EPN termina su gobierno sin aclarar el caso Ayotzinapa, con una investigación fallida y ningún sentenciado
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EPN termina su gobierno sin aclarar el caso Ayotzinapa, con una investigación fallida y ningún sentenciado

A unos días de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, no hay un solo sentenciado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su administración mantuvo el rechazo a crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
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Por Arturo Daen
26 de noviembre, 2018
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Enrique Peña Nieto prometió que habría justicia en el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Pero a unos días de concluir su gobierno, con la investigación de la PGR, no hay una sola sentencia condenatoria contra alguno de los responsables, y no hay certeza para los padres sobre lo que pasó con sus hijos, en un hecho que tuvo resonancia internacional y que marcó la administración del político priista.

Durante estos cuatro años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el llamado GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhibido las fallas de la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar quién y por qué atacaron a los estudiantes de entre 17 y 25 años -el 26 de septiembre de 2014-, y qué fue de ellos.

Ese compendio de irregularidades, entre ellas la tortura contra detenidos, según documentó la Oficina de la ONU en México, la falta de imparcialidad de la PGR, y la precipitación del gobierno de Peña Nieto para tratar de dar “carpetazo” al asunto con la llamada “verdad histórica” -la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula-, llevaron a que en este punto la investigación oficial se esté “cayendo judicialmente”, según defensores de derechos humanos.

Leer: Federales vinculados con el ataque a los 43 fueron transferidos o despedidos, ninguno procesado

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, organización que ha dado asesoría legal a los padres de los normalistas, explicó en entrevista dos de las derrotas judiciales para la PGR y su “verdad histórica”, en lo que ha sido una “larga cadena” de desatinos.

Una de ellas se dio cuando una jueza dictó auto de libertad para cuatro personas señaladas como presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que según la versión de la Procuraduría tuvieron un papel clave en la desaparición de los normalistas, incluso como autores materiales del crimen.

Entre el grupo de liberados están los hombres apodados el Jona, el Pato y el Chereje, cuyas declaraciones fueron usadas por la PGR, en ese entonces al mando de Jesús Murillo Karam, para sustentar la versión de que los normalistas murieron en una pira en Cocula, misma que a la postre fue descartada por los expertos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, al no encontrar evidencia científica de ello.

El Jona, el Pato, el Chereje, y otro hombre identificado como el Wereke, habían sido señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pero ambas acusaciones “se cayeron”. La jueza, en su resolución, estableció que parte de las pruebas obtenidas contra ellos fueron ilegales, que hubo tortura para sacarles confesiones, y que existieron otras violaciones al debido proceso. Además, los testimonios se contradecían entre sí.

Otra resolución relevante para el caso se dio cuando un Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación sobre Ayotzinapa y que se establezca una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, integrada por representantes de las víctimas y la CNDH, como controles externos ante el trabajo del Ministerio Público.

Entre otros puntos, el Tribunal señaló que confesiones de detenidos fueron obtenidas con tortura, y que la PGR no actuó con imparcialidad ni autonomía, ya que no exploró a fondo las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, por acción u omisión, en los hechos violentos contra los 43 jóvenes.

La PGR del gobierno de Peña Nieto presentó impugnaciones al considerar que solo el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar delitos, y no una Comisión para la Verdad como la que planteó el Tribunal. Esta discusión judicial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse.

“El gobierno federal, contra esta orden de un tribunal colegiado, usó una ofensiva jurídica que incluyó la presentación de más de 200 recursos escritos y documentos legales”, dijo Aguirre, del Centro Prodh.

“Combatió más la creación de esta Comisión, que la liberación de los detenidos”, agregó en referencia a liberaciones como la de el Jona, el Pato, el Chereje y el Wereke.

Sobre las fallas en la investigación, Aguirre mencionó que el gobierno de Peña Nieto, por motivaciones políticas y para enfrentar el descontento social, tomó la decisión precipitada de que la PGR saliera a medios a decir que ya había aclarado el caso, sin tener un sustento.

