Proyecto de la Corte avala Ley de Seguridad Interior pero con 14 cambios. Aquí los detalles de las modificaciones
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Proyecto de la Corte avala Ley de Seguridad Interior pero con 14 cambios. Aquí los detalles de las modificaciones

De acuerdo con el ministro Pardo Rebolledo, la actuación de militares solo es válida si es por petición de estados y en situaciones excepcionales, por ello, se ordena eliminar siete artículos.
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31 de octubre, 2018
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila avalar la Ley de Seguridad Interior aprobada desde diciembre de 2017, bajo la premisa de que con ella  no se viola la Constitución ni se militariza al país, pero siempre y cuando la intervención de las fuerzas armadas se limite a situaciones graves y excepcionales, y bajo solicitud – sin excepción – de gobiernos estatales.

Para que esto se cumpla, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo – que será sujeto a consideración del pleno en los próximos días – plantea 14 cambios y modificaciones diversos artículos de la ley, incluyendo la anulación total de siete de ellos, al concluir que son inconstitucionales.

Entre lo que desaparecería se encuentra cualquier palabra o cláusula en la Ley que abra la puerta para que el Ejército actúe por su cuenta; la clasificación automática de información reservada que se hizo de los datos de operativos; y la inclusión del tema de marchas como posible amenaza a la seguridad interior.

El proyecto de sentencia de la Corte desestima de forma general lo planteado por la CNDH, el INAI, así como diversos diputados y estados, respecto a que la ley en su conjunto era inconstitucional al militarizar la seguridad pública que era facultad exclusiva de autoridades civiles

Y es que, según el análisis del ministro Pardo Rebolledo, la Ley sí delimita de forma clara el concepto de “seguridad interior” como una vertiente de la Seguridad Nacional, con los mismos riesgos que esta encuadra, pero con la diferencia de que dichos riesgos tengan su origen en el interior del país.

Es por ello, señala la sentencia, que seguridad interior no es lo mismo que seguridad pública y por tanto las fuerzas armadas sí tienen facultad de intervenir a ella siempre y cuando, insiste el ministro, sea en apoyo y bajo subordinación de autoridades civiles y en situaciones graves y excepcionales. Incluso, recalca la sentencia, es necesario que el Ejército intervenga.

“No solo es constitucional la participación de las fuerzas armadas en auxilio o apoyo de las autoridades civiles, sino que es necesaria para salvaguardar el orden jurídico emanado de la propia ley fundamental (…) En tiempo de paz los militares están constitucionalmente facultados para auxiliar o apoyar a las autoridades civiles, a petición expresa de ellas y sin usurpar su esfera de competencia”, señala el proyecto.

El ministro consideró que los artículos 3 y 4 de la Ley delimitan con claridad los supuestos en los que puede intervenir las fuerzas armadas y federales  y que son los ya contemplados en la Ley de Seguridad Nacional vigente con la única diferencia de que, al tratarse de seguridad interior, la causa de estos proviene del interior del país. Entre dichos supuestos se encuentra la actuación de la delincuencia organizada.

No obstante, del análisis de la redacción de varios artículos impugnados por la CNDH, por diversos estados y por diputados, entre otros, si advierte anomalías que deben ser corregidas. A continuación, Animal Político detalla estos 14 cambios propuestos por el proyecto, divididos en ocho temas principales.

Eliminar riesgo de que militares actúen por si mismos

De acuerdo con la Corte, la Ley de Seguridad interior solo es válida si la actuación de las fuerzas armadas se restringe a una solicitud de un gobierno local que a su vez derive en una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Por ello se plantea la desaparición de la expresión “por si o” que está incluida en los artículos 4 y 11 de la ley,  y con la cual se hace referencia a la actuación del gobierno federal y fuerzas armadas.

Por ejemplo el artículo 4 define como acciones de seguridad interior “las que realizan fuerzas armadas por si o en coordinación con…” La nueva redacción  sería “las que realizan las fuerzas armadas en coordinación con…”. Según al Corte esto previene la actuación unilateral del Ejército y gobierno federal.

Acotar escenarios de actuación militar

El proyecto subraya que la actuación del Ejército solo es válida en situaciones graves que representen una amenaza a la seguridad interior. Dichas situaciones están ya plasmadas en la Ley de Seguridad Nacional, de la cual la seguridad interior es una vertiente. Por ello el proyecto propone la eliminación de escenarios en donde se rebase estos alcances.

