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Cuartoscuro

CNDH acusa vinculación entre autoridades y crimen organizado que permitió el caso Ayotzinapa

De acuerdo con la CNDH, en el caso Ayotzinapa existió "cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno".
Cuartoscuro
28 de noviembre, 2018
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomendación 15VG/2018, por las violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud, cometidas contra las más de 600 víctimas del caso Ayotzinapa, y acusó vínculos entre funcionarios públicos y criminales que propiciaron y permitieron la desaparición de los estudiantes.

Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló durante la presentación de la recomendación que “diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en diversas ocasiones”, pues no se investigó entonces, ni ahora, la omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, ante el caso de las desapariciones. 

Acerca del vínculo entre autoridades y criminales en el estado, el ombudsman refirió que “la verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”.

“(También) la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”, dijo.

“Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

De acuerdo con la CNDH, los jóvenes desaparecidos, los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo, sus familiares y los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas de violencia institucional, que atenta contra sus derechos humanos, debido a las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar su acceso a la verdad y la justicia.

“Las violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tienen amplios, profundos y diversos efectos, ya que alcanzan al total de la sociedad”, señala el organismo.

En la recomendación, la CNDH explica que la crónica e histórica “violencia estructural” que han enfrentado los habitantes del estado de Guerrero propició el surgimiento de tensión social, criminalidad y confrontación, lo que contribuyó a la ocurrencia de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada.

Desde el 27 de septiembre de 2014, el personal de la CNDH inició una investigación sobre lo acontecido, que permitió identificar manifestaciones traumáticas en las víctimas, como malestares físicos, emocionales, económicos y sociales.

Entre las autoridades a las que se dirige la recomendación se encuentran la presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Guerrero, y el ayuntamiento de Iguala, Guerrero.

El documento también se dirige a la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Función Pública, el Secretario de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Cocula.

Los hechos que dieron pie a la recomendación, según la investigación de la CNDH, dejaron un mínimo de 685 personas afectadas directa o indirectamente, mismas que la Comisión pidió que sean reconocidas por la CEAV dentro del registro nacional de víctimas.

La recomendación también señala que las autoridades violaron el derecho a la igualdad ante la ley de las víctimas, con acciones u omisiones que transgredieron sus derechos, por la forma en que se enteraron de los hechos, y por la situación de impunidad que prevalece tras años de ocurrida la desaparición de los estudiantes, sin que se haya logrado conocer la verdad y obtener justicia.

De acuerdo con la CNDH las víctimas sufrieron violencia institucional por parte de las autoridades federales y estatales de Guerrero investigadoras y procuradoras de justicia, por la falta de información, la carencia de diligencias adecuadas y la revelación de información del caso a la opinión pública.

También documentó la desatención de las autoridades encargadas de reparar el daño, por la deficiente implementación de diagnósticos completos acordes a la magnitud de los hechos y sus impactos psicosociales.

Otro derecho violado fue el de la salud, por negligencia médica y omisión de atención, sufrida por las víctimas lesionadas en los ataques contra los camiones donde viajaban los estudiantes y los jugadores de Los Avispones de Chilpancingo, algunos de los cuales no recibieron el trato requerido acorde a sus necesidades de forma oportuna y adecuada.

Las recomendaciones

La CNDH pidió al presidente de la República girar instrucciones a las dependencias federales para que den cumplimiento a lo recomendado, y que brinde garantías de no repetición de hechos similares, y que ante el inminente cambio de gobierno, se incluya la Recomendación como asunto altamente prioritario, para que se garantice su oportuna respuesta y cumplimiento.

Al secretario de la Defensa Nacional, la Comisión recomendó colaborar ampliamente con el organismo, para investigar a elementos militares que en ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento de la probable existencia de diversos delitos, y no presentaron las denuncias penales correspondientes.

Asimismo, pidió que diseñen e impartan un curso integral dirigido al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos.

El organismo señaló a la Secretaría de Marina que debe instruir a sus trabajadores en el uso de cámaras fotográficas y de video, así como grabaciones de audio en los operativos que realizan, y que se les brinden cursos en materia de derechos humanos.

A la Secretaría de la Función Pública, la CNDH pidió continuar con la investigación de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en la investigación del caso Ayotzinapa, y capacitar a sus funcionarios para evitar conductas que constituyan irregularidades administrativas.

El organismo recomendó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la realización de un Diagnóstico Integral de todas las Escuelas Normales Rurales, para determinar sus necesidades de infraestructura, presupuestales y académicas, y que se designe un presupuesto programado progresivo para la Normal de Ayotzinapa.

También pidió que se generen políticas necesarias para retomar inmediatamente su rol de autoridad en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y que prohíban las “semanas de prueba” que violentan la integridad física de los jóvenes que aspiran ingresar al plantel.

La CNDH pidió a la SEP que lo ocurrido con el caso Ayotzinapa se incluya en los libros de texto gratuitos, con una versión que reivindique el derecho a la verdad y permita la más amplia difusión de los hechos y sus consecuencias sociales, culturales e históricas.

