Alemania enjuicia a fábrica de armas usadas contra normalistas; en México, el Ejército destruye evidencias
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Alemania enjuicia a fábrica de armas usadas contra normalistas; en México, el Ejército destruye evidencias

El caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra Heckler & Koch, indicó una abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; se está juzgando por presunta corrupción a cinco funcionarios de esa fábrica.
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El pasado 26 de septiembre, mientras el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunía con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron detenidos y desaparecidos hace cuatro años, al otro lado del mundo, en Alemania, Aldo Gutiérrez, uno de los sobrevivientes del ataque, hizo presencia simbólica en el juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, la cual ilegalmente proveyó parte del armamento que se usó contra los normalistas.

Aldo Gutiérrez Solano es el joven que, desde la noche del 26 de septiembre de 2014, permanece en coma tras recibir un disparo de arma en la cabeza, durante el ataque que las autoridades perpetraron contra normalistas en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, en Iguala, Guerrero.

“Cuando los normalistas comenzaron a ser tiroteados por la policía en Iguala, ellos intentaron huir a bordo de los autobuses que acababan de sacar de la terminal, a través de la calle Juan N. Álvarez; sin embargo, casi a punto de salir de esa calle, la policía interpuso una patrulla en su camino, para impedirles escapar”, narró la abogada Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento legal a las víctimas de Ayotzinapa.

“Como los policías seguían disparándoles por detrás, lo que hicieron algunos normalistas que venían en el primer autobús fue descender, para intentar retirar la patrulla que les impedía el paso, Aldo fue uno de los jóvenes que bajó para mover esa patrulla y en ese momento recibió un disparo en la cabeza, que lo mantiene en coma hasta la fecha”, detalló.

Aunque luego del ataque, los policías agresores limpiaron la escena del crimen (retirando todos los casquillos que pudieron encontrar), y a pesar de que la Fiscalía de Guerrero no realizó ninguna acción posterior para preservar las evidencias en la zona, se pudo comprobar que los uniformados usaron en contra de los normalistas, entre otras armas, al menos siete fusiles de asalto alemanes Heckler & Coch, y de hecho, en la zona de Juan N. Álvarez se pudieron rescatar casquillos de tres de estas ametralladoras.

Desde 2010, esta empresa fabricante de armamento de guerra comenzó a ser investigada en Alemania, luego de que el gobierno de ese país le prohibiera vender armas cuyo destino final fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, debido a la situación de violencia y violación de derechos humanos en esas entidades.

Con el paso de los años, sin embargo, se pudo comprobar que el veto a la venta de armas alemanas a esos estados no fue cumplido, y de hecho, de los 10 mil fusiles de guerra que esta empresa vendió a México, 49% terminaron precisamente en esas cuatro entidades vetadas.

Tal como consta en documentación oficial, de esos 4 mil 900 fusiles que se entregaron a estados mexicanos vetados por las normas alemanas, 2 mil llegaron a Guerrero, y de ellas un centenar terminó en manos de las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco, controladas por el crimen organizado.

Entre ellas iban los fusiles de guerra disparados contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

Por ello, explicó la abogada del Centro Pro, “el caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra la empresa Heckler & Koch, porque prueba fehacientemente que estas armas no sólo terminaron en estados mexicanos vetados por la ley alemana, sino que fueron usadas para violar los derechos humanos de personas indefensas”.

Por el momento, detalló la abogada, “en Alemania se está juzgando a cinco funcionarios de la fábrica de armas, así como a la empresa misma Heckler & Koch, por presunta corrupción, al haber establecido, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (del gobierno mexicano), un método para burlar la prohibición de venta de armas cuyo destino final fueran los estados de Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas”.

La venta de armas, subrayó la abogada, se realizó directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, y este órgano del gobierno mexicano fue el encargado de repartir el armamento.

Así, por un lado, la empresa alemana no hizo nada para evitar que esas armas terminaran en las entidades prohibidas previamente, y el Ejército mexicano no hizo nada para respetar las normas alemanas que enmarcaban la compra de ese armamento.

“Los testimonios que se han vertido en el juicio –señaló la abogada– apuntan a que cada vez que un arma alemana era entregada a una entidad vetada, un general del Ejército mexicano que recibía una cantidad de dinero”. De acuerdo con la información obtenida por Animal Político, este personaje ocupaba el cargo de Director de Comercialización de Armamento y Municiones del Ejército.

El amplio número de armas que terminaron en dichos estados vetados (casi 5 mil fusiles de asalto) “demuestra que Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas eran un mercado importante para la empresa Heckler & Koch, entonces, en conjunto con funcionarios de la Sedena, idearon un mecanismo para ocultar que las armas eran destinadas a dichas entidades”.