Derivado de lo anterior se ordenan cambios en dos artículos:

-Eliminación de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior las líneas que consideran como una amenaza a la seguridad interior las emergencias o desastres naturales, así como epidemias y temas de salubridad. Además se propone en esa misma fracción borrar como amenazas de seguridad la línea que dice “las que afecten principios establecidos en artículo 3” pues advierte que no se entiende.

-La anulación completa del artículo 25 donde se contempla como un posible escenario de actuación de fuerzas federales los “fenómenos naturales perturbadores”-

Eliminar intervención federal/militar sin declaratoria

El proyecto de sentencia subraya que la Ley solo es constitucional cuando la intervención militar o federal se da por solicitud del gobierno estatal, la cual forzosamente debe dar paso a una Declaratoria que valide la operación a realizar. Otro escenario no es aceptable.

“Lo cierto es que para considerar válida la ley, es indispensable la existencia de una declaratoria en todos los casos en los que se ordene la intervención de las autoridades federales en las entidades federativas” indica la sentencia.

Por ello se ordena:

-Eliminar por completo el artículo 6to de la Ley que establece el Ejército puede actuar de forma automática, sin declaratoria solicitada por un estado, en los escenarios contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos. La Corte advierte que este artículo amplía de forma desmedida los escenarios de actuación militar, con la agravante de que puede hacerse sin solicitud de los estados, lo que no es compatible con la Constitución.

-Eliminación del último párrafo del artículo 11 en el que se hace referencia a “amenazas que no requieran Declaratoria”. De nuevo, la Corte insiste en que solo puede haber actuación militar con declaratoria de por medio, por lo que este párrafo debe borrarse.

-Eliminar segundo párrafo del artículo 15 en donde se plantea que el Presidente puede modificar las condiciones de una Declaratoria y prorrogar su plazo por más del límite de un año. La Corte dice que, de nuevo, esta ampliación no puede ocurrir sin que medie de por medio una solicitud del estado que dé pie a una nueva declaración. De lo contrario se rompen los principios de “temporalidad y excepcionalidad” que debe limitar la intervención federal.

-Eliminar por completo el artículo 16 que plantea que el Presidente puede ordenar acciones inmediatas en una zona del país sin que se haya tramitado aun una Declaratoria. La razón es la misma: las fuerzas armadas solo intervienen en auxilio del gobierno local que debe solicitar primero el apoyo.

-Eliminar por completo el artículo 26 que plantea, otra vez, que se pueden llevar a cabo acciones de seguridad interior automáticas, sin Declaratoria, so pretexto de que sean para cumplir con un Programa de Seguridad Nacional o de la Agenda Nacional de Riesgos. “Esto crea un régimen diferenciado que no es constitucional” señala la Corte.

Inclusión de marchas en Ley es ilegal

La resolución de la Corte ordena la total eliminación del artículo 8 de la Ley en el que de forma innecesaria y errónea se plantea que las “movilizaciones de protesta social o de carácter político – electoral” no pueden ser consideradas como amenazas a la seguridad interior.

La sentencia advierte que la lectura inversa del artículo da a entender que el resto de movilizaciones, como por ejemplo religiosas o recreativas, sí pueden ser consideradas una amenaza, lo que es un despropósito.

“Lo procedente es declarar la invalidez total del artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, al ser una norma infra incluyente que inhibe el ejercicio legítimo de la libertad de reunión” dice el proyecto de sentencia.

Opacidad automática, también ilegal

La Corte también calificó como inválido el artículo 9 que de forma automática considera como información de Seguridad Nacional todos los datos que se generen de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, cuya consecuencia es que se clasifique dicha información como reservada.

El ministro Pardo Rebolledo recuerda que la regla general es que toda información de índole gubernamental es pública (principio de máxima publicidad) y que solo en casos excepcionales los datos pueden reservarse. De ahí que se deba analizar caso por caso que se informa o no, pero no clasificar todo de antemano. Por ello el referido artículo es inconstitucional y debe eliminarse.

Y en el mismo sentido, el proyecto de sentencia también ordena la eliminación del segundo párrafo del artículo 18 en la que se niega a priori que las acciones que deriven de la aplicación de la Ley puedan ser consideradas como materia de seguridad pública, excluyéndolas así de obligaciones de fiscalización y transparencia.

