El camino verde hacia la legalización de la marihuana
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El camino verde hacia la legalización de la marihuana

Ciudades y países de todo el mundo han marcado la pauta sobre la legalización y regularización del cannabis. México se plantea sumarse a esta lista y los consumidores comienzan a imaginar cómo sería el México de la marihuana legal.
Por Camila Sánchez Bolaño / Newsweek México
11 de noviembre, 2018
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Caminar por las calles de Los Ángeles, California, Estados Unidos, es una experiencia surreal para quienes vivimos en un país en el que la posesión simple de marihuana es uno de los crímenes que contabiliza más detenciones. Enormes espectaculares invaden las avenidas principales de esta ciudad, y en estos se ve a personas sonrientes y relajadas detrás de la leyenda “Cannabis”, y en la parte inferior derecha de los espectaculares se lee: MedMen. Es esta la publicidad de una de las tiendas de cannabis más importantes de California, que cuenta con cinco tiendas tan solo en la ciudad de Los Ángeles.

Entrar en MedMen es una experiencia muy parecida a entrar en una tienda de productos Apple. El recorrido comienza por los productos comestibles: gomitas de cannabis sativa, chocolates, paletas de caramelo y productos untables, como mantequilla de maní con altos contenidos de THC (el principal constituyente psicoactivo del cannabis). Después los productos de CBD, esos que no tienen efectos psicoactivos y que son de uso medicinal: cremas para el dolor de espalda, gotas para la migraña, pastillas para dormir, labiales y cremas para evitar el envejecimiento.

Del otro lado de la tienda hay dos refrigeradores que contienen productos como panqués congelados, refrescos y helados, todo con cannabis. En el centro de la tienda, dos vitrinas, la primera con distintos tipos de plantas, algunas orgánicas, otras hidropónicas, unas sativas, índicas o híbridas. La segunda con extractos y concentrados, todos iluminados como si se estuviera frente a piezas importantes en algún museo. En las dos mesas, tabletas que contienen toda la información de cada uno de los productos.

Los puristas de la marihuana no se emocionan al entrar en estas tiendas comerciales, pues creen que han quitado toda la personalización a la venta de marihuana. Para ellos, aún existen las farmacias. El ambiente aquí es muy distinto, la sala de espera es igual a la del consultorio de cualquier doctor, debes registrarte al ingreso y solo pueden estar cierto número de personas en el interior del consultorio a la vez. Cuando el médico, en bata blanca, dice tu nombre, puedes pasar a la tienda. Una vez adentro, te pregunta específicamente lo que buscas: dormir, tener energía, relajar la mente, curar algún dolor o malestar, reír o, simplemente, viajar. A partir de ahí, te recomienda la planta o el extracto indicado para ti.

ÁMSTERDAM

Para los consumidores de marihuana, Ámsterdam es un destino obligado. Aunque la marihuana no es legal en Holanda, tampoco está prohibida y las cafeterías que la venden sin receta y sin necesidad de registro son los lugares más visitados por los turistas.

Al entrar en una cafetería, todo se asemeja a la que hay en la esquina de tu casa o de tu oficina, todo menos el olor, que en lugar de ser el del café tostado es el característico olor de la planta de cannabis. Te sientas en un sillón y te entregan un menú en el que encontrarás hasta 30 diferentes tipos de planta, pides la que llame tu atención, y la fumas ahí mismo. Además te recomiendan el grano de café con el que debes acompañar tu porro para potenciar los efectos de la marihuana.

MÉXICO

El jueves pasado, la futura secretaria de Gobernación y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa que busca regular el consumo y comercio de la marihuana para uso recreativo y medicinal. En caso de que se convierta en ley, los consumidores en México comenzarán a vivir un escenario muy distinto al que viven actualmente.

Con el fundamento del derecho al libre desarrollo de la personalidad que tenemos todos los seres humanos, la decisión sobre los productos que consumimos y experimentamos en nuestro cuerpo será solamente nuestra. Y, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, es responsabilidad del Estado hacer políticas de prevención y educación para que sus ciudadanos tomen decisiones informadas.

