Función Pública sanciona a funcionario que exoneró a presuntos implicados de Sedesol en La Estafa Maestra
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Función Pública sanciona a funcionario que exoneró a presuntos implicados de Sedesol en La Estafa Maestra

Según la Función Pública, el extitular de quejas del Órgano Interno de Control de Sedesol cometió irregularidades en la investigación del actuar de cuatro funcionarios de esta dependencia, por presuntos desvíos millonarios.
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Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
16 de octubre, 2018
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, Mauricio Razo, por supuestas irregularidades en la exoneración de cuatro funcionarios presuntamente implicados en La Estafa Maestra y por dar carpetazo, sin justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos millonarios en la dependencia.

Mauricio Razo fue inhabilitado temporalmente por dos años del servicio público. Es una sanción que llegó un año después de que dejara su encargo en Sedesol en 2017. Por esta sanción, Mauricio Razo podría recurrir ante un tribunal federal para tratar de revocar, o para que se decida si el castigo queda firme.

La investigación al interior de la Sedesol, a partir de la cual Mauricio Razo supuestamente indagó y exoneró el actuar de cuatro funcionarios implicados en los contratos con universidades, derivó de informes forenses hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señalaron presuntos desvíos por más de 850 millones de pesos, a través de los convenios firmados entre la Sedesol y las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.

Por esos convenios, las universidades debían realizar una serie de servicios que presuntamente no se cumplieron, puesto que las universidades subcontrataron a empresas fantasma para hacerlos.

Ante estos casos, la Auditoría ha interpuesto nueve denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, en 2015 y 2017.

Los exonerados

La investigación de Mauricio Razo concluyó que los funcionarios, presuntos implicados en la asignación de convenios que terminaron en la desviación de recursos públicos, según la SFP, cumplieron con sus funciones. Por lo tanto, los exoneró de cualquier responsabilidad.

Se trata de Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de la Sedesol entre 2012 y 2015, el puesto de mayor rango nombrado por la entonces titular, Rosario Robles y, por tanto, su subalterno directo. Además, nuevamente ocupa ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), encabezada precisamente por Rosario Robles desde agosto de 2015, tras dejar Sedesol.

Zebadúa firmó el convenio protocolario en el que establecía la relación de la Sedesol con las universidades del Estado de México y Morelos, en marzo y mayo de 2013, respectivamente. Aunque ese convenio fue legal, derivó en los convenios que otros funcionarios a su cargo hicieron y cuyos recursos terminaron presuntamente en empresas fantasma.

Los otros tres servidores públicos investigados dependían directamente de Emilio Zebadúa y firmaron los convenios con las Universidades de Morelos y el Estado de México, para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2013 y 2014, durante la gestión de Rosario Robles.

De acuerdo con los informes de la ASF, a través de la firma de esos convenios la Sedesol y las universidades entregaron presuntamente a empresas irregulares 857 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra documentó que entre las empresas beneficiadas figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa fantasma; es decir, como sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simula operaciones comerciales para cometer posibles ilícitos como evasión de impuestos o desvíos de recursos púbicos.

Los funcionarios que firmaron dichos documentos son Humberto René Islas, entonces director de Recursos Materiales de la Sedesol, y Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos, ambos dependientes directos del Oficial Mayor. Y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de Adquisiciones, quien era subalterno de Humberto Islas.

Estos cuatro funcionarios son parte del equipo que repiten cargo en la Sedatu y que firmaron convenios mientras estaban en Sedesol, ambas dependencias dirigidas por Rosario Robles, y que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la PGR por el presunto desvío de recursos públicos.

El análisis

Mauricio Razo llegó a la dirección de quejas del OIC-Sedesol el 26 de mayo de 2015. El 25 de agosto de ese año inició la investigación interna en Sedesol, contra los presuntos servidores públicos señalados por los contratos a universidades, quienes a su vez subcontrataron a empresas fantasma.

Poco más de un mes después, el 1 de octubre presentó los resultados, en los que exoneró a los cuatro funcionarios “por falta de elementos”. Y tan solo quince días más tarde, el 16 de octubre, pasó con el mismo cargo a la Sedatu de Rosario Robles.

Junto a Mauricio Razo también pasó de Sedesol a la Sedatu su jefe directo, el contralor interno Miguel Ángel Vega García, quien continúa en la dependencia, según consta en el portal Declaranet.

