a hacer convenios entre sí bajo el supuesto de evitar burocracias para brindar ciertos servicios. Por ejemplo, que una dependencia encargara un estudio de impacto ambiental a alguna institución especializada.

La parte contratada puede subcontratar a terceros hasta por 49% de los recursos que recibe. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa Maestra, las universidades violaron esta disposición y subcontrataron a empresas por más del 90%.

Después de darse a conocer el esquema de desvíos, Rosario Robles, titular de la Sedatu, por ejemplo, aseguró que mientras ella dirigía la Sedesol (una de las dependencias que utilizaron este sistema) no había firmado ninguno de los convenios de este tipo. Por lo tanto, se ha declarado inocente.

La propuesta de reforma justamente intentaba poner otro candado para que, al menos, los titulares de las dependencias se hicieran responsables de este tipo de contrataciones, pero no pasó por ahora.

Mientras esto ocurría en el Senado, en la Cámara de Diputados no existe ninguna estrategia para llamar a cuentas a los presuntos implicados en este sistema de desvío, más que la comparecencia de Rosario Robles, pero como parte de la glosa del último informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, aún no está definido si lo haría ante el pleno o ante comisiones, porque éstas ni siquiera están constituidas, ni tampoco se ha definido en la fecha en la cual la secretaria acudiría.

Para el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, José Gallardo, es más importante que el tema sea llevado a los cauces legales. Es decir, que la PGR investigue y determine si hay responsabilidad de Robles o, en su caso, si es inocente y que el tema no sea “politizado” en los medios de comunicación.

En tanto, el panista Carlos Castaños, recomendó a la secretaria a acudir “bien preparada” a la glosa del informe, toda vez que será cuestionada sobre los presuntos desvíos.

Además, consideró que al tratarse de un sistema de corrupción y para evitar la repetición de este tipo de actos de corrupción deberían concretarse más reformas y no sólo la Ley de adquisiciones a nivel federal.

“Estoy de acuerdo en que los primeros responsables de la firma y los procesos administrativos, pero es un paso. No creo que pueda resolver el problema de fondo. Hay una serie de reformas también a nivel de los estados y municipios”, dijo Castaños.

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'Solo sí es sí': en qué consiste la nueva ley de consentimiento sexual en España

La recién aprobada Ley de Libertad Sexual exige un consentimiento claro antes de toda interacción sexual, lo que ha generado críticas de algunos sectores.
27 de agosto, 2022
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Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de “solo sí es sí”.

Tras más de un año de trámites, fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra.

Una vez la firme el rey, se inscribirá en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente entrará en vigor en cuestión de semanas.

La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres.

Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

A continuación las claves del “solo sí es sí”.

Su origen: una violación en grupo

La ley tiene sus raíces en el polémico caso de “la manada”.

Así se llamaba el grupo de WhatsApp en el que interactuaban los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.

José Ángel Prenda de la manada

Getty Images
José Ángel Prenda es quizá el miembro más conocido de “la manada”, cuyo juicio ha sido uno de los más mediáticos de la historia de España.

La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.

El caso generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

El actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar la nueva ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas.

El consentimiento

“Solo sí es sí” hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.

Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”, declaró a los medios la ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Irene Montero, la ministra de Igualdad de España

Getty Images
Irene Montero, la ministra de Igualdad, es conocida por su defensa del feminismo de izquierda.

Eliminado el abuso

La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.

Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.

También se introduce el agravante por sumisión química.

Usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.

Asesinatos, acoso callejero y más

En su apartado de asesinatos por violencia sexual, la ley del “solo sí es sí” busca diferenciar el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte.

El “feminicidio sexual” se considerará “la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica”.

El acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra.

Hombre acosa a mujer en la calle

Getty Images

Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.

También se perseguirá la violencia sexual digital, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.

El apartado referente a la prohibición de la publicidad pornográfica consiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.

Mujer en una ventana

Getty Images
Imágenes como esta podrían ser censuradas en la publicidad, según la nueva ley.

Esta previsión también servirá para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.

Apoyo a las víctimas y educación sexual

Para las víctimas de agresiones sexuales que ganen menos del salario mínimo (14.000 euros anuales en la actualidad) la ley contempla generosas ayudas económicas y prioridad de acceso a vivienda pública.

También prevé establecer en toda España al menos 50 centros de crisis 24 horas en los que las víctimas, familiares y allegados podrán recibir atención psicológica, jurídica y social.

Actualmente existen dos -uno en Madrid y otro en Asturias, en el norte del país- gobierno español ya ha destinado 66 millones de euros (US$65,7 millones) a este proyecto.

Con la nueva Ley de Libertad Sexual la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial.

Por último, los agresores sexuales también tendrán que recibir educación sexual de forma obligatoria.

Las críticas a la ley

Desde que se iniciaron los trámites hace más de un año, la ley del “solo sí es sí” ha recibido críticas desde la derecha, así como de jueces y parte de la sociedad a través de las redes.

Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley.

Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es- obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el “sí” antes del encuentro sexual.

Esta es la misma preocupación que ha expresado el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que votó en contra en el Congreso.

Mientras, el partido de extrema derecha Vox considera la ley “ideológica y sectaria” y cree que “abre la puerta a utilizar denuncias falsas” para lograr beneficios, como la regularización en caso de inmigrantes ilegales.


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