EPN contrató a organización para erradicar fauna nociva en isla, pero eliminó una zona arqueológica

El grupo privado al que el gobierno de Enrique Peña Nieto encomendó erradicar fauna nociva en la Isla Espíritu Santo provocó daños irreversibles en el 52% de una zona arqueológica.

EPN contrató a organización para erradicar fauna nociva en isla, pero eliminó una zona arqueológica
Empleados del Grupo Ecología y Conservación de Islas en la Isla Espíritu Santo, con su corral de cabras detrás. El tercero de derecha a izquierda es Alfredo del Mazo Maza, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Nota del editor: Este 9 de octubre, un día después de que se publicó esta nota, la asociación civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. envío una carta con su postura y versión, la cuál se reproduce íntegra al final del texto seguida de la respuesta del reportero.

Durante el segundo semestre del año 2016, el gobierno federal encomendó a una asociación civil la erradicación de fauna nociva en la Isla Espíritu Santo (de Baja California Sur), catalogada como área natural protegida por las autoridades mexicanas, y como patrimonio natural de la humanidad por la ONU.

Sin embargo, tal como se desprende de informes oficiales, este grupo privado no sólo fracasó en su intento de erradicación, sino que, además, provocó daños irreversibles en 52% de una zona arqueológica ubicada en las costas de dicha isla.

En el año 2013, la asociación civil “Ecología y Conservación de Islas AC” promovió ante el gobierno federal un plan para extraer de la Isla Espíritu Santo las cabras introducidas artificialmente por pobladores de Baja California Sur en siglos pasados, cuya proliferación amenaza en el presente la supervivencia de especies nativas tanto de flora como de fauna silvestres.

Para echar a andar este programa privado de extracción de fauna nociva, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC, que se presenta como una organización sin fines de lucro, recibió recursos tanto del gobierno federal (a través de Alejandro del Mazo Maza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp), como de instituciones privadas, entre ellas, la agrupación ambientalista World Wildlife Fund (WWF) y la Fundación Carlos Slim.

Las labores de extracción de cabras iniciaron en 2016 y, tal como en ese momento anunció la Conanp, los trabajos estaban programados para concluir en tres meses (a razón de 80 cabras retiradas de la isla por semana); no obstante, los trabajos se han prolongado por más de dos años, con resultados adversos.

Los reportes oficiales entregados hasta la fecha a las autoridades mexicanas por el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC reconocen que, en los dos años transcurridos, sólo han logrado retirar 193 cabras de la isla (en el año 2016), siendo que la población total de cabras está calculada en cerca de un millar.

El retiro de esas 193 cabras fue tan insignificante que, para el año 2017, se calificó como “prácticamente nula” la variación en el volumen de vegetación dañada por estos animales, como reconoció el mismo Grupo Ecología y Conservación de Islas en su plan anual de trabajo.

Pero el fracaso en la erradicación de estas cabras no es, en realidad, el peor resultado de la intervención del Grupo Ecología y Conservación de Islas AC en esta reserva natural.

El saldo más negativo de la intervención de este grupo privado en la Isla Espíritu Santo fue la destrucción de 52% de la zona arqueológica conocida como Ensenada La Raza o Ensenada El Gallo (identificada como J66 El Gallo II-3, en los catálogos del INAH), un antiguo punto de reunión humana –aprovechado en distintos momentos, entre el año 3000 ac, y el 1700 dc–, en donde los antiguos pobladores se reunían para recolectar y cocinar principalmente conchas de mar, pero también otras especies de flora y fauna, tanto acuáticas como terrestres, por lo que aquí se preservaban herramientas de piedra, restos de fogones con miles de años de conservación, y vestigios de la actividad humana ancestral.

Y esta fue, precisamente, la zona que el Grupo Ecología y Conservación de Islas eligió para montar su campamento, con casas de campaña, una cocina, un baño, una bodega, un corral para cabras capturadas, y diversas veredas para comunicar todos estos puntos.