Animal Político obtuvo una copia de la indagatoria que realizó Mauricio Razo para exonerar a los entonces funcionarios de la Sedesol, y de acuerdo con organizaciones como Fundar y México Evalúa, que la analizaron, se trató de una investigación “imparcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Esta misma investigación de Mauricio Razo, incluso, fue presentada a medios por Rosario Robles, extitular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, como prueba de inocencia de los funcionarios a su cargo, y para deslindarse de cualquier responsabilidad por presuntos malos manejos en Sedesol.

Incluso, entregó una copia del expediente a Animal Político; por eso  las dos organizaciones de la sociedad civil pudieron analizarlo a detalle.

En el análisis, los investigadores de México Evalúa y Fundar identificaron los puntos en los que Razo hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución, la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y la Ley de Adquisiciones, bajo las cuales debía analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de la Sedesol con las universidades.

Fundar concluyó en su análisis que el desempeño del Órgano Interno de Control “fue limitado, imparcial y carecía de certeza jurídica”. Mientras que México Evalúa señaló que la investigación “carece de sustento” y “no hay evidencia de que haya hecho investigación propia o diligencias para concluir que no existen elementos para sancionar a servidores públicos de Sedesol”.

Según el documento oficial, Razo hizo cinco investigaciones, según los expedientes 2015/SEDESOL/DE911 y terminación DE912, DE913, DE914 y DE918, y en todos concluyó que “no existen elementos para atribuir presunta responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos de la Sedesol, en razón de que dicha dependencia actúo en términos dos convenios de colaboración”.

Los expertos de Fundar sostienen que el artículo 108 de la Constitución Mexicana, y el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, establecen que los funcionarios son responsables del uso del presupuesto.

Por lo tanto, recalcaron los especialistas de Fundar, “los servidores públicos de la Sedesol eran responsables del manejo indebido de recursos públicos por acción o por omisión del ejercicio de sus facultades”.

Y agregaron: “La Sedesol, al contratar servicios, es responsable de que se cumplan los procedimientos y de mantener el adecuado y satisfactorio aseguramiento de los bienes o recursos que erogan para dichos fines”.

“La actuación de Razo se limitó a las pruebas documentales presentadas por la Sedesol, pero éstas son insuficientes y no permiten valorar si fueron aptas, idóneas o concluyentes”, advirtió Fundar.

Otro argumento de Razo para exonerar a los funcionarios fue que si las universidades habían contratado a empresas para cumplir el 100% de los servicios, ya no era responsabilidad de la Sedesol, aunque esto suponga una violación a la ley de adquisiciones que solo permite subcontratar el 49% de los servicios.

Sobre este punto México Evalúa sostuvo que “las subcontrataciones de las universidades no se realizaron de acuerdo con lo mandatado en Ley de Adquisiciones, por lo que se pueden considerar violatorias de una ley federal”.

Pese a que el Órgano Interno de control dijo no tener las capacidades para investigar a las universidades y aunque la Sedesol argumente que no tuvo conocimiento de los contratos con terceros porque la universidad no le pidió una autorización previa, “esto no exime de responsabilidades a los servidores públicos de tal dependencia federal”, añadió México Evalúa.

Por tanto, Razo debió hacer las investigaciones para resolver sobre las irregularidades que planteó la Auditoría sobre el egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos federales por parte de la universidad.

“El fin del Órgano Interno era determinar la existencia o no de una actuación irregular con impacto en los recursos públicos, así como el perjuicio a la colectividad (…). Pero la resolución del OIC-Sedesol muestra poca imparcialidad, pues no se valoraron de la misma manera las irregularidades del pliego de observaciones de la Auditoría que las pruebas presentadas por los servidores públicos de la Sedesol”.

Es decir, concluyó Fundar, “Mauricio Razo fue exhaustivo para garantizar la presunción de inocencia de los servidores públicos (de Sedesol), pero no en el análisis para desvirtuar o confirmar las irregularidades”.

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Por qué Suecia está deportando a talentosos trabajadores expertos en tecnología

El país nórdico, al que muchos trabajadores extranjeros acuden en busca de oportunidades, está emitiendo órdenes de deportación contra empleados que no han cometido irregularidad alguna.
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30 de diciembre, 2019
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Había comprado un apartamento y un automóvil, recibido clases de sueco, inscrito a su bebé en una guardería e incluso mejoró sus habilidades en esquí para adaptarse a las gélidas temperaturas.

Aún así, más de tres años después de que su familia llegara a Suecia y a pesar de su bien pagado puesto como jefe de una de las compañías tecnológicas y de energía más prestigiosas, a Ali Omumi le pidieron que abandonara el país.

