La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Tojil presentó, este martes, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los funcionarios señalados por ser presuntos implicados en el desvío de recursos públicos revelada en la investigación de La Estafa Maestra.
Entre ellos están los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío millonario de recursos públicos.
La Estafa Maestra es una investigación realizada por Animal Político y MCCI que reveló un sistema de 128 empresas fantasma a través del cual el gobierno federal desvió más de 3 mil 433 millones de pesos.
Los recursos llegaron a dichas empresas luego de haber pasado por ocho universidades públicas, las cuales recibieron el dinero por parte del gobierno federal.
Entre estas universidades se encuentra la UAEM, mientras que las dependencias involucradas son 11, entre ellas, la Sedesol (cuya titular en aquel entonces era Rosario Robles); Banobras; Sedatu; Permex; Sagarpa, y la SCT.
A través de un comunicado Mexicanos Contra la Corrupción señala que las investigaciones periodísticas relacionadas con el tema “contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas”.
Igualmente mencionan la investigación posterior publicada por Reforma en la que, con base en información de la ASF, explican cómo fue la transferencia de cientos de millones de pesos presuntamente desviados por Sedesol, a domicilios particulares a través de depósitos en efectivo.
“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir”, plantean.
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El objetivo principal de la denuncia es “que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente”, para lograr justicia pronta y expedita respecto al caso.
MCCI agrega que la investigación y la sanción de este desvío no corresponde al presidente constitucional ni al electo. “Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la politización”, finalizan.
La demanda se presentó con la asesoría de Tojil AC., abogados y respaldada por la siguientes personas:
Marieclaire Acosta
Sergio Aguayo
Héctor Aguilar Camín
Maite Azuela
Verónica Baz
Eduardo Bohórquez
Carlos Brito Ocampo
Enrique Cárdenas
María Amparo Casar
Ixchel Cisneros
Rocío Culebro
Gustavo de Hoyos
Luis de la Calle
José Mario de la Garza
Angélica de la Peña Gómez
Ana Lorena Delgadillo
Héctor de Mauleón
Denise Dresser
Carlos Elizondo Mayer Serra
Marco A. Fernández
Rossana Fuentes Berain
Pablo Girault
Rogelio Gómez
Claudio X. González Guajardo
Gustavo Guzmán
Alfonso Hernández Valdez
Arturo Hernández
Enrique Hernández Alcázar
Gabriela Hernández Cardoso
Edna Jaime
Leticia Jauregui
Cecilia Lavalle
Alfredo Lecona
Irene Levy
José Octavio López Presa
Jiuliano Lopresti
Nubia Macías
Julio Madrazo
Javier Mancera
Francisco Martín Moreno
Luis René Martínez
Bernardo Martínez Aguirre
María Marván
Mauricio Merino
Mauricio Meschoulam
María Elena Morera
Valeria Moy
Saskia Niño de Rivera
Mario Patrón
Haydeé Pérez
Luis Pérez de Acha
Rafael Pérez Gay
Jacqueline Peschard
Federico Reyes Heroles
Josefina Ricaño de Nava
Javier Risco
Herberto Rodríguez Regordosa
Laura Rojas
Jorge Sánchez Velez
Armando Santacruz
María Lucía Isabel Servitje Montull
Valeria Scorza
Regina Tamés
Juan Francisco Torres Landa
Luis Carlos Ugalde
Gabriela Warkentin
