Empresas telefónicas dan datos de usuarios a autoridades que no están facultadas para pedirlos, acusa ONG
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Empresas telefónicas dan datos de usuarios a autoridades que no están facultadas para pedirlos, acusa ONG

Al recibir 46,110 solicitudes de datos por parte de autoridades no facultadas o indeterminadas, en 40,839 casos (88.6%) las empresas telefónicas entregaron la información, indicó un estudio de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
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Por Redacción Animal Político
4 de octubre, 2018
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Entre 2016 y 2017, empresas de telefonía en México dieron datos de llamadas de miles de usuarios a autoridades que no están facultades para solicitarlos, acusó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en el reporte ¿Quién no defiende tus datos?.

La organización señaló incumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad y justicia por parte de empresas de telecomunicaciones, en dicho periodo, violaciones sistemáticas al derecho a la privacidad y la protección de datos personales, y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está cumpliendo en su deber de dar información a los ciudadanos, sobre este tipo de procedimientos.

R3D recordó que, de acuerdo con una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte, solo la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías estatales, la Policía Federal y el CISEN están facultadas para solicitar a las empresas datos de llamadas de usuarios como el número entrante y saliente, duración de las llamadas, fecha y hora, datos de los dispositivos, y ubicación geográfica.

Sin embargo, entre 2016 y 2017 al recibir 46,110 solicitudes de datos por parte de autoridades no facultadas o indeterminadas, en 40,839 casos (88.6%) los datos fueron entregados por las compañías telefónicas, y solo fueron rechazadas 5,271 peticiones.

“Entre las autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia que obtuvieron acceso a datos de usuarios se encuentran los Institutos electorales de la Ciudad de México y de Oaxaca, los gobiernos del estado de México y de Colima, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal del Consumidor”, apuntó R3D.

En los años mencionados, en total las empresas de telecomunicaciones reportaron haber recibido poco más de 140 mil solicitudes de acceso a datos de llamadas, y de localización geográfica, 140 mil 454 y 6 mil 099 solicitudes, respectivamente.

En el 97 por ciento de los casos, de ese total, las empresas accedieron a dar la información.

“De manera preocupante, el informe encontró que Telcel y Telmex entregaron información en el 100 por ciento de las solicitudes recibidas (110,214 y 6,402, respectivamente)”, detalló la organización.

“Movistar otorgó los datos en 83.4 por ciento de las ocasiones; y AT&T, en 61.5 por ciento. Merece la pena destacar que 31 por ciento de las solicitudes recibidas por Telcel (y entregadas en su totalidad) fueron efectuadas por autoridades sin facultades o no identificadas”, agregó.

Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo en entrevista que las empresas telefónicas no tienen procedimientos o protocolos adecuados, para identificar qué solicitudes de autoridades deben responder, y cuáles no.

“Las empresas deberían recibir las solicitudes, y cerciorarse de que la autoridad que requiere información está facultada para hacerlo, y de que haya autorización judicial”, dijo García.

“Son regulados por el Estado (los concesionarios o empresas telefónicas), y no se quieren meter en problemas con el Estado, quieren mantener al Estado feliz”, agregó.

Otra explicación, apuntó, puede ser que las empresas no quieran gastar en hacer un análisis jurídico de cada solicitud, por lo que optan por responder a la mayoría de ellas.

En su proceso de investigación, la organización acusó que el IFT incumplió con una obligación de publicar en su página de internet los datos de solicitudes de las autoridades sobre las llamadas, así que obtuvo la información vía transparencia.

IFT respalda la opacidad

Uno de los puntos que señala el informe, es la omisión de los sujetos regulados o compañías telefónicas, en su obligación de entregar reportes semestrales sobre el número de requerimientos que les hicieron las autoridades, para tener acceso a datos de las comunicaciones de los usuarios, o a localización geográfica de dispositivos.

Dicha obligación había sido establecida por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2015, aunque este año fue eliminada.

En el primer semestre de 2017, por ejemplo, el 96.69 por ciento de las empresas incumplió con la entrega de reporte al IFT, en cuanto a “colaboración en materia de vigilancia”. En el segundo semestre, incumplió el 91.58 por ciento.

Para abril de 2018, acusó R3D, “desafortunadamente” el IFT eliminó la obligación de los sujetos regulados de entregar dichos reportes semestrales, lo que favorece la opacidad, y además incrementa el riesgo de invasiones ilegítimas en la privacidad de las y los usuarios.

“La sociedad no podrá seguir conociendo la manera en que las empresas de telecomunicaciones entregan datos de usuarios a las autoridades. Esto representa un grave retroceso en materia de transparencia”, señaló R3D.

García dijo que seguirán exigiendo al IFT que restituya la obligación de los reportes, aunque también hacen un llamado a las telefónicas.

“Lanzamos un desafío a las principales empresas de telecomunicaciones del país (AT&T, Telcel y Telefónica) a comprometerse públicamente a seguir produciendo y publicando informes de transparencia sobre este rubro, independientemente de la ausencia del requerimiento legal”, señaló la organización.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

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El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

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La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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