A la PGR, pidió que ante la próxima creación de la Fiscalía General de la República instruya que se incluya la recomendación en sus actas de entrega-recepción como un asunto prioritario, y que colaboren ampliamente en la investigación ministerial del caso.

De igual forma, le pidió investigar los hechos de tráfico ilícito de estupefacientes al interior de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la época previa al 26 y 27 de septiembre de 2014, y aclarar el motivo por el que no se investigó el quinto autobús implicado en la desaparición de los estudiantes.

La CNDH recomendó a la PGR continuar con las diligencias de búsqueda de los normalistas desaparecidos, capacitar a su personal en materia de derechos humanos e investigar a los agentes del Ministerio Público y peritos que practicaron deficientes diligencias y recolección de indicios en el caso.

Otros cursos que deberán dar a su personal son sobre procedimientos y protocolos para la recolección, levantamiento, preservación y traslado de indicios, así como de cadena de custodia.

Al Comisionado Nacional de Seguridad pidió iniciar procedimiento administrativo contra los funcionarios encargados de la “Estación Iguala” y la Policía Federal en Guerrero, e investigar a los uniformados federales relacionados con los hechos o con integrantes del crimen organizado.

También deberá capacitar a su personal en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, recomendó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar una reparación integral del daño a los afectados y revertir los efectos de la victimización derivada de la violencia institucional.

Al IMSS e ISSSTE, la CNDH pidió investigar al personal médico que omitió dar atención médica oportuna a las víctimas que acudieron a atenderse en dichas dependencias, luego del ataque contra los normalistas.

El gobernador de Guerrero deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el estado, impulsar el desarrollo de un memorial en honor a los normalistas desaparecidos y emitir una disculpa pública por las violaciones a derechos ocurridas.

A los ayuntamientos de Iguala y Cocula, Guerrero, pidió que fortalezcan su control policiaco, capaciten al personal en materia de derechos humanos y colaboren en las investigaciones que continúan en curso por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Consulta la Recomendación VG15/2018 en la página de la CNDH.

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Justin Trudeau: cómo pasó de ser "la esperanza joven" de la política a perder su popularidad en meses

Cuatro años después de su llegada al poder, la gran popularidad de Trudeau cayó en picada y hoy tiene una de las aceptaciones más bajas en la historia democrática canadiense. ¿Qué ocurrió para que buena parte de la población le diera la espalda?
Getty Images
20 de septiembre, 2019
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Hasta hace poco más de un año, era “la esperanza joven” de la política mundial.

Al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo llamaban el “Paris Hilton” de la política canadiense, la “mejor apuesta” del “mundo libre”, el “primer gobernante de la era de Instagram”…

Y en su país -sobra decirlo- era toda una sensación: el inteligente uso de su imagen y de las redes sociales no solo lo hizo uno de los políticos más populares de la historia de la nación, sino que comenzó a ser visto como una alternativa ante el ascenso global de la extrema derecha y el discurso de Donald Trump.

Pero cuatro años después de su llegada al poder, el “mito” en torno a Trudeau y su luna de miel con la política canadiense parece haber llegado a su fin.

Los escándalos de corrupción en su gobierno desde inicios de este año no solo mermaron notablemente su nivel de aceptación popular, sino que también le han puesto cada vez más difícil su intención de repetir mandato tras las elecciones del próximo 21 de octubre.

Y, por si fuera poco, ahora se vio envuelto por una nueva polémica.

Varias fotografías y videos publicadas esta semana y que lo muestran en su juventud con la cara y las manos pintadas de negro provocaron un gran revuelo en el país, donde ese tipo de disfraces es visto como un símbolo racista.

El primer ministro se disculpó públicamente y consideró un “error” haberlo hecho, pero no logró calmar los ánimos ni acallar las voces de políticos de la oposición que incluso pidieron su renuncia.

Sin embargo, no es la primera vez que Trudeau se ve envuelto en polémicas similares: durante su viaje a India el año pasado, el mandatario fue duramente criticado por utilizar vestimenta típica del país asiático y considerarlo como una falta de respeto a las tradiciones locales.

Pero ¿qué llevó a que la figura de Trudeau, uno de los políticos canadienses más populares de todos los tiempos, perdiera buena parte de su apoyo en cuestión de meses?

Los inicios

Trudeau llegó al poder en un momento en el que Canadá buscaba un cambio radical y un rostro joven al frente del país, luego de casi una década de gobierno del conservador Stephen Harper.

“Había un fuerte sentimiento de necesidad de cambio, de deshacerse de Harper, de los conservadores y salir adelante”, le dijo a la BBC la politóloga Laura Stephenson, profesora de la Universidad de Western en Canadá.

Según la experta, la primera campaña por el gobierno federal de Trudeau estuvo llena de promesas audaces: legalizar el cannabis recreativo, traer al país a 25.000 refugiados sirios, revisar el sistema electoral del país…

Y los votantes respondieron de forma positiva a su campaña y al profundo contraste que marcaba con la era de Harper.