“Para mí fue una enorme frustración y para mi esposa supuso el comienzo de una profunda depresión”, lamenta el especialista en ventas del sector de la ingeniería, originario de Irán.

Omumi, de entonces 38 años, recibió la orden final de deportación en 2018, después de apelar sin éxito la decisión de la Agencia Sueca de Migración.

Los funcionarios le negaron la extensión de su permiso de trabajo basándose en un error administrativo de la compañía en la que Omumi trabajó antes, la cual falló en proveerle de los seguros correctos.

“La deportación me hizo sentir como un criminal cuando sé que no lo soy. Yo trabajo y pago mis impuestos, y vine con experiencia y dinero”, asegura Omumi.

Escasez de talento en Suecia

Suecia tiene una escasez de graduados cualificados en materias como ingeniería y programación, lo que significa que las empresas acuden cada vez más fuera de las fronteras nacionales y europeas para suplir las vacantes.

Miles de trabajadores talentosos se mudan cada año a este país nórdico y muchos deciden quedarse gracias a su relativamente poderosa economía y una alta calidad de vida.

Los permisos de trabajo, requeridos para los trabajadores no europeos, se conceden por empleos específicos, pero aquellos que deseen cambiar de compañía pueden hacerlo mientras se procesa la extensión del visado.

Sin embargo, centenares de trabajadores como Omumi han visto cómo se les niega sus aplicaciones de extensión debido a errores administrativos menores de sus antiguos jefes.

Junto a estos, otros de los errores que han provocado la deportación incluyen pagos de pensión incorrectos, tomarse muy pocas o demasiadas vacaciones o incluso registrarse para un trabajo en LinkedIn que no está anunciado por el Servicio Sueco de Empleo Público.

Los suecos llaman a estas deportaciones kompetensutvisning, que significa la “expulsión de alguien con habilidades requeridas en el mercado laboral”.

Y es un tema candente que ya lleva un largo recorrido, especialmente en el sector tecnológico, un área en plena expansión.

La deportación de un desarrollador pakistaní en 2016 provocó que más de 10.000 personas firmaran una petición en contra de estos procesos.

Entre los firmantes estaba el cofundador de Spotify Daniel Ek, quien luego admitió que 15 de los empleados contratados para los puestos más importantes de su empresa habían sido amenazados con la deportación.

A comienzos de este año, la Cámara de Comercio de Estocolmo advirtió que esta tendencia podría dañar la economía de la capital sueca, mientras que la sede local de Startup Grind, la organización independiente más grande de la comunidad de startups, organizó un evento llamado Keep The Talent (Conserva el talento) para protestar ante la “fuga de cerebros internacional” de Suecia.

En marzo, The Diversity Foundation, una organización sin ánimo de lucro que lucha por un mercado laboral más inclusivo, realizó una encuesta y halló que el 81% de los trabajadores no europeos que participaron dijeron que su salud o la de su familia se vio afectada ante la amenaza de la deportación.

Y cerca de un 70% dijo que no recomendaría Suecia como un destino para trabajadores extracomunitarios; es decir, sin la nacionalidad de un país europeo.

Stefan Löfven, primer ministro de Suecia.

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El primer ministro sueco, Stefan Löfven, prometió nuevas regulaciones en materia de visados para trabajadores extranjeros.

“Creemos que esto ha sido dañino para la reputación internacional de Suecia. Tanto empleados como jefes que están en contacto con nosotros se sienten inseguros con el sistema legal de Suecia“, asegura Alexandra Loyd, abogada de Centrum för Rättvisa, una firma legal sin ánimo de lucro que representa a algunos de los trabajadores afectados.

La raíz del problema, argumenta Loyd, es la estricta interpretación por parte de la agencia migratoria de una decisión de 2015 de la Corte de Apelación de Migración.

Esta concluyó que los permisos de los trabajadores no deben extenderse si sus jefes no han acatado las normas de la industria.

Y lo hizo en base a dos casos en los que los extranjeros no habían sido pagados lo suficiente, con el objetivo de proteger a los inmigrantes de la explotación de empresarios deshonestos.

Esta es una piedra angular de la cultura laboral en Suecia, que tiene una larga historia de sindicatos fuertes y acuerdos estrictos diseñados para proteger los derechos de los empleados.

Sin embargo, ha resultado en un período de numerosas deportaciones de empleados talentosos que habían sido contratados precisamente por esos conocimientos específicos y como consecuencia de pequeños errores administrativos.

En 2017 se rechazó la renovación de 1.800 permisos de trabajo, aunque no es posible desglosar exactamente cuántas negativas se debieron a errores menores.

