EPN termina su gobierno sin aclarar el caso Ayotzinapa, con una investigación fallida y ningún sentenciado
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EPN termina su gobierno sin aclarar el caso Ayotzinapa, con una investigación fallida y ningún sentenciado

A unos días de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, no hay un solo sentenciado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su administración mantuvo el rechazo a crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
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Por Arturo Daen
26 de noviembre, 2018
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Enrique Peña Nieto prometió que habría justicia en el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Pero a unos días de concluir su gobierno, con la investigación de la PGR, no hay una sola sentencia condenatoria contra alguno de los responsables, y no hay certeza para los padres sobre lo que pasó con sus hijos, en un hecho que tuvo resonancia internacional y que marcó la administración del político priista.

Durante estos cuatro años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el llamado GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhibido las fallas de la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar quién y por qué atacaron a los estudiantes de entre 17 y 25 años -el 26 de septiembre de 2014-, y qué fue de ellos.

Ese compendio de irregularidades, entre ellas la tortura contra detenidos, según documentó la Oficina de la ONU en México, la falta de imparcialidad de la PGR, y la precipitación del gobierno de Peña Nieto para tratar de dar “carpetazo” al asunto con la llamada “verdad histórica” -la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula-, llevaron a que en este punto la investigación oficial se esté “cayendo judicialmente”, según defensores de derechos humanos.

Leer: Federales vinculados con el ataque a los 43 fueron transferidos o despedidos, ninguno procesado

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, organización que ha dado asesoría legal a los padres de los normalistas, explicó en entrevista dos de las derrotas judiciales para la PGR y su “verdad histórica”, en lo que ha sido una “larga cadena” de desatinos.

Una de ellas se dio cuando una jueza dictó auto de libertad para cuatro personas señaladas como presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que según la versión de la Procuraduría tuvieron un papel clave en la desaparición de los normalistas, incluso como autores materiales del crimen.

Entre el grupo de liberados están los hombres apodados el Jona, el Pato y el Chereje, cuyas declaraciones fueron usadas por la PGR, en ese entonces al mando de Jesús Murillo Karam, para sustentar la versión de que los normalistas murieron en una pira en Cocula, misma que a la postre fue descartada por los expertos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, al no encontrar evidencia científica de ello.

El Jona, el Pato, el Chereje, y otro hombre identificado como el Wereke, habían sido señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pero ambas acusaciones “se cayeron”. La jueza, en su resolución, estableció que parte de las pruebas obtenidas contra ellos fueron ilegales, que hubo tortura para sacarles confesiones, y que existieron otras violaciones al debido proceso. Además, los testimonios se contradecían entre sí.

Otra resolución relevante para el caso se dio cuando un Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación sobre Ayotzinapa y que se establezca una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, integrada por representantes de las víctimas y la CNDH, como controles externos ante el trabajo del Ministerio Público.

Entre otros puntos, el Tribunal señaló que confesiones de detenidos fueron obtenidas con tortura, y que la PGR no actuó con imparcialidad ni autonomía, ya que no exploró a fondo las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, por acción u omisión, en los hechos violentos contra los 43 jóvenes.

La PGR del gobierno de Peña Nieto presentó impugnaciones al considerar que solo el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar delitos, y no una Comisión para la Verdad como la que planteó el Tribunal. Esta discusión judicial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse.

“El gobierno federal, contra esta orden de un tribunal colegiado, usó una ofensiva jurídica que incluyó la presentación de más de 200 recursos escritos y documentos legales”, dijo Aguirre, del Centro Prodh.

“Combatió más la creación de esta Comisión, que la liberación de los detenidos”, agregó en referencia a liberaciones como la de el Jona, el Pato, el Chereje y el Wereke.

Sobre las fallas en la investigación, Aguirre mencionó que el gobierno de Peña Nieto, por motivaciones políticas y para enfrentar el descontento social, tomó la decisión precipitada de que la PGR saliera a medios a decir que ya había aclarado el caso, sin tener un sustento.

