CNDH confirmó 55 casos de tortura por parte de elementos de Policía Federal entre 2012 y 2016
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Cuartoscuro

CNDH confirmó 55 casos de tortura por parte de elementos de Policía Federal entre 2012 y 2016

En todos los casos, además, se sufrir torturas, las víctimas sufrieron también de detenciones arbitrarias o retenciones ilegales.
Cuartoscuro
12 de noviembre, 2018
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Entre 2012 y 2016, elementos de la Policía Federal incurrieron al menos en 55 casos de tortura en distintas entidades del país, tal como revelan las estadísticas difundidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De esos casos, 31 fueron confirmados a través de 13 recomendaciones emitidas en el pasado por dicho organismo, y los últimos 24 casos están expuestos en la más reciente recomendación por “violaciones graves” publicada por el ombudsman nacional, el pasado 30 de octubre.

A lo largo del sexenio que concluye, señala el estudio de la CNDH, la tortura y los tratos crueles han sido empleados sistemáticamente por la Policía Federal durante sus operaciones, y de ello dan muestra los más recientes reportes anuales de quejas: sólo en el periodo 2015 a 2017 se presentaron 357 denuncias por tortura ante la CNDH, de los cuales, en 85% la autoridad perpetradora señalada por las víctimas fue, precisamente, la Policía Federal.

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Según las estadísticas divulgadas por la CNDH, sólo entre 2012 y 2016, contra la Policía Federal se presentaron 171 quejas por tortura, de ellas, 142 corresponden al año 2016.
En 2015 y 2016, de hecho la Policía Federal ocupó el primer lugar entre las autoridades más mencionadas ante la CNDH como probables responsables de tortura.

En los últimos 24 casos de tortura confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 23 de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, y tres de las personas agredidas fueron menores de edad.

Estos 24 casos fueron perpetrados por elementos de la Policía Federal destacamentados en Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, y Puebla, entidad en donde los abusos se realizaron en complicidad con elementos de la Policía Municipal de Tepeaca.

De esas 24 víctimas, 23 fueron detenidas de forma arbitraria, ya sea porque la Policía Federal las privó de la libertad sin contar con orden judicial, o porque los agentes federales allanaron ilegalmente sus viviendas, para extraerlos por la fuerza.

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Tal como señaló, la CNDH, “el hecho de que la tortura en agravio de las (24) víctimas se haya presentado en siete distintas entidades federativas del país de forma reiterada, en un periodo del 2012 al 2016, y que se haya torturado a menores de edad, agrava el hecho que, per sé, es una violación grave a los derechos humanos”.

En todos los casos, además, las personas torturadas sufrieron también de detenciones arbitrarias o retenciones ilegales.

La CNDH destaca también el hecho de que en estos 24 casos de tortura, los elementos de la Policía Federal contaron con la complicidad, o con el encubrimiento, de funcionarios de otros órdenes de gobierno, ya sea policías municipales (como en el caso de Puebla), militares, o de funcionarios judiciales y penitenciarios estatales y federales que no registraron las lesiones que presentaban los detenidos, causadas por la tortura.

“El mayor número de detenciones arbitrarias (…) ocurrió en el estado de Michoacán”, con seis casos, destaca la recomendación de la CNDH, seguido del Estado de México, con tres víctimas, en tanto que Jalisco, Sinaloa, Guerrero y Ciudad de México registraron un caso cada entidad.

En total, señala la CNDH, la Policía Federal incurrió en 14 detenciones arbitrarias, en las que las víctimas fueron detenidas sin orden de aprehensión, y luego torturadas para autoincriminarse.

En nueve de esas detenciones ilegales, los elementos de la Policía Federal se justificaron alegando que actuaron al detectar la comisión flagrante de un delito, pero en todos los casos, la narración de los agentes fue siempre la misma: que los policías federales detectaban vehículos “sospechosos”, con personas en “actitud sospechosa”, a los que se les daba “alcance” y tras una revisión al vehículo y sus tripulantes se les encontraban objetos ilícitos.

En los 24 casos de tortura documentados recientemente por la CNDH participaron, según las investigaciones de este organismo, 65 elementos de la Policía Federal, contra los cuales, el organismo defensor de los derechos humanos anunció que “presentará queja ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF, así como denuncia ante la Procuraduría General de la República”.

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Las elecciones más cruciales en América Latina en 2021 (y por qué pueden definir el rumbo de la región)

Castigados por la pandemia y la crisis económica, y en el marco de un amplio descontento popular, varios países latinoamericanos irán a las urnas en el correr del año.
2 de enero, 2021
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Más pobres, vulnerables y ansiosos que unos meses atrás, millones de latinoamericanos buscarán responder en 2021 algo urgente: ¿quién puede sacarlos del pozo en que se encuentran?

