Como priista votó por concesionar agua en QRoo; ahora como Senadora de Morena exige revocar la decisión
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Como priista votó por concesionar agua en QRoo; ahora como Senadora de Morena exige revocar la decisión

Aunque como diputada local del PRI votó por ampliar la concesión del agua en Quintana Roo hasta 2053 a la empresa Aguakan, ahora la senadora por Morena Marybel Villegas exige que se revoque el permiso de distribución a la compañía.
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27 de septiembre, 2018
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En diciembre de 2014, cuando era diputada del PRI en el Congreso de Quintana Roo, Marybel Villegas votó a favor de que la empresa distribuidora de agua potable Aguakan tuviera concesiones en el estado hasta el 2053, ahora, como senadora por Morena, exige que se le revoque el permiso a la compañía.

De acuerdo con el diario Luces del Siglo, el pasado 19 de septiembre, Villegas Canché exigió que se rescinda la concesión a Aguakan por presuntas violaciones ambientales y fraude a las arcas estatales por más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, otros senadores, como el panista Jesús Zetina, calificaron la propuesta como “oportunista” y “cínica”, pues la misma legisladora votó hace cuatro años para que se ampliara el servicio con la empresa hasta 2053.

El senador Zetina Tajero recordó que en diciembre de 2014, Villegas y otros 16 diputados locales en Quintana Roo aprobaron la prórroga y ampliación de la concesión para Aguakan en el municipio de Solidaridad. Desde 1993, la empresa tiene a su cargo la distribución de agua en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En 2014, no solos se votó la ampliación del tiempo de la concesión, sino también que la empresa distribuyera el agua del municipio de Solidaridad.

“Ahora viene a hablar de corrupción, cuando ella autorizó esa ampliación que costó más de mil millones de pesos, los cuales desaparecieron luego de la firma del contrato. Sería bueno que la senadora explicara dónde está ese dinero, y que no pretenda colgarse de la lucha anticorrupción que realiza el Ejecutivo del estado”, declaró Zetina.

Luces del Siglo recordó que a la llegada del panista Carlos Joaquín a la gubernatura de Quintana Roo se descubrió que Aguakan había pagado más de mil millones de pesos a la administración de Roberto Borge para que le otorgara la concesión.

El diario señaló que, a partir de una auditoría se reveló que, en menos de 24 horas el dinero, inicialmente depositado a la cuenta bancaria de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fue transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y posteriormente desapareció.

Ante la presunción de que los recursos fueron desviados, el gobierno de Carlos Joaquín presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación por el caso y giró órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios Gustavo Guerrero Ortiz y Juan Pablo Guillermo Molina, cercanos al exgobernador Borge.

Discrepancia sobre costo de la revocación a Aguakan

Zetina Tajero señaló que la revocación de la concesión debe hacerse con fundamentos legales sólidos, ya que la anterior legislatura “puso candados para impedirlo”, entre ellos una multa “impagable”, que equivaldría a la suma de los ingresos totales de Aguakan anualmente, multiplicados por el número de años que faltan para el 2053, “unos 13 mil millones de pesos”.

En respuesta a las acusaciones, Marybel Villegas difundió desde su cuenta de Twitter un video en el que pide al gobernador Carlos Joaquín que no proteja a Aguakan y proceda con la revocación de la concesión.

“Usted podría pasar a la historia como el gobernador que logró sacar a Aguakan de Quintana Roo… atendamos los problemas de la gente. Siempre he luchado para que los quintanarroenses tengan acceso al agua, hoy tenemos información de que Aguakan defraudó la confianza que le dimos, las auditorías reflejan que hay un desvío por más de 4 mil millones de pesos”, dijo.

Por ello, señaló en el video, “quiero asegurarme de que no se dañe más a los quintanarroenses, me siento con la obligación moral de poner un alto a este robo y ecocidio en Quintana Roo. Entiendan que cuando me atacan a mí, ofenden a los miles de ciudadanos que queremos que se revoque la concesión”, agregó.

De acuerdo con la legisladora, la revocación de la concesión “no costará un solo peso”.

Con información de Luces del Siglo.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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