¿Qué pasará con quienes viven y trabajan en Santa Lucía? Nadie lo ha explicado y hay muchas dudas
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Foto: Elizabeth Cruz

¿Qué pasará con quienes viven y trabajan en Santa Lucía? Nadie lo ha explicado y hay muchas dudas

Animal Político hizo un recorrido por las localidades aledañas a la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México, donde vecinos mostraron opiniones divididas en caso de que esa opción sea la elegida en la consulta ciudadana propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Foto: Elizabeth Cruz
23 de octubre, 2018
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Ciudadanos de localidades vecinas a la base militar de Santa Lucía, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador propuso la construcción de dos pistas para que pueda operar como nuevo aeropuerto civil, no tienen una opinión unánime a favor de ese proyecto.

Entrevistados por Animal Político, los vecinos mostraron su preocupación sobre múltiples temas. Por ejemplo, qué pasará con los miles de personas que viven y trabajan en la base militar; qué se hará con la inversión en unidades habitacionales al interior de ese espacio; y cómo llegarían miles de pasajeros desde la Ciudad de México (CDMX) para tomar un vuelo, o para hacer trasbordo en una terminal que estaría ubicada a más de 30 kilómetros de la capital mexicana.

En contraste, hay vecinos que consideran que la llegada de un nuevo aeropuerto les traería más opciones de empleo, ahorro en transporte a la ciudad, y más seguridad, por lo que están a favor del proyecto.

“¿Qué pasará con quienes vivimos en Santa Lucía?”

Ernesto es militar, y no está autorizado a dar entrevistas. Pero cuando en la entrada de la Base de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México, el reportero le pregunta sobre la consulta que decidirá qué aeropuerto se construye para la CDMX, frena el paso y dice que, como ciudadano, se encuentra preocupado por los resultados de la consulta.

Con los brazos cruzados y dándole la espalda a las dos enormes fotografías de unos aviones cazas supersónicos y helicópteros de combate que custodian la entrada al recinto militar, Ernesto admite que existen muchos puntos en contra, como que aún no está del todo claro si es una opción realmente viable, desde el punto de vista el tráfico aéreo, y compatible con el actual aeropuerto Benito Juárez.

Sin embargo, lo que realmente le preocupa a Ernesto es qué va a pasar con los más de 7 mil 250 elementos del Ejército que viven con sus familias en la Base de Santa Lucía, sea cual sea la opción que se elija.

“Santa Lucía no es solo una base militar, es un pueblito donde vivimos y trabajamos a diario en total más de 12 mil personas. Ahí adentro hay unidades habitacionales, escuelas militares, un hospital, instalaciones deportivas, un museo, y hasta un cine. ¿Qué pasará con todo eso si se decide abrir un aeropuerto comercial, o si se cierra la base porque van a abrir el de Texcoco?”.

Y, en efecto, nadie ha explicado, hasta ahora, qué va a pasar con las tres unidades habitacionales que hay en el interior de Santa Lucía, con 437 viviendas. De hecho, la última unidad habitacional con 90 viviendas, la Santa Lucía III, fue inaugurada apenas en febrero pasado.

Y tampoco se ha explicado qué pasará con la inversión de casi 40 millones de pesos que el Ejército mexicano tiene proyectado entre marzo y junio de 2019, según publica en una nota el diario Milenio, para construir otros dos edificios multifamiliares y una casa multifamiliar, como parte de la cuarta etapa de la unidad habitacional militar de la Base.

“En Santa Lucía también se ha invertido mucho dinero, y está previsto que se invierta en más viviendas. Pero nadie nos dice qué va a pasar con los que ya vivimos en la Base”, dice Ernesto.

Cristian camina por la banqueta que da acceso y salida a Santa Lucía junto a un reguero de personas, entre militares, ciudadanos con folders en las manos, adolescentes con uniforme escolar, y madres que llevan a sus hijos a una escuela cercana. No es soldado, pero Cristian plantea el mismo cuestionamiento que Ernesto.

“En la Base viven muchas familias, y si se construye un aeropuerto comercial las van a tener que sacar de ahí”, dice Cristian, que con el dedo señala a un costado de la rotonda que da acceso a la instalación militar, donde a lo lejos se levantan los bloques de cuatro niveles en los que viven los soldados con sus familias.