Trudeau

Getty Images
Durante su visita a India, Trudeau fue duramente criticado por su vestimenta.

Muchas de sus promesas fueron cumplidas a los pocos años. Logró una reforma tributaria, aumentó los impuestos a quienes ganan más de US$150.000 y los redujo para la clase media y personas con menores ingresos.

Apostó por la defensa de los temas de género, impuso un impuesto al carbono, legalizó el suicidio asistido, aceptó refugiados sirios cuando otros países no lo hicieron, mantuvo el desempleo a un nivel bajo y manejó hábilmente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando el gobierno de Trump lo puso en riesgo.

A la vez, un uso estratégico de sus políticas y las redes sociales lo volvieron un político conocido en todo el mundo, indica Stephenson.

Así, pronto se convirtió en el segundo político más popular de la historia canadiense y en un abanderado de las causas liberales.

Popularidad en picada

Según Stephenson, aunque Trudeau tiene un historial de logros que en principio le permitiría seguir en el poder -y es hábil a la hora de promocionar lo que conseguido por su gobierno- los resultados concretos de su gestión en cuatro años son mixtos.

Una encuesta realizada el pasado mes de agosto por el Instituto Angus Reid de Canadá indicó que aproximadamente el 60% de la población canadiense desaprueba su gestión, mientras que sus niveles de aceptación solo rondaban el 30%.

Esa última cifra es menos de la mitad de la que tenía su predecesor al final de su mandato y una de las más bajas en la historia democrática canadiense.

Trudeau

Getty Images
La popularidad de Trudeau fue en caída durante el último año.

Según Stephenson, varios factores conllevaron al creciente desencanto, entre ellos el propio “mito” creado en torno a su figura.

“En retrospectiva, parece predecible que una marca tan bien diseñada, tan simbólica y emotiva, fomente idealizaciones que en realidad ningún político pueda igualar“, escribió sobre Trudeau el diario británico The Guardian.

Pero, sin duda, el gran quiebre en su popularidad tuvo lugar en la primavera pasada.

Un escándalo de corrupción llevó a varios funcionarios de su gabinete a renunciar tras ser señalados de querer influir para entorpecer un juicio penal que enfrenta la firma ingeniería canadiense SNC-Lavalin, una de las más importantes del país.

De hecho, el mes pasado, una instancia de vigilancia ética consideró que el primer ministro había violado las reglas federales de conflicto de intereses al tratar de influir en la decisión sobre la realización del juicio.

SNC-Lavalin

Reuters
SNC-Lavalin tiene su sede central en Quebec.

Pero para muchos, según señala Stephenson, esto fue la gota que comenzó a desbordar la copa del desencanto, aunque no la única.

Para la analista, muchos de los proyectos de Trudeau se quedaron en palabras o no lograron estar al nivel de lo que prometió en su día, por ejemplo:

  • Legalizó la marihuana, pero rechazó la petición de eliminar las penas de los condenados por posesión simple.
  • Nombró un gabinete con equilibrio entre hombres y mujeres, pero se negó a reformar el sistema electoral del país, lo que habría permitido a más mujeres llegar al Congreso.
  • Prometió impulsar la lucha contra el cambio climático, pero apoyó la expansión del oleoducto Trans Mountain que lleva petróleo crudo y refinado desde Alberta hasta la costa de Columbia Británica y que es visto como una amenaza por varias comunidades originarias.

Además, Canadá tampoco está en camino de cumplir para el año 2030 su objetivo plasmado en el Acuerdo de París de reducir sus gases de efecto invernadero en un 30% por debajo de los niveles de 2005.

Para el líder opositor canadiense Jagmeet Singh, el gobierno de Trudeau ha estado lleno de “palabras bonitas y promesas vacías” y, al parecer, esto ha generado descontento y ha hecho que su popularidad caiga a más de la mitad de la que tenía en 2016.

El mayor enemigo de Trudeau

A un mes de las elecciones generales en el país muy pocos se aventuran a dar por seguro qué pasará el 21 de octubre.

Desde 1939, los primeros ministros canadienses han repetido generalmente en sus cargos por un segundo mandato.

Las posibilidades de Trudeau son inciertas, pero en los mejores escenarios los medios canadienses vaticinan que necesitará formar un gobierno de coalición.

Trudeau

AFP
El futuro político de Trudeau frente al gobierno de Canadá es incierto.

Las encuestas indican que los liberales siguen teniendo un liderazgo en regiones decisivas como Quebec y Ontario, dos provincias que representan 199 de los 338 escaños en la Cámara de los Comunes.

Pero de acuerdo con Stephenson no solo son los “débiles” resultados de su gestión los que ahora juegan en contra del primer ministro.

Los canadienses siguen esperando un cambio. Y, de acuerdo con la experta, el mayor enemigo que ahora tiene Trudeau es… el propio Trudeau.

“Ya no es más la nueva cara. No sabemos cómo va a saber jugar eso”, afirma.


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