Víctimas y especialistas critican a Segob por dar datos no confirmados de desaparecidos a sus familiares
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Víctimas y especialistas critican a Segob por dar datos no confirmados de desaparecidos a sus familiares

Para el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, integrado por familiares de desaparecidos y especialistas en derechos humanos, el anuncio sobre coincidencias de huellas dactilares con cuerpos en servicios forenses, hecho por Alfonso Navarrete “pretende mostrar como resultado exitoso información que no ha sido confirmada".
Cuartoscuro
10 de octubre, 2018
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El Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas rechazó el “triunfalismo mediático” del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, quien este martes encabezó la instalación de dicho sistema.

En el evento, el Consejo Nacional, conformado por familiares de personas desaparecidas y especialistas en la materia, “expresó su beneplácito por la instalación del sistema, aunque con casi cinco meses de retraso, e instó a las autoridades de las entidades federativas que aún no han puesto en marcha las comisiones locales de búsqueda, que son alrededor del 80%, a que lo hagan de inmediato, con el fin de poner en operación al sistema en su conjunto”.

A través de un comunicado, el Consejo calificó de “sorpresivo” el anuncio hecho por el titular de la secretaría de Gobernación, respecto a la obtención de “más de 4 mil 500 coincidencias” derivadas del cruce de “registros de huellas dactilares”, llevadas a cabo con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, Servicios Periciales y por la Comisión Nacional de Búsqueda, así como por el de “340 casos en que hay confirmación preliminar de nombre y apellidos”.

Estos resultados fueron presentados por Navarrete como  “un hecho sin precedentes en materia de identificaciones”.

Para los integrantes del Consejo, el anuncio “pretende mostrar como resultado exitoso información que no ha sido confirmada y que no representa más que hipótesis derivadas de trabajo de cruce de bases de datos, que debe confirmarse por diferentes medios y pericias, y constar en dictámenes multidisciplinarios integrados de identificación, como se ha hecho saber a autoridades en diferentes reuniones de trabajo”.

El Consejo Ciudadano externó su preocupación por “el manejo de información no confirmada respecto de la identificación de personas desaparecidas, que genera expectativas falsas en las familias que están en búsqueda de sus seres queridos”.

Por ello, pidió a las autoridades anunciar las identificaciones solo “cuando han concluido totalmente, (lo que) implica realizar informes multidisciplinarios y notificar previamente a las familias”.

“Los triunfalismos mediáticos no corroborados solamente generan un ambiente de desconcierto, que no es otra cosa que revictimización. Esto es particularmente grave, pues se enfrenta hace meses un clima de gran incertidumbre y angustia ante los recientes hallazgos sucedidos en Veracruz y Jalisco, a los que ahora se suma este anuncio, sin que se conozca de los mecanismos que se van a poner en marcha para informar a las familias de estos procesos”, aseveró.

Este martes 9 de octubre, durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Alfonso Navarrete anunció que de los 37 mil 485 registros oficiales con que cuentan las autoridades en esta materia, “se pudieron obtener 6 mil registros completos que pudieran darnos oportunidad de iniciar seriamente una búsqueda y localización de algún familiar o persona desaparecida que se encontrara o hubiera desaparecido en territorio nacional”.

De acuerdo con el secretario, 16 mil de estos registros “se tenían con huellas dactilares y fotos”, por lo que realizaron un trabajo de “unificación de plataformas” con los datos recabados por los Servicios Periciales y la lista nominal con fotografías, nombre y huellas del Instituto Nacional Electoral.

Navarrete Prida señaló que, este cruce de datos “no necesariamente con un dejo de satisfacción o triunfalismo, pero está dando frutos y resultados. Tenemos 4 mil 500 coincidencias”.

De las 4 mil 500 coincidencias que anunció, dijo, solo tienen “certeza” del nombre y apellido de 340 “que tienen más de tres años de su desaparición. Tres años de dolor y de búsqueda”.

El secretario informó que, sin embargo, “estas 4 mil 500 coincidencias y lo que vaya arrojando el cruce de datos tiene que reconfirmarse, porque por diversas razones podrían no coincidir en la base de datos”. La confirmación se dará la próxima semana.

El funcionario anunció que continúan en proceso de conformación de las Comisiones de Búsqueda locales, y que este es complicado en algunos estados de la república, aunque “no significa por ello que varias instancias de gobiernos locales no estén trabajando con el Sistema o con el comisionado”.

De acuerdo con el Alfonso Navarrete, “el Sistema Nacional de Seguridad Pública comprometió recursos a través de uno de los programas por 28 millones de pesos para que los estados también pudieran apoyar en la construcción de las comisiones locales”.

“Ahí está el recurso, si es por razones económicas que no se están terminando de construir”, indicó.


El pasado 11 de julio, el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitió su primera Recomendación (01/2018), a las autoridades que integran dicho sistema, en la que identificó que la asignación de recursos para buscar desaparecidos es “insuficiente”, y que hay desconocimiento de la Ley General en la materia por parte de los funcionarios responsables.

También señalaron que existe falta de coordinación entre autoridades para la búsqueda de personas, deficiencias en el proyecto de Protocolo Homologado de Investigación en la materia, y que los procesos de participación para las familias y los operadores ministeriales son “poco planeados”, lo que entorpece los rastreos.

