Peña destaca ayuda a migrantes; omite reportes de maltrato a centroamericanos

En su informe de gobierno el mandatario destaca la capacitación a funcionarios para prevenir abusos contra migrantes, pero omite mencionar la falta de justicia y maltratos hacia los migrantes que llegan por la frontera sur del país.

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Un grupo de migrantes de Honduras detenidos en Tapachula y trasladados a la estación migratoria para su deportación. Cuartoscuro

La protección a los derechos humanos de los migrantes que llegan a México es una de las acciones que destaca en su Sexto Informe el presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque señala que se atendieron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se sancionó a funcionarios, nada dice de los reportes de organismos internacionales que señalan las crecientes violaciones de garantías de las autoridades mexicanas hacia los migrantes.

En el Informe entregado al Congreso de la Unión, el gobierno de Peña Nieto detalla que, entre septiembre de 2017 a junio de 2018, se brindó atención a 620 personas extranjeras víctimas de delito en territorio nacional; 158 (25%) fueron por secuestro, 25 (4%) por trata de personas, 433 (70%) por otros delitos y cuatro (1%) testigos de delito.

Sin embargo no se menciona si hubo justicia en los casos señalados, pues según el estudio El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel, la impunidad para los delitos cometidos hacia este grupo fue de 99% entre 2014 y 2016, cuando se registraron 5,824 delitos contra migrantes, de los cuales solo hubo sentencias en 49 casos.

El informe, realizado por organizaciones de migrantes, Fundar y WOLA, señala que México incrementó su capacidad para deportar migrantes pero no ha desarrollado los mecanismos para investigar los delitos cometidos contra ellos.

Sobre las autoridades migratorias, el informe de Peña Nieto señala que se puso mayor atención en la supervisión de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que atienden a los migrantes.

De estas revisiones se iniciaron procedimientos administrativos disciplinarios a 36 funcionarios de las delegaciones federales de la Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León.

Además, dice el informe del gobierno federal, se atendieron ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al comprobarse la comisión de faltas administrativas de los funcionarios.

El INM recibió y atendió 475 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

De acuerdo al estudio “Migración en Tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional”, publicado por el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), en el 41.5% de los casos registrados el agresor es un funcionario.

El Comité Ciudadano del INM – integrado por activistas – ha documentado que funcionarios de estaciones migratorias castigan a los migrantes indocumentados que se resisten a firmar la deportación voluntaria de México.

Los amenazan con no darles alimentos o medicinas básicas y productos de higiene personal.

Endurecen ingreso de extranjeros

En su Informe, Peña Nieto señala que reforzó las acciones para implementar una política de refugiados y protección complementaria para los migrantes.

Añade que de septiembre de 2017 a junio de 2018, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 10,676 solicitudes para reconocer la condición de refugiado a personas provenientes de 52 países.

Se otorgó la condición de refugiadas a 268 personas de siete países: Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha señalado que la administración de Peña Nieto ha llegado a ocultar mecanismos como la solicitud de asilo.

En su reporte “Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México” la organización internacional señala que numerosos solicitantes de asilo en México dijeron que habían sido devueltos en varias ocasiones a sus países y que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no les habían informado en ningún momento de su derecho a pedir asilo.

La organización defensora de derechos humanos abundó en su informe que “en numerosas ocasiones”, las personas que huían de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica relataron que cuando expresaban su temor en caso de volver a su país, los agentes del INM ignoraban sus palabras y, a veces, hacían comentarios despectivos o burlones al respecto.

Animal Político documentó que en los últimos años, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha endurecido las medidas para el ingreso de extranjeros a México sobre todo de ciudadanos de Colombia y Venezuela.

En los últimos ocho años, la cifra de rechazados pasó de apenas 444 casos en 2010, a más de 10,000 en 2017, siendo los ciudadanos de los países mencionados los más afectados.

Esto es un incremento acumulado de 2010 a 2017 de 2,283 por ciento.

La principal razón para impedir la entrada a los migrantes latinoamericanos no es por problemas en sus documentos, sino con lo que México denomina “inconsistencia en las entrevistas de filtro”, un factor que se comenzó a contemplar desde 2013 como causa de rechazo.

Los agentes de migración detectan a las nacionalidades “problemáticas”, los sacan de la fila y se los llevan a un cuarto, donde les piden apagar y guardar su teléfono. Ahí los hacen llenar un formulario. No les dicen que tienen derecho a una llamada ni a la asistencia de su consulado. En realidad en estas zonas no entra nadie que no sea del INM, explicó la subcoordinadora del área de defensoría de la organización civil Sin Fronteras, Elizabeth Arroyo.

Capacitación contra los abusos

Otro aspecto que destaca Peña Nieto en su Sexto Informe es la capacitación, profesionalización y sensibilización que han recibido sus autoridades migratorias.

El Sexto Informe destaca que para prevenir y atender la violencia hacia mujeres migrantes y reforzar la perspectiva de género de los servidores públicos del INM, se realizaron 40 eventos de capacitación en materia de género, con 1,724 participantes.

Destaca que se impartieron 495 cursos a funcionarios, además de diversas colaboraciones con las embajadas de EU, Canadá y Reino Unido.

El INM capacitó a 2,532 servidores públicos en los siguientes temas: 496 en Legalidad y Derechos Humanos; 29 en Derechos Humanos y Multiculturalismo; 171 en Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; 546 en Claves para la Atención Pública sin Discriminación; 272 en Diversidad Sexual, Inclusión y no Discriminación; 496 en ABC de la Igualdad y la no Discriminación; y 522 en Migración y Xenofobia.

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