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Se buscan víctimas del racismo de Joe Arpaio
Como sheriff de Maricopa, Arizona, Arpaio fue el terror de mexicanos y latinos. Al declarar sus detenciones anticonstitucionales, una corte federal de EU condenó a la Oficina del Sheriff de Maricopa a indemnizar a las víctimas. Hoy se busca localizarlas en México y Estados Unidos.
Por Ana Lilia Pérez / Newsweek en Español
1 de septiembre, 2018
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En el desértico suroeste de Estados Unidos, Maricopa es uno de los 15 condados que comprende el estado de Arizona. Debe su nombre a los nativos indios maricopa, que se hacen llamar pipatsje (“personas”).

En ese terruño, con la mayor densidad de población en Arizona, la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) es la ley, y la policía local honra el lema de “Integrity, Accountability and Community”, solo que no lo aplica de igual forma para todos los habitantes de ese estado.

Hoy esta oficina enfrenta una condena federal que le obliga a indemnizar a las personas que, entre 2011 y 2013 fueron ilegalmente detenidas, encarceladas e incluso algunas robadas, golpeadas y abusadas por orden del polémico Joe Arpaio, inquisidor de mexicanos y latinos.

Abogados de México y Estados Unidos en la actualidad están tratando de localizar a sus víctimas para compensarlas.

Aunque el otrora agente de policía estadounidense dejó su cargo de sheriff a finales de diciembre de 2016, al perder la reelección que buscaba por séptima ocasión, derrotado por el demócrata Paul Penzone, exsargento del Departamento de Policía de Phoenix, los estragos de su mano de sheriff aún cimbran la MCSO que ahora deberá pagar por los platos rotos de Arpaio.

Republicano, fundamentalista, veterano de guerra, amante de las armas, admirador y correligionario de Donald Trump, a quien define como “un héroe”, y con una marcada animadversión por hispanos y latinos, Joseph Michael Arpaio, hijo de migrantes italianos nació en Springfield, Massachusetts, en junio de 1932, y a sus 60 años, tras una larga carrera de policía y agente de la DEA (la Administración para el Control de Drogas), en Turquía y México, en 1992 fue designado sheriff de Maricopa.

El “sheriff más implacable de Estados Unidos”, se hacía llamar. Y presumía su récord de haber detenido en Las Vegas al mismísimo Elvis Presley cuando este conducía una motocicleta a exceso de velocidad.

Lo indiscutible es que, desde su llegada a Maricopa, asumió una posición bélica antiinmigrante, que se hizo mucho más abierta en la primera década del siglo. Justo cuando la polémica ley SB1070 de Arizona endureció la política migratoria en ese estado, que para entonces ya se había convertido en uno de los principales puntos de ingreso de oleadas de migrantes que desafiaban el inclemente desierto.

En Estados Unidos la migración es un asunto del orden federal que compete al ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y los oficiales y policías locales no tienen atribuciones para arrestar a personas por su estatus migratorio. Pero aun cuando su función de policía de condado no le daba facultades, Arpaio prácticamente ordenaba redadas cazamigrantes en las cuales las personas eran detenidas simplemente por su apariencia.

Para la comunidad latina no importaba si se tenía o no un estatus legal, poner un pie en la calle era aterrador, trasladarse al trabajo, la escuela, o simplemente moverse de un punto a otro. Los policías de Arpaio se aparecían súbitamente en restaurantes, hoteles, tiendas, en cualquier punto donde suponían que se empleaba migrantes para cargar con ellos. En autopistas y caminos instalaban retenes para detener a quienes manejaban “como mexicanos o latinos”.

ARRESTOS POR SER LATINOS

Centenares si no es que miles de personas fueron arrestadas bajo ese criterio. A algunas se les encarcelaba directamente y a otras se les retenía para transferirlas al ICE.

“Esa oficina tenía una política de detener a personas solamente por cómo se veían, por su cara o rasgos. Así que había mucho miedo en la comunidad porque las personas podrían ser arrestadas simplemente por salir a la calle o por manejar como latinos”, explica a Newsweek en Español Benjamin Botts, un experimentado abogado en temas migratorios, doctorado en la Berkeley School of Law, quien en esos años litigó numerosos asuntos y casos de asilo, también en la Oficina del Procurador General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

En sus redadas, los policías de Maricopa agarraban parejo, recuerda Botts. Solo que en 2007 algunas víctimas se defendieron: no eran “sin papeles”, sino residentes con visas legales.

Manuel de Jesús Ortega Melendres y otros demandaron a Joseph M. Arpaio y su oficina por violación a sus derechos civiles, ya que los detuvo solo por su apariencia “latina”, aun cuando su estatus migratorio era legal.

Luego de años de litigio, que el propio sistema de justicia identificó como un juicio “contra el racismo”, una corte federal les dio la razón y determinó que incluso más allá del estatus migratorio de una persona, las detenciones de Arpaio basadas en la apariencia física eran anticonstitucionales, violaban derechos civiles, aunado a su usurpación de funciones.

En un Interdicto, en 2011 la Corte le ordenó cesar ese patrón inconstitucional de detener personas solo por su apariencia; pero el sheriff que alardeaba de ser el más duro entre los alguaciles, no quería dar su brazo a torcer y, desafiante, continuó con las detenciones, violando sistemáticamente los derechos de mexicanos y latinos.

Arpaio y la MCSO estaban en desacato criminal, y esta vez fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que demandó al polémico alguacil.

Aún con los ojos del Departamento de Justicia y la Corte sobre él, en el oeste Arpaio siguió imponiendo su propia ley, hasta que en diciembre de 2016 debió dejar el cargo que ocupó durante 24 años, derrotado en las urnas por Penzone.

Para julio de 2017 la Corte condenaba a Arpaio a seis meses de prisión por desacato criminal pero, en agosto, el presidente Donald Trump lo indultó.

No obstante el polémico indulto presidencial, en su resolución la Corte ordenó a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa indemnizar a todas aquellas víctimas, a quienes detuvo entre el 23 de diciembre de 2011 y el 24 de mayo de 2013.

La Corte ordenó crear un Fondo de Compensación, el cual ya está disponible. Ahora, abogados de Estados Unidos y México han emprendido una odisea para ubicar a esas víctimas y económicamente resarcirles los daños.

Lee la nota completa en la nueva edición de Newsweek en Español 

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos
A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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