“Esa injerencia política en la investigación precipitó las cosas, influyó en que se hablara de una verdad histórica cuando no había tal; permeó en que se hicieran conferencias de prensa y declaraciones públicas, cuando ni siquiera se habían concluido los trabajos periciales”, dijo el subdirector del Centro Prodh.

Algunas instituciones del Estado, como el Ejército, no mostraron disposición para caminar hacia la verdad en el caso Ayotzinapa, agregó Aguirre, omitieron información y no colaboraron con los mecanismos internacionales como el GIEI.

“No tenemos evidencia que indique participación activa (del Ejército) en la detención y posterior desaparición de los jóvenes, de lo que sí hay evidencia es de que elementos específicos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, tenían contactos con la delincuencia organizada, fueron omisos la noche del 26 de septiembre, y después en sus primeras declaraciones mintieron o deliberadamente omitieron datos relevantes”.

El Tribunal Colegiado que ordenó una Comisión para la Verdad, entre sus argumentos para reponer la indagatoria, señaló que la PGR había actuado de forma parcial, sin autonomía, al no explorar las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal, por acción u omisión en la desaparición de los jóvenes.

De ahí que en la sentencia incluso se obligara al Ejército y cuerpos castrenses a abrir sus instalaciones, para la búsqueda de datos que permitan conocer lo sucedido con los estudiantes.

Leer: 6 puntos clave de la sentencia que ordena crear una Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa

Jan Jarab, representante de ONU-DH en México, dijo en entrevista con Animal Político que la sentencia de un tribunal, para reponer la investigación sobre Ayotzinapa, es “histórica”, y que tiene la expectativa de que con el nuevo gobierno haya un avance en este caso.

El pasado 26 de septiembre, justo cuando se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 normalistas, la PGR dijo que han sido detenidos más de 100 presuntos responsables, y atribuyó que no haya sentencias condenatorias “a las circunstancias” propias de los procesos penales.

El “alargamiento procesal” derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados,  señaló la PGR, ha provocado “que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público”.

Respecto a la liberación de detenidos clave en el caso, quien fue secretario de Gobernación durante gran parte de la administración de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó que se debe a argucias legales, y que más allá de lo establecido por los jueces él confía en la PGR, como una institución seria y responsable.

En  2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas, el presidente Peña Nieto prometió que durante su gobierno sería esclarecido el caso y serían detenidos todos los responsables.

“No basta con la captura de los autores intelectuales. Detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables”, dijo Peña Nieto. “A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto, les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia”.

Cuatro años después, en una entrevista con Denise Maerker, Peña Nieto reconoció que Ayotzinapa marcó a su administración, aunque defendió que todos los elementos de la investigación concluyeron en que los jóvenes fueron quemados en Cocula.

“Yo creo que esto fue lo que ocurrió… si la investigación tuvo errores y fallas, bueno, está abierta, y creo que sigue en curso”.

Leer: Peña insiste en versión de PGR sobre Ayotzinapa y lamenta que padres no acepten resultados

Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, dijo a Animal Político que la crisis de violencia y violaciones a garantías vivida en el país este sexenio está “lastimosamente coronada” con el caso Ayotzinapa, que tuvo impacto no solo en México.

Ayotzinapa, bajo el escrutinio internacional

La impunidad que prevalece respecto a Ayotzinapa fue señalada por la representación de Estados Unidos, durante el EPU del pasado 7 de noviembre en Ginebra, Suiza, sin que la delegación nombrada por el gobierno de Peña Nieto explicara por qué no se ha aclarado el crimen, y no hay sentencias.

Estados Unidos, en su intervención durante el mecanismo de la ONU, recomendó a México identificar a los responsables de obstruir la justicia y cometer tortura, al investigar la desaparición de los jóvenes.

Al respecto, el representante de la PGR, Ricardo Sánchez, dijo en Ginebra que más de 100 personas han sido procesadas por su responsabilidad en el secuestro de los estudiantes, y 27 por tentativa de homicidio de uno de los normalistas, pero omitió mencionar que hasta ahora la investigación de la PGR no ha logrado una sola sentencia condenatoria.

El subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, quien encabezó la delegación mexicana en el EPU del 7 de noviembre, habló con Animal Político sobre Ayotzinapa.

Desde su perspectiva, “se ha hecho una investigación muy larga y muy profunda, por parte de la PGR”. Respecto a los señalamientos de tortura contra detenidos, dijo que serán las instancias de justicia las que se pronuncien, pues también hay investigaciones en marcha sobre esas irregularidades.

Ruiz Cabañas defendió que en el caso Ayotzinapa, como pocos, México ha estado abierto al escrutinio internacional, permitiendo que el GIEI y la CIDH vinieran a México para hacer observaciones, y recomendaran tomar medidas.

Cuestionado sobre las acusaciones de expertos independientes del GIEI, sobre que el gobierno obstaculizó su labor, y que incluso hubo señalamientos de que fueron espiados, el subsecretario defendió que se les dio acceso al país y cumplieron su periodo de trabajo, y que se han cumplido sus recomendaciones.

“Nunca hubo cerrazón de parte del gobierno, y la demostración es el mecanismo de seguimiento especial establecido por la CIDH con el gobierno de México”, dijo Ruiz Cabañas.

López Obrador, apuntó, deberá decidir si quiere seguir con el Mecanismo Especial de Seguimiento, o alguna otra herramienta internacional para el caso.

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¿Trabajar más horas para superar la crisis económica?: la propuesta que enciende el debate en Francia

Un prestigioso grupo de expertos franceses publicó una serie de propuestas que han generado un intenso debate en torno al tema del trabajo en el país europeo.
23 de mayo, 2020
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La pandemia del nuevo coronavirus llevó a muchos gobiernos a poner la economía en una especie de coma inducido con cuarentenas y órdenes de confinamiento obligatorio.

Así ha sido también en Francia, donde hasta este viernes se habían registrado más de 28.000 muertes por covid-19. Allí, en el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió un 5,8%.

Y solamente la semana pasada 300.000 personas fueron puestas en “desempleo parcial”, una figura que permite a empresas ejecutar reducciones salariales y de horas de trabajo a su personal.

Ahora que se empiezan a relajar las medidas de confinamiento y para tratar de acelerar la recuperación de la economía, el Instituto Montaigne -un importante think thank con sede en París y cuyo director es cercano a Emmanuel Macron- propuso una serie de medidas que incluyen eliminar un día feriado en mayo y una semana de vacaciones escolares en octubre, así como aumentar las horas de trabajo.

Estas ideas levantaron una enorme polémica y, además, abrieron un debate nacional sobre la mejor manera para superar la crisis económica que ha dejado la pandemia.

Personas caminando por la calle de lo que parece París

Getty Images
El economista Bertrand Martinot, autor de las propuestas, cree que las empresas deberían tener la opción de poder obligar a sus empleados a comprar días de vacaciones.

Ya en abril el Movimiento de Empresas de Francia (Medef) había provocado controversia con su sugerencia, en plena cuarentena, de que había que abrir el debate sobre trabajar más.

“Tarde o temprano nos tendremos que hacer preguntas sobre la jornada laboral, los días feriados y las vacaciones remuneradas para acompañar una reactivación económica y facilitar, trabajando un poco más, un crecimiento adicional”, señaló el Medef.

¿Mejorar la productividad por hora y trabajar un poco más?

Un discurso que en su momento fue calificado de “totalmente indecente” por Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el principal sindicato del país.

“Abrir hoy el debate sobre el aumento de las horas de trabajo cuando cientos de miles de personas probablemente perderán su empleo debido a este virus me parece completamente anacrónico e incluso indecente”, dijo Berger durante una intervención en la emisora pública France Info.

“Lo que me preocupa son todos esos trabajadores que están en peligro de perder su empleo”, agregó.