Para poder instalar sus casas de campaña en esta zona arqueológica, los miembros del Grupo Ecología y Conservación de Islas removieron “sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas”, así como para crear veredas por las cuales transitar, tal como consta en los reportes de daños arqueológicos causados en este sitio, elaborados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Además, al retirar la tierra para crear terraplenes en los que sus casas de campaña estuvieran niveladas, los integrantes de este grupo privado dejaron expuestos vestigios arqueológicos que, ahora, están a merced de procesos de erosión, “ya que el sedimento y la vegetación que los fijaban han sido removidos”.

En total, el área arqueológica afectada por la operación de este grupo privado en la Isla Espíritu Santo es de 3 mil 997 metros cuadrados, poco más de la mitad de la zona de vestigios.

Campamento del Grupo Ecología y Conservación de Islas montado (sin autorización del INAH) sobre el sitio arqueológico J66 El Gallo II-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los dictámenes del INAH, el daño ocasionado en este sitio arqueológico “es irreversible, ya que es imposible rehacer o recuperar la serie de situaciones de la vida cotidiana de sus habitantes y los procesos tafonómicos (es decir, los procesos de fosilización y sedimentación) que lo llevaron a tener la configuración que tenía antes de ser afectado”.

A dos años de que fuera detectada la afectación a este sitio arqueológico, el INAH informó que no ha realizado ninguna acción de preservación de los vestigios que sobrevivieron al paso del Grupo Ecología y Conservación de Islas.

El INAH detalló que no ha iniciado ninguna acción de recuperación, porque está a la espera de que el grupo privado que causó los daños le autorice a realizar esta labor de salvamento, esto, aún cuando el área natural protegida está bajo dominio de las autoridades mexicanas.

Peor aún: tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informaron que ninguno de los dos organismos públicos ha iniciado procesos judiciales en contra de los responsables del daño en esta zona arqueológica, a pesar de que así lo ordena la ley.

En esta foto tomada por el INAH puede apreciarse una fogón creado por los empleados de Ecología y Conservación de Islas, una de las piedras usadas para contener el fuego (señalada con una flecha roja) era un antiguo metate prehispánico que no sólo fue dañado por el fuego, sino retirado de su contexto original, perdiéndose así la información científica que pudiera proporcionar.

Como chivos en cristalería

El programa para la extracción de cabras de la Isla Espíritu Santo fue anunciado por la Conanp en mayo de 2016, como una acción de gobierno ante “la amenaza que representan (las cabras) para las especies autóctonas de flora y fauna, únicas de la isla”.

Tal como se señala en un comunicado oficial de la Conanp, este programa fue puesto en marcha por su titular, Alejandro del Mazo Maza (hermano del gobernador del Estado de México), en el marco de una “estrategia participativa” que incluía la acción conjunta de las autoridades, habitantes de las comunidades costeras de Baja California Sur, instituciones académicas y de “asociaciones civiles”.

Aunque este último concepto se manejó en plural, en realidad sólo participó una asociación civil, la autora del proyecto, el Grupo Ecología y Conservación de Islas.

Aunque el objetivo era erradicar el millar de cabras que existe en la Isla Espíritu Santo en tres meses, a dos años de iniciadas las labores, el Grupo Ecología y Conservación de Islas sólo retiró 193 cabras ferales.

Para saber cómo había sido diseñada esa “estrategia participativa”, y en qué información científica se había sustentado, Animal Político consultó a la Conanp qué estudios previos se realizaron en la Isla Espíritu Santo, para definir su plan de acción.

En respuesta, el director regional de la Conanp, Benito Bermúdez Almada, informó el pasado 14 de septiembre que no se realizó ninguna evaluación de las condiciones de la isla antes de diseñar esta estrategia, ya que “los lineamientos internos (…) no establecen la elaboración de ningún estudio previo”.