Progreso limitado

La situación ha mejorado en los últimos dos años, en parte gracias a una enmienda que permite a los contratantes corregir los errores retroactivamente,

Mientras, la Corte de Apelación de Migración decidió en diciembre de 2017 que se debía realizar una “evaluación general” de cada uno de los casos con el objetivo de tomar decisiones más proporcionadas, en lugar de andar rechazando las extensiones de forma automática por pequeños errores.

Per Ek, un portavoz de la agencia de migración, dice que entiende que algunos trabajadores extranjeros pasen por una “situación muy difícil” si sus visas son rechazadas.

Pero, a su vez, insiste en que la “evaluación general” está “funcionando sin problemas” para limitar la expulsión de trabajadores talentosos a la misma vez que se acogen a la legislación diseñada para protegerlos en cualquier industria.

Oficina de Spotify en Estocolmo.

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Uno de los cofundadores de Spotify afirmó que algunos de sus trabajadores han sido advertidos sobre una posible deportación.

“Estamos aquí por una clara razón. Tenemos que asegurarnos del cumplimiento de las leyes… e intentamos, de la mejor manera posible, que todos los que llegan aquí conozcan los requerimientos para cumplir con esas reglas”.

En 2019 se les rechazó la extensión del permiso a 550 personas, incluyendo a 50 que trabajan en el sector tecnológico y en puestos de programación. Este número es significativamente menor que los registrados en 2017 y 2018.

Sin embargo, la abogada Alexandra Loyd opina que la agencia tiene una tendencia a seguir “ligada a las reglas”, rechazando casos sin precedente legal y esperando a las apelaciones en corte, en lugar de analizar toda la cuestión al comienzo de cada una de las renovaciones de las visas.

“Hay una falta de previsibilidad en el sistema y en las decisiones de la Agencia de Migración”, argumenta Loyd.

Ali Omumi, el especialista en ventas del sector de la ingeniería, está ahora de vuelta en Suecia y trabaja en su antigua empresa en un puesto nuevo. Sin embargo, asegurar su regreso fue un largo proceso.

El iraní se reubicó en Estambul con su familia mientras buscaba nuevas oportunidad en Suecia o en otro país del norte de Europa. Primero rentó su casa en Suecia, pero pronto fue forzado a venderla por debajo del precio del mercado.

Se le dijo que había incumplido las reglas que prohíben que cualquiera que posea una propiedad en Suecia la alquile desde el extranjero, a no ser que se haya ido por razones de trabajo, estudios, enfermedad, entre otras. Y ninguno de esos motivos aplicaban para el caso de Omumi.

Trabajadores en las oficinas de Spotify en Estocolmo.

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Suecia ha sido un mercado atractivo para los trabajadores tecnológicos.

Cuando le ofrecieron de nuevo el trabajo en Suecia, se le impidió solicitar un nuevo visado porque no había pasado suficiente tiempo fuera del país, una decisión que después fue revocada.

Centrum för Rättvisa, el bufete de abogados, ahora le ayuda a demandar al estado sueco por las ganancias perdidas durante el período que estuvo fuera. Es la primera vez que un trabajador deportado presenta un caso de este tipo y de ganar el juicio podrían compensarle con unas 600.000 coronas suecas (US$62.900).

“El principal objetivo es reconocer que lo que sucedió fue incorrecto y que la agencia migratoria no vuelva a hacerlo”, dice Loyd, quien espera que el caso de Omumi suponga un antes y un después.

Si el caso progresa hasta la Corte Suprema sueca, podría sentar un precedente para aquellos trabajadores deportados que consideran que han sido injustamente tratados.

“Espero que esta demanda lleve a que se diseñen mejores leyes, las cuales permitan que el talento internacional venga a Suecia y se quede aquí siempre que contribuyan. Al final, será una mejor Suecia para todos”, añade Omumi.

La agencia de migración no quiere especular sobre el potencial impacto de la demanda.

“Esperaremos a que se tome una decisión y la comentaremos entonces”, dijo el portavoz Per Ek. La agencia no realizó declaraciones específicas sobre el caso de Omumi.

¿Quiénes siguen afectados?

Mientras tanto, muchos trabajadores talentosos continúa en el limbo.

La desarrolladora web Zena Jose, de India, apeló la negación a renovarle el visado y está esperando la resolución de su caso.

Tiene 28 años y trabaja en una startup en Estocolmo, pero ya había trabajado en la capital sueca para una compañía importante antes de hacerlo durante un periodo de forma remota desde la ciudad india de Bombay.