“Esa injerencia política en la investigación precipitó las cosas, influyó en que se hablara de una verdad histórica cuando no había tal; permeó en que se hicieran conferencias de prensa y declaraciones públicas, cuando ni siquiera se habían concluido los trabajos periciales”, dijo el subdirector del Centro Prodh.

Algunas instituciones del Estado, como el Ejército, no mostraron disposición para caminar hacia la verdad en el caso Ayotzinapa, agregó Aguirre, omitieron información y no colaboraron con los mecanismos internacionales como el GIEI.

“No tenemos evidencia que indique participación activa (del Ejército) en la detención y posterior desaparición de los jóvenes, de lo que sí hay evidencia es de que elementos específicos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, tenían contactos con la delincuencia organizada, fueron omisos la noche del 26 de septiembre, y después en sus primeras declaraciones mintieron o deliberadamente omitieron datos relevantes”.

El Tribunal Colegiado que ordenó una Comisión para la Verdad, entre sus argumentos para reponer la indagatoria, señaló que la PGR había actuado de forma parcial, sin autonomía, al no explorar las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal, por acción u omisión en la desaparición de los jóvenes.

De ahí que en la sentencia incluso se obligara al Ejército y cuerpos castrenses a abrir sus instalaciones, para la búsqueda de datos que permitan conocer lo sucedido con los estudiantes.

Leer: 6 puntos clave de la sentencia que ordena crear una Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa

Jan Jarab, representante de ONU-DH en México, dijo en entrevista con Animal Político que la sentencia de un tribunal, para reponer la investigación sobre Ayotzinapa, es “histórica”, y que tiene la expectativa de que con el nuevo gobierno haya un avance en este caso.

El pasado 26 de septiembre, justo cuando se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 normalistas, la PGR dijo que han sido detenidos más de 100 presuntos responsables, y atribuyó que no haya sentencias condenatorias “a las circunstancias” propias de los procesos penales.

El “alargamiento procesal” derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados,  señaló la PGR, ha provocado “que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público”.

Respecto a la liberación de detenidos clave en el caso, quien fue secretario de Gobernación durante gran parte de la administración de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó que se debe a argucias legales, y que más allá de lo establecido por los jueces él confía en la PGR, como una institución seria y responsable.

En  2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas, el presidente Peña Nieto prometió que durante su gobierno sería esclarecido el caso y serían detenidos todos los responsables.

“No basta con la captura de los autores intelectuales. Detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables”, dijo Peña Nieto. “A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto, les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia”.

Cuatro años después, en una entrevista con Denise Maerker, Peña Nieto reconoció que Ayotzinapa marcó a su administración, aunque defendió que todos los elementos de la investigación concluyeron en que los jóvenes fueron quemados en Cocula.

“Yo creo que esto fue lo que ocurrió… si la investigación tuvo errores y fallas, bueno, está abierta, y creo que sigue en curso”.

Leer: Peña insiste en versión de PGR sobre Ayotzinapa y lamenta que padres no acepten resultados

Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, dijo a Animal Político que la crisis de violencia y violaciones a garantías vivida en el país este sexenio está “lastimosamente coronada” con el caso Ayotzinapa, que tuvo impacto no solo en México.

Ayotzinapa, bajo el escrutinio internacional

La impunidad que prevalece respecto a Ayotzinapa fue señalada por la representación de Estados Unidos, durante el EPU del pasado 7 de noviembre en Ginebra, Suiza, sin que la delegación nombrada por el gobierno de Peña Nieto explicara por qué no se ha aclarado el crimen, y no hay sentencias.

Estados Unidos, en su intervención durante el mecanismo de la ONU, recomendó a México identificar a los responsables de obstruir la justicia y cometer tortura, al investigar la desaparición de los jóvenes.

Al respecto, el representante de la PGR, Ricardo Sánchez, dijo en Ginebra que más de 100 personas han sido procesadas por su responsabilidad en el secuestro de los estudiantes, y 27 por tentativa de homicidio de uno de los normalistas, pero omitió mencionar que hasta ahora la investigación de la PGR no ha logrado una sola sentencia condenatoria.

El subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, quien encabezó la delegación mexicana en el EPU del 7 de noviembre, habló con Animal Político sobre Ayotzinapa.

Desde su perspectiva, “se ha hecho una investigación muy larga y muy profunda, por parte de la PGR”. Respecto a los señalamientos de tortura contra detenidos, dijo que serán las instancias de justicia las que se pronuncien, pues también hay investigaciones en marcha sobre esas irregularidades.

Ruiz Cabañas defendió que en el caso Ayotzinapa, como pocos, México ha estado abierto al escrutinio internacional, permitiendo que el GIEI y la CIDH vinieran a México para hacer observaciones, y recomendaran tomar medidas.

Cuestionado sobre las acusaciones de expertos independientes del GIEI, sobre que el gobierno obstaculizó su labor, y que incluso hubo señalamientos de que fueron espiados, el subsecretario defendió que se les dio acceso al país y cumplieron su periodo de trabajo, y que se han cumplido sus recomendaciones.

“Nunca hubo cerrazón de parte del gobierno, y la demostración es el mecanismo de seguimiento especial establecido por la CIDH con el gobierno de México”, dijo Ruiz Cabañas.

López Obrador, apuntó, deberá decidir si quiere seguir con el Mecanismo Especial de Seguimiento, o alguna otra herramienta internacional para el caso.

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'Los recolectores de cocaína' de Rotterdam: la vida de los jóvenes que descargan droga que viaja de América Latina a Europa

Delincuentes juveniles arriesgan sus vidas para descargar la droga que se envía desde el otro lado del Atlántico.
2 de diciembre, 2021
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Es un negocio criminal al alza.

El aumento en el volumen de cocaína enviada desde América Latina hacia Países Bajos, a través del puerto de Rotterdam, ha incrementado también el número de jóvenes empleados por las organizaciones delictivas para recoger la droga oculta en los fletes.

La BBC ha podido ver el peligroso trabajo de los llamados “recolectores de cocaína”, que actúan como enlace con las cadenas de suministro de droga en Europa.

Short presentational grey line

BBC

El monitor muestra una docena de figuras oscuras que corren en fila con precisión militar hacia un contenedor de carga en el puerto de Rotterdam.

El cargamento de fruta tropical colombiana quizá haya sido ya descargado, pero esta caja de metal de 12 metros de largo entre los miles de contenedores idénticos aún tiene mercancía en su interior: 80 kilos de cocaína ocultos en un refrigerador, con un valor en el mercado de alrededor de 4 millones de euros (US$4,52 millones).

La misión de los recolectores es sacar la droga del contenedor y alejarla de los muelles. Luego será enviada a capitales europeas como Ámsterdam, Berlín o Londres.

“El puerto es una mina de oro”, asegura un hombre encapuchado cuando lo entrevista el periodista Danny Ghosen en la cadena holandesa VPRO.

“Puedo ganar un buen dinero cerca de casa… y siempre hay trabajo”.

Es uno de los jóvenes empleados por poderosas bandas criminales.

“Cada encargo es diferente”, afirma. “Un jefe te dice ‘vais a ganar tanto a repartir’; otros dicen ‘os quedaréis parte de la droga para venderla vosotros'”.

2.000 euros por kilo

Un recolector puede ganar alrededor de 2.000 euros (US$2.260) por cada kilo de cocaína que descarguen. Y el negocio está en alza.

“Los descubrimos hace unos dos años”, afirma Andre Kramer, propietario de una compañía logística en el puerto.

“Había uno o quizá dos y los veías un par de veces al año. Pero en los últimos seis meses los grupos han crecido. Son 10 ó 12 personas y actúan 3 ó 4 veces por semana”.

El aumento en el tráfico está haciendo los métodos de los recolectores más sofisticados.