"En lugar de hacer que los empleados trabajen más, deberíamos primero asegurarnos de que todos tengan un trabajo que les permita vivir decentemente". ", Source: Vincent Gautheron, Source description: Sindicalista, Image: Agricultor

A un mes de esta polémica, el economista Bertrand Martinot, autor del conjunto de propuestas publicadas por el Institut Montaigne, relanza el debate en el país europeo.

“El razonamiento básico nos dice que, en los próximos meses y trimestres, las empresas tendrán una caída muy significativa en su productividad por hora. Como resultado de las medidas de protección, toda la actividad económica se ralentizará. Mejorar la productividad por hora trabajada y trabajar un poco más son dos maneras de corregir esta caída“, le dice Martinot a BBC Mundo.

Para aumentar las jornadas laborales, Martinot propone facilitar el canjeo de días de vacaciones.

Edificios en París.

Getty Images
Según el Institut Montaigne, la productividad francesa se verá afectada por las medidas de confinamiento.

“Eso ya es posible hoy, pero se requiere que el empleado esté de acuerdo. Lo que yo propongo es que la empresa pueda obligarlo a comprar días libres“, prosigue el que fuera consejero del expresidente Nicolas Sarkozy.

“Simplemente escandaloso”

“Obviamente no se trabajará gratis y se debe hacer dentro de los límites legales”, afirma Martinot al tiempo que agrega que el empleado seguiría teniendo “derecho a disfrutar de sus vacaciones de verano”.

El economista francés sugiere llegar a un acuerdo con los sindicatos para que parte del tiempo extra trabajado este año pueda ser pagado en 2021. “Pero no en forma de salario, sino en forma de participación de los trabajadores en los resultados de la empresa”, precisa.

En diálogo con BBC Mundo, Vincent Gautheron, secretario nacional de Ugict-CGT, uno de los cinco principales sindicatos del país europeo, considera que este conjunto de propuestas son “simplemente escandalosas”.

“Tenemos un buen número de trabajadores que ahora están desempleados, completa o parcialmente. En lugar de hacer que los empleados trabajen más, deberíamos primero asegurarnos de que todos tengan un trabajo que les permita vivir decentemente”.

Según el economista Grégory Claeys, del Instituto Bruegel, con sede en Bruselas, el plan del Institut Montaigne forma parte de un conjunto de ideas que reaparecen cada vez que hay una crisis.

“En teoría, se puede pensar que si trabajamos más, producimos más y esto nos permitirá salir de la recesión, pero en la práctica nos damos cuenta de que agregar uno o dos días de trabajo al año tiene un efecto realmente marginal en el PIB“, le dice a BBC Mundo.

Personas en las escaleras del Sagrado Corazón en París.

Getty Images
El Institut Montaigne cree necesario eliminar un día feriado y una semana de vacaciones escolares para ayudar a la economía.

A principios de año, el Instituto Nacional de Estadística de Francia estimó que el hecho de que el año 2020 tenga, por motivos de calendario, dos días laborables más que 2019 le aportaba 0,12% puntos al PIB.

“Es un porcentaje insignificante si lo comparamos sobre todo con la caída que se espera en algunas naciones europeas, que va de 7% a 10% dependiendo del país”, insiste Claeys.

Inspirado en la reacción de Singapur a la crisis del SARS en 2003 -cuando el país suprimió 15 días de vacaciones escolares en junio para compensar los que se habían perdido durante la cuarentena- el Institut Montaigne también sugiere eliminar una de las dos semanas de descanso que los franceses en edad escolar suelen tener en octubre.

En Francia, la mayoría de las escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, planean permanecer cerradas al menos hasta el mes de septiembre como parte de las medidas de confinamiento.

Según Martinot, sus propuestas tienen dos ventajas.

“Primero, les permite a los estudiantes ponerse al día en la escuela, lo cual es muy importante. Y luego, les da la posibilidad a los padres de que sigan trabajando sin ninguna preocupación, pues frecuentemente cuando tienes a los niños en casa (…) no trabajas bien”.

