close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Facebook.com/hecklerandkoch

Alemania enjuicia a fábrica de armas usadas contra normalistas; en México, el Ejército destruye evidencias

El caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra Heckler & Koch, indicó una abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; se está juzgando por presunta corrupción a cinco funcionarios de esa fábrica.
Facebook.com/hecklerandkoch
Comparte

El pasado 26 de septiembre, mientras el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunía con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron detenidos y desaparecidos hace cuatro años, al otro lado del mundo, en Alemania, Aldo Gutiérrez, uno de los sobrevivientes del ataque, hizo presencia simbólica en el juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, la cual ilegalmente proveyó parte del armamento que se usó contra los normalistas.

Aldo Gutiérrez Solano es el joven que, desde la noche del 26 de septiembre de 2014, permanece en coma tras recibir un disparo de arma en la cabeza, durante el ataque que las autoridades perpetraron contra normalistas en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, en Iguala, Guerrero.

“Cuando los normalistas comenzaron a ser tiroteados por la policía en Iguala, ellos intentaron huir a bordo de los autobuses que acababan de sacar de la terminal, a través de la calle Juan N. Álvarez; sin embargo, casi a punto de salir de esa calle, la policía interpuso una patrulla en su camino, para impedirles escapar”, narró la abogada Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento legal a las víctimas de Ayotzinapa.

“Como los policías seguían disparándoles por detrás, lo que hicieron algunos normalistas que venían en el primer autobús fue descender, para intentar retirar la patrulla que les impedía el paso, Aldo fue uno de los jóvenes que bajó para mover esa patrulla y en ese momento recibió un disparo en la cabeza, que lo mantiene en coma hasta la fecha”, detalló.

Aunque luego del ataque, los policías agresores limpiaron la escena del crimen (retirando todos los casquillos que pudieron encontrar), y a pesar de que la Fiscalía de Guerrero no realizó ninguna acción posterior para preservar las evidencias en la zona, se pudo comprobar que los uniformados usaron en contra de los normalistas, entre otras armas, al menos siete fusiles de asalto alemanes Heckler & Coch, y de hecho, en la zona de Juan N. Álvarez se pudieron rescatar casquillos de tres de estas ametralladoras.

Desde 2010, esta empresa fabricante de armamento de guerra comenzó a ser investigada en Alemania, luego de que el gobierno de ese país le prohibiera vender armas cuyo destino final fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, debido a la situación de violencia y violación de derechos humanos en esas entidades.

Con el paso de los años, sin embargo, se pudo comprobar que el veto a la venta de armas alemanas a esos estados no fue cumplido, y de hecho, de los 10 mil fusiles de guerra que esta empresa vendió a México, 49% terminaron precisamente en esas cuatro entidades vetadas.

Tal como consta en documentación oficial, de esos 4 mil 900 fusiles que se entregaron a estados mexicanos vetados por las normas alemanas, 2 mil llegaron a Guerrero, y de ellas un centenar terminó en manos de las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco, controladas por el crimen organizado.

Entre ellas iban los fusiles de guerra disparados contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

Por ello, explicó la abogada del Centro Pro, “el caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra la empresa Heckler & Koch, porque prueba fehacientemente que estas armas no sólo terminaron en estados mexicanos vetados por la ley alemana, sino que fueron usadas para violar los derechos humanos de personas indefensas”.

Por el momento, detalló la abogada, “en Alemania se está juzgando a cinco funcionarios de la fábrica de armas, así como a la empresa misma Heckler & Koch, por presunta corrupción, al haber establecido, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (del gobierno mexicano), un método para burlar la prohibición de venta de armas cuyo destino final fueran los estados de Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas”.

La venta de armas, subrayó la abogada, se realizó directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, y este órgano del gobierno mexicano fue el encargado de repartir el armamento.

Así, por un lado, la empresa alemana no hizo nada para evitar que esas armas terminaran en las entidades prohibidas previamente, y el Ejército mexicano no hizo nada para respetar las normas alemanas que enmarcaban la compra de ese armamento.

“Los testimonios que se han vertido en el juicio –señaló la abogada– apuntan a que cada vez que un arma alemana era entregada a una entidad vetada, un general del Ejército mexicano que recibía una cantidad de dinero”. De acuerdo con la información obtenida por Animal Político, este personaje ocupaba el cargo de Director de Comercialización de Armamento y Municiones del Ejército.

El amplio número de armas que terminaron en dichos estados vetados (casi 5 mil fusiles de asalto) “demuestra que Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas eran un mercado importante para la empresa Heckler & Koch, entonces, en conjunto con funcionarios de la Sedena, idearon un mecanismo para ocultar que las armas eran destinadas a dichas entidades”.

