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El papa, en la encrucijada: ¿continuará con la limpia de curas pederastas?

Entre las crecientes denuncias de víctimas de abusos sexuales eclesiásticos y los ataques de los sectores conservadores que lo tildan de hereje, el papa Francisco enfrenta una de las más agudas crisis de la Iglesia católica.
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Por Eugenia Jiménez Cáliz /Newsweek en Español
7 de octubre, 2018
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El martes 18 de septiembre, el sacerdote Fernando Karadima se encontraba en el Convento Siervas de Jesús de la Caridad, en Santiago de Chile, cuando se hizo el anuncio: su colega Cristián Precht Bañados había sido expulsado del sacerdocio por sus “conductas abusivas con menores y mayores de edad”.

Siete años y ocho meses antes, en enero de 2011, Karadima (88 años), formador de obispos, también había sido sentenciado por el máximo tribunal de la Santa Sede. Se le obligó a recluirse lejos de la práctica pública por los abusos sexuales y psicológicos cometidos en contra de jóvenes cuando estaba al frente de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Providencia en El Bosque, una colonia de clase alta en la capital chilena. Pero dicha sentencia no supuso su expulsión del sacerdocio, como en el caso de Precht. Y las víctimas de Karadima comenzaron a manifestarse. ¿Por qué Precht sí y Karadima no?

Esta no era la primera vez que el reclamo de los chilenos se dejaba escuchar. En enero pasado, durante su visita al país del cono sur, el papa Francisco tildó de calumnias las acusaciones contra el obispo Juan Barros, a quien denunciaban por ser un cómplice de Karadima. “El día que me traigan una prueba, ahí voy a hablar”, sentenció el pontífice.

Las víctimas de Karadima no cedieron. Ese fue el caso de Juan Carlos Cruz, quien denunció que Barros, a quien el papa nombró obispo, había atestiguado los abusos sexuales de Kardima y optó por quedarse callado.

Lo ocurrido en Chile obligó al sumo pontífice a cambiar su postura frente a los escándalos que han ensombrecido la imagen progresista que vendió al inicio de su papado.

El pasado 27 de septiembre, Francisco decidió expulsar a Fernando Karadima del sacerdocio. “El papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, de la Arquidiócesis de Santiago de Chile”, se informó en una nota oficial emitida por el Vaticano. “El santo padre —se precisó también— ha tomado esta decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia”.

Aun con esta nueva actitud de escuchar a las víctimas de abusos sexuales de eclesiásticos, el jefe del Estado Vaticano sigue inmerso en la peor crisis de la Iglesia católica por los casos de pederastia denunciados en Estados Unidos, Alemania, Irlanda y Australia —así como en naciones latinoamericanas.

El papa se encuentra entre el fuego cruzado de grupos ultraconservadores que lo han acusado de hereje por sus ideas reformadoras y las críticas de que ha actuado de forma omisa ante las múltiples denuncias de víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes de la Iglesia católica.

A esto se añade el estrepitoso descenso de sus adeptos de fe. Un sondeo realizado por el Latinobarómetro, en 2017, reportó que el número de católicos ha caído en las últimas dos décadas. En 1995, por ejemplo, los católicos representaban 80 por ciento de la población latinoamericana, y para 2017 ese porcentaje bajó a 59 por ciento.

Por ello, algunos expertos como la teóloga Judith Vázquez señalan que con el papa Francisco “se ha intentado crear una imagen adecuada al mundo de este tiempo, para que la gente regrese o no termine de irse”, pero en lo referente a consolidar un mandato progresista, “en concreto, no hemos avanzado en nada”. El sociólogo Bernardo Barranco destaca, a su vez, que en el Vaticano se vive una crisis por la lucha del poder entre conservadores y reformistas.

El 15 de agosto un informe reveló que unos 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil infantes durante 70 años en Pensilvania. Foto: AFP

POLÉMICA “ALEGRÍA DEL AMOR”

El 8 de abril de 2016, el papa Francisco publicó Amoris Laetitia (La alegría del amor), su segunda exhortación apostólica donde propuso que los divorciados que se volvieron a casar por lo civil puedan comulgar. Además, la creación de una comisión que analice la posibilidad de contar con diaconisas (mujeres que asisten al sacerdote e incluso pueden administrar sacramentos como el bautismo). Y también pidió el respeto a las familias con integrantes homosexuales, citando el informe del sínodo de 2015: “… la Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción.

Con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar ‘todo signo de discriminación injusta’, y particularmente cualquier forma de agresión y violencia…”.

Las reacciones de grupos conservadores y ultraconservadores no se hicieron esperar.

El 19 de septiembre de ese año, cuatro cardenales —el italiano Carlo Cafarra (arzobispo emérito de Bolonia), el norteamericano Raymond L. Burke y los alemanes Walter Brandmüller y Joachim Meisner— le hicieron llegar al papa un documento donde le pedían clarificar la confusión que suscitaron algunos puntos de su Amoris Laetitia. Al no recibir respuesta del sumo pontífice decidieron hacer público el texto “Dubia” (Duda, en latín) una carta con cinco preguntas donde entre varias asuntos puntualizaban: “…queremos ayudar al papa a prevenir divisiones y contraposiciones en la Iglesia, pidiéndole que disipe toda ambigüedad”.