La pregunta dominará las elecciones que varios países de América Latina prevén celebrar en el transcurso del año, tras la muerte y devastación causada por la pandemia de covid-19.

Los datos estremecen: la región sufre la que ha sido llamada supeor contracción económica en un siglo, cercana a 8% en 2020, con unos 40 millones de personas entrando en la pobreza.

Los expertos anticipan que en este contexto puede acentuarse un fenómeno que ya se veía en Latinoamérica antes de la pandemia: la tendencia a cambiar de gobernantes, que pagarán el costo de la crisis ya sean de izquierda o derecha.

“Las elecciones van a ser un soberano voto de castigo para los gobiernos“, le dice Carlos Malamud, investigador principal para la región del Real Instituto Elcano, a BBC Mundo.

Otros advierten que la situación puede propiciar incluso el surgimiento de líderes populistas y de nuevas protestas callejeras: el rumbo político de la región puede definirse en 2021 tanto en las urnas como en las calles.

Entre febrero y noviembre

El calendario electoral latinoamericano 2021 tiene una primera entrada en Ecuador el 7 de febrero.

En la disputa están el banquero y empresario Guillermo Lasso, el líder indígena Yaku Pérez y el economista Andrés Arauz, un delfín del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), cuya condena por un caso de corrupción le impidió ser candidato a vicepresidente.

Una manifestación en Quito

EPA
Ecuador tiene previsto celebrar elecciones en febrero.

Con opciones tan diferentes en medio de la crisis económica y un gran descrédito de las instituciones, la elección ecuatoriana puede ser un anticipo de lo que ocurrirá luego en otros países de la región.

En el vecino Perú, sacudido por la pandemia y una fuerte inestabilidad política que le ha llevado a tener tres presidentes distintos durante 2020, las elecciones generales están marcadas para el 11 de abril.

La crisis de liderazgo peruana ha derivado en la preparación de más de una veintena de candidaturas presidenciales, ninguna con una mayoría clara en las encuestas, que marcan una amplia indecisión o apatía de los votantes.

Otro país con un complejo panorama es Chile, que tiene elecciones previstas para el 21 de noviembre, tras la gigantesca ola de protestas callejeras de 2019 y la elección por voto popular de una convención constituyente en abril próximo.

Las encuestas marcan como principales precandidatos chilenos al alcalde comunista Daniel Jadue, al alcalde conservador Joaquín Lavín y a la diputada Pamela Jiles, aunque el escenario puede variar en los próximos meses.

Dos mujeres se abrazan durante las celebraciones en Chile por la victoria del Apruebo

Reuters
Chile irá a elecciones mientras redacta una nueva Constitución.

En noviembre también hay elecciones previstas en Honduras y Nicaragua, donde analistas anticipan que el presidente Daniel Ortega buscará pasar a su esposa Rosario Murillo el poder que ejerce desde 2007, según sus opositores en base a fraudes electorales.

Además, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina tendrán tests de popularidad en junio y octubre respectivamente, con elecciones legislativas de mitad de mandato previstas en sus países.

Entre protestas y populismos

La crisis de América Latina plantea en algunos países una necesidad de reformular el contrato social, lo cual es “una buena oportunidad para evitar el surgimiento de opciones populistas, que las va a haber de todos los colores”, sostiene Malamud.

El malestar social a lo largo de la región quedó de manifiesto en noviembre con las protestas masivas en Perú, que causaron la caída de un presidente, y en Guatemala, que acabaron con el Congreso en llamas y la suspensión de un proyecto de presupuesto para 2021.

Guatemala

Reuters
El malestar social latinoamericano se expresó en protestas como las que estremecieron a Guatemala e noviembre.

Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, cree que las protestas en la región van a resurgir cuando los gobiernos decidan acabar con las ayudas sociales que implementaron ante la pandemia.

“Se pueden producir inestabilidades si los gobiernos no logran entender, y los nuestros claramente no han entendido todavía, en qué consiste la demanda (de ayudas sociales): ellos creen que es una demanda pasajera y la pandemia la ha transformado en una demanda permanente“, le dice Lagos a BBC Mundo.

A su juicio, esto puede llevar al ascenso de líderes populistas en la región.

Los pueblos van a privilegiar el presente, que nunca ha sido tan importante como en la pandemia“, señala. “Y el populismo es el presente: tratar de parchar lo inmediato sin ninguna visión de futuro”.

“Por lo tanto”, agrega, “la probabilidad de que surjan candidatos populistas es muy alta”.


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