Universidades de La Estafa Maestra buscan rescate financiero; Legislativo pedirá transparencia
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Universidades de La Estafa Maestra buscan rescate financiero; Legislativo pedirá transparencia

Entre una decena de instituciones que tienen una severa crisis financiera están cuatro universidades que participaron en el esquema de empresas fantasma y presuntos desvíos, conocido como La Estafa Maestra.
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1 de octubre, 2018
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Diputados federales cabildearán con representantes de la Secretaría de Hacienda el rescate financiero de 10 universidades que atraviesan por una severa crisis financiera. Sin embargo, pedirán rendición de cuentas en la aplicación presupuestal debido a que cuatro de las instituciones participaron en el esquema de presunto desvío de recursos con dependencias federales.

Las universidades autónomas de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan 19 mil millones de pesos para solventar los pasivos que arrastran sobre todo por pensiones, prestaciones y hasta salarios de sus trabajadores.

Cuatro de ellas participaron en el presunto desvío de recursos con dependencias federales a través de convenios para hacer supuestos servicios que no se cumplieron porque terminaron en empresas fantasma, como lo documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.

Se trata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil 140 millones de pesos con la Sedesol y la Sagarpa; la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa. Dichos tratos ocurrieron entre 2013 y 2015.

Este mecanismo de desvío fue alertado desde 2013 por la Auditoría Superior de la Federación, que en sus revisiones anuales detectó que universidades públicas subcontrataban a empresas que no cumplían con los servicios previstos. Aún así, diferentes instituciones de educación superior continuaron con esa práctica, pese a que el exauditor superior, Juan Manuel Portal, advertía que se trataba de un esquema que propiciaba corrupción.

Entre los implicados en La Estafa Maestra, las universidades son las únicas que no han dicho nada públicamente y no han sido llamadas a rendir cuentas por nadie, pese a que han sido denunciadas penalmente en 2015 y 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso es que ahora que buscan recursos extra para superar la crisis financiera, los diputados propondrán requisitos para que las instituciones sean rescatadas y se aseguren de que no vuelva a repetirse el desvío de recursos públicos.

Tonatiuh Bravo, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y exrector de la Universidad de Guadalajara, aseguró que una posibilidad es que las universidades reglamenten sus procedimientos para que hagan pública la justificación para recibir una adjudicación directa por parte de alguna institución de gobierno.

“Las universidades que pasaron por estos problemas deben dar un salto y aprovechar la autonomía, y generar normas que permita blindar la transparencia universitaria frente a actos ilícitos de esta naturaleza”, dijo el diputado en entrevista.

La crisis y la corrupción  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos llegó a límite. Se encuentra en huelga desde el 20 de septiembre debido a que los más de 6 mil trabajadores demandan el pago de 640 millones de pesos de adeudos salariales, prestaciones y aguinaldos para este año, dijo en entrevista Mario Cortés, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos.

Cortés informó, además, que los pasivos están a tal grado que sólo el adeudo con el IMSS asciende a 160 millones de pesos; pero la crisis es tan severa que ya no se sostenía la operación de la institución, “ni siquiera había papel de baño o copias”.

La Universidad Autónoma de Morelos es una de las participantes en el presunto esquema de desvío de recursos públicos. Hizo cinco convenios en 2014 con la Sagarpa y la Sedesol para hacer servicios como distribuir medio millón de despensas en los 400 municipios más pobres del país o fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Esto, gracias a que la Ley de Adquisiciones permite una excepción para evadir licitaciones públicas. Permite a entidades de gobierno contratarse entre sí sin necesidad de hacer concurso, para evitar burocracias. Pero en este caso, 11 dependencias federales, como la Sedesol, Pemex o Banobras, hicieron convenios con universidades por servicios que eran ajenos a la labor educativa.

Además, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que los servicios no se hicieron, y Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción comprobaron que se utilizaron empresas fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció.

En este mecanismo, cada actor ganaba un moche. Las universidades se quedaban con aproximadamente 10 y hasta 15% del dinero que recibían a través de los convenios, y el resto lo entregaban en subcontrataciones a las empresas, que iban pasando el dinero de una a otra, y cada una se quedaba con un porcentaje.

