Morena presentó una iniciativa de reformas que plantea el decomiso y extinción de dominio de los bienes de funcionarios y exfuncionarios públicos que los hayan obtenido por acciones que involucren corrupción y tráfico de influencias, entre otros medios.
En la iniciativa de reforma al artículo 22 constitucional, presentada por el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, se expone que además de corrupción, la extinción de dominio aplicaría también en los casos abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.
Asimismo, incluye que la extinción de dominio se aplique a los bienes que estén en propiedad de prestanombres o testaferros de los funcionarios o exfuncionarios públicos.
De acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, la extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito.
Con ello se propone ampliar de seis a siete el catálogo de delitos sobre los cuales procede actualmente la extinción de dominio, como son delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.
El legislador argumentó en su iniciativa que delitos como el de la corrupción han aumentado su incidencia y estrategias de operación, de tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado mexicano.
