Las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron este miércoles 22 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de funcionarios y exfuncionarios de 11 estados, por presuntos actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016.
Los funcionarios denunciados son de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, por irregularidades cuya suma asciende a los 36 mil millones de pesos.
En un comunicado, Impunidad Cero informó que, por cada estado, se presentaron dos denuncias por desvíos de recursos: una por malversación en el monto destinado al Seguro Popular y otra por irregularidades financieras en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Estas 22 denuncias, presentadas por Jacqueline Peschard Mariscal, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, se suman a las que la misma organización presentó el pasado 16 de octubre, también ante la PGR, contra los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Estado de México, por el desvío de 50 mil millones de pesos.
Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha (@justicia_justa / @ImpunidadCeroMx), presentaron otras 22 denuncias penales en contra de funcionarios y exfuncionarios de 11 estados por actos de corrupción en el manejo de recursos destinados al #SeguroPopular. pic.twitter.com/mLYqiwRUKr
— Impunidad Cero (@ImpunidadCeroMx) 31 de octubre de 2018
Los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
Impunidad Cero explicó que la base de las denuncias son los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los que se reportan numerosos “desfalcos de recursos públicos federales” por parte de gobiernos estatales, destinados al sector salud.
De acuerdo con un análisis realizado por integrantes de las organizaciones que presentaron las denuncias, los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni al FASSA, cuyo objetivo es prestar y garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social.
El uso discrecional de recursos por parte de los estados es uno de los problemas más graves que enfrenta el Seguro Popular. #HablemosDeImpunidad con @juliocopo pic.twitter.com/sbuqbnus4l
— Impunidad Cero (@ImpunidadCeroMx) 31 de octubre de 2018
El pasado 16 de octubre, Impunidad Cero presentó el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, en el que reveló que Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos que recibieron para el Seguro Popular.