El juicio que se inició en Alemania en mayo pasado, detalló la abogada, está previsto para concluirse en octubre. Y mientras eso pasa allá, en México las autoridades no han realizado investigación alguna en torno a este presunto caso de tráfico ilegal de armas.

Por el contrario, en junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que al menos 16 fusiles de guerra Heckler & Koch entregados a la Policía de Iguala, fueron destruidos por el mismo Ejército Mexicano luego del ataque a los normalistas, impidiendo así analizarlas para determinar si esas armas se emplearon en el atentado contra los estudiantes.

El pretexto usado por el Ejército para justificar esta destrucción de evidencia fue que ese es el trato habitual para el armamento viejo.

Esta destrucción deliberada de “evidencia balística” fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una “grave falta” por parte de las autoridades mexicanas.

La fuerza

De las cien armas Heckler & Koch con las que contaban las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco en 2014, al menos siete fueron disparadas contra los normalistas la noche del 26 de septiembre de ese año.

Debido a que los mismos policías agresores limpiaron la escena del crimen, y a que la Fiscalía de Guerrero no realizó ninguna acción encaminada a preservar las evidencias, “es muy probable que no sólo se hayan usado siete de las armas alemanas contra los estudiantes normalistas, sino muchas más –afirma la abogada Sofía de Robina–.

Pero, lamentablemente, las pocas evidencias que sobrevivieron a la mala labor de las autoridades judiciales sólo permiten identificar el uso de siete armas alemanas, de las cuales tres fueron disparadas en Juan N. Álvarez, donde Aldo cayó gravemente herido”.

Una de esas tres armas disparadas en Juan N. Álvarez es el fusil de asalto Heckler & Koch asignado al policía José Vicencio Flores.

Las declaraciones de este policía, luego de ser capturado, ilustran bajo qué criterios eran empleadas esas armas, y cómo asumían los integrantes de esta corporación de seguridad pública sus responsabilidades ante la población.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el policía José Vicencio Flores reconoce haber estado en servicio activo en la ciudad de Iguala, sin embargo, en su declaración negó haberse percatado de la presencia de normalistas de Ayotzinapa en la zona, ni de que éstos hayan sido tiroteados por sus compañeros de corporación en al menos seis puntos distintos de la ciudad, para luego ser raptados en patrullas y desaparecidos.

Aunque casquillos disparados esa noche por su rifle de asalto alemán fueron descubiertos en la calle Juan N. Álvarez, este policía negó haber participado en la agresión a los normalistas y, de hecho, el único recuerdo que admitió guardar de esos hechos fue cuando (en la mañana del 27 de septiembre de 2014, horas después de los ataques) él y todos sus compañeros policías fueron puestos bajo arresto por cuerpos de seguridad federales.

Cuando a este policía de Iguala se le preguntó qué entendía él por el concepto “uso de la fuerza pública”, el uniformado respondió: “Sé que se emplea el uso de la fuerza cuando hay una manifestación”.

Cuando se le preguntó cuándo podía él hacer uso legítimo de la fuerza, la respuesta fue “no me acuerdo”.

Esa misma fue la frase que repitió cuando se le preguntó cuáles protocolos aplicaba en su trabajo policial; qué significa “uso de la fuerza necesaria”; cuáles son los casos en los que puede hacer uso legítimo de la fuerza letal; o cuáles son las limitaciones al uso de la fuerza. Para todo, la respuesta fue “no me acuerdo”, “no me acuerdo”, “no me acuerdo”.

Aldo

Aunque Aldo no fue reconocido por la Corte de Stuttgart, Alemania, como “víctima” en el juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, los funcionarios judiciales que participan en el juicio, e incluso los cinco ejecutivos de la fábrica de armas que están acusados de corrupción, pudieron conocer al joven normalista este 26 de septiembre de 2018, tal como era antes del ataque, y cómo vive hoy.

“Aldo se encuentra en estado vegetativo, conectado a tres sondas: una para respirar, otra para comer, y una más para evacuar –narra la abogada Sofía de Robina–, él no pudo estar físicamente en la audiencia que se celebró en la Corte de Stuttgart, y quien acudió en su representación fue su hermano, Leonel, que desde entonces está pendiente de sus cuidados, junto con sus otros 13 hermanos.” 

Leonel acudió a la sala de audiencias con dos fotos: una de Aldo antes del ataque, y una de él, en su estado actual de salud, y “tanto los ministros como los inculpados pudieron no sólo ver las consecuencias que generó este tráfico ilegal de armamento, sino que pudieron escuchar del sufrimiento de Aldo, en voz de su hermano Leonel, y eso fue muy importante”. 

Aldo no fue reconocido como víctima en este juicio, aclaró la abogada, no por desdén de las autoridades alemanas, sino porque se concluyó que en este momento sólo deben analizarse las violaciones cometidas por Heckler & Koch en materia de derecho comercial, y al concluir ese juicio puede iniciarse uno nuevo, por las consecuencias concretas que esa venta ilegal de armas generó en los estados en los que estaba prohibida su distribución.