Como resultado de esta omisión, el documento denominado “Estrategia participativa para la erradicación de cabras ferales de la Isla Espíritu Santo”, firmado por la Conanp, el gobierno estatal de Baja California Sur, el ayuntamiento de La Paz, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroesta SC, y el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC (del cual Animal Político posee copia), no incluye en ninguna de sus partes un plan para preservar los 159 sitios arqueológicos identificados en este complejo insular.

De hecho, el documento ni siquiera menciona la existencia de estos sitios arqueológicos y, en el apartado donde se enlista las instituciones a las que se debe solicitar autorización, la “estrategia participativa” no contempla al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Este organismo, sin embargo, sí fue contactado oficialmente para participar no en el diseño de la estrategia para la extracción de cabras, sino en la elección del lugar más adecuado para que el Grupo de Ecología y Conservación de Islas instalara su campamento y los corrales donde agruparía las cabras, antes de sacarlas de la isla.

Tal como consta en informes oficiales del INAH, de los que Animal Político posee copia, arqueólogos de este organismo público acudieron a la Isla Espíritu Santo en abril de 2016 (un mes antes de que la estrategia participativa fuera puesta en marcha) para indicar a los empleados de este grupo privado dónde podían instalar sus carpas, equipos y corrales. El lugar elegido fue la “Ensenada Ballena”, en un punto donde no existían vestigios arqueológicos, y ahí fue instalado inicialmente el campamento.

Sin embargo, cuatro meses después, a finales de septiembre de 2016, especialistas del INAH detectaron que los empleados del Grupo Ecología y Conservación de Islas habían mudado el campamento hacia otro punto, sin autorización previa. Ese nuevo punto para acampar fue el sitio arqueológico de Ensenada La Raza, identificado como J66 El Gallo II-3.

Contra esta cactácea se recarga un metate prehispánico, que fue retirado de su sitio original por el grupo Ecología y Conservación de Islas, ya que en ese lugar montaron un corral para cabras. El metate fue puesto junto a este cactus supuestamente para su preservación.

Según el reporte oficial elaborado por el INAH, cuando sus expertos acudieron a las oficinas que Ecología y Conservación de Islas, en La Paz (Baja California Sur), para exigir una explicación, “la encargada del proyecto de erradicación (de cabras), bióloga Flor Torres, informó que desconocía no sólo que debía dar aviso, sino recibir autorización del INAH para realizar cualquier tipo de trabajo en el complejo insular”.

Tal como informó esta ejecutiva de Ecología y Conservación de Islas a los expertos del INAH, “ella misma visitó la Ensenada antes de la reubicación del campamento, para dar el visto bueno, y no encontró inconveniente”.

En el reporte oficial del INAH se establece que el Grupo Ecología y Conservación de Islas decidió mudar el campamento y sus corrales, e instalarlos sobre la zona arqueológica, basados únicamente en una recomendación de los “arrieros” contratados para manejar las cabras.
Según el reporte del INAH, el Grupo Ecología y Conservación de Islas justificó los daños ocasionados a la zona arqueológica, alegando que previamente ahí ya había un campamento de pescadores, y que ellos fueron los que removieron la tierra para crear las terrazas donde ellos instalaron sus casas de campaña, corrales y otras carpas.

No obstante, el informe de daños del INAH subraya que se hizo un análisis de fotografías tomadas en esa zona en mayo de 2016 (antes de que se instalara el campamento de cabras), y en ellas no aparecen las alteraciones que Ecología y Conservación de Islas atribuyó a pescadores.

Estas afectaciones sólo pueden constatarse a partir de la presencia de ese grupo privado en la zona.

Se destacó que cuando los especialistas del INAH acudieron de nuevo a la Isla Espíritu Santo, para hacer una revisión puntual de los daños ocasionados, no sólo pudieron identificar la remoción de suelo con todo y los vestigios de milenaria actividad humana que estaban sobre la superficie, o enterrados, sino que también detectaron que el grupo “ambientalista” había dejado basura en distintos puntos del sitio arqueológico, así como heces a ras de suelo, residuos metálicos, así como restos de un fogón, creado por los empleados de Ecología y Conservación de Islas con piedras talladas por antiguos pobladores hace miles de años.