A veces, no sacan la cocaína del puerto, sino que la trasfieren a otro contendor señalado por las bandas con la ayuda de alguien de dentro. La mercancía saldrá entonces del recinto portuario en un camión. En otras ocasiones, las bandas esperan dentro del puerto los cargamentos de droga.

“Recientemente encontramos tres contenedores hotel”, cuenta Kramer. “Los recolectores pueden pasar días allí. Comen, beben y hacen sus necesidades dentro. Encontramos colchones, botellas de agua vacías y envases de comida.

Un contenedor vacío con botellas vacías y otros restos de la presencia de los recolectores.

BBC
Los restos de la presencia de los recolectores de droga.

Pero ocultarse en un contenedor a la espera de que el camino esté despejado puedes ser extremadamente peligroso.

A comienzos de septiembre, nueve jóvenes se vieron atrapados después de que se atrancara la puerta del contenedor en el que se ocultaban, en parte lleno con troncos.

“Si te encierras con cosas como madera o fruta, que consumen oxígeno, quedará menos aire para la gente dentro”, explica Jan Janse, jefe de la policía de puerto de Rotterdam.

Pese a que normalmente las bandas se aseguran de que los contenedores se pueden abrir desde dentro, esta vez algo salió mal y los recolectores quedaron atrapados.

En medio del pánico los recolectores llamaron al 112 para pedir ayuda.

“Teníamos esa información de que nueve personas iban a morir en un contenedor, pero en una terminal con 100.000 contenedores, y los propios recolectores no sabían exactamente dónde estaban”, dice Janse.

“Tuvimos que buscar en todas las instalaciones, con helicópteros, un montón de policía, agentes de aduanas, bomberos y ambulancias. Tuvieron suerte de que los encontráramos a tiempo”.

Tardaron 4 horas en encontrarlos. Algunos de los hombres tuvieron que ser hospitalizados por dificultades respiratorias. Por motivos de seguridad, Janse, que lleva siete años como jefe de policía del puerto, prefiere no revelar cómo encontraron a los recolectores.

“Dejémoslo en que hicimos algunas cosas inteligentes”, dice.

Un negocio al alza

En 2014 las autoridades interceptaron más de 5.000 kilos de cocaína en el puerto. En 2020 esa cifra había crecido hasta los 41.000 kilos.

Droga incautada.

Getty Images
La cantidad de droga interceptada no deja de aumentar.

“Estimamos que este año van a ser 60.000”, pronostica Janse. “Cada año batimos el récord. No estoy orgulloso. Está bien que aprehendamos la cocaína, pero llega una enorme cantidad”.

Y la que se descubren en el puerto representa solo una mínima parte de este tráfico ilícito.

En septiembre, 110 recolectores fueron capturados en el área portuaria en solo una semana. Pero, a menos que los pillen con las manos en la masa, el único riesgo para ellos es una multa de menos de 100 euros (US$113). Algunos llevan el dinero en efectivo para pagar al instante en caso de que los atrapen.

“Decimos que estamos dando un paseo, que nos fascinan los contedeores”, confiesa el joven que vive de descargar la droga que llega.

Rotterdam

Getty Images

Con sus 42 kilómetros de largo, el de Rotterdam es el puerto marítimo más grande de Europa. Más de 23.000 contenedores de carga se procesan aquí cada día.

Hay algo imprescindible para los recolectores de cocaína y las redes del narcotráfico que llegan aquí: la corrupción.

“Si viene aquí mañana, le garantizo que puede hacerse con uno de los pases de seguridad. Solo dígale a un trabajador que le pagará 500 euros (US$565) si le presta el suyo”, dice el recolector de droga.

“Es difícil hacer nuestro trabajo sin alguien de dentro, como un agente de aduanas. Puede que saque de la lista un contenedor que debía ser inspeccionado”.

Con quienes se rehúsan a cooperar, los recolectores usan la intimidación.

“Cuando un agente de aduanas dice que no, amenazas a sus hijos. Entonces dice que sí muy rápido”, cuenta el joven encapuchado.