“El juicio inició en mayo y está programada su conclusión en este mes de octubre –señaló la abogada–, por lo que en breve podrá saberse cuál es la conclusión a la que llegan los jueces alemanes.”

–¿Cuáles son sus expectativas en relación con este juicio?- se preguntó a la abogada del Centro Pro.

–Sabemos que Stuttgart es una zona con una importante actividad económica, en donde las empresas tienen mucha influencia, y sabemos que la Corte de Stuttgart ha mostrado posturas conservadoras y favorables a los intereses empresariales en el pasado, así que no podemos asegurar que el veredicto será adverso para la fábrica de armas.

Sin embargo, está claramente demostrado el mecanismo empleado para traficar armas hacia zonas de México a donde dichas armas no podían llegar. Por eso, aún si la Corte de Stuttgart emite un fallo favorable a Heckler & Koch, será posible impugnar ese fallo.

–¿Cuál es la situación que enfrentan Aldo y su familia en la actualidad? –

–Aldo está en estado vegetativo, y eso quizás no vaya a cambiar. El disparo que recibió destruyó alrededor de 70% de su cerebro. Durante los primeros momentos y días posteriores a la lesión, Aldo no recibió una atención médica adecuada: al día siguiente de los hechos, cuando su familia llegó al Hospital General de Iguala para saber su estado de salud, se encontraron con que los médicos de ese hospital no habían hecho nada, sólo le habían puesto una bolsa de hielos en la cabeza, y de hecho le dijeron a la familia que estaba por morir, que mejor se lo llevaran a morir a su casa.

Luego de permanecer 12 días bajo prácticamente nula atención médica en el Hospital General de Iguala, Aldo fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México, donde recibió atención durante los dos años siguientes, y finalmente fue transferido al Instituto Nacional de Rehabilitación, también en la capital del país, donde permanece hasta la fecha.

“Estos cuatro años que Aldo ha estado en diferentes hospitales, la familia se ha tenido que hacer cargo de él las 24 horas del día, los siete días de la semana –explicó la abogada–. La verdad es que se trata de una familia, como todas las familias de Ayotzinapa, con una dignidad impresionante y una fuerza y una moral impresionantes: Lo que hacen lo hacen con mucho amor, es muy tierno verlos platicarle cosas, cómo intentan bromear con él, cómo le ponen los partidos de futbol que tanto le gustaba ver, es un cuidado muy lindo por parte de personas que no pueden hacer mucho más que estar ahí, junto a Aldo”. 

Pero el costo para la familia ha sido inconmensurable: no sólo vieron truncado el proyecto de vida del menor de la familia, hoy postrado en estado de coma; sino que, para poder permanecer a su lado, muchos de ellos han tenido que abandonar sus trabajos, total o parcialmente, y dejar en Guerrero a sus hijos y cónyuges, para poder estar en la Ciudad de México.

Para atenuar esta crisis económica y afectiva en la que se encuentra la familia de Aldo, pero sobre todo para cumplir la recomendación médica de acercarlo a su hogar, en la actualidad se construye en Ayutla, el municipio de procedencia de esta familia, una casa para Aldo, que contará con una habitación acondicionada y técnicamente equipada con todos los instrumentos que requiere la terapia de rehabilitación de Aldo.

Esta casa contará también con espacios para que los familiares encargados de su cuidado puedan habitar con él dignamente, y tendrá un patio donde la familia, campesina, pueda mantener a sus animales.

El compromiso de las autoridades, además, es proveer de capacitación tanto a las enfermeras que deberán estar al cuidado de Aldo de forma permanente, como a los familiares que lo asistan, así como mantener una ambulancia a su disposición, y un área especial para su atención médica en el hospital de Ayutla, para que pueda recibir auxilios médicos adecuados en caso de emergencia.

“No hay en realidad muchas posibilidades de que la situación de Aldo cambie para mejor, entonces, el trabajo es mantenerlo estable –señaló la abogada–. La mejoría, sin embargo, es evidente. Sus hermanos cuentan que Aldo sigue siendo berrinchudo, como siempre lo fue, y que cuando le toca bañarse notan cómo se tensa, porque no le gusta. Y cuentan también que cuando comienzan a hablar de la noche de Iguala, perciben cómo Aldo se tensa, y es ahora algo evidente porque Aldo es muy grande, y muy fuerte. En los dos primeros años, perdió mucha masa muscular, pero luego de eso, con las terapias, ha recuperado fuerza muscular, y eso habla de la buena reacción ante el cuidado que su familia le está dando”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
Comparte

Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Getty Images
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Reuters
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

Getty Images
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=hBN2H-E3KAc

https://www.youtube.com/watch?v=oFbgfkh4cj8

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.