Víctima de un intento de feminicidio acusa represalias de autoridades y su agresor

Dos de los testigos de Marcela, quien fue privada de la libertad y casi asesinada a golpes por su expareja, fueron detenidos por no acudir a una audiencia por no ser notificados. Hay una orden de arresto contra la víctima por el mismo motivo.

El 29 de octubre de 2011, Marcela fue privada de la libertad y golpeada durante varias horas por su empareja, Jorge Ignacio.
El 29 de octubre de 2011, Marcela fue privada de la libertad y golpeada durante varias horas por su empareja, Jorge Ignacio. Cuartoscuro

Este miércoles, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina detuvieron a Eduardo Grecco, testigo en el proceso judicial de Marcela de León, quien en 2011 fue golpeada hasta casi ser asesinada por Jorge Ignacio, quien fue su pareja.

Grecco fue arrestado en su centro de trabajo, una universidad en la Ciudad de México. Él es el segundo testigo de Marcela que ha sido detenido por la demanda que interpuso contra su agresor.

Ana Katiria Suárez, abogada de la víctima, acusó que esta medida judicial es “excesiva”, y la calificó como una represalia por parte de la autoridades, pues el pasado viernes 31 de agosto se transmitió una nota del caso en medios nacionales.

Desde noviembre de 2017 el proceso contra el agresor se encuentra suspendido, debido a que éste interpuso un recurso de apelación en contra de una orden de aprehensión en su contra, por la causa penal 201/2012. Actualmente, Jorge Ignacio se encuentra en libertad.

En marzo de 2018, Patricia García, quien labora en la empresa de la familia de Marcela, fue detenida mientras se encontraba en su domicilio. Los policías que la arrestaron le explicaron que la orden en su contra se debía a que no había acudido a una audiencia por el caso citada en marzo de 2013, de la que no fue notificada.

Patricia tuvo que cumplir con un arresto de 36 horas y, al salir de los separos, se encontró con Marcela, quien acudió a recibirla. Fue entonces cuando la víctima se enteró que también había una orden para detenerla a ella y a Grecco, por no acudir a la misma audiencia.

De acuerdo con Ana Katiria Suárez, Marcela, Patricia y Eduardo no fueron notificados en sus domicilios, como solicitaron desde el inicio del proceso, sino “por estrados, como si las autoridades no hubiesen contado con información para localizarlos y darles el aviso en la dirección que proporcionaron.

A su salida del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “torito”, Grecco explicó que, incluso, en noviembre de 2017 él acudió a un careo como parte del proceso contra Jorge Ignacio, “y no me notificaron nada. No me detuvieron, y pudieron verificar que no estoy desaparecido”.

Marcela, quien sabe que cuenta con una orden de arresto por el mismo motivo, acudió a la salida de Grecco del torito, ahí señaló que “persiguen más a las víctimas que al propio acusado. Yo tengo que vivir con el miedo a que me arresten, o a que Jorge Ignacio vuelva a intentar asesinarme, y que esta vez lo logre”.

Siete años buscando justicia

El 29 de octubre de 2011, Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su expareja, quien la convenció de acudir a su departamento bajo la advertencia de que quería suicidarse.

Aunque ella denunció a su agresor por el delito de tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad, pues mientras la golpeaba él le manifestó su intención de asesinarla y la mantuvo cautiva durante horas, él está bajo investigación por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida, un cargo que le ha permitido llevar su proceso en libertad.

Por la denuncia de Marcela se abrió la causa penal 201/2012 contra Jorge Ignacio “N”, quien en 2012 se dio a la fuga, por lo que fue incluido en la lista de “Los 10 más Buscados” en la página oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la policía capitalina  logró detenerlo el 12 de noviembre de 2013, pero fue puesto en libertad una semana después, por órdenes del juez Alberto Ruvalcaba.

Ante la inconformidad de la víctima por el proceso de investigación contra Jorge Ignacio, a finales de 2013 se giró una segunda orden de aprehensión contra el agresor, quien estuvo prófugo por cuatro años, hasta el pasado 20 de septiembre, cuando fue detenido por policías de la Ciudad de México.

Esta vez el asunto fue turnado con otro juez, Santiago Ávila Negrón, quien con una multa de 50 mil pesos le permitió a Jorge Ignacio llevar su proceso nuevamente en libertad.

Al enterarse de que nuevamente habían puesto a Jorge Ignacio en libertad, Marcela hizo público su caso a través de medios de comunicación, lo que llevó a que el juez Santiago Ávila Negrón se excusara para dejar el caso, mediante un documento en el que acusa a la víctima de intentar hacer un uso de la justicia a capricho y por venganza.

Consultado por Animal Político en enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia señaló que el caso ha tenido un curso favorable para la víctima, y dijeron no tener registro documental de que Marcela exigiera que a Jorge Ignacio se le juzgue por tentativa de feminicidio y privación legal de la libertad, sino que únicamente ha solicitado que se cataloguen sus lesiones como graves que ponen en riesgo la vida.

Al respecto, Ana Katiria informó que para el proceso de Marcela, lo primero es que las autoridades reconozcan como graves las lesiones que sufrió y que reaprehendan al presunto agresor.

Posteriormente, informaron, buscarán que se reclasifique el delito de lesiones por el de tentativa de feminicidio, para que Marcela, “sobreviviente de un intento de homicidio, tenga justicia”.

Sobre la ejecución de estas órdenes de aprehensión y la cumplimentación de dos de ellas, contra testigos de la víctima, Animal Político pidió al Tribunal Superior una postura, sin que hasta el momento esta haya sido realizada.

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