Cinco estados manejaron de forma irregular más de 3 mil mdp del Seguro Popular: estudio
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Cuartoscuro Archivo

Cinco estados manejaron de forma irregular más de 3 mil mdp del Seguro Popular: estudio

El esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, indica un estudio de Impunidad Cero.
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16 de octubre, 2018
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Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización Impunidad Cero.

La investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra, además, que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.

Por tanto, “mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio.

El análisis, que será presentado este martes 16 de octubre, recomienda que los recursos del Seguro Popular sean transferidos a los estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para evitar la opacidad.

También urge a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, y particularmente la designación del fiscal especializado, toda vez que actualmente el limbo en el que se encuentra el sistema “solamente genera mayor incertidumbre jurídica”.

Las irregularidades

La investigación seleccionó a cinco entidades gobernadas por distintos partidos, para evitar la interpretación de un posible sesgo político, y para resaltar que la malversación del presupuesto del Seguro Popular es una práctica generalizada en mayor o menor medida por parte de los estados; se trata de un programa que, solo en 2017, recibió 167 mil millones de pesos de presupuesto.

Chiapas es la entidad con el mayor monto de irregularidad, de acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016.

Según la Auditoría, Chiapas manejó 948 millones de pesos de forma irregular porque la entidad no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras cuentas.

Además, dejó de aplicar recursos correspondientes al programa, y tampoco reportó ante el SAT el ISR retenido a los trabajadores de febrero a diciembre 2016.

La entidad, gobernada por Manuel Velasco, tampoco presentó evidencia documental del pago correspondiente de las aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 2016.

Michoacán fue la entidad con más irregularidades y por un monto que ascendió a 927 millones de pesos. El estado, gobernado por Silvano Aureoles, no entregó documentos que comprobaran el gasto, “por lo que se refleja un faltante en las cuentas bancarias del programa”.

Tampoco proporcionó evidencia de la formalización de 2,009 contratos de personal correspondientes, ni la firma del trabajador y el titular de los servicios de salud de Michoacán en 359 contratos. Mil 801 contratos tienen sello del delegado administrativo, en lugar de la firma autógrafa del titular de los servicios de salud de Michoacán.

A esto se suma que se detectaron pagos a personal que no desempeñaban las funciones para las que fue contratado. Y el estado adquirió medicamentos a un precio superior al de referencia.

En tanto, el Estado de México tuvo un manejo irregular por 820 millones de pesos debido a que la entidad, encabezada en 2016 por Eruviel Ávila, gastó el presupuesto “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal”, y tampoco pagó el ISR entre octubre y diciembre de 2016, según la Auditoría.

Baja California y Oaxaca utilizaron de manera irregular 155 millones y 175 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con las auditorías analizadas en 2016.

Oaxaca gastó el presupuesto del Seguro Popular “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria” de que se hubiera aplicado para los objetivos del programa. Tampoco comprobó las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud, pagos a terceros por servicios de salud y apoyo administrativo.

En Baja California transfirieron los recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del ejecutor, y no proporcionó documentación que acreditara su destino ni su aplicación a los fines del programa.

La entidad renombró algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son gravadas por la Ley del ISR y las cambió por percepciones exentas, “lo cual generó una exención del impuesto”.  Y tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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