Nadie nos ha consultado nada: comunidades indígenas rechazan construcción del Tren Maya
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Nadie nos ha consultado nada: comunidades indígenas rechazan construcción del Tren Maya

En un pronunciamiento conjunto, exhortan al presidente electo se abstengan de realizar cualquier tipo de subasta, autorización, permiso de cambio de uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios sin antes haber obtenido el consentimiento de los pueblos indígenas por los que pasaría el tren.
Cuartoscuro
Por Claudia Ramos
16 de noviembre, 2018
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Comunidades indígenas de la Península de Yucatán desaprobaron hoy el proyecto de Tren Maya del presidente electo y rechazaron cualquier resultado que se obtenga de la consulta que se realizará 24 y 25 de noviembre.

En un pronunciamiento conjunto, expresaron su “desagrado” por considerar que “ninguna persona fuera de la Península de Yucatán” puede “decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer” en sus territorios y llamaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que se prohiba de forma “total y absoluta” antes y después del 1 de diciembre cualquier tipo de subasta, autorización, permiso de cