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Cuartoscuro
La Estafa Maestra: hay 11 sancionados por desvíos, pero altos mandos implicados conservan cargos
De 110 funcionarios implicados en La Estafa Maestra, la Función Pública lleva sancionados a 11, entre los que hay servidores de rango medio.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
19 de septiembre, 2018
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Por los desvíos de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias de gobierno federal documentados en La Estafa Maestra, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado hasta ahora a 11 funcionarios públicos, de los 110 identificados en la investigación periodística.

Sin embargo, entre los sancionados no hay ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios. Estos altos funcionarios aún se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, pero en ningún caso han enfrentado consecuencias ante la justicia.

Por el contrario, entre los que sí fueron sancionados, hay servidores públicos de rango medio que, además, solo fueron multados con una sanción leve de inhabilitación temporal de empleo en la función pública.

Rosario Robles no es la única implicada

Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), será probablemente llamada a comparecer ante el Senado en las próximas semanas, por presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos durante su gestión en esta dependencia, según informes forenses de la Auditoría Superior de la Federación, y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual dirigió entre 2012 y 2015.

Pero Robles no es la única funcionaria implicada en La Estafa Maestra. De hecho, la investigación documentó que son 110 servidores públicos implicados: 11 secretarios de gobierno, 10 oficiales mayores, que son los responsables de administrar y vigilar los recursos públicos de las dependencias, 81 funcionarios con otros cargos que firmaron los convenios, y ocho rectores de universidades públicas.

Y tampoco se trata de una sola secretaría implicada: el esquema de desvío ocurrido en Sedesol fue utilizado en otras 10 dependencias de las que salieron 7 mil 600 millones de pesos, de los cuales, gracias a la ‘intermediación’ de ocho universidades públicas que violaron la ley de adquisiciones, 4 mil 613 millones ‘desaparecieron’ entre 144 empresas fantasma o irregulares.

Es decir, no solo se trata de un caso, sino de un sistema de corrupción.   

Por eso, además de Sedesol y Sedatu, el mismo esquema también se dio en Banobras, por ejemplo, cuando lo dirigía Alfredo del Mazo, quien posteriormente fue ‘premiado’ con la candidatura del PRI a gobernador del Estado de México; cargo que ostenta en la actualidad desde 2017. 

También se repitió en Pemex, cuando estaba al frente de la petrolera Emilio Lozoya, quien está fuera de la administración pública desde 2016. Los desvíos por más de 3 mil 500 millones de pesos se produjeron en la división Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP). Dos de los 39 convenios fraudulentos que dieron origen a esos desvíos fueron firmados en 2012 por Juan Javier Hinojosa Puebla, cuando éste era ‘subdirector de campos’ en la filial. En mayo de 2016 fue ascendido a director general de Pemex-PEP.

En el FOVISSSTE, entonces dirigido por José Reyes Baeza, se replicó el esquema y el funcionario también fue ascendido a director del ISSSTE, en 2015, para en enero de este año renunciar al cargo y postularse como senador del PRI por Chihuahua, aunque perdió la votación. Ahora es secretario de acción electoral del PRI.

En el Registro Agrario Nacional (RAN) hubo desvíos cuando era dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien sigue en la función pública, pero ahora como alcalde de Hermosillo, la capital de Sonora.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con Gerardo Ruiz Esparza; el Servicio Nacional de Sanidad (Senasica), con Enrique Sánchez Cruz; y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo, todos continúan en el cargo. Guajardo tiene actualmente un rol protagonista en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio.

Mientras que en la Secretaría de Ganadería y Agricultura (Sagarpa), el titular durante los desvíos, Enrique Martínez y Martínez, es embajador en Cuba.

Los sancionados, mandos intermedios

¿Quiénes son, entonces, los 11 sancionados hasta ahora? Según información obtenida a través de transparencia pública, cuatro de ellos trabajaban en el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE): Héctor Valles Alvelais, quien fungía como subdirector de créditos; Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la Información.   

Los cuatro ocupaban cargos de jerarquía media como subdirectores de área, o jefes de servicios, con salarios y atribuciones muy por debajo de las del oficial mayor, por ejemplo, que gestiona y vigila los recursos públicos en una dependencia, y mucho más abajo que las del titular de la secretaría, el máximo responsable de la dependencia.

Según respondió la SFP por transparencia, las sanciones derivan de una investigación forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2014, en la que se documentó que, a raíz de la firma de cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), más de 100 millones de pesos fueron desviados a empresas fantasma o irregulares.

Por estos desvíos, a excepción de Jorge Eduardo Roa Diosdado, que fue multado con 346 mil pesos y 10 años de inhabilitación de la función pública por “reincidencia” en las irregularidades, el resto solo tuvo una sanción ‘no grave’ de un año de inhabilitación.