Por ello, el Consejo Ciudadano recomendó a las autoridades garantizar la asignación suficiente de recursos para que opere de forma adecuada la Comisión Nacional de Búsqueda, así como sus homólogas locales, que se impulsen medidas para homologar los contenidos de la Ley General en la materia y establecer mecanismos permanentes de coordinación entre los responsables de investigar las desapariciones.

Asimismo llamaron a que se consolide la generación de un Protocolo aparte del Protocolo Homologado de Investigación, que amplíe los aspectos relativos a la identificación y entrega de restos a las familias, y que se adopten medidas para garantizar el derecho de participación en los procesos de búsqueda a las familias de las víctimas.

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Las elecciones más cruciales en América Latina en 2021 (y por qué pueden definir el rumbo de la región)

Castigados por la pandemia y la crisis económica, y en el marco de un amplio descontento popular, varios países latinoamericanos irán a las urnas en el correr del año.
2 de enero, 2021
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Más pobres, vulnerables y ansiosos que unos meses atrás, millones de latinoamericanos buscarán responder en 2021 algo urgente: ¿quién puede sacarlos del pozo en que se encuentran?

La pregunta dominará las elecciones que varios países de América Latina prevén celebrar en el transcurso del año, tras la muerte y devastación causada por la pandemia de covid-19.

Los datos estremecen: la región sufre la que ha sido llamada supeor contracción económica en un siglo, cercana a 8% en 2020, con unos 40 millones de personas entrando en la pobreza.

Los expertos anticipan que en este contexto puede acentuarse un fenómeno que ya se veía en Latinoamérica antes de la pandemia: la tendencia a cambiar de gobernantes, que pagarán el costo de la crisis ya sean de izquierda o derecha.

“Las elecciones van a ser un soberano voto de castigo para los gobiernos“, le dice Carlos Malamud, investigador principal para la región del Real Instituto Elcano, a BBC Mundo.

Otros advierten que la situación puede propiciar incluso el surgimiento de líderes populistas y de nuevas protestas callejeras: el rumbo político de la región puede definirse en 2021 tanto en las urnas como en las calles.

Entre febrero y noviembre

El calendario electoral latinoamericano 2021 tiene una primera entrada en Ecuador el 7 de febrero.

En la disputa están el banquero y empresario Guillermo Lasso, el líder indígena Yaku Pérez y el economista Andrés Arauz, un delfín del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), cuya condena por un caso de corrupción le impidió ser candidato a vicepresidente.

Una manifestación en Quito

EPA
Ecuador tiene previsto celebrar elecciones en febrero.

Con opciones tan diferentes en medio de la crisis económica y un gran descrédito de las instituciones, la elección ecuatoriana puede ser un anticipo de lo que ocurrirá luego en otros países de la región.

En el vecino Perú, sacudido por la pandemia y una fuerte inestabilidad política que le ha llevado a tener tres presidentes distintos durante 2020, las elecciones generales están marcadas para el 11 de abril.

La crisis de liderazgo peruana ha derivado en la preparación de más de una veintena de candidaturas presidenciales, ninguna con una mayoría clara en las encuestas, que marcan una amplia indecisión o apatía de los votantes.

Otro país con un complejo panorama es Chile, que tiene elecciones previstas para el 21 de noviembre, tras la gigantesca ola de protestas callejeras de 2019 y la elección por voto popular de una convención constituyente en abril próximo.

Las encuestas marcan como principales precandidatos chilenos al alcalde comunista Daniel Jadue, al alcalde conservador Joaquín Lavín y a la diputada Pamela Jiles, aunque el escenario puede variar en los próximos meses.

Dos mujeres se abrazan durante las celebraciones en Chile por la victoria del Apruebo

Reuters
Chile irá a elecciones mientras redacta una nueva Constitución.

En noviembre también hay elecciones previstas en Honduras y Nicaragua, donde analistas anticipan que el presidente Daniel Ortega buscará pasar a su esposa Rosario Murillo el poder que ejerce desde 2007, según sus opositores en base a fraudes electorales.

Además, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina tendrán tests de popularidad en junio y octubre respectivamente, con elecciones legislativas de mitad de mandato previstas en sus países.

Entre protestas y populismos

La crisis de América Latina plantea en algunos países una necesidad de reformular el contrato social, lo cual es “una buena oportunidad para evitar el surgimiento de opciones populistas, que las va a haber de todos los colores”, sostiene Malamud.

El malestar social a lo largo de la región quedó de manifiesto en noviembre con las protestas masivas en Perú, que causaron la caída de un presidente, y en Guatemala, que acabaron con el Congreso en llamas y la suspensión de un proyecto de presupuesto para 2021.

Guatemala

Reuters
El malestar social latinoamericano se expresó en protestas como las que estremecieron a Guatemala e noviembre.

Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, cree que las protestas en la región van a resurgir cuando los gobiernos decidan acabar con las ayudas sociales que implementaron ante la pandemia.

“Se pueden producir inestabilidades si los gobiernos no logran entender, y los nuestros claramente no han entendido todavía, en qué consiste la demanda (de ayudas sociales): ellos creen que es una demanda pasajera y la pandemia la ha transformado en una demanda permanente“, le dice Lagos a BBC Mundo.

A su juicio, esto puede llevar al ascenso de líderes populistas en la región.

Los pueblos van a privilegiar el presente, que nunca ha sido tan importante como en la pandemia“, señala. “Y el populismo es el presente: tratar de parchar lo inmediato sin ninguna visión de futuro”.

“Por lo tanto”, agrega, “la probabilidad de que surjan candidatos populistas es muy alta”.


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