Sustitución de uso dudoso de la fuerza

La Corte también dio la razón a la CNDH al considerar que es inconstitucional la definición que plantea en su fracción X del artículo 4 la Ley de Seguridad Interior sobre “uso legítimo de la fuerza”. Por ende, dicha fracción debe modificarse.

La sentencia confirma que no pueden considerarse como parámetros válidos de uso de la fuerza los “protocolos” que cada corporación federal o militar considere adecuados. Menos aun cuando en el país no existe siquiera una norma o ley general que regule el uso de la fuerza de los cuerpos federales.

El ministro Pardo Rebolledo recuerda que el único parámetro válido de uso de la fuerza es el que contemplan las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

“Derivado de la necesidad de proteger a las personas ante los abusos que puedan derivar del indebido uso de la fuerza, lo procedente es imponer en esta sentencia al Congreso de la Unión la obligación de emitir una hipótesis normativa en la fracción combatida, en la que se defina el uso legítimo de la fuerza” señala la sentencia.

Posibles abusos en detenciones

La sentencia ordena la eliminación total del artículo 27 de la Ley en el que se plantea que los militares que participen en acciones de seguridad interior pueden optar por detener a personas y ponerlas a disposición de la policía y no necesariamente del Ministerio Público.

Según la resolución ello puede abrir la ventana a que se cometan abusos a detenciones, Además, se indica que la aprehensión de personas no puede ser objeto de regulación en una ley secundaria como esta.

 

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Tragedia en El Espinal: 4 muertos y más de 250 heridos tras colapso de grada en corrida de toros en Colombia

Una tribuna de tres pisos se derrumbó durante una corrida de toros -conocida como corraleja- en el departamento de Tolima, Colombia. En las corralejas el público entra al ruedo a azuzar al toro, lo que lo hace más vulnerable.
27 de junio, 2022
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Al menos cuatro personas murieron y 250 resultaron heridas este domingo tras el colapso de un área de graderías durante una corrida de toros en el centro de Colombia, informaron las autoridades.

Dramáticas imágenes compartidas en redes sociales muestran una enorme porción del palco de madera, lleno de espectadores, caer sobre la arena en el municipio de Espinal, departamento de Tolima.

Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del departamento informó que entre los muertos se encuentran personas que fallecieron en el lugar del accidente y otras que perdieron la vida luego de ser trasladadas al hospital, entre ellas un niño.

“Al hospital han llegado más de 100 heridos. El personal médico no da abasto y se están evaluando dependiendo de las heridas”, dijo el funcionario.

En la noche del domingo, Patricia Henao, gerente del Hospital San Rafael, de El Espinal, informó que entre los heridos 10 se encuentran en estado crítico.

“Tenemos 257 admisiones en nuestro hospital San Rafael por la parte de urgencias. Tenemos 23 admisiones en la Clínica la Victoria, que es la clínica particular. Tenemos cuatro fallecidos, tres adultos y un menor, de 27 niños atendidos. 14 maternas fueron atendidas en sala de partos, dos pacientes por trauma de abdomen, cuatro pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos Crítica”, desglosó.

Foto aérea de plaza de toros de madera, con una tribuna derrumbada.

Getty Images
La tribuna de tres pisos estaba llena de gente cuando colapsó.

El incidente ocurrió durante las tradicionales corralejas, en el marco de las ferias de San Pedro y San Pablo, en las que el público salta al ruedo para enfrentarse a los toros.

Después del desplome del palco improvisado, decenas de personas gritan y huyen en pánico de la plaza, mientras un toro persigue a los espectadores confundidos.

Medios locales reportaron que, tras el incidente, el toro se escapó de la plaza y causó pánico en las calles del pueblo, aunque luego fue controlado.

Varios desaparecidos

Las autoridades creen que el número de fallecidos podría aumentar.

Varias ambulancias fueron enviadas desde las ciudades cercanas de Ibagué y Melgar para atender a los heridos, que desbordaron la capacidad del hospital de El Espinal, agregó Vélez.

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BBC

La cadena radial Caracol Radio informó que las autoridades de salud de Tolima declararon la alerta roja en la red hospitalaria en El Espinal.

La Defensoría del Pueblo dijo en Twitter que en la morgue se encuentran varios cuerpos sin identificar.

