Uno de cada 10 mexicanos conoce al menos un caso de abuso sexual infantil en su familia
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Cuartoscuro Archivo

Uno de cada 10 mexicanos conoce al menos un caso de abuso sexual infantil en su familia

La organización civil Guardianes presentó un estudio sobre la percepción de los mexicanos acerca del abuso sexual infantil; 10% de los encuestados aseguró que durante su infancia o adolescencia sufrió abusos.
Cuartoscuro Archivo
15 de noviembre, 2018
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Uno de cada 10 mexicanos admite conocer al menos un caso de abuso sexual infantil al interior de su familia, mientras que casi también el 10% de los encuestados reconoce que durante su infancia o adolescencia sufrió abusos sexuales por parte de un adulto.

Estos son dos de los principales hallazgos documentados por la organización civil Guardianes en el informe “Percepción del abuso sexual infantil en México”, para el que realizaron 400 encuestas a hombres y mujeres en toda la República que son padres de menores.    

En la encuesta, que se presenta este jueves, se documenta que hasta 8 de cada 10 personas conocen algún caso de abuso sexual infantil en México, aunque la mayoría, el 52%, asegura que solo lo escuchó en las noticias; y el 26% que se lo platicaron terceras personas. Por su parte, un 10% dice que conoce un caso cercano, en su propia familia, y el 0.7%, casi 1 de cada 10 encuestados, denuncia que fue abusado sexualmente en su infancia.  

Para Rosario Alfaro, directora de Guardianes, estas dos últimas cifras, a pesar de que son muy menores en comparación con quienes escucharon casos de abusos en la televisión o por terceras personas, muestra la importancia, el tamaño, y la gravedad del abuso sexual infantil en México, máxime si tenemos en cuenta que es un tema con una elevada ‘cifra negra’ de casos no denunciados ante las autoridades, ni ante la sociedad públicamente.

“En una encuesta sobre abusos sexuales, muchas veces los adultos no quieren hablar de este tema –plantea Alfaro-. Por eso, que 1 de cada 10 entrevistados nos dijera que conoce un caso en su familia, o que fueron abusados en su infancia, nos parece sumamente significativo, y nos habla también de que la situación del abuso infantil en México es grave”.

Otro punto que destaca la directora de Guardianes acerca de ese 10% que admitió haber sido abusado, es que, poco a poco, los mexicanos se están atreviendo a hablar más del abuso sexual infantil.

“Que se empiece a hablar más abiertamente de este tema es algo muy positivo –recalca Alfaro-. Porque en el abuso lo que más daño hace es el silencio y el secretismo que lo protege, que va generando en las víctimas sentimientos de vergüenza que, cuando se enquistan, pueden generar trastornos en la vida del menor cuando sea adulto”, como trastornos de la alimentación y del sueño, autoagresiones físicas, adicciones a drogas, o tener relaciones dependientes.

La violación no es la única forma de abuso

Por otra parte, el estudio arroja otros resultados positivos, destaca la directora de Guardianes. Por ejemplo, en comparación con 2016, cuando la organización civil lanzó su primera encuesta sobre percepción del abuso sexual infantil, hoy más mexicanos entienden que la violación con penetración no es la única forma de abuso, sino que hay múltiples formas de abuso que deben identificarse.

Así, mientras en 2016 el 74% de los entrevistados reconoció como otra forma de abuso los tocamientos “eróticos” a menores; hoy, lo reconocen un 4% más, el 78%. Hace dos años, el 69% identificaba los “tocamientos al agresor” como abuso, y hoy lo hace el 73%. Enseñarle pornografía a un menor fue entendida como abuso infantil por el 61% en 2016, y ahora por el 63%.

En cuanto a quiénes son los principales agresores de menores, la encuesta revela que los entrevistados comienzan a identificar más a “personas cercanas” a la familia y al menor como posibles agresores, y no solo a las personas “extrañas”.

En la encuesta de hace dos años, el 49% apuntó a “alguien extraño” como los más agresores sexuales de menores; esa cifra se redujo nueve puntos este 2018, hasta caer al 40%.

Por el contrario, en 2016, el 41% identificó como posible agresor a “un familiar cercano hombre”, y ahora lo hace el 43%, dos puntos más.

Otro cambio en la percepción de los mexicanos en cuanto a este tema tiene que ver con dónde ocurre el abuso sexual infantil.

Rosario Alfaro señala que, “positivamente, nos encontramos con que hoy entendemos que el riesgo no solo está en la calle, sino en todas partes, en la casa, en las escuelas, en la casa de un familiar, o en la casa de un amigo”.

Y la encuesta así lo refleja: en 2016, el 34% pensaba que el riesgo estaba en todas partes; hoy, lo piensa así el 55%, 21 puntos más.

“La combinación de estos tres elementos es importante porque, entonces, ya estamos entendiendo que incluso familiares que no sean los padres y madres son posibles agresores, que la agresión no siempre se da de forma violenta, que no hay un único lugar para agredir, y que el abuso no solo es a través de la violación”, subrayó la directora de Guardianes.

La autoestima protege al menor

Al margen de estos resultados positivos, Guardianes también detectó varios focos rojos en las respuestas de la encuesta.

El estudio arrojó que los padres y madres entrevistados no entienden que la autoestima y el buen trato a los menores son elementos que determinarán la capacidad de éstos para hacer frente a un entorno de riesgos, y para prevenir el abuso sexual.

En 2016, el 38% creía que una opción eficaz para prevenir el abuso era que los niños tengan alta autoestima; dos años después, lo piensa así el 32%, seis puntos menos.

“Este dato es preocupante porque, aunque la autoestima por sí sola no previene el abuso, sí es una herramienta que va a hacer a los niños más fuertes para poder detectar el abuso, y comunicarlo a alguien que los pueda proteger, porque por sí solos ellos no pueden poner un límite al agresor”, apunta Rosario Alfaro.

Por otra parte, la mayoría de los entrevistados, el 92%, cree que la mejor forma de prevenir el abuso es “hablar con los niños del tema”.

No obstante, a pesar de este dato, Guardianes ve con preocupación cómo han aumentado los castigos físicos a los menores, como nalgadas, manotazos, y también la violencia verbal: en 2016, el 6% de los entrevistados dijo corregir a su hijo dándole “nalgadas”; hoy lo hace el 10%. Hace dos años, el 5% le daba un “manotazo” al menor, y hoy lo hace el 7%. Mientras que en 2016 el 1% le daba gritos al niño, y hoy lo hace el 3%.

Checa aquí los resultados de la encuesta de Guardianes.

El ‘Chiquiclub’ que detecta casos de abuso

La organización civil Guardianes, antes conocida como Asexoría, se dedica desde el año 2001 a detectar y prevenir casos de abuso infantil, a través de herramientas psicológicas, emocionales y cognitivas que preparan a niños y niñas, padres y madres de familia, y a cuidadores y docentes.

Una de sus iniciativas es el ‘Chiquiclub’, un camión en el que la organización civil ya ha viajado a múltiples ciudades de la República para entrevistar a más de 150 mil menores de primaria y a 50 mil adultos, con el fin de detectar posibles casos de abuso infantil.

Otra herramienta es la enseñanza del modelo educativo ‘Habilidades para la vida’, que dirigen no solo a los menores, sino también a los padres y docentes, a quienes capacitan a través de talleres para la rápida detección de las señales de abuso infantil y también para la no revictimización de los niños que hayan sufrido agresiones.

Aquí puedes consultar la web de Guardianes

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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