Fue un mal año. No, menos, como seis: la evaluación de Fundar al gobierno de Peña

Este miércoles, el Centro de Análisis e Investigación Fundar presenta su balance de la administración federal que concluye este viernes, en el que destaca cuatro grandes fracasos: combate a la corrupción; derechos humanos; reducción de la pobreza y una reforma energética que vulneró a los pueblos indígenas

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Cuartoscuro

Fracasos, deudas, batallas perdidas y promesas insostenibles: así resume la organización Fundar el gobierno de Enrique Peña Nieto, que este viernes llega a su fin.

El Centro de Análisis e Investigación presenta este miércoles su balance del sexenio en un documento titulado ‘Fue un mal año. No, menos, como seis’ utilizando el traspié cometido por el presidente en una declaración pública de 2017, para definir una administración que “reemplazó crisis sociales con aplausos para sus reformas estructurales”. El título hace referencia a la frase “Estamos a un minuto de aterrizar, no, menos: como a cinco”, que enunciara Peña Nieto durante un vuelo hacia Oaxaca.

Como resultado de su evaluación de las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto y su implementación, Fundar destaca cuatro temas fundamentales en los que la administración saliente fracasó: la estrategia contra la corrupción; el respeto a los derechos humanos en las políticas de seguridad; el combate a la pobreza, y el modelo de desarrollo al que aspiraba la reforma energética, que sólo derivó en pueblos indígenas vulnerados por emporios mineros.

“No sólo fue un año en el que la narrativa de la presidencia sumamente optimista se contradecía con las alarmas sobre México derivadas de la violencia por el narcotráfico y la crisis económica de unos años atrás; también lo fueron los cinco años restantes de la administración”, señala el reporte.

Para ilustrar la baja calificación que otorga al gobierno de Peña Nieto, Fundar menciona casos emblemáticos como el desvío de recursos públicos a través de universidades revelado por la investigación La Estafa Maestra; la impunidad en los actos de corrupción cometidos por varios gobernadores; el inmueble ocupado por el presidente y su esposa en las Lomas de Chapultepec -conocido como La Casa Blanca-; el espionaje a periodistas, así como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

El Centro de Investigación ha realizado este ejercicio de balance sexenal al final de tres administraciones: la de Vicente Fox, en 2006; la de Felipe Calderón en 2012 y la de Peña Nieto, este 2018, caracterizada por una “notoria centralidad” de la figura del presidente. El objetivo del documento, según Fundar, es dar a conocer el estado actual de las políticas públicas en los cuatro rubros que consideran más urgentes, para hacer recomendaciones de mejora para la siguiente administración, que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Corrupción: una batalla perdida

El sexenio de Enrique Peña Nieto termina marcado por uno de los índices de aprobación más bajos en la historia: 20% en 2017, según el Latinobarómetro, citado por Fundar, que atribuye esta cifra a la sombra de innumerables escándalos de corrupción: la Casa Blanca; la relación de Pemex con la empresa Odebrecht; el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca; la Estafa Maestra; los exgobernadores que desviaron recursos públicos; todos casos que siguen impunes y que situaron a México en el cuarto nivel más alto en el índice Global de Impunidad en 2017.

Es por todo esto que Fundar considera el combate a la corrupción como la batalla perdida de esta administración, que además concluye con una relación lejana y debilitada con la ciudadanía. La confianza ciudadana en el gobierno fue de sólo 15% en 2017 y la tercera más baja en América Latina, según el reporte, debido a estrategias como el espionaje gubernamental a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil organizada.

El documento cita la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde el país perdió seis puntos y 29 lugares entre 2012 y 2017. “Esto ilustra cómo el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se vio acompañado por un fuerte aumento de la corrupción, o por lo menos de su percepción, resultado de los escándalos de corrupción que marcaron el sexenio”, sentencia el balance sexenal.

Una de las áreas con mayor corrupción en México han sido históricamente las contrataciones públicas, y el sexenio de Enrique Peña no fue la excepción, destaca el reporte. Tampoco hubo avances en lo relativo a las figuras de excepción, recurso que permite crear tramas de desvío como el de La Estafa Maestra. Lo mismo sucedió con las adjudicaciones directas: de 2012 a 2016, 70% de los contratos del gobierno se dieron de esta forma, puntualiza el documento.

El mayor avance de este sexenio en materia de combate a la corrupción, agrega, ni siquiera es atribuible al gobierno sino a la sociedad civil, la academia y el sector empresarial: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). No obstante, este logro es todavía incipiente porque existen puntos clave todavía sin resolver: la designación de magistrados especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre otros. “El saldo de este gobierno en materia de combate a la corrupción es negativo. A final del sexenio, la corrupción sigue siendo un fenómeno recurrente y extendido en nuestro país”.

Ante esto, Fundar recomienda al gobierno entrante abrogar la Ley General de Comunicación Social y establecer criterios claros para la asignación de la Publicidad Oficial, así como publicar las declaraciones patrimoniales y de intereses para evitar, investigar y detectar el enriquecimiento inexplicable y los conflictos de intereses que deriven en actos de corrupción.

