Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitieron su fallo a favor del amparo interpuesto por representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), contra el proyecto de Grupo México para construir una presa de jales (donde se almacenarían desechos sólidos y líquidos de la extracción de minerales), en la misma zona donde hace cuatro años se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado.
En 2016 los pobladores del área se dieron cuenta que la minera Buenavista del Cobre estaba haciendo las obras para la presa. Semarnat dio la autorización sin informar a las comunidades.
La presa abarcaría 65 hectáreas y reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados hace cuatro años. El amparo se interpuso para impugnar la autorización de Semarnat.
Después de postergar la decisión desde el 22 de agosto hasta hoy, cuatro de cinco ministros de la Segunda Sala de la SCJN se pronunciaron a favor de conceder el amparo. Aunque todavía no es posible conocer los términos de la sentencia final. Solo el sentido del fallo.
“Ahora empieza un proceso que se llama elaboración de engrose, es decir, la versión definitiva de la sentencia”, explica Luis Miguel Cano, abogado de PODER, organización que lleva la defensa del caso. Esto puede tardar desde unos días hasta meses. No hay periodo estipulado.
Hay entonces varios escenarios. Uno, que sería el más favorable para los Comités de Cuenca, es que la sentencia reconozca que la gente de la comunidad de Bacánuchi, la más próxima a la presa de jales, tiene derecho a ser informada y consultada previamente respecto al proyecto.
“Al otorgar el amparo, la SCJN está reconociendo que el permiso para la presa de jales fue inconstitucional y que corresponde abrir la participación informada a la gente. Esperamos entonces que se suspenda la obra y se lleve a cabo una consulta a la población respecto al proyecto”, dice Cano.
Si la SCJN ordena la consulta habrá que estar atentos también, comenta el abogado, a que ésta no sea una simulación, como en otros casos, si no que de verdad se le permita a la población tener información oportuna, accesible, comprensible; que se les dé después tiempo para que conozcan las implicaciones del proyecto a la comunidad y al medio ambiente, y un tiempo razonable para que se alleguen documentos, pruebas y opiniones de expertos, y entonces puedan externar su decisión.
En otro escenario, menos favorable a las comunidades, la Corte podría decidir amparar diciendo solo que es importante el derecho a la información y a la participación en temas medio ambientales, y solo ordenar una reunión informativa con la autoridad, en la que la empresa le exponga a los pobladores los pormenores del proyecto, sus impactos, y nada más.
“Reconocemos que este amparo es una buena noticia. Nos da esperanza de que se tomará en cuenta el derecho a la información y a la participación de las comunidades en temas medio ambientales, lo cual no solo ayuda en Sonora sino a todas las demás causas que como ésta exigen participación ya en todo el país, pero habrá que ver cuál es el sentido final de la sentencia”, señala Cano.
Maribel y María Elena Bustamante, habitantes de Bacánuchi, quienes estuvieron presentes en la SCJN, expresaron: “con este fallo tal vez nos aseguramos de que no haya otro desastre como el de 2014. No queremos que nuestros hijos y nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratadas como animales por la minera”.