En ese fogón, de hecho, hallaron también pruebas de que los integrantes del Grupo Ecología y Conservación de Islas extrajeron especies marinas para cocinarlas ahí, actividad que está prohibida por el plan de manejo de esta área natural protegida.

De chivo los tamales

En enero de 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó a la Conanp un plan de salvamento de la zona arqueológica J66 El Gallo II-3, dañada en 52% de su superficie por las actividades del Grupo Ecología y Conservación de Islas.

En este estudio se detalla que, aún cuando el daño ocasionado por este grupo privado es “irreversible”, sí es posible emprender acciones para preservar lo que se salvó, e intentar recuperar alguna información científica de las áreas y artefactos alterados.

El plan de salvamento elaborado por el INAH destaca que el sitio J66 El Gallo II-3 entra en la categoría de “monumento arqueológico”, según la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ordenamiento que, además, establece que toda persona responsable del daño, alteración o destrucción de monumentos arqueológicos debe ser sancionada con entre tres y diez años de cárcel, y multa equivalente al valor del “daño causado”.

Este plan contempla seis meses de acciones de salvamento arqueológico, con un costo (calculado en enero de 2017) de 824 mil pesos que, según estableció el INAH, debían ser proporcionados por el Grupo Ecología y Conservación de Islas, en su condición de responsable del daño.

Un año y diez meses después, sin embargo, el INAH sigue aguardando que este grupo privado responda si acepta o no pagar el salvamento del sitio arqueológico que su personal afectó.

Es decir, hasta el momento, las autoridades han manejado el cumplimiento de esta responsabilidad por parte del Grupo Ecología y Conservación de Islas sólo como una opción que este grupo privado puede tomar voluntariamente, o rechazar.

Tal como se desprende de la documentación oficial obtenida, a este grupo privado no se le ha exigido cubrir estos gastos en calidad de pago de multa, por una sencilla razón: aunque la ley establece responsabilidad penal y económica para quien dañe un monumento arqueológico, hasta la fecha, el INAH no ha presentado ninguna denuncia formal en contra del Grupo Ecología y Conservación de Islas AC por los daños ocasionados en la Isla Espíritu Santo.

El INAH no explicó la razón de esta omisión, que opera en beneficio de este grupo privado.

Cuando se consultó, por otra parte, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cómo fue elegido este grupo para encabezar las labores de restauración ambiental en Isla Espíritu Santo, cuánto se les pagó, así como una copia del instrumento legal empleado para contratar los servicios del Grupo Ecología y Conservación de Islas, la Conanp respondió que no contaba con documentos en donde se estableciera ninguno de estos datos.

Tal como se desprende de la documentación que sí proporcionó la Conanp, este grupo privado ha obtenido recursos públicos de distintos gobiernos federales  al menos desde 2005, lo mismo de las administraciones encabezadas por PAN, como por el PRI.

Al final del gobierno del panista Felipe Calderón, en febrero de 2012, este grupo privado fue puesto al frente de la “Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano”.

Dicha estrategia, de hecho, fue redactada por Alfonso Aguirre Muñoz, director del Grupo Ecología y Conservación de Islas, tal como puede leerse en los créditos de la publicación.

Este grupo privado, de hecho, fue el único organismo “civil” que participó en la elaboración de dicha estrategia.

Luego, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, el Grupo Ecología y Conservación de Islas fue ratificado al frente de dicha “estrategia nacional”, que coordinó durante todo el sexenio priista.