La Universidad de Morelos obtuvo 61 millones de pesos de moche gracias a estos convenios de 2014, pero aún así, para 2017 tenía un déficit de mil 320 millones de pesos. Cuando se entrevistó al entonces rector, Alejandro Vera, aseguró que aceptó los convenios precisamente debido a los problemas financieros de la institución.

“Es parte de lo que se tiene que hacer para poder sufragar una serie de cargas estructurales, particularmente prestaciones no reconocidas, pensiones y jubilaciones”, dijo en entrevista antes de concluir su periodo, en 2017.

Sin embargo, pese a que Gustavo Urquiza asumió la rectoría de la institución en noviembre de 2017, no se sabe si ha hecho una revisión exhaustiva de la administración financiera de Vera, misma que dejó a la institución en este punto de crisis.  

Animal Político buscó durante cinco días una entrevista con el rector Urquiza, para preguntarle al respecto, pero no hubo respuesta.  

Desde el año pasado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acompañó el llamado de auxilio de las universidades en crisis a través de un documento en el que los 191 rectores solicitan la ayuda gubernamental para el rescate, pero nunca han hecho un pronunciamiento respecto a los posibles actos de corrupción entre sus agremiados.

Por eso, también se solicitó una entrevista con Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, respecto a las crisis financiera y la utilización de las universidades en un mecanismo de corrupción, pero tampoco hubo respuesta.

De acuerdo a la legislación, su autonomía les permite dirimir cualquier asunto al interior de la institución, pero en este caso ninguna comunidad universitaria ha hecho algo para pedir cuenta a los rectores de las ocho universidades implicadas en 2013 y 2014: las autónomas de Morelos, Estado de México, Tabasco y Del Carmen. El Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM), Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

En 2015 también estuvieron la Universidad Intercultural, Estado de México, Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad de Tecnológica Nezahualcóyotl, que incluso fueron denunciadas penalmente por la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, igual que la de Morelos y Edomex, en 2015.

El legislativo

El pasado 20 de septiembre, rectores de las universidades en crisis acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar su intervención ante la Secretaría de Hacienda, a fin de enfrentar las crisis financieras, y los legisladores respondieron con la aprobación de un punto de acuerdo para concretarlo.

Este lunes, en la reunión de la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de todas las bancadas, abordarán el tema y probablemente establezcan la fecha del encuentro con Hacienda.

Sin embargo, en esta negociación también incluirán requisitos para que las universidades sean transparentes respecto a su presupuesto, aunque respetando su autonomía, confirmaron a Animal Político diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD.

Azael Santiago Chepi, diputado de Morena, aseguró que buscarán que la Secretaría de Hacienda libere recursos para las universidades, que incluso están en peligro de solventar sus gastos en los tres meses que restan del año, y además buscarán el aumento de recursos para 2019.

Pero también existe el “señalamiento” del presunto desvío de recursos públicos, por eso “seguramente se promovería una auditoría” para las universidades implicadas.

En tanto, Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, advirtió que una posibilidad sería pedir a las universidades, en respeto de su autonomía, que “reglamenten” el procedimiento cuando reciban adjudicaciones directas para que “quede perfectamente transparente al interior de las universidades de por qué se está aceptando”.

En el espíritu de la ley de Adquisiciones, “la excepción es correcta” porque en muchos lugares no hay otras alternativas, porque “se trata de estimular que puedan generar alternativas, pero eso es muy distinto a que se vea como un estímulo a que desde las universidades se hagan operaciones de carácter ilícito”, advirtió Bravo.

Ricardo Gallardo, coordinador de diputados del PRD, aseguró que “la autonomía no se va a vulnerar al momento de rendir cuentas y es una obligación que lo hagan porque están ocupando recursos públicos”.

En tanto, en la Cámara de Senadores está pendiente de discusión un punto de acuerdo del senador Armando Guadiana de Morena, para que la Auditoría Superior de la Federación revise a todas las universidades del país respecto al ejercicio de su presupuesto de 2018.

Porque si bien las universidades son sujetos obligados por la Ley de Transparencia, y como entes auditables por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la rendición de cuentas ha sido limitada.

