Siete de cada 10 mexicanos reprueba al gobierno federal en derechos humanos
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Siete de cada 10 mexicanos reprueba al gobierno federal en derechos humanos

79% sostiene que en el país no se respetan los derechos humanos, de acuerdo con los resultados de una encuesta nacional realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Cuartoscuro Archivo
25 de octubre, 2018
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En la recta final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 7 de cada 10 mexicanos está insatisfecho con las acciones del gobierno federal en defensa y protección de los derechos humanos de las personas. Incluso, 79% sostiene que en el país no se respetan los derechos humanos, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional “Derechos humanos y política migratoria”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en su reporte de octubre.

A esto se suma la desconfianza también hacia las instituciones de investigar y en su caso castigar la violación a derechos humanos y comisión de delitos, toda vez que 79.9% considera que el sistema de impartición de justicia en el país es “malo”.

Leer: Gobierno de EPN acepta todas las recomendaciones de CNDH, pero cumple menos del 20%

La muestra fue levantada entre el 17 y el 20 de julio a nivel nacional en viviendas, cuatro meses antes de la conclusión del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y los resultados demuestran la desconfianza y desaprobación de la estrategia de protección a los derechos humanos de los mexicanos y de los migrantes, incluso antes de la crisis humanitaria que vive la Caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos y iniciaron su travesía el viernes 21 de octubre al cruzar la frontera de México con Guatemala.

Ante la pregunta, ¿qué tanto considera que se respetan los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos al tratar de incursionar al territorio nacional? 40% responde que “poco”, 24% dice que “nada” y sólo 10% responde que “mucho” y 21% considera que “algo”. Y cuatro de cada 10 asegura que se respeta poco el derecho de libre tránsito de los migrantes en México.

Aunque la encuesta es de percepción, Animal Político documentó hace tres años en la investigación Cacería de migrantes, el endurecimiento de las medidas migratorias a través del Programa Frontera Sur, lo que provocó un aumento en las detenciones. Mientras en 2013 hubo 14 mil detenciones, pasó a 30 mil en 2015.

La estrategia gubernamental incluyó mayor vigilancia en la ruta del tren conocido como La bestia y sus alrededores, lo que orilló a los migrantes a buscar nuevos caminos. Por eso que uno de los testimonios advertía que el plan mexicano no buscaba protegerlo “¿O es que protegernos es perseguirnos como animales? Lo que están haciendo es ponernos en bandeja para los criminales”.

Respecto a los connacionales que buscan migrar hacia Estados Unidos, 15.8% de los encuestados aseguran que la mejor protección es la generación de empleos  en México. Otro 15.6% considera que se debería buscar diálogos y acuerdo con el presidente Donald Trump, mientras que otros proponen apoyo legal gratuito a migrantes.

Violación a derechos humanos

En marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de los derechos humanos en México”, en el que advirtió una grave crisis de derechos humanos generalizada en el país.

Aunque el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó dicha afirmación, existen casos ya emblemáticos en el país respecto a violaciones a derechos humanos, como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2014 y la presunta ejecución extrajudicial de civiles por parte del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.

En la encuesta, 72% se considera insatisfecho con las acciones del Gobierno Federal en defensa y protección de los derechos humanos en México. Sólo 16% considera que en el país sí se respetan los derechos humanos, mientras que 79.4% opina lo contrario.

Leer: Ministerios Públicos resuelven solo 1 de cada 6 denuncias penales presentadas por la CNDH

Además, aunque la presencia del Ejército en tareas policíacas ha sido una política permanente en el país, 47% desaprueba el uso de la fuerza pública como método para mantener el orden.  

Grupos vulnerables, los menos protegidos  

Los encuestados advierten que los derechos de los grupos vulnerables como niños, personas de la tercera edad y con discapacidad no son reconocidos en el país. Lo que varía es el porcentaje.

Casi 50% considera que los derechos de los niños no son respetados en el país y el que menos se protege es el derecho a la protección del maltrato y el abuso. En tanto que 55% advierte que no se reconocen los derechos de las personas de la tercera edad.

Respecto a la pregunta si se considera que se cumplen los derechos de las personas con discapacidad considerando el principio de igualdad de oportunidades, 75% considera que no. La desigualdad, incluso, está presente en la infraestructura. 47% considera que las vialidades y banquetas son las menos accesibles para quien vive con alguna discapacidad, pero otros espacios también son poco accesibles, como las escuelas, hospitales y oficinas públicas.

En tanto, 75% dice que tampoco se respetan los derechos de las comunidades indígenas en el país y 56% ha presenciado un acto de discriminación hacia alguna persona por pertenecer a una comunidad o pueblo indígena.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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