Cristian recuerda que, al margen de la tercera fase de unidades habitacionales, en febrero pasado también se acaba de inaugurar las instalaciones de la nueva Escuela Militar de Materiales de Guerra. Por lo que, si la Base aérea deja paso a un aeropuerto civil, “toda esa inversión se perdería”.

“El nuevo aeropuerto en Santa Lucía no me parece una buena idea. Creo que hay muchas cosas que faltan por explicar y que no están claras”, concluye Cristian, no sin antes cuestionar qué pasaría con el hospital del IMSS que está ubicado a solo un kilómetro escaso de la Base aérea, y si la reconversión en un aeropuerto comercial, con una nueva y más amplia terminal aérea para pasajeros, más la construcción de un hotel de 310 habitaciones, afectaría el suministro de agua de las localidades vecinas.

Quienes tampoco ven claro su futuro con un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, son los taxistas del sitio que está ubicado a unos pocos metros de la entrada al recinto militar.

Esteban, por ejemplo, dice que, en caso de un nuevo aeropuerto, probablemente les van a pedir nuevos permisos para poder operar en la zona. Y, además, lamenta que tampoco les han explicado si los taxistas de la CDMX, al compartir los dos aeropuertos, también podrían operar en Santa Lucía, lo cual afectaría a sus puestos de trabajo.

“En un principio, a mí como taxista sí me beneficiaría que pusieran en Santa Lucía el aeropuerto, porque sería más trabajo. Pero si los taxistas de la capital se van a querer llevar también su parte del pastel y nos hacen a un lado, pues entonces no estaría de acuerdo”, señala Esteban.

Foto: Elizabeth Cruz

“No hay vías de comunicación”

Otro punto que no convence a Héctor Rodríguez, un urbanista de profesión y quien es vecino de la zona, es el tema de la infraestructura y de cómo se transportarían los pasajeros desde la capital hasta Santa Lucía, y viceversa.

“No es factible tener dos aeropuertos operando”, dice tajante. “Imagine que llego al aeropuerto Benito Juárez de un vuelo internacional, de Estados Unidos, por ejemplo. Y luego tengo que tomar en Santa Lucía otro vuelo nacional a Oaxaca. ¿Cómo le hago para transportarme desde la ciudad y llegar aquí rápido para no perder mi siguiente vuelo? No creo que tengamos las vías de comunicación necesarias para eso”.

Actualmente, y a falta de un hipotético plan de movilidad, hay varias formas de llegar a la Base aérea. La más rápida es en coche, ya sea privado, o en taxi, lo cual también aumentaría los costos del pasajero.

Mientras que en transporte público las opciones son variadas, aunque el tiempo de traslado se dispara.

Mario Domínguez es chofer de una de las muchas combis de pasajeros que está estacionada a unos pocos metros de la base militar, junto al sitio de taxis. Mientras espera clientes que llenen el vehículo para iniciar el viaje, Mario explica que, en su experiencia cotidiana, la forma más rápida es llegar a la estación del Metro Indios Verdes, al norte de la CDMX, en la delegación Gustavo A. Madero. Y de ahí, tomar una combi que se vaya directo por la pista de cobro México-Pachuca.

“Si no hay mucho tráfico, de Indios Verdes hasta la Base puedes tardar 35 minutos. Pero si está pesado en la caseta de cobro, entonces súmale otros 25 minutos”, dice Mario, a lo que habría que añadirle que Indios Verdes está a otros 15 kilómetros, aproximadamente, y a unos 25 minutos de trayecto en coche del actual aeropuerto Benito Juárez.

Si el pasajero opta por transporte público y carreteras que no son de cobro, el tiempo puede alargarse incluso más.

Así fue la ruta que tomó Animal Político: primero, Metro Sevilla, en la Línea 1 (Rosa), la estación más cercana al Ángel de la Independencia (a 1 kilómetro). De ahí, hasta la estación San Lázaro (terminal de autobuses Tapo). Luego, trasbordo en la Línea B (verde), hasta la Estación Plaza Aragón, ya en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  Hasta aquí, 40 minutos de trayecto, aproximadamente.

Luego, combi en la avenida Carlos Hank González, que va haciendo paradas continuas a lo largo de otros 26 kilómetros, hasta Tecámac de Felipe Villanueva. Y una vez en esta localidad, otra combi que recorre siete kilómetros más hasta la Base de Santa Lucía.