“Los recursos de las entidades educativas tienen una cualidad en común, la opacidad con la que se aplica el financiamiento y consecuentemente se tiene una ineficaz rendición de cuentas, en el peor de los casos existe una nula información sobre las erogaciones realizadas”, advierte el diputado Guadiana en su punto de acuerdo.

Por eso también exhorta a la ANUIES a que, en el ámbito de su competencia, establezca mecanismos eficientes, el acceso a la información sobre la aplicación y destino de los recursos públicos de las universidades e institutos de Educación Superior del país.

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COVID-19: Qué nivel de vacunación se necesita para volver a "la vida normal"

Todavía no está claro qué normalidad viviremos al conseguir una inmunidad colectiva. Dependerá de cuánto dure la protección de las vacunas y de si cortan la transmisión además de evitar que enfermemos.
27 de noviembre, 2020
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Los anuncios sobre las vacunas contra el coronavirus invitan al optimismo, pero acabar con la pandemia y regresar a la normalidad sigue estando lejos.

Viajar sin restricciones, no usar mascarillas y asistir a eventos masivos son algunas actividades que tardarán en volver.

No basta con que se aprueben las vacunas y los países arranquen sus campañas de vacunación.

Para hablar de “nueva normalidad”, según expertos, hará falta vacunar a una gran mayoría.

Y esto podría tomar varios meses o incluso años.

Tampoco está claro qué normalidad viviremos al conseguir una inmunidad colectiva. Dependerá de cuánto dure la protección de las vacunas y de si cortan la transmisión además de evitar que enfermemos.

Cuatro desarrolladores han mostrado hasta ahora sus credenciales: Pfizer/BioNTech (EE.UU.-Alemania), Instituto Gamaleya (Rusia), Moderna (EE.UU.) y la Universidad de Oxford/AstraZeneca (Reino Unido).

Las cuatro vacunas demostraron ser efectivas en la Fase III de ensayos clínicos, pero son resultados preliminares pendientes de aprobación.

Cómo se comparan las vacunas en la Fase III de los ensayos clínicos

BBC

Teniendo en cuenta esto y los sacrificios para distribuir dosis en masa, ¿Cuánta gente hará falta vacunar para recuperar la vida antes del coronavirus?

Inmunidad global

“Cómo y cuándo volveremos a la normalidad está en la mente de todos“, reconoce Andrew Bradley, profesor de medicina molecular de la Clínica Mayo en Estados Unidos.

Pero es muy seguro que para lograrlo haya que vacunar a cerca del 75% de la población“, explica Bradley a BBC Mundo.

Son datos similares a los que maneja la Asociación de Vacunología en España (AEV), país que el 24 de noviembre aprobó su plan de vacunación contra la covid-19.

Este arrancará en enero de 2021 y las vacunas serán gratuitas y se administrarán primero a los grupos con mayor riesgo de mortalidad y exposición a la enfermedad.

Vacunación contra la gripe en California.

Getty Images
La OMS estima que hará falta inmunizar a un 60-70% de la población para frenar el avance del virus.

“Con un 60-70% de vacunación se empieza a controlar al microorganismo y cortar la transmisión”, dice a BBC Mundo Amós García Rojas, presidente de la AEV.

Los números también coinciden con los porcentajes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima necesarios para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad colectiva mínima pero necesaria para frenar la enfermedad.

“Dada la alta transmisibilidad del SARS CoV-2, creemos que será necesario inmunizar entre el 60 y 70% de la población. Eso se consigue vacunando de forma segura”, dijo en conferencia la doctora Soumya Swaminathan, científica jefa en la OMS.

Con estas cifras, en países como México habría que vacunar a 88 millones de personas, en Colombia a 35 millones y en Perú a 22 millones, por ejemplo.

México, que anunciará pronto su plan definitivo de vacunación, tiene preacuerdos cerrados con AstraZeneca y Pfizer para adquirir sus vacunas cuando se aprueben.

Colombia, por otra parte, aseguró tener 20 millones de dosis cerradas el 24 de noviembre.

Y el Ministerio de sanidad peruano se comprometió a pagar más de US$100 millones para adquirir 9,9 millones del compuesto de Pfizer.

Sin embargo, opina Bradley, es vital que los niveles de vacunación se consigan a nivel global.