Además, las sanciones todavía pueden ser revocadas, puesto que en los cuatro casos recurrieron ante la justicia alegando que no cometieron ninguna irregularidad.  

En respuesta a otra solicitud de transparencia, la SFP informó que un quinto funcionario sancionado fue quien se desempeñó entre mayo y octubre de 2015 como titular del área de quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol. De acuerdo con el portal Declaranet, donde están registrados los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno federal, en ese periodo de tiempo el titular de La unidad de quejas era Mauricio Razo Sánchez.

La sanción contra Razo Sánchez está motivada por “archivar sin justificación” las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre convenios de La Estafa Maestra que Sedesol firmó con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y la de Morelos (UAEMOR) en 2013 y 2014, y que dieron lugar a desvíos por 857 millones de pesos que debieron invertirse en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que acabaron en empresas irregulares.

Según la SFP, Razo Sánchez exoneró “sin justificación legal” a cuatro funcionarios de Sedesol que participaron en los convenios fraudulentos y por dar carpetazo a las investigaciones. La sanción también fue ‘no grave’: dos años de inhabilitación en la administración pública, lo cual, además, no afecta a Razo, puesto que desde 2017 ya trabaja en la iniciativa privada.  

Sobre los otros seis funcionarios sancionados, la SFP no detalló en sus respuestas los cargos, ni las dependencias donde trabajaban.

Ente los sancionados tampoco está ninguno de los rectores de las ocho universidades públicas que hicieron de ‘intermediarias’ en los desvíos, a través de una violación a la ley de adquisiciones, y que se quedaron con mil millones de pesos como ‘comisión’ solo por subcontratar a empresas irregulares.

La SFP señaló que no es competencia suya investigar y, en su caso, sancionar a los rectores, sino de las contralorías internas de las mismas universidades, y de la Auditoría Superior de la Federación.

Investigan a vocero de Rosario Robles

El pasado 13 de septiembre, Animal Político publicó que la SFP también investiga a Gustavo ‘N’, exdirector de información de la Sedesol y actual director general de comunicación social de la Sedatu, por un posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil pesos, a partir del mismo esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra.

De acuerdo con el expediente P.A.237/2017, durante su gestión como director de información de la Sedesol, el funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables- que demostraran la prestación de dichos servicios”.

En entrevista con este medio, el funcionario aseguró que los “entregables existen” y se dijo “tranquilo de que el resultado de la investigación (le) será favorable… siempre y cuando la autoridad haga su trabajo correctamente”.

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BBC
Las insólitas formas de pagar por la gasolina (que es casi gratuita) en Venezuela
Nicolás Maduro anunció en agosto del año pasado que la gasolina pasaría a venderse a precios internacionales en Venezuela. Casi un año después, sigue siendo casi totalmente gratuita y los empleados de las gasolineras completan su escaso sueldo con los regalos más insospechados de los conductores.
BBC
27 de mayo, 2019
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Egar recoge la manguera y arruga el billete de diez bolívares que le tiende el conductor que acaba de llenar el tanque. Luego lo arroja a la caja de cartón en el suelo en la que guarda la recaudación del día de la gasolinera de Caracas en la que trabaja.

Hay un montón de bolívares. Pero el bolívar vale tan poco que el valor total de esa montaña de papel no llega ni a medio dólar al cambio.

Así que junto al dinero hay otras cosas con las que le pagan los clientes y que Egar aprecia más.

“Algunos me dan paquetes de arroz o de harina pan; esos son los buenos clientes”, cuenta.

“A veces te dan caramelos, paquetes de galletas; uno acepta lo que le den”.

Cuenta que es raro el día en el que los conductores dejan más de 2.000 bolívares, menos de medio dólar al cambio, que además habrá de repartir con sus compañeros.

En Venezuela la gasolina es casi totalmente gratis y un empleado de los que la sirven en las estaciones de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, cobra un sueldo mínimo, unos 40.000 bolívares al mes, menos de 10 dólares al cambio.

Y por eso se ha impuesto la costumbre de agradecerles sus servicios entregándoles una pequeña cantidad de dinero…o las cosas más insospechadas.

En la caja de la gasolinera en la que trabaja Egar hay un rotulador con el que le pagaron esta mañana.

A poca distancia de allí, en la gasolinera que PDVSA tiene en una de las esquinas de la Avenida Rómulo Gallegos, los empleados almacenan los racimos de plátanos con los que algunos transportistas les han pagado la mañana de este martes.

“Ayer fue mejor porque nos dieron muchos huevos“, explica uno de ellos.

Aunque lo que más se agradece es esa élite de privilegiados que pueden deslizar un billete de un dólar, la divisa estadounidense, que tiene cada vez mayor presencia en la Venezuela de la crisis.

Lo que dejó a todos perplejos lo que le ocurrió a uno de ellos la semana pasada, cuando un conductor pagó su combustible con un vibrador.