""Si los empleados no tienen vacaciones, no harán turismo. Hay que tener cuidado con eso".", Source: Vincent Gautheron, Source description: Sindicalista, Image: Turista

Además, el economista considera necesario acabar con el feriado del Día de la Ascensión, una festividad cristiana celebrada 40 días después del domingo de resurrección.

“Es una propuesta que habría hecho fuera del contexto de la covid-19: Francia tiene el mayor número de vacaciones en mayo dentro de los países de Europa. Tenemos tres días feriados, algunos años incluso llegamos a cuatro”, explica.

“Esto hace que Francia se quede atrás en términos de producción per cápita con respecto a Alemania u otros países del norte de Europa. Entonces, esta es una forma de aumentar ligeramente el potencial de crecimiento del país”.

Un “capricho” de los empresarios

El líder sindical Vincent Gautheron duda que estas propuestas ayuden a mejorar la productividad y estima que se trata simplemente de “un capricho” de los empresarios que piensan que siempre hay que trabajar y producir más.

Torre Eiffel.

EPA
Menos vacaciones significa menos ingresos para la industria del turismo, advierte Vincent Gautheron.

“No es sensato. Por un lado tenemos industrias y servicios que pedirán menos vacaciones y más trabajo, pero por otra parte tenemos a los sectores del turismo y del entretenimiento que le dirán al gobierno ‘tienes que ayudarnos porque con la cuarentena hemos perdido ingresos y estamos al borde de la bancarrota’.

“Si los empleados no tienen vacaciones, no harán turismo. Hay que tener cuidado con eso”.

Muy de acuerdo con esta reflexión, el economista Grégory Claeys considera importante destacar que la industria del turismo no sería la única afectada.

“De forma general, en muchos sectores no sirve para nada hacer que la gente trabaje más si no hay demanda. Tal vez puede ayudar a algunos sectores como el de la construcción a ponerse al día, pero en ningún caso hará que la gente consuma más”.

A finales de marzo, el gobierno de Macron tomó una serie de medidas para amortiguar el impacto económico de la crisis, como aumentar la duración máxima de la jornada laboral de 48 a 60 horas, facilitar que las empresas puedan poner a sus empleados a tiempo parcial y permitir una expansión de las jornadas nocturnas y dominicales.

Emmanuel Macron.

AFP
El director del Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, es cercano al mandatario francés Emmanuel Macron y lo apoyó a lo largo de su campaña presidencial en 2016.

Por eso, un sector importante de la población francesa ha recibido con asombro las propuestas del Institut Montaigne.

“Ya existen estructuras que les permiten a las empresas organizar el trabajo e incluso trabajar un poco más”, señala Gautheron.

“Cuando les pedimos esfuerzos a los empleados, ellos lo consideran injusto”

El sindicalista cree que hay que “acabar con la lógica del retorno inmediato del capital” e incentivar mejores salarios para “permitir que todos vivan lo mejor posible” y consuman los bienes y servicios que necesitan.

La pandemia ha interpelado a varios ciudadanos sobre la relación que tenemos con el planeta. Nos hemos centrado mucho en el hecho de que las personas puedan comer este animal o aquel otro”.

"Hay un sentimiento de injusticia y de desigualdad que hace que este tipo de discurso -completamente racional- no quiera ser escuchado".", Source: Bertrand Martinot, Source description: Economista., Image: Protesta en Francia

“La lección de todo esto es que en un momento en que nuestro modelo de producción ha desafiado a nuestro planeta y a sus ecosistemas, estos son los tipos de problemas que enfrentaremos más regularmente si no cambiamos nuestro enfoque con respecto al medio ambiente”.

Pero para Bertrand Martinot el problema es que los franceses tienen una relación con el trabajo “que se ha vuelto patológica“.

“Existe un ambiente de desconfianza general en Francia. Desconfianza hacia la empresa, hacia el Estado… Entonces, cuando les pedimos esfuerzos a los empleados, ellos lo consideran injusto. Hay un sentimiento de injusticia y de desigualdad que hace que este tipo de discurso -completamente racional- no quiera ser escuchado”.

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