El hecho de que su primer empleador no le cancelara la visa al terminar el contrato fue lo que la llevó a este punto, a estar en riesgo de deportación.

“Es muy desalentador, porque no es mi culpa lo que está sucediendo y no he hecho nada incorrecto. Sin embargo, soy la que paga por ello“, dijo Zena.

A esta trabajadora se le ha aconsejado no dejar Suecia durante su apelación, ya que puede enfrentar problemas si regresa sin los documentos válidos. Esto significa que no podrá visitar familiares durante el período navideño. “Es deprimente porque hace casi un año que no les visito”, lamenta Zena.

Aniel Bhaga, un australiano de 34 años que recientemente trabajó como desarrollador de negocios para la marca de moda H&M, perdió una batalla legal de tres años para permanecer en el país en octubre. La razón: errores administrativos cometidos por su anterior empresa.

“He construido una extensa red profesional, una gran familia y grandes amigos aquí. He hecho mi vida”, lamenta Bhaga.

Ahora vive con sus padres en Brisbane, Australia, y realiza trabajos de autónomo mientras lanza una postulación que le permita continuar su trabajo para el gigante de la moda H&M.

A pesar de estar harto de la situación, se reconoce “entre los afortunados”, argumentando que hay “otras personas en peores circunstancias, sin un país fácil o agradable al que volver” mientras esperan que su situación se resuelva.

Una cuestión divisiva

El gobierno sueco ha abordado esta cuestión a nivel político, pero el progreso es lento.

En enero, un acuerdo entre el partido socialdemócrata del primer ministro Stefan Löfven, en coalición con otros partidos, prometió resolver este problema y presentó planes de una nueva visas de talentos para trabajadores altamente cualificados, empezando en 2021.

Desde entonces, sin embargo, no se han concretado muchos detalles y el ministro de Migración Morgan Johansson no aceptó ser entrevistado para este artículo.

Bandera sueca en Estocolmo.

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Los distintos puntos de vista sobre la situación de los trabajadores extranjeros está demorando la creación de políticas que la resuelvan.

La inmigración por trabajo es en general un asunto divisivo, con partidos de oposición y sindicatos ofreciendo un amplio espectro de puntos de vista sobre las prioridades a la hora de realizar ajustes legales.

Algunos quieren limitar las visas, ofreciéndolas solo en sectores donde está comprobada la escasez de trabajadores, mientras que otros abogan por una mayor flexibilidad a la hora de manejar los errores administrativos.

Mientras tanto, varias investigaciones llevadas a cabo por medios locales, como el documental de la emisora ​​de servicio público sueco SVT sobre la explotación de los trabajadores vietnamitas en salones de belleza, han agregado combustible al debate, al exponer el potencial de eludir incluso las regulaciones actuales.

Matthew Kriteman, director de operaciones de The Diversify Foundation, dice que Suecia sigue sin una dirección clara en este ámbito, con funcionarios que “continúan buscando el camino para mantener las regulaciones laborales tradicionales” y al mismo tiempo “integrar el talento extranjero que necesitan para diversificarse”.

Kriteman comenta que las experiencias de Suecia deben ser observadas de cerca, y tomando en consideración que el kompetensutvisning representa mucho más que una colección de batallas judiciales individuales o debates internos.

“Creo que en realidad refleja los desafíos de lo que es una especie de cuarta revolución industrial, donde la tecnología, las ideas y la innovación son más fluidas”, dice.

“En cuanto a la movilidad, este es un problema de futuro… No hay duda de que la innovación y el verdadero talento tienen otros mercados a los que pueden acudir”.

“Mantén a los que ya tienes”

“Si quieres crecer y hacer que tus compañías sean globales, necesitas talento internacional que aporte ese extra a las compañías y los equipos”, concuerda Aniel Bhaga, quien advierte que el talento extranjero se irá desplazando de Estocolmo a Berlín o Londres si Suecia no encuentra una solución duradera al problema.

Aniel Bhaga.

Maddy Savage
Aniel Bhaga advierte que el talento puede ir abandonando Suecia de forma voluntaria si la situación no se aclara.

Argumenta, a su vez, que el primer paso es “crear conciencia” de las reglas entre los empleados y los contratantes, además de una “mejor colaboración” entre las grandes corporaciones, las startups, los sindicatos y los políticos.

“Estás atrayendo a todas estas personas aquí, pero también necesitas mantener a las que ya tienes… porque eso es lo que va a llevar a Suecia a seguir innovando”, concluye.


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