“Lo agarré, pero no tenía pilas”, narra el empleado entre las risas del resto.

El plan de Maduro

De acuerdo con el World Factbook de la CIA, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo.

Su presidente, Nicolás Maduro, anunció el pasado verano un polémico plan para comenzar a vender el carburante a precios internacionales, para lo que llamó a todos los venezolanos a inscribir sus automóviles en un censo nacional de vehículos a motor.

Maduro quería acabar con la “deformidad” de la “gasolina regalada”.

Casi un año después de aquel anuncio, el precio oficial sigue por debajo del medio centavo de dólar por litro, lo que, según la consultora Global Petrol Prices, convierte a Venezuela en el país con la gasolina barata del mundo.

“Aquí nos bañamos en petróleo”, afirma uno de los empleados de la estación de la Rómulo Gallegos, con las manos empapadas en gasolina.

Por eso le molesta que “hay algunos clientes que ni pagan”.

Antonio Marmoto explica mientras llena el depósito de su camioneta que él suele dejar 10 bolívares (unos US$0,002) en Caracas, pero cuando viaja por el Estado Anzoátegui, que recorre a menudo, no deja nada.

Es tan insignificante el precio que muchos se van sin pagar sin que tenga consecuencias.

Alexis Bozalo suele dejar 500 bolívares (menos de US$0,10) por llenar el depósito de su moto. Pese a lo escaso del monto, se jacta de que es más de lo que deja la mayoría.

“Yo lo hago porque me sale del corazón”, comenta ufano.

“La gasolina es lo único que hay barato en Venezuela”, señala.

Como venezolano conoce de primera mano el coste de la vida en un país que va camino de cumplir dos años castigado por la hiperinflación.

Pero Venezuela es el país de las paradojas.

Y pese a que el Estado prácticamente regala la gasolina y hay petróleo en abundancia, en una gran parte del país repostar se está convirtiendo casi en misión imposible.

En estados como Zulia, Bolívar o Táchira, la gente tiene a menudo que hacer cola durante días para conseguir gasolina debido a los problemas en el suministro, que, según la prensa local y muchos usuarios de redes sociales, parece haberse agravado en los últimos días.

La caída sostenida de la producción petrolera de Venezuela a causa de la ineficiencia en la gestión de PDVSA y el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro están llevando, según los expertos, a una situación límite.

Pese a que PDVSA difundió esta semana un comunicado en el que aseguraba que garantizaba el suministro en todo el territorio nacional, la experiencia en las carreteras de Venezuela dice lo contrario.

Ciudades convertidas en estacionamientos

En Maracaibo, por ejemplo, una de las ciudades más importantes del país y antaño epicentro de la industria petrolera, se han vuelto habituales las filas enormes de automóviles junto a las gasolineras.

Hace tiempo que amplias zonas del país el contrabando de gasolina se ha convertido en la opción más rápida debido al desabastecimiento.

En el Estado Bolívar, el más grande de los que conforman la República Bolivariana, los autos viajan con bidones de gasolina sobre el capó.

Quienes los conducen saben que más allá de Puerto Ordaz será casi imposible repostar y toman sus precauciones.

En poblaciones como Tumeremo, las calles están salpicadas de tenderetes en los que buhoneros intercambian gasolina, bolívares en efectivo y oro, las mercancías más preciadas allí.

El conductor José López, que se gana la vida trasladando pasajeros desde Puerto Ordaz hasta otros lugares de Bolívar, explica que suele llevar consigo oro con el que poder conseguir efectivo para pagar el carburante en los lugares donde es más escaso y los contrabandistas lo venden más caro.

Desde San Cristóbal, en el suroeste del país, Vanessa Rubio relata su dura experiencia de los últimos días.

“Aquí conseguir gasolina se está convirtiendo en una cuestión de supervivencia del más apto. Hace falta mucho aguante para pasar cuatro días haciendo cola“.

“Yo llegué a la fila el jueves a las 8 de la mañana en una cola de aproximadamente 5 kilómetros. Un señor pasó numerando los carros y me dieron el 745”, relata.

Rubio describe un escenario apocalíptico en una ciudad que apenas tiene transporte público.

“San Cristóbal se ha convertido en un gran estacionamiento en el que la gente está dispuesta a golpearse para defender su puesto en la cola”.

Aunque también hay espacio para la solidaridad.

“Uno termina conociendo a la gente que está alrededor, se hacen favores y turnos para que puedan ir a bañarse a sus casas“, narra Rubio.

A los pacientes que resisten los días de espera, con suerte les espera una manguera de gasolina al ínfimo precio oficial.

Se paga más por uno de los primeros puestos en la fila. “Hay gente que ofrece hasta 50.000 ó 60.000 pesos colombianos”, la moneda que, dada la imparable depreciación del bolívar, se ha convertido en predominante en esta parte de Venezuela.

Son entre US$15 y US$18.


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