En total, más de dos horas de trayecto desde el Ángel de la Independencia, en la CDMX, hasta la base aérea.

Ante este panorama, Héctor Rodríguez insiste en que la opción de Santa Lucía “no sería viable”, a menos de que se invierta en construir “una vialidad libre para poder llegar desde el aeropuerto Benito Juárez a Santa Lucía, como mucho, en 20 o 25 minutos”. Y eso, lógicamente, “también aumentaría el gasto de inversión” del nuevo aeropuerto.

Y lo mismo opina Pablo Rodríguez, vecino de Tecámac, quien dice que la carretera México-Pachuca (la libre) ya está de por sí saturada de tráileres, combis, y coches, como para añadirle, a diario, miles de pasajeros que buscarán cómo llegar lo más rápido posible a la ciudad de México, o a otros puntos de la República.

“Esta Base está lejísimos de todos los accesos para ir a la Ciudad de México –subraya Pablo-. Pero, además, si queremos atraer al turismo, necesitamos un buen aeropuerto que sea basto, moderno, y que sea el rostro de México ante el mundo. Y no creo que esta Base militar sea la mejor opción”.

“Traería más trabajo y seguridad”

A unos 16 kilómetros, en el municipio de Zumpango, la opinión de los vecinos es más favorable al proyecto de López Obrador de reconvertir Santa Lucía en un aeropuerto comercial.

Elsa Arellano despacha una modesta papelería, en una colonia que a las 10 de la mañana luce completamente desierta por dos motivos: el primero, la mayoría de la gente se va a trabajar a la Ciudad de México. Y el segundo, los que se quedan no salen por temor a los robos que proliferan en el lugar.

Por ello, la mujer dice que vería con muy buenos ojos que un proyecto de infraestructura como un aeropuerto pueda traer puestos de trabajo y seguridad a la zona.

“En Zumpango y en los pueblos de alrededor, casi todo el mundo se va a la ciudad a trabajar muy temprano, como a las 4 de la mañana. Y para nosotros sería muy beneficioso que llegara una fuente de trabajo que nos permita laborar aquí, poniendo negocios alrededor del aeropuerto, o incuso adentro”, comenta la mujer.

Carmelita López, otra vecina de la colonia, cree además que una fuente de trabajo del tamaño de un nuevo aeropuerto, reduciría considerablemente el número de personas que, a diario, toma el coche, combis, o transporte público, lo cual también aliviaría los accesos de la Ciudad de México.

En cuanto al ruido de los aviones despegando y aterrizando, una de las quejas frecuentes de los vecinos de las colonias aledañas a la Base, don Alejandro, de 70 años, cree que tampoco sería un impedimento mayor.

“En Santa Lucía se lleva haciendo maniobras de aviación desde los años 50 (la base se inauguró formalmente en 1952), así que ya estamos acostumbrados al ruido de los aviones”, dice el hombre riendo.

Además, a diferencia de lo que sucede en Texcoco, donde vecinos de la zona denuncian que fueron despojados de sus terrenos para la construcción del NAIM, aunado al fuerte impacto ambiental que se está generando en toda la zona del lago de Texcoco, don Alejandro ve como un punto favorable a Santa Lucía que la mayoría de los terrenos ya son propiedad del Gobierno federal, por lo que no habría afectaciones en este sentido.

“Yo lo tengo claro”, asegura Alejandro. “En la consulta, voy a votar a favor de Santa Lucía”.

En cambio, en Los Reyes Acozac, a 3 kilómetros de Santa Lucía, la estudiante de derecho Samantha Vergara opina que, precisamente, por esas expropiaciones de tierras que ya se han hecho, y por las pérdidas de 100 mil millones de pesos que se prevén si se cancela Texcoco, la opción de Santa Lucía no le parece viable. Aunque, en realidad, ninguna de las dos opciones le convence.

“Sea cual sea la opción, se va a tener que invertir mucho dinero en un nuevo aeropuerto que, en mi opinión, no es prioridad en un país donde hay tanta pobreza, y tantas personas analfabetas”, dice Samantha, que asegura que no votará en la consulta de cuatro días que inicia el próximo 25 de octubre.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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