El juicio que se inició en Alemania en mayo pasado, detalló la abogada, está previsto para concluirse en octubre. Y mientras eso pasa allá, en México las autoridades no han realizado investigación alguna en torno a este presunto caso de tráfico ilegal de armas.

Por el contrario, en junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que al menos 16 fusiles de guerra Heckler & Koch entregados a la Policía de Iguala, fueron destruidos por el mismo Ejército Mexicano luego del ataque a los normalistas, impidiendo así analizarlas para determinar si esas armas se emplearon en el atentado contra los estudiantes.

El pretexto usado por el Ejército para justificar esta destrucción de evidencia fue que ese es el trato habitual para el armamento viejo.

Esta destrucción deliberada de “evidencia balística” fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una “grave falta” por parte de las autoridades mexicanas.

La fuerza

De las cien armas Heckler & Koch con las que contaban las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco en 2014, al menos siete fueron disparadas contra los normalistas la noche del 26 de septiembre de ese año.

Debido a que los mismos policías agresores limpiaron la escena del crimen, y a que la Fiscalía de Guerrero no realizó ninguna acción encaminada a preservar las evidencias, “es muy probable que no sólo se hayan usado siete de las armas alemanas contra los estudiantes normalistas, sino muchas más –afirma la abogada Sofía de Robina–.

Pero, lamentablemente, las pocas evidencias que sobrevivieron a la mala labor de las autoridades judiciales sólo permiten identificar el uso de siete armas alemanas, de las cuales tres fueron disparadas en Juan N. Álvarez, donde Aldo cayó gravemente herido”.

Una de esas tres armas disparadas en Juan N. Álvarez es el fusil de asalto Heckler & Koch asignado al policía José Vicencio Flores.

Las declaraciones de este policía, luego de ser capturado, ilustran bajo qué criterios eran empleadas esas armas, y cómo asumían los integrantes de esta corporación de seguridad pública sus responsabilidades ante la población.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el policía José Vicencio Flores reconoce haber estado en servicio activo en la ciudad de Iguala, sin embargo, en su declaración negó haberse percatado de la presencia de normalistas de Ayotzinapa en la zona, ni de que éstos hayan sido tiroteados por sus compañeros de corporación en al menos seis puntos distintos de la ciudad, para luego ser raptados en patrullas y desaparecidos.

Aunque casquillos disparados esa noche por su rifle de asalto alemán fueron descubiertos en la calle Juan N. Álvarez, este policía negó haber participado en la agresión a los normalistas y, de hecho, el único recuerdo que admitió guardar de esos hechos fue cuando (en la mañana del 27 de septiembre de 2014, horas después de los ataques) él y todos sus compañeros policías fueron puestos bajo arresto por cuerpos de seguridad federales.

Cuando a este policía de Iguala se le preguntó qué entendía él por el concepto “uso de la fuerza pública”, el uniformado respondió: “Sé que se emplea el uso de la fuerza cuando hay una manifestación”.

Cuando se le preguntó cuándo podía él hacer uso legítimo de la fuerza, la respuesta fue “no me acuerdo”.

Esa misma fue la frase que repitió cuando se le preguntó cuáles protocolos aplicaba en su trabajo policial; qué significa “uso de la fuerza necesaria”; cuáles son los casos en los que puede hacer uso legítimo de la fuerza letal; o cuáles son las limitaciones al uso de la fuerza. Para todo, la respuesta fue “no me acuerdo”, “no me acuerdo”, “no me acuerdo”.

Aldo

Aunque Aldo no fue reconocido por la Corte de Stuttgart, Alemania, como “víctima” en el juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, los funcionarios judiciales que participan en el juicio, e incluso los cinco ejecutivos de la fábrica de armas que están acusados de corrupción, pudieron conocer al joven normalista este 26 de septiembre de 2018, tal como era antes del ataque, y cómo vive hoy.

“Aldo se encuentra en estado vegetativo, conectado a tres sondas: una para respirar, otra para comer, y una más para evacuar –narra la abogada Sofía de Robina–, él no pudo estar físicamente en la audiencia que se celebró en la Corte de Stuttgart, y quien acudió en su representación fue su hermano, Leonel, que desde entonces está pendiente de sus cuidados, junto con sus otros 13 hermanos.” 

Leonel acudió a la sala de audiencias con dos fotos: una de Aldo antes del ataque, y una de él, en su estado actual de salud, y “tanto los ministros como los inculpados pudieron no sólo ver las consecuencias que generó este tráfico ilegal de armamento, sino que pudieron escuchar del sufrimiento de Aldo, en voz de su hermano Leonel, y eso fue muy importante”. 

