Una red que adquiría productos alimenticios de baja calidad para exportarlos a Venezuela y venderlos en un valor 112% superior al valor real, fue desmantelada por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR).
En una conferencia de prensa, la dependencia informó que, a través de una investigación, detectaron la existencia de diversos operadores, quienes tenían relación con el gobierno de Venezuela, y trabajaban para obtener productos alimenticios que suministraban a dicho país, para lo cual acudían a diversos países, entre ellos México, donde contactaban con empresas de alimentos.
De acuerdo con la PGR, “este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”.
#PGR inició carpeta de investigación por operaciones inusuales en contra de personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y que han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental de ayuda humanitaria: Alonso Lira #SEIDO pic.twitter.com/Roj96zy8HC
— FGR México (@FGRMexico) October 18, 2018
La distribución de los alimentos de mala calidad se daba a través de los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAPS), existentes en Venezuela desde 2016, cuyo propósito es distribuir, entre la población afiliada a estos, despensas a precios subsidiados.
La PGR identificó como operadores de este grupo a Alexis “N”, aparentemente relacionado con el gobierno de Venezuela, así como a Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes con el propósito de obtener los productos alimenticios realizaban negociaciones con diversas empresas.
La dependencia señaló que, derivado del trabajo realizado en coordinación con diversas dependencias del gobierno federal, el agente del Ministerio Público de la Federación celebró un acuerdo reparatorio con los involucrados.
Según lo establecido en el Artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Penales y 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la PGR acordó que los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la cantidad de tres millones de dólares, que serán destinados para atender el mandato del organismo en América Latina.
Los imputados, además, se comprometieron a no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o estén relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS.
La Procuraduría señaló que, con motivo de la investigación realizada, localizaron 1,300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contienen al menos 1 millón 800 mil despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con la presente investigación.
Sin embargo, tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas a Venezuela, “pues de lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realice en condiciones no aptas para el consumo humano”.
El Subprocurador, Alonso Lira #SEIDO, señalo que, con motivo de la investigación, se localizaron 1,300 contenedores de despensas alimenticias en #México que tenían como destino #Venezuela, mismas que fueron destinadas y entregadas a sus beneficiarios. pic.twitter.com/KodjEfB4hK
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“El resultado de estas investigaciones y las acciones tomadas en consecuencia son muestra de la inquebrantable decisión del gobierno de México en el combate a la corrupción y el lavado de dinero, al tiempo que refrenda su firme compromiso con el bienestar del pueblo venezolano”, aseveró.