Tras el fallecimiento de los cardenales Caffarra y Meisner, Burke y Brandmüller se erigieron como los exponentes más aguerridos que buscaban frenar la “herejía” de Francisco.

Y a sus críticas se sumó también el cardenal Gerhard Müller, exprefecto de la congregación Doctrina de la Fe, quien en septiembre de 2017 retó al papa a sostener un debate formal sobre su polémica exhortación apostólica y lo acusó de sucumbir a un “enfoque marxista” de la fe: “Nuestras categorías no son la teoría y la práctica, sino la verdad y la vida”, precisó Müller.

Él junto con casi un centenar de religiosos, académicos e intelectuales firmaron y le pidieron a Bergoglio retractarse de su Amoris Laetitia. Entre quienes firmaron la carta “Correctio filialis de haeresibus propagatis” (Una corrección filial ante la propagación de herejías) aparecían, entre otros, el expresidente del Banco Vaticano, el economista Ettore Gotti Tedeschi, y el líder del movimiento ultraconservador de los lefebvrianos.

Foto: AFP

EL ESCÁNDALO DE PENSILVANIA

En medio de esta batalla, el 15 de agosto pasado salió a la luz el informe de un gran jurado de Pensilvania que reveló que unos 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas durante 70 años.

En la investigación, que duró dos años y documentó en 1,350 páginas los abusos eclesiásticos en Pensilvania, Estados Unidos, salieron a relucir las formas como los sacerdotes encubrían sus crímenes sexuales contra los menores de edad. El informe detalló, por ejemplo, el caso “de un sacerdote que habría violado a una niña de siete años cuando la visitó en el hospital después de que ella tuvo una operación en la que le quitaron las amígdalas. Otro forzó a un niño de nueve a darle sexo oral ‘y después lavó la boca del menor con agua bendita para purificarlo’”.

También reprodujo fragmentos del informe con revelaciones desquiciantes como que “Un sacerdote reconoció abusar de niños, pero negó los reportes de dos niñas que lo acusaron: ‘No tienen pene’, explicó. Otro sacerdote, ante la pregunta de si había abusado de sus feligreses, respondió de manera evasiva: ‘Con mi historial —dijo— todo es posible’. Y otro sacerdote al final decidió renunciar después de años de haber enfrentado denuncias, pero pidió –y recibió– una carta de recomendación para su siguiente trabajo, en Disney World”.

PIDEN RENUNCIA DE PAPA

Con el escándalo de Pensilvania en el cénit se inició el Encuentro Mundial de las Familia, que se realizó en Dublín, Irlanda, a mediados de agosto de este año.

En las actividades durante su visita, el papa Francisco se reunió con víctimas de abuso sexual cometidos por clérigos de ese país. Ahí les dijo que “el fracaso de las autoridades eclesiásticas —obispos, superiores religiosos, sacerdotes y otros— al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Yo mismo comparto estos sentimientos”.

Poco antes de la llegada del pontífice a Dublín, el 26 de agosto, Carlo María Viganò, exnuncio apostólico en Estados Unidos, difundió una carta a través de medios digitales conservadores, como LifeSiteNews, en la que solicitó al papa su renuncia. Lo acusó de encubrimiento de los actos del cardenal Theodore McCarrick, quien fue suspendido por abuso sexual contra un menor de edad.

La arquidiócesis de Nueva York publicó en junio de este año que el denunciante, hoy un empresario de 62 años, había demostrado cómo en su adolescencia –al ser un seminarista en preparación para el sacerdocio– McCarrick abusaba de él en la sacristía.

Según Viganò, Benedicto XVI ya había sancionado al cardenal Theodore McCarrick, hacia 2009 o 2010, impidiéndole toda aparición pública –aunque se desconoce la existencia de un documento sobre ello.

El también exarzobispo Viganò acusó al papa de haber cancelado esa sanción y de haberlo rehabilitado como su consejero, así Viganò se sumó al grupo de jerarcas católicos que se han manifestado en contra del papa. De hecho, se le conoce como uno de los cardenales “dubia” que criticaron el “liderazgo informal” de Francisco.

En el vuelo de Irlanda a Roma, los periodistas cuestionaron al papa sobre el texto del exnuncio Viganó, y este se concretó a señalar: “Leí hoy en la mañana ese comunicado (…) creo que el documento habla por sí solo; ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para sacar conclusiones”.

Así, Francisco guardó silencio ante las declaraciones de Viganò, aunque a diferencia de otras ocasiones, los medios de comunicación, a través de los vaticanistas, reaccionaron. Recordaron que Viganò había sido responsabilizado de filtrar documentos confidenciales en el primer escándalo de los Vatileaks, durante el pontificado de Benedicto XVI.

Apenas unos días habían pasado desde la carta de Viganò, cuando se inició otro ataque al papa Francisco. El periódico italiano Il Fatto Quotidiano informó que tiene una presunta lista de obispos, cardenales y laicos que pertenecen a un “lobby gay”, donde hay un dossier que circula en el interior del Vaticano.

Este expediente, aseguró el rotativo, podría ser el resultado de la investigación realizada por los cardenales Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore de Giorgi, para ir a fondo del primer Vatileaks que fue entregado al papa Ratzinger antes de su renuncia en febrero de 2013. En el texto se denunció una “corrupción moral y material del clero”.

El periódico italiano indicó que no dio a conocer los nombres de la lista “por respeto a la privacidad” de los señalados.

Lee la nota completa en Newsweek en Español

 

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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