Padres de Mara Castilla demandan a Cabify por su responsabilidad en el feminicidio de la joven
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Padres de Mara Castilla demandan a Cabify por su responsabilidad en el feminicidio de la joven

En la demanda, los abogados solicitan el pago de tres indemnizaciones, una por la reparación del daño moral, otra por responsabilidad civil de la empresa, y la tercera por daños punitivos; el presunto responsable fue nuevamente vinculado por feminicidio.
Cuartoscuro
Por César Reveles Aguilar
27 de septiembre, 2018
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Los padres de Mara Castilla, la joven asesinada en septiembre de 2017 en Puebla tras abordar una unidad de transporte privado operado por Cabify, interpusieron este jueves 27 de septiembre una demanda civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, en contra de la empresa por el daño moral sufrido a causa del crimen.

Los abogados Roberto Fernández y Carlos Brehm, de la firma Santamirna y Steta, detallaron en entrevista que en la demanda solicitan el pago de tres indemnizaciones: “Una por reparación del daño moral de los padres de Mara, otra por el pago de una indemnización por la responsabilidad civil que tiene Cabify ante los hechos, y la tercera por daños punitivos”.

En el último caso, explicaron, se trata de una figura relativamente nueva que se refiere al pago de una sanción ejemplar por parte de Cabify, “para evitar que la conducta se vuelva a repetir y otras plataformas que prestan servicios similares sepan que sus omisiones, negligencias y acciones tienen consecuencias”.

Leer: Amparan a presunto asesino de Mara Castilla; juzgarán en nueva indagatoria su feminicidio

El monto para las tres indemnizaciones será planteado por el juez que tome el caso con base en ciertos factores de la investigación; de aprobarse, el total de la cantidad serán destinada a los padres de Mara.

Cabify ya fue notificada sobre la demanda y los abogados quedarán a la espera de la respuesta de la empresa para tomar un siguiente paso.

“Esperamos que tengan una reacción al respecto, sabemos que hace meses los representantes de Cabify tuvieron un acercamiento con los abogados penalistas del caso y no hubo una respuesta positiva para asumir la responsabilidad, pero confiamos en que en esta ocasión reflexionen el tema y hagan lo más apropiado”, señalaron.

Más allá del pago de las indemnizaciones, Roberto Fernández y Carlos Brehm comentaron que la intención de la demanda civil es que Cabify y otras plataformas tomen en serio la integridad de las y los usuarios, y cambien de fondo sus mecanismos de seguridad para que garantice que hechos como el caso de Mara no se volverán a repetir.

“No hay manera de poner precio a la vida de una persona, pero un castigo económico suficientemente trascendente para Cabify sería un precedente que además permitiría que este crimen no quede impune”, agregaron.

Leer: Inician juicio por el delito de feminicidio contra el presunto asesino de Mara Castilla

La noche del 7 de septiembre de 2017, Mara Castilla se encontró con algunos amigos en el bar The Bronx, de Cholula, Puebla. Horas después, a las 5 de la mañana del viernes 8 de septiembre, solicitó un taxi de la empresa Cabify para regresar a su casa.

La unidad llegó en unos minutos y Mara la abordó, pero nunca llegó a su casa.

A partir de ese día familiares, amigos y autoridades comenzaron la búsqueda de la joven. El chofer de Cabify que otorgó el servicio, identificado como Ricardo Alexis “N”, se presentó a declarar ante las autoridades de Puebla afirmando que había llevado a Mara a su casa y que ella había descendido del automóvil, versión que posteriormente quedó descartada con los videos de seguridad donde se observa que Mara nunca bajó de la unidad.

Ocho días después de la desaparición, el cuerpo de Mara fue encontrado sin vida y Ricardo Alexis “N” fue detenido al acreditarse su presunta responsabilidad en los hechos.

En entrevista, Gabriela Miranda, madre de Mara, dijo que confía en que Cabify acepte su responsabilidad y tome las medidas necesarias para que mejoren las condiciones de seguridad de los usuarios.

“Con toda la tecnología que existe ahora creemos que todas estas plataformas pueden mejorar su servicio, no es posible que acepten a personas que tienen antecedentes o que fueron despedidos de otras plataformas”, señaló.

Ricardo Alexis “N” cuenta con antecedentes penales por posesión ilegal de hidrocarburos, además de que anteriormente trabajó para Uber y fue dado de baja por la misma plataforma.

La madre de la víctima expuso que el último acercamiento que tuvieron con la empresa fue en 2017, pero ellos rechazaron tener la responsabilidad. “Dijeron que era una situación ajena. Nosotros no creemos lo mismo y por ello procedimos a la demanda”.

Denuncia penal, estancada

A un año del asesinato, la investigación sigue abierta y aunque Ricardo Alexis “N” ya fue vinculado por el delito de feminicidio, el abogado Francisco Heredia, encargado de la denuncia penal, señaló que no se han logrado los avances que ellos esperaban.

En entrevista, Heredia explicó que algunas omisiones y errores por parte de la Fiscalía de Puebla, durante la acusación en contra de Ricardo Alexis “N”, propiciaron que el inculpado siga sin una sentencia y haya conseguido recientemente amparos por algunos de los delitos que se le imputan.

Tras la desaparición de Mara y luego de conocer algunos videos donde se comprueba que ella nunca bajó del automóvil, “nosotros solo presentamos una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad”, y posteriormente, una vez que se encontró su cadáver, la Fiscalía presentó una acusación por el delito de feminicidio en contra de Ricardo Alexis “N”.

El 4 de octubre de 2017 se le vinculó por feminicidio y fue llevado a prisión, aunque el pasado 6 de julio el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito le otorgó tres amparos, el más relevante es el que invalida la acusación por el delito de feminicidio.

Los magistrados determinaron que existió “vicio formal en la integración de pruebas”, pues la Fiscalía inició una carpeta distinta a la de privación ilegal de la libertad, delito inicial por el que fue acusado Ricardo Alexis “N”, sin conmutar las penas.

“Básicamente, este amparo se consiguió porque en un inicio la Fiscalía hizo un mal planteamiento en la acusación inicial al vincularlo por feminicidio y privación ilegal de la libertad en la misma carpeta de investigación”, explicó el abogado Francisco Heredia.

A pesar de esto, el imputado continuó en prisión por el delito de privación de la libertad.

Ante esta resolución, la Fiscalía General del estado de Puebla solicitó una nueva audiencia y el pasado 18 de septiembre consiguió vincular de nueva cuenta a Ricardo Alexis por el delito de feminicidio.

“Nosotros buscaremos que no solo se le vincule por feminicidio, sino también por el delito de violación”, explicó el abogado.

La siguiente audiencia en el tema penal se llevará a cabo en los próximos tres meses. “Nosotros esperamos que sea a finales de diciembre o principios del próximo año pero eso depende del recurso que presente la defensa ante la vinculación por feminicidio”.

La madre de Mara lamenta que a poco más de un año, el presunto responsable cuente solo con una vinculación.

“Es muy triste que a un año apenas se le vincule por feminicidio, pero seguimos confiando en las autoridades y tenemos la certeza de que Cabify tiene en gran medida la culpa de la muerte de mi hija, pues ella confió en la supuesta seguridad que ellos ofrecían”.

A las autoridades les dice que tanto ella como su esposo esperan que se haga justicia “porque aunque sabemos que los procesos en nuestro país son lentos, confiamos en las leyes y lo que queremos es que otras familias no pasen por estas situaciones tan lamentables y lacerantes”.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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