Finalmente, durante las pasadas campañas electorales, Alfonso Aguirre Muñoz, director del Grupo Ecología y Restauración de Islas, protagonizó un video con el logotipo del partido Morena, que fue difundido a través de redes sociales, en el cual llamó a votar por Andrés Manuel López Obrador y su partido político, para terminar con la “codicia y corrupción de unos pocos”.

 Carta aclaratoria del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C.

Respuesta del reportero

1.En la misiva que envía el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC a la redacción de Animal Político se asegura que “la destrucción de un 52% de la zona arqueológica conocida como Ensenada La Raza o Ensenada El Gallo (J66 El Gallo II-3) es una aseveración totalmente falsa”.

Ésta no es una afirmación de Animal Político, sino de la máxima autoridad gubernamental en la materia en México, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Según consta en el “Dictamen de daños en monumentos arqueológicos y cuantificación de los mismos”, elaborado por el INAH y del que Animal Político posee copia (se puede consultar aquí https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2018/10/respuesta10102018.zip , el sitio arqueológico J66 El Gallo II-3 “fue afectado por la instalación de un campamento y un corral de chivas alrededor de los primeros días de septiembre (de 2016). El tipo de afectación más extendida en el sitio J66 El Gallo II-3 es desplazamiento y remoción de sedimento y materiales arqueológicos con el fin de nivelar áreas, limpiar espacios y por el tránsito constante (…) el área total (del sitio arqueológico) donde se observa algún tipo de afectación es del 52.65%”.

Este mismo dictamen oficial del INAH establece que el daño es “irreversible” y que afectó “al menos 3 mil 997 metros cuadrados, de una superficie total de 7 mil 591 metros cuadrados del sitio”.

2. En el mismo punto 8 de su misiva, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC asegura que decidió mudar su campamento del sitio original autorizado por el INAH, y montarlo sobre el sitio arqueológico J66 El Gallo II-3, por “responder a una contingencia climática, la ocurrencia de una tormenta”.

Sin embargo, la “Estrategia de erradicación de cabras ferales en la Isla Espíritu Santo”, documento elaborado por el mismo Grupo Ecología y Conservación de Islas y en el cual supuestamente se guiaron las operaciones de este organización privada, establecía que “para evitar las dificultades inherentes al clima, la campaña de erradicación se debe realizar en la temporada de sequía, de octubre a junio”.

Si se toma en cuenta que la erradicación inició en mayo de 2016, y el daño a la zona arqueológica fue detectado en septiembre de ese año, el Grupo Ecología y Conservación de Islas realizaba labores fuera de las temporadas establecidas en el documento de su propia estrategia (octubre-junio), por lo tanto, el riesgo de lluvia al que se sometió su personal no fue casual, sino que se debió al incumplimiento de lo dispuesto por dicho documento.

3. En el punto 7 de su misiva, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC señala que “es falso que la erradicación de cabra feral en la isla es un fracaso, como lo señala el reportaje, pues es un proceso en marcha. Este tipo de proyectos son complejos y de mediano plazo”.

No obstante, en el “Comunicado de prensa número 47”, publicado el 27 de mayo de 2016, con el cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció el inicio del programa de extracción de cabras en la Isla Espíritu Santo, este organismo público federal asegura que “se realizará la extracción de entre 70 y 80 cabras por semana, para concluir en un periodo aproximado de tres meses”. Es decir, al anunciar esta acción de gobierno, el organismo público que la promovió estableció tiempos muy claros de conclusión, y no eran tiempos planteados en el “mediano plazo”, como asegura el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC.

En la nota de Animal Político se afirma que el programa fracasó, ya que una labor que debió concluir en tres meses, se ha prolongado por más de dos años, cinco meses… y contando.

La misma misiva del Grupo Ecología y Conservación de Islas AC señala que en estos dos años y cinco meses sólo se han extraído 238 cabras vivas.

Si se toma en cuenta que la “estrategia” planteaba extraer mil cabras en tres meses, eso quiere decir que el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC se ha tomado 26 meses más de los establecidos, tiempo en el que ha logrado cumplir menos de una cuarta parte de su objetivo.