“Será necesario alcanzar la inmunidad de rebaño a una escala global para reducir la incidencia de la enfermedad o erradicarla. Teniendo en cuenta que somos más de siete billones, esto podría tomar años”, estima el especialista.

“Estamos en una pandemia y no se trata de solo controlar la enfermedad en Reino Unido, Francia o España. También hay que combatirla en África y América Latina“, coincide García Rojas.

Puesto de vacunación en Ciudad de México.

Getty Images
Los expertos opinan que para hablar de nueva normalidad, debe alcanzar altos porcentajes de vacunación a nivel global y no solo en algunos países.

“Los países ricos deben ayudar a los de menos recursos. Esto es un problema global, de solidaridad”, añade.

Actualmente, varios gobiernos, organizaciones sanitarias, fabricantes, científicos y filántropos contribuyen en el proyecto Covax, diseñado para proveer un reparto equitativo y fluido de vacunas y tratamientos en todo el mundo, al margen de los recursos de cada país.

Algunos países, explica García Rojas, puede que ya tengan más inmunizados por vía natural y hayan superado la enfermedad.

Sin embargo, opina que la vacuna debe administrarse a todos “independientemente de si se hayan infectado o hayan sido asintomáticos o no”.

Interrogantes

Aunque existe cierto consenso sobre vacunar a un 70% de la población para recuperar cierta normalidad, otras organizaciones demandan cautela y apuntan a varias interrogantes por despejar.

“Todavía no se conocen al 100% la enfermedad y su inmunidad. Es pronto para decir qué porcentaje se necesita vacunar para disminuir la transmisión“, comenta a BBC Mundo el doctor Rodrigo Romero, secretario general de la Asociación Mexicana de Vacunología.

“También dependerá de la efectividad de la vacuna y cuánto dure la protección en las personas”, añade.

A las dudas sobre la protección e inmunidad de las vacunas, se suman los retos logísticos, de distribución y almacenamiento.

Las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNtech, por ejemplo, deben conservarse a temperaturas ultrafrías usando tecnologías especiales.

Persona sostiene una cartel donde se lee "No vaccine" (No a la vacuna) durante una protesta en Estados Unidos.

Getty Images
“Estamos viendo un considerable número de personas que no están seguras sobre si vacunarse o no. Cada campaña de vacunación tendrá que acompañarse de una estrategia de comunicación clara. Todo esto suma más tiempo”

Los expertos opinan que esto será un desafío, especialmente en países con menos recursos o en vías de desarrollo.

“El ritmo de cómo van llegando las vacunas a cada país irá marcando posibles horizontes temporales sobre cuándo volver a la normalidad”, dice García Rojas.

“También estamos viendo un considerable número de personas que no están seguras sobre si vacunarse o no. Cada campaña de vacunación tendrá que acompañarse de una estrategia de comunicación clara. Todo esto suma más tiempo”, agrega.

¿Nueva o vieja normalidad?

Aún consiguiendo inmunizar a suficiente población, los expertos dudan sobre cómo será la vuelta a la normalidad e incluso si volveremos a tener una vida como la de antes de la pandemia.

Bradley, de la Clínica Mayo, cree “improbable” volver pronto a la misma vida. Argumenta que “muchos negocios cambiarán y los empleados continuarán su trabajo remoto”.

Hombre con mascarilla dentro de un vagón del metro de Moscú.

Getty Images
García Rojas espera que el uso de mascarillas continúe tras la pandemia. No siempre, pero como muestra de solidaridad cuando estemos resfriados, por ejemplo.

“Los restaurantes y bares funcionarán con capacidad reducida y los viajes seguirán limitados”, añade.

García Rojas, por otra parte, dice que hablar de ‘nueva normalidad’ le provoca “sarpullidos”.

“Yo quisiera la normalidad de siempre. Pero hablar de esto en medio de una pandemia es peligroso para la ciudadanía. Puede hacer creer que estamos listos para volver a la rutina de antes”, opina.

“Honestamente, espero que después del coronavirus mantengamos muchas costumbres que adquirimos para protegernos. Espero que el lavado de manos frecuente se quede. También las mascarillas; no siempre, pero sí para solidarizarnos y usarla en la calle cuando estamos resfriados”, concluye García Rojas.


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