Mecanismo de Protección recibe 75 mdp para terminar 2018; defensores acusan que es insuficiente

Periodistas y defensores de derechos humanos, beneficiarios del Mecanismo de Protección, a cargo de la Secretaría de Gobernación, denuncian que no hay recursos suficientes para que opere, por lo que las medidas de seguridad de más de 700 personas están en riesgo.

Si el Mecanismo de Protección se queda sin recursos, 702 periodistas y defensores dejarían de contar con medidas de seguridad.
Si el Mecanismo de Protección se queda sin recursos, 702 periodistas y defensores dejarían de contar con medidas de seguridad. Cuartoscuro

Defensores de derechos humanos y periodistas denunciaron que más de 700 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección del gobierno federal para proteger su seguridad están a punto de quedarse sin apoyo.

En conferencia de prensa, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México denunciaron que actualmente 702 personas son beneficiarias de él, sin embargo, el presupuesto con el que cuentan para su funcionamiento solo alcanza el mes de septiembre.

Los denunciantes señalaron que este es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno Federal “no ha etiquetado el recurso necesario para garantizar la implementación de las medidas de protección y, contrario a ello, desde 2016 tuvo un decremento presupuestal de 77%”.

En caso de que el gobierno federal no aporte los recursos necesarios para que el Mecanismo pueda continuar funcionando, serían retiradas más de 3 mil 500 medidas de protección para los 702 beneficiarios.

Araceli Domínguez, integrante del Consejo Consultivo, señaló que en México “la política del Estado es de desprecio hacia la labor de periodistas y de defensa de derechos humanos, pues frente a la crisis de violencia que enfrentamos, es indiferente”.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, denunció que existe “falta de voluntad” del gobierno del presidente Enrique Peña y la Secretaría de Gobernación, a quienes acusó por no acompañar ni dar una debida atención a las víctimas.

Cynthia Valdéz de Periodistas para la Paz, quien también es integrante del Mecanismo, señaló que es necesario, además, que las autoridades informen cómo utilizan los recursos asignadas.

“Transparentar el gasto implica mejorar sus deficiencias, ya que no contempla las realidades de quienes buscan protección”, dijo.

Los denunciantes expresaron su preocupación ante esta “omisión gubernamental que pone en riesgo la vida e integridad física y emocional de cientos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes vieron truncada su labor, luego de agresiones físicas, intentos de asesinato, amenazas de muerte, campañas de difamación, desaparición, feminicidios, entre otros tipos de agresión”.

Asimismo, destacaron, en la mayoría de los casos hay impunidad “lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de las agresiones contra quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y/o el periodismo”.

El Consejo Consultivo del Mecanismo exigió a las autoridades federales destinar el presupuesto necesario para que las medidas de seguridad continúen operando, que asigne más personal para la atención de víctimas y que cumpla cabalmente con la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, el presupuesto con el que contará el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindar apoyo a los 702 beneficiarios del Mecanismo será de 78 millones de pesos pesos.

Durante la conferencia, Lucía Lagunes, integrante de la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) informó que, para que lo que resta del 2018 se mantengan las medidas de protección el gobierno asignó 75 millones de pesos, que se suman a los 3 millones 745 mil pesos que tenía como saldo disponible el Mecanismo.

Sin embargo, dijo, “esto no resuelve el problema de fondo, que es que el Estado debe garantizar que periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan hacer su trabajo sin jugarse la vida”.

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