“Lamentando profundamente lo sucedido en nuestra plaza de toros Gilberto Charry, quiero pedirle a la ciudadanía que está en la plaza de toros por favor evacuar, ya los organismos de control están atendiendo la emergencia y ya se evacuaron los heridos a los hospitales”, escribió, por su parte, el alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo.

Reacciones

Tras ser informado del desplome de la plaza de toros, el presidente Iván Duque envió un mensaje a las víctimas y anunció una investigación.

“Sentimos la terrible tragedia registrada en El Espinal, durante las fiestas de San Pedro y San Juan, por desplome de palcos en una corraleja. Pediremos una investigación de los hechos; pronta recuperación a los heridos y solidaridad con las familias de las víctimas”, indicó el presidente a través de redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, también se solidarizó con las víctimas e hizo un llamado a los alcaldes para no autorizar más eventos similares en el país.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1541138473532493826?s=20&t=TgEnd47pJ3WR58_BYG9m7g

El 20 de enero de 1980 ocurrió la mayor tragedia reportada en un espectáculo de este tipo en Colombia cuando los palcos de tres pisos se vinieron abajo en Sincelejo y cayeron sobre cerca de 400 personas.


¿Qué son las corralejas?

Por Natalia Guerrero, BBC News Mundo

Las corralejas son corridas de toros de la costa Caribe de Colombia y otras regiones del centro del país, que usualmente ocurren en temporadas de fiestas regionales.

Consisten en un ruedo de arena rodeado por un corral de gradas (que se construyen en su mayoría para las festividades) en una estructura de varios pisos de base de guadua -un tipo de bambú-, tablas de madera largas y láminas de zinc.

Toreros aficionados en corraleja de Soplaviento, Colombia. 2017.

Getty Images
Los defensores de las corralejas sostienen que son parte del patrimonio cultural del país; para los detractores, son maltrato y crueldad animal.

En estos eventos el público puede saltar al ruedo a torear y burlarse del toro, lo que genera una especie de caos, que para algunos es parte del secreto de unas buenas corralejas, mientras que para otros, lo hace un evento de maltrato animal en el que los espectadores están también vulnerables.

El alcohol, como en muchas fiestas regionales en otros lugares del mundo, es además un factor que está siempre presente.

Pero en las corralejas los toros no se matan, como es el objetivo en las corridas de toros tradicionales.

La tragedia en El Espinal de este domingo, de la que todavía no se conoce un saldo definitivo de víctimas, fue causada directamente por el colapso de su estructura, que derribó al menos seis palcos, que cayeron al piso con todo su público adentro y sobre parte del que ya había en el ruedo.

Pero el sábado, primer día de la temporada de corralejas en esta población tolimense, ya habían resultado heridas nueve personas, seis de las cuales tuvieron que ser tratadas en el hospital, según reportó el diario El Espectador.

En Colombia hay un polarizado debate sobre las corridas de toros, que han sido prohibidas en algunos lugares del país, incluyendo temporalmente en la capital Bogotá.

Los toreros aficionados se cuelgan de las gradas en la corraleja en Soplaviento, Colombia. Diciembre 17 de 2017

Getty Images
Las corralejas son eventos masivos en pueblos de Colombia donde los toreros aficionados entran al ruedo mientras que en las tarimas los espectadores comen y beben.

Sin embargo, una ley de 2009 declaró Patrimonio Cultural de la Nación la Fiesta en Corralejas del 20 de enero en Sincelejo, así que sus defensores sostienen que están protegidas por la ley.

Otras voces, en cambio, se amparan en las leyes contra el maltrato animal para pedir que sean prohibidas, entre ellas, una ley de 2016 que declaró a los animales en Colombia como seres sintientes, que deben ser protegidos “contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos”.

Eventos como el de El Espinal, que deja niños entre las víctimas, revive el debate, no sólo de los animales versus los apasionados por el toreo colectivo, sino por la regulación ausente de las estructuras en las que se celebran las corralejas, lo que hace que esta no sea la primera tragedia que ocurre en este tipo de eventos.

En 1980, 500 personas murieron y más de mil resultaron heridas en la ciudad de Sincelejo cuando se derrumbarron varios palcos improvisados para una corraleja.

La llegada al poder en agosto del presidente electo Gustavo Petro, un detractor de las corridas de toros, podría cambiar el rumbo de estos eventos.


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