Kramer asegura que sus empleados están bajo presión porque están a la vista de quienes trabajan para el crimen organizado.

“Hay gente a la que se han acercado en su casa para decirles que coloquen contenedores en un lugar concreto, como junto a una valla”, cuenta. “Y he tenido gente que ha renunciado. No quieren trabajar aquí más; están asustados”.

Short presentational grey line

BBC

El fiscal jefe de Rotterdam, Hugo Hillenaar, está familiarizado con estas historias.

“Gran parte de la delincuencia en la ciudad guarda relación con el problema de la droga en los muelles”, afirma. “Tenemos un tiroteo casi cada día. La violencia está aumentando”.

Y las sangrientas repercusiones del tráfico de cocaína en todo el país también aumentan, incluida el asesinato a plena luz del día en Ámsterdam de Peter R de Vries, el más famoso periodista de investigación holandés.

“Las mafias están muy bien organizadas. Tienen su CEO, sus recursos humanos, personal y captadores”, dice Nadia Barquioua, fundadora de JOZ, una organización de apoyo a los jóvenes.

JOZ desarrolla su labor en la orilla sur de Rotterdam, una de las zonas urbanas más deprimidas del país y hogar de muchos de los recolectores de droga. Más de una cuarta parte de su población tiene menos de 23 años y más de la mitad es de origen inmigrante.

En las décadas de 1960 y 1970, migrantes se instalaron aquí atraídos por las oportunidades de empleo en el puerto. Pero cuando la actividad industrial se desplazó al oeste y el trabajo aquí se acabó, quienes pudieron permitírselo se marcharon, dejando un vecindario en el que muchos hogares son ahora de bajos ingresos.

JOZ se centra en escuelas, clubes y centros comunitarios en un intento de alejar a los jóvenes de la delincuencia.

“Debemos enseñarles que ganar dinero de una manera normal es mucho más seguro y que tienen oportunidades en la ciudad”, expica Barquioua.

“Es mas fácil criar niños felices que enderezar a hombres rotos”.

Y en el puerto de Rotterdam hay cada vez más recolectores de droga.

“Tenemos chicos de 14 y 15 años haciendo ese trabajo y eso es preocupante”, dice Hillenaar. “Son cada vez más y más jóvenes”.

A shipping container lift in the Port of Rotterdam

BBC

Ahora que se acerca la Navidad y en la ciudad se habla de una “blanca Navidad”, no precisamente por la nieve, Hillenaar tiene un mensaje para los consumidores de cocaína.

“Cada día se esnifan 40.000 rayas de cocaína en la ciudad. Cada raya que esnifas tiene una detrás una historia de extorsión, violencia y muerte”.

El fiscal confía en que un cambio legal que está previsto para 2022 sirva como disuasión para los recolectores.

Prescinde de las multas e impone una pena de prisión de hasta un año a toda persona no autorizada que se encuentre en la zona portuaria. Pero, dadas las grandes cantidades de dinero en efectivo que se pueden ganar como recolector, no todos están convencidos de que vaya a funcionar.

“Honestamente, no creo que vaya a detenerse la llegada de droga hacia el puerto de Rotterdam”, dice Kramer.

Contenedores en el puerto de Rotterdam.

Getty Images
El puerto de Rotterdam es el mayor de Europa.

También le preocupa que aumentar el castigo y amenazar con penas de prisión pueda conducir a un aumento de la violencia.

“Hoy los recolectores se retiran silenciosamente. Pero va a ser duro cuando usen cuchillos, armas o lo que sea para escapar. No queremos esa especie de salvaje oeste en nuestra terminal”.

Para algunos jóvenes, el riesgo de acabar en la cárcel puede hacer que se lo piensen dos veces antes de enfundarse en la ropa oscura de los recolectores y colarse en los depósitos de contenedores. Pero dado lo mucho que se ofrece, otros no serán disuadidos tan fácilmente. Saben que son un eslabón vital en la cadena del negocio del narcotráfico hacia Europa. Y ese negocio no tiene visos de agotarse pronto.


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