Seguridad y justicia: la deuda del Estado

En el segundo capítulo de su balance, Fundar analiza la criminalización de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, así como la respuesta gubernamental frente a la grave crisis de derechos humanos en el país, manifiesta en cientos de casos de desaparición forzada y tortura; en la inoperancia de las investigaciones para la procuración de justicia y en el poco acceso a la justicia que tienen las mujeres, sobre todo si son indígenas.

“Esta administración se caracterizó por una política de derechos humanos a la cual se sobreponía una política de seguridad nacional que permeaba todo el actuar gubernamental bajo la premisa de que la protección de las instituciones prevalecía sobre la protección de las personas”, puntualiza el informe.

Agrega que para el gobierno de Peña la institucionalidad de los derechos humanos se limitó a la contención y administración de demandas, dejando de lado la construcción de una agenda de transformación estructural que garantice el ejercicio efectivo de los derechos. Por ello, “el reto más importante en materia de derechos humanos para el gobierno entrante está relacionado con la articulación de una política que tenga como eje rector la protección de las personas”.

Para cumplir con este objetivo, la organización sugiere abrogar la Ley de Seguridad Interior; implementar un nuevo modelo de procuración de justicia con perspectiva de derechos humanos que garantice la independencia y eficiencia de la futura Fiscalía General; y cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales, como las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus informes sobre el caso Ayotzinapa, entre otras.

El fracaso contra la desigualdad

El tercer capítulo del corte de caja de Fundar advierte que el gobierno de Peña Nieto fracasó en la tarea de procurar que la política fiscal sirva para combatir las desigualdades y la pobreza. “No sólo se mantiene el mismo nivel de incidencia de la pobreza que en 1994, sino que la desigualdad de ingresos y de riqueza es crónica en nuestro país”, refiere.

En lo relativo al ingreso, en la administración saliente continúa la ausencia de políticas que se enfoquen en gravar a quienes más ganan; y por el lado del gasto, aumentaron los gastos superfluos en detrimento de un mayor gasto social, lo que llevó a una caída en la inversión pública y en el gasto social hasta niveles históricos.

Fundar recomienda al gobierno de López Obrador implementar políticas tributarias que cobren más impuestos a los más altos ingresos; revisar a profundidad el régimen de privilegios fiscales; reducir significativamente los gastos superfluos de la administración pública, y garantizar que los fideicomisos de interés público cumplan los fines para los que fueron creados.

Indígenas: el ‘daño colateral’ de la reforma energética

Para el Centro de Investigación, la Reforma Energética –una de las reformas estructurales que fueron el distintivo de la administración de Peña Nieto- incrementó las desigualdades sociales y económicas que siempre han afectado en mayor medida a sectores de la población históricamente excluidos y discriminados, como los pueblos indígenas.

La Reforma energética fue, para Fundar, una modificación al marco legal para seguir fomentando una matriz energética fósil, que prioriza la explotación de petróleo y gas de empresas privadas por encima de cualquier otra en los territorios. Esto ha obstaculizado el cumplimiento de las obligaciones que México ha contraído en materia de cambio climático, de sustentabilidad y de derechos humanos.

“Este modelo de desarrollo tiene impactos profundos en los derechos de los pueblos indígenas, pese a las promesas y los compromisos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo por esta administración”, advierte el texto.

Agrega que los cambios normativos en materia energética, en los sectores minero y de salud, obedecen a lógicas de financiamiento y apertura a la inversión privada, lo que ha derivado en una proliferación indiscriminada de grandes planes y proyectos de desarrollo, que impactan y amenazan gravemente los territorios y las formas de vida de las comunidades.

El documento reconoce algunos avances de este sexenio en esa materia al regular la consulta previa a nivel interno y dar pasos hacia su aplicación, sin embargo, advierte que las experiencias concretas han demostrado que su cumplimiento dista del mandato internacional y que termina siendo una simulación para imponer los proyectos de extracción.

La discriminación histórica de los pueblos indígenas se ha profundizado; y la falta de acceso a la justicia de las comunidades afectadas por megaproyectos ha sido patente ante sentencias que no garantizan una protección efectiva de sus derechos colectivos y ante la falta de ejecución de los fallos judiciales”.

En este contexto, Fundar recomienda a la administración que inicia este sábado 1 de diciembre que reconozca los derechos de propiedad y posesión colectiva de las tierras que ocupan los pueblos indígenas, conforme a los instrumentos internacionales en la materia.

Le sugiere también impulsar alternativas a las actividades extractivas mediante la diversificación productiva y energética; prohibir la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fractura hidráulica; derogar las figuras lesivas a los derechos colectivos de las comunidades incorporadas en la Reforma energética y en el marco legal minero; garantizar que los recursos del Fondo Minero y del Fondo para Entidades y Municipios productores de Hidrocarburos sean canalizados a proyectos de mediano y largo plazo que permitan alternativas de vida en los territorios; así como respetar y apoyar las formas de vida de las comunidades indígenas y de campesinos.

“Casi cinco años después, queda claro que los beneficios que supuestamente traerían las llamadas ‘reformas estructurales’ a nuestro país no sólo no llegaron, sino que el sexenio que concluye se desahogó con un gobierno diezmado en su capacidad operativa, en su margen de acción política y en su credibilidad y legitimidad social”, concluye el corte de caja de Fundar.

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