Aldo no fue reconocido como víctima en este juicio, aclaró la abogada, no por desdén de las autoridades alemanas, sino porque se concluyó que en este momento sólo deben analizarse las violaciones cometidas por Heckler & Koch en materia de derecho comercial, y al concluir ese juicio puede iniciarse uno nuevo, por las consecuencias concretas que esa venta ilegal de armas generó en los estados en los que estaba prohibida su distribución.

“El juicio inició en mayo y está programada su conclusión en este mes de octubre –señaló la abogada–, por lo que en breve podrá saberse cuál es la conclusión a la que llegan los jueces alemanes.”

–¿Cuáles son sus expectativas en relación con este juicio?- se preguntó a la abogada del Centro Pro.

–Sabemos que Stuttgart es una zona con una importante actividad económica, en donde las empresas tienen mucha influencia, y sabemos que la Corte de Stuttgart ha mostrado posturas conservadoras y favorables a los intereses empresariales en el pasado, así que no podemos asegurar que el veredicto será adverso para la fábrica de armas.

Sin embargo, está claramente demostrado el mecanismo empleado para traficar armas hacia zonas de México a donde dichas armas no podían llegar. Por eso, aún si la Corte de Stuttgart emite un fallo favorable a Heckler & Koch, será posible impugnar ese fallo.

–¿Cuál es la situación que enfrentan Aldo y su familia en la actualidad? –

–Aldo está en estado vegetativo, y eso quizás no vaya a cambiar. El disparo que recibió destruyó alrededor de 70% de su cerebro. Durante los primeros momentos y días posteriores a la lesión, Aldo no recibió una atención médica adecuada: al día siguiente de los hechos, cuando su familia llegó al Hospital General de Iguala para saber su estado de salud, se encontraron con que los médicos de ese hospital no habían hecho nada, sólo le habían puesto una bolsa de hielos en la cabeza, y de hecho le dijeron a la familia que estaba por morir, que mejor se lo llevaran a morir a su casa.

Luego de permanecer 12 días bajo prácticamente nula atención médica en el Hospital General de Iguala, Aldo fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México, donde recibió atención durante los dos años siguientes, y finalmente fue transferido al Instituto Nacional de Rehabilitación, también en la capital del país, donde permanece hasta la fecha.

“Estos cuatro años que Aldo ha estado en diferentes hospitales, la familia se ha tenido que hacer cargo de él las 24 horas del día, los siete días de la semana –explicó la abogada–. La verdad es que se trata de una familia, como todas las familias de Ayotzinapa, con una dignidad impresionante y una fuerza y una moral impresionantes: Lo que hacen lo hacen con mucho amor, es muy tierno verlos platicarle cosas, cómo intentan bromear con él, cómo le ponen los partidos de futbol que tanto le gustaba ver, es un cuidado muy lindo por parte de personas que no pueden hacer mucho más que estar ahí, junto a Aldo”. 

Pero el costo para la familia ha sido inconmensurable: no sólo vieron truncado el proyecto de vida del menor de la familia, hoy postrado en estado de coma; sino que, para poder permanecer a su lado, muchos de ellos han tenido que abandonar sus trabajos, total o parcialmente, y dejar en Guerrero a sus hijos y cónyuges, para poder estar en la Ciudad de México.

Para atenuar esta crisis económica y afectiva en la que se encuentra la familia de Aldo, pero sobre todo para cumplir la recomendación médica de acercarlo a su hogar, en la actualidad se construye en Ayutla, el municipio de procedencia de esta familia, una casa para Aldo, que contará con una habitación acondicionada y técnicamente equipada con todos los instrumentos que requiere la terapia de rehabilitación de Aldo.

Esta casa contará también con espacios para que los familiares encargados de su cuidado puedan habitar con él dignamente, y tendrá un patio donde la familia, campesina, pueda mantener a sus animales.

El compromiso de las autoridades, además, es proveer de capacitación tanto a las enfermeras que deberán estar al cuidado de Aldo de forma permanente, como a los familiares que lo asistan, así como mantener una ambulancia a su disposición, y un área especial para su atención médica en el hospital de Ayutla, para que pueda recibir auxilios médicos adecuados en caso de emergencia.

“No hay en realidad muchas posibilidades de que la situación de Aldo cambie para mejor, entonces, el trabajo es mantenerlo estable –señaló la abogada–. La mejoría, sin embargo, es evidente. Sus hermanos cuentan que Aldo sigue siendo berrinchudo, como siempre lo fue, y que cuando le toca bañarse notan cómo se tensa, porque no le gusta. Y cuentan también que cuando comienzan a hablar de la noche de Iguala, perciben cómo Aldo se tensa, y es ahora algo evidente porque Aldo es muy grande, y muy fuerte. En los dos primeros años, perdió mucha masa muscular, pero luego de eso, con las terapias, ha recuperado fuerza muscular, y eso habla de la buena reacción ante el cuidado que su familia le está dando”.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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