CIDH concluye que investigación sobre Ayotzinapa está incompleta y fragmentada
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Cuartoscuro

CIDH concluye que investigación sobre Ayotzinapa está incompleta y fragmentada

En su informe del Mecanismo Especial para el caso Ayotzinapa, la CIDH emite recomendaciones para el Estado y plantea los desafíos de la investigación.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
28 de noviembre, 2018
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles su Informe Final del plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) mediante el cual ha dado seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el marco de su séptima visita oficial a México, la comitiva de la CIDH informó que este informe da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano para esclarecer el paradero de los estudiantes; la investigación para esclarecer hechos; la atención de las víctimas y familiares, y las medidas de no repetición.

Para lograr este informe, durante los últimos dos años, la CIDH realizó 6 visitas oficiales por las y los Comisionados y el Secretario Ejecutivo; 5 visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH; 5 reuniones de trabajo, y 4 audiencias públicas realizadas en los períodos de sesiones de la Comisión.

Igualmente, a través del MESA se elaboraron cinco cuestionarios para el Estado mexicano sobre el avance de la investigación y que, dicen, fueron respondidos oportunamente.

Además se revisaron 618 tomos remitidos por la PGR que contienen actuaciones hasta el mes de julio de 2018.

Los resultados de este informe fueron presentados a las partes involucradas de la Medida Cautelar MC 409/14 (Estado mexicano y peticionarios) para que conozcan los principales hallazgos, retos y desafíos que la CIDH observó desde 2016 sobre el caso Ayotzinapa.

La CIDH resalta que durante este periodo de trabajo se hayan facilitado los espacios de interlocución entre las víctimas y familiares de desaparecidos y las autoridades. Agregan que, a su vez, la CIDH impulsó la realización de diligencias para la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas, las cuales sí fueron consideradas por el Estado.

Entre uno de los hallazgos del informe se señala que a más de 4 años de la desaparición de los normalistas “la CIDH observa que el Estado mexicano contrató el sistema LIDAR, que sirve para verificar perturbaciones en el terreno, dicho sistema se utilizó en una zona de 60 km2 alrededor de Iguala, sin obtenerse resultados positivos”.

Para este análisis, la Comisión trabajó en conjunto con las autoridades y los familiares.

“El MESA llama a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos”, exhorta la CIDH en un comunicado.

De la misma forma la CIDH recomienda la importancia de contar con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en Guerrero para facilitar las búsquedas.

Sin embargo se observa “una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”.

Uno de los puntos que más preocupa a la Comisión es que, actualmente, aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por la CIDH, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“El Informe da cuenta del seguimiento que se habría realizado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva”, señalan.

Respecto a las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, “se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente”.

Y sobre la indagación a la Policía Municipal, la CIDH “considera necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala”.

La Comisión argumenta que existen suficientes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos.

En lo que respecta a la Policía Federal, la CIDH solicita que se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR y se analice la posible relación de uno de los mandos de la PF con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Finalmente, la CIDH señala la falta de avances en la investigación por parte de las autoridades, resaltando el hecho de que algunos recursos de amparo interpuestos por familiares siguen pendientes de resolverse.

Y sobre las medidas de no repetición, el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva.

Con la presentación de este informe, la CIDH busca sumar esfuerzos para lograr una investigación que determine los hechos, así como la responsabilidad de quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas.

Se espera que con las conclusiones y recomendaciones expuestas, el Estado oriente el cumplimiento de la medida cautelar.

La CIDH “continuará dando seguimiento a la medida cautelar MC 409/14 hasta que persistan los elementos que dieron origen a dicha medida, se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala”, finalizan.

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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