La Estafa Maestra: hay 11 sancionados por desvíos, pero altos mandos implicados conservan cargos
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La Estafa Maestra: hay 11 sancionados por desvíos, pero altos mandos implicados conservan cargos

De 110 funcionarios implicados en La Estafa Maestra, la Función Pública lleva sancionados a 11, entre los que hay servidores de rango medio.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
19 de septiembre, 2018
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Por los desvíos de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias de gobierno federal documentados en La Estafa Maestra, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado hasta ahora a 11 funcionarios públicos, de los 110 identificados en la investigación periodística.

Sin embargo, entre los sancionados no hay ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios. Estos altos funcionarios aún se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, pero en ningún caso han enfrentado consecuencias ante la justicia.

Por el contrario, entre los que sí fueron sancionados, hay servidores públicos de rango medio que, además, solo fueron multados con una sanción leve de inhabilitación temporal de empleo en la función pública.

Rosario Robles no es la única implicada

Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), será probablemente llamada a comparecer ante el Senado en las próximas semanas, por presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos durante su gestión en esta dependencia, según informes forenses de la Auditoría Superior de la Federación, y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual dirigió entre 2012 y 2015.

Pero Robles no es la única funcionaria implicada en La Estafa Maestra. De hecho, la investigación documentó que son 110 servidores públicos implicados: 11 secretarios de gobierno, 10 oficiales mayores, que son los responsables de administrar y vigilar los recursos públicos de las dependencias, 81 funcionarios con otros cargos que firmaron los convenios, y ocho rectores de universidades públicas.

Y tampoco se trata de una sola secretaría implicada: el esquema de desvío ocurrido en Sedesol fue utilizado en otras 10 dependencias de las que salieron 7 mil 600 millones de pesos, de los cuales, gracias a la ‘intermediación’ de ocho universidades públicas que violaron la ley de adquisiciones, 4 mil 613 millones ‘desaparecieron’ entre 144 empresas fantasma o irregulares.

Es decir, no solo se trata de un caso, sino de un sistema de corrupción.   

Por eso, además de Sedesol y Sedatu, el mismo esquema también se dio en Banobras, por ejemplo, cuando lo dirigía Alfredo del Mazo, quien posteriormente fue ‘premiado’ con la candidatura del PRI a gobernador del Estado de México; cargo que ostenta en la actualidad desde 2017. 

También se repitió en Pemex, cuando estaba al frente de la petrolera Emilio Lozoya, quien está fuera de la administración pública desde 2016. Los desvíos por más de 3 mil 500 millones de pesos se produjeron en la división Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP). Dos de los 39 convenios fraudulentos que dieron origen a esos desvíos fueron firmados en 2012 por Juan Javier Hinojosa Puebla, cuando éste era ‘subdirector de campos’ en la filial. En mayo de 2016 fue ascendido a director general de Pemex-PEP.

En el FOVISSSTE, entonces dirigido por José Reyes Baeza, se replicó el esquema y el funcionario también fue ascendido a director del ISSSTE, en 2015, para en enero de este año renunciar al cargo y postularse como senador del PRI por Chihuahua, aunque perdió la votación. Ahora es secretario de acción electoral del PRI.

En el Registro Agrario Nacional (RAN) hubo desvíos cuando era dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien sigue en la función pública, pero ahora como alcalde de Hermosillo, la capital de Sonora.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con Gerardo Ruiz Esparza; el Servicio Nacional de Sanidad (Senasica), con Enrique Sánchez Cruz; y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo, todos continúan en el cargo. Guajardo tiene actualmente un rol protagonista en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio.

Mientras que en la Secretaría de Ganadería y Agricultura (Sagarpa), el titular durante los desvíos, Enrique Martínez y Martínez, es embajador en Cuba.

Los sancionados, mandos intermedios

¿Quiénes son, entonces, los 11 sancionados hasta ahora? Según información obtenida a través de transparencia pública, cuatro de ellos trabajaban en el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE): Héctor Valles Alvelais, quien fungía como subdirector de créditos; Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la Información.   

Los cuatro ocupaban cargos de jerarquía media como subdirectores de área, o jefes de servicios, con salarios y atribuciones muy por debajo de las del oficial mayor, por ejemplo, que gestiona y vigila los recursos públicos en una dependencia, y mucho más abajo que las del titular de la secretaría, el máximo responsable de la dependencia.

Según respondió la SFP por transparencia, las sanciones derivan de una investigación forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2014, en la que se documentó que, a raíz de la firma de cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), más de 100 millones de pesos fueron desviados a empresas fantasma o irregulares.

Por estos desvíos, a excepción de Jorge Eduardo Roa Diosdado, que fue multado con 346 mil pesos y 10 años de inhabilitación de la función pública por “reincidencia” en las irregularidades, el resto solo tuvo una sanción ‘no grave’ de un año de inhabilitación.

Además, las sanciones todavía pueden ser revocadas, puesto que en los cuatro casos recurrieron ante la justicia alegando que no cometieron ninguna irregularidad.  

En respuesta a otra solicitud de transparencia, la SFP informó que un quinto funcionario sancionado fue quien se desempeñó entre mayo y octubre de 2015 como titular del área de quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol. De acuerdo con el portal Declaranet, donde están registrados los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno federal, en ese periodo de tiempo el titular de La unidad de quejas era Mauricio Razo Sánchez.

La sanción contra Razo Sánchez está motivada por “archivar sin justificación” las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre convenios de La Estafa Maestra que Sedesol firmó con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y la de Morelos (UAEMOR) en 2013 y 2014, y que dieron lugar a desvíos por 857 millones de pesos que debieron invertirse en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que acabaron en empresas irregulares.

Según la SFP, Razo Sánchez exoneró “sin justificación legal” a cuatro funcionarios de Sedesol que participaron en los convenios fraudulentos y por dar carpetazo a las investigaciones. La sanción también fue ‘no grave’: dos años de inhabilitación en la administración pública, lo cual, además, no afecta a Razo, puesto que desde 2017 ya trabaja en la iniciativa privada.  

Sobre los otros seis funcionarios sancionados, la SFP no detalló en sus respuestas los cargos, ni las dependencias donde trabajaban.

Ente los sancionados tampoco está ninguno de los rectores de las ocho universidades públicas que hicieron de ‘intermediarias’ en los desvíos, a través de una violación a la ley de adquisiciones, y que se quedaron con mil millones de pesos como ‘comisión’ solo por subcontratar a empresas irregulares.

La SFP señaló que no es competencia suya investigar y, en su caso, sancionar a los rectores, sino de las contralorías internas de las mismas universidades, y de la Auditoría Superior de la Federación.

Investigan a vocero de Rosario Robles

El pasado 13 de septiembre, Animal Político publicó que la SFP también investiga a Gustavo ‘N’, exdirector de información de la Sedesol y actual director general de comunicación social de la Sedatu, por un posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil pesos, a partir del mismo esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra.

De acuerdo con el expediente P.A.237/2017, durante su gestión como director de información de la Sedesol, el funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables- que demostraran la prestación de dichos servicios”.

En entrevista con este medio, el funcionario aseguró que los “entregables existen” y se dijo “tranquilo de que el resultado de la investigación (le) será favorable… siempre y cuando la autoridad haga su trabajo correctamente”.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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