Bajo esta propuesta de ley, cada consumidor que sea mayor de edad podrá tener hasta 20 plantas de marihuana en casa. Esto con la especificación de que la producción de cannabis no debe sobrepasar los 480 gramos al año. Si se considera que una persona que fuma un cigarro de marihuana al día consume, en promedio, 14 gramos de marihuana al mes, los 480 gramos anuales superan por mucho ese consumo. Además, la propuesta permite la posibilidad de crear cooperativas de hasta 150 socios y estas pueden producir hasta 480 gramos de marihuana al año, por socio.

Así que ya tenemos nuestra propia planta, a la cual cuidamos y vemos crecer con mucho amor. De ella cosechamos la marihuana que vamos a consumir y podemos hacerlo en cualquier espacio público (menos los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco): parques, terrazas de restaurantes, en la banqueta o en cualquier espacio público al aire libre.

Para los que no quieran crecer su propia planta, la ley establece que la venta de cannabis y sus derivados se delimitará a establecimientos específicos que solo podrán vender cannabis y sus derivados. Estos establecimientos estarán regulados por el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis (cuya creación está contemplada en la iniciativa de ley).

CONSUMIR SIN SER PERSEGUIDO

En nuestro país, caminar con poco más de 28 gramos de mota es un riesgo, pero según la iniciativa de la futura secretaria de Gobernación, ya no lo será. Los datos de las personas privadas de libertad así lo sustentan. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República, de las personas entre los 18 y 29 años de edad detenidas e indiciadas bajo una averiguación previa federal por delitos contra la salud entre 2006 y 2014, 35 por ciento fueron detenidas por posesión; 31 por ciento, por consumo, y solamente el 7 por ciento fueron detenidas por tráfico, producción, comercio o suministro.

De acuerdo con la investigación “Marihuana en México: el peso de la prohibición”, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 del Inegi carece de estadísticas o es opaco en los datos de los sistemas estatales, pues en 40 por ciento de los casos la sustancia involucrada se desconoce.

De los casos en que la sustancia sí es conocida, la más frecuente es la marihuana. Entonces, quitando ese 40 por ciento que se desconoce, 1,742 personas estaban privadas de la libertad por posesión de marihuana y 1,641 por posesión con fines de venta o suministro.

Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que si se aprueba la iniciativa “va a disminuir la violencia que el Estado mexicano ejerce sobre ciertos grupos de poblaciones. Los datos en el tema de detenciones muestran que el principal delito es la posesión simple”.

Entonces, explica, “sabemos que el Estado, al aplicar estas leyes, genera mucha violencia en contra de una población que tiene características sospechosamente similares: predominantemente son hombres jóvenes que provienen de contextos marginados. A ellos se dirigen las leyes de prohibición actualmente. Ellos son los que terminan en las cárceles y el hecho de que terminen estas detenciones implica que se puedan liberar recursos que hoy se están usando para encarcelar personas para usarlos en otros temas que son más importantes”.

En los campos de cultivo de cannabis en California, Estados Unidos, viven familias que durante las cosechas invitan y también dan empleo temporal a cambio de comida, un lugar donde dormir y, al final de la cosecha, les dan un pago dependiendo de los gramos que hayan cortado, además les dan la libertad de fumar todo lo que quieran, bajo la advertencia de que, entre más fumen, menos cosecharán. En México podría suceder algo semejante.

El abogado Juan Pablo Gil y el empresario Alberto Kuri están en el mercado legal de la marihuana en Colorado y California, Estados Unidos. En México fundaron la asociación civil Pro Canna y colaboran con campesinos de Michoacán y Guerrero; con expertos en regulación y política pública; y con especialistas en reinserción con la finalidad de que México se convierta en el líder de esta industria “y que después de la marihuana podamos cabildear para que se vayan regularizando las demás drogas: opioides y amapola. Creemos que el problema de inseguridad no se va a acabar hasta que regularicemos todas las drogas”, explica Kuri.

Llevan diez años trabajando en la industria de producción y comercialización legal de marihuana en México; Denver y California, Estados Unidos. “Siempre hemos querido traer esto a México porque creemos que es la potencia natural de la marihuana. En México hay ya miles de personas creciendo hectáreas de marihuana que, al volverse legales, podrían dar mucho dinero a los campesinos y también generar impuestos. Pero va a ser muy importante guiarlos y ponerles un camino hacia la legalización y estandarización de sus empresas. Por ejemplo, hemos ofrecido a campesinos que están creciendo amapola, un campo de sustitución de marihuana y todos están interesados”, agrega.

Hoy en día, los campos de cultivo en México distan mucho de parecerse a los de California. De acuerdo con lo que narra Catalina, también especialista e integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, los cultivos de marihuana se erradican de dos formas distintas: la primera es en tierra, cuando los soldados arrancan las plantas manualmente y con aspersores rocían químicos a las plantas. La segunda es por aire, con avionetas o helicópteros que liberan estos químicos. Los más utilizados, según Catalina Pérez Correa, son el glifosato y el paraquat que lo que hace es que cae sobre las plantas y, en un periodo de dos a tres días, las diseca.

“Los estadounidenses —abunda Catalina— se dieron cuenta de que pasaban las avionetas con el paraquat y los campesinos se daban cuenta, entonces las cortaban rápido y vendían marihuana con paraquat. No queda muy claro cuál es el efecto de fumar eso, pero según la Cofepris, el químico tiene una toxicidad 4 (de 5) y provoca sangrados nasales, quemaduras en la piel, afectaciones en las corneas, entre otros síntomas”. Además, al liberarse por aire cae en cultivos de maíz, en escuelas y en los cuencos de agua, afectando así a mayor población.

Catalina Pérez Correa señala que la iniciativa se queda corta en términos de abrir un mercado justo para los campesinos. La iniciativa de ley dice, en el Artículo 46, que “el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis (cuya creación está contemplada en la iniciativa de ley) establecerá los lineamientos bajo los cuales se otorgarán licencias de siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización”, pero no limita el número de licencias que se podrían otorgar por entidad y, más importante, no incluye a los campesinos que actualmente trabajan en la ilegalidad.

“A mí me gustaría ver algo más fuerte, que pudieran decir ‘el 30 o 40 por ciento de las licencias de cultivo se va a dar a las comunidades donde se ha realizado la erradicación de marihuana en el país’, porque todas estas comunidades que han sufrido la violencia de Estado por las leyes prohibitivas tendrían que estar incluidas en el mercado legal y debemos de hacer políticas que los incluyan explícitamente”, dice la también investigadora.

El negocio de la marihuana ha comprobado, en países como Estados Unidos, ser una gran fuente de ingresos para los estados que la han regulado. La iniciativa de Morena permite una integración vertical del mercado, esto quiere decir que una persona puede sembrar, transportar, procesar y llevar al punto de venta e incluso vender la marihuana. “Esto solo favorece a la creación de grandes empresas que controlen el mercado, y todo esto sin garantizar el beneficio a los campesinos”, agrega Catalina Pérez Correa y propone dividir el mercado para prevenir estas prácticas: “No va a ser tan eficiente el mercado, pero será mas justo y protegerá la salud, porque este sistema lo que favorece es que vendas y produzcas lo más que puedas para que tu negocio sea rentable”.

SALUD PÚBLICA

Las personas con padecimientos cuyos dolores son muy fuertes tienen dos opciones: el tramadol (que es un opioide que ataca fuertemente al sistema nervioso) o una calada de marihuana. A la hora de utilizar la marihuana como medicamento, los enfermos necesitan buscar una calidad muy específica que contenga altos grados de CBD y muy bajos, o nada, de THC. Con la situación actual en México es difícil, aunque no imposible, encontrar este tipo de productos.

Lee la nota completa en Newsweek México

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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