Debido a que el plazo establecido era de tres meses, no se justifica que el Grupo Ecología y Conservación de Islas ahora señale que su plan es cumplir con la erradicación “eventualmente”.

Cabe destacar que aún cuando el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC asegura que ha extraído 238 cabras, oficialmente sólo ha reportado la extracción de 193, según los registros proporcionados a Animal Político por las dependencias de gobierno responsables: la Conanp y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Los documentos se pueden consultar aquí: https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2018/10/respuesta10102018.zip )

En añadidura, en el punto 6 de su misiva, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC asegura que “en atención a la legítima preocupación de parte de la Conanp y de autoridades estatales de generar beneficios sociales con la erradicación de la cabra feral, se privilegió la extracción de animales vivos. A pesar de ser el método menos eficiente, nuestra organización aceptó las condiciones establecidas por las autoridades”.

Al respecto, la “Estrategia de erradicación de cabras ferales en la Isla Espíritu Santo” establece que “el personal de Conservación de Islas está familiarizado con la isla Espíritu Santo y las técnicas propuestas en este documento”, razón por la cual, no se explica por qué, ahora, el tipo de extracción decidido sea empleado para justificar el incumplimiento de las fechas de conclusión del proyecto que, se insiste, eran de tres meses contados a partir del 27 de mayo de 2016.

3. En el punto 12 de su misiva, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC asegura que en la nota publicada en Animal Político “se ocultó la motivación original” de dicho trabajo periodístico, así como que “se ha ocultado a quienes proporcionaron información” y que existen “posibles intereses de quien nutre y motiva la nota”.
Sobre esta afirmación, es importante señalar que toda la información vertida en la nota informativa de Animal Político provino de documentación oficial, obtenidos a través de las solicitudes 0001600338218, 1615100088018 y 1115100055618 gestionadas ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

Es decir, la fuente de toda esta información son las dependencias gubernamentales encargadas del tema: por un lado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (porque la Isla Espíritu Santo está en esa categoría) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (porque es el organismo encargado de la preservación del patrimonio arqueológico mexicano).

La información fue obtenida lícitamente, en el marco del procedimiento normal de investigación periodística a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y en ejercicio de derechos ciudadanos consagrados en la Ley General de Acceso a la Información Pública.

4. Efectivamente, la nota de Animal Político identificó a Alfonso Aguirre Muñoz como actual director del Grupo Ecología y Conservación de Islas AC, información tomada de la misma documentación proporcionada por el INAH, ya que a esta persona fue dirigida la propuesta de salvamento en la zona arqueológica dañada por esta agrupación, en su calidad de director general, cargo que ocupaba cuando dichos daños fueron ocasionados.

En la misiva también se asegura que “es una mentira rotunda” que Alfonso Aguirre Muñoz haya redactado la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano” y que es falso que, como se señaló en la nota, “este grupo privado haya sido puesto al frente de la señalada estrategia”, ya que ésta fue desarrollada por “la organización (Grupo Ecología y Conservación de Islas AC) junto con diversas autoridades competentes y actores sociales” entre las que menciona “otras organizaciones de la sociedad civil”.

No obstante, la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano establece, en sus créditos, que el “comité editorial” que elaboró dicho documento fue encabezado por “Alfonso Aguirre Muñoz”.

Por último, la misiva del Grupo Ecología y Conservación de Islas AC asegura que tanto las menciones al apoyo que han recibido tanto de la administración federal encabezada como por el panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, así como al actual apoyo de Alfonso Aguirre Muñoz al partido Morena, fomentan un “estigma”.
Esta información fue incluida en la nota por considerarse de valor para el lector, ya que permiten contextualizar los hechos.

Aquí se pueden consultar todos los documentos citados y que dan sustento a la nota: https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2018/10/respuesta10102018.zip 

 

 

 

 

Close
Comentarios