Cinco estados manejaron de forma irregular más de 3 mil mdp del Seguro Popular: estudio
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Cuartoscuro Archivo

Cinco estados manejaron de forma irregular más de 3 mil mdp del Seguro Popular: estudio

El esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, indica un estudio de Impunidad Cero.
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16 de octubre, 2018
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Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización Impunidad Cero.

La investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra, además, que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.

Por tanto, “mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio.

El análisis, que será presentado este martes 16 de octubre, recomienda que los recursos del Seguro Popular sean transferidos a los estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para evitar la opacidad.

También urge a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, y particularmente la designación del fiscal especializado, toda vez que actualmente el limbo en el que se encuentra el sistema “solamente genera mayor incertidumbre jurídica”.

Las irregularidades

La investigación seleccionó a cinco entidades gobernadas por distintos partidos, para evitar la interpretación de un posible sesgo político, y para resaltar que la malversación del presupuesto del Seguro Popular es una práctica generalizada en mayor o menor medida por parte de los estados; se trata de un programa que, solo en 2017, recibió 167 mil millones de pesos de presupuesto.

Chiapas es la entidad con el mayor monto de irregularidad, de acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016.

Según la Auditoría, Chiapas manejó 948 millones de pesos de forma irregular porque la entidad no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras cuentas.

Además, dejó de aplicar recursos correspondientes al programa, y tampoco reportó ante el SAT el ISR retenido a los trabajadores de febrero a diciembre 2016.

La entidad, gobernada por Manuel Velasco, tampoco presentó evidencia documental del pago correspondiente de las aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 2016.

Michoacán fue la entidad con más irregularidades y por un monto que ascendió a 927 millones de pesos. El estado, gobernado por Silvano Aureoles, no entregó documentos que comprobaran el gasto, “por lo que se refleja un faltante en las cuentas bancarias del programa”.

Tampoco proporcionó evidencia de la formalización de 2,009 contratos de personal correspondientes, ni la firma del trabajador y el titular de los servicios de salud de Michoacán en 359 contratos. Mil 801 contratos tienen sello del delegado administrativo, en lugar de la firma autógrafa del titular de los servicios de salud de Michoacán.

A esto se suma que se detectaron pagos a personal que no desempeñaban las funciones para las que fue contratado. Y el estado adquirió medicamentos a un precio superior al de referencia.

En tanto, el Estado de México tuvo un manejo irregular por 820 millones de pesos debido a que la entidad, encabezada en 2016 por Eruviel Ávila, gastó el presupuesto “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal”, y tampoco pagó el ISR entre octubre y diciembre de 2016, según la Auditoría.

Baja California y Oaxaca utilizaron de manera irregular 155 millones y 175 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con las auditorías analizadas en 2016.

Oaxaca gastó el presupuesto del Seguro Popular “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria” de que se hubiera aplicado para los objetivos del programa. Tampoco comprobó las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud, pagos a terceros por servicios de salud y apoyo administrativo.

En Baja California transfirieron los recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del ejecutor, y no proporcionó documentación que acreditara su destino ni su aplicación a los fines del programa.

La entidad renombró algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son gravadas por la Ley del ISR y las cambió por percepciones exentas, “lo cual generó una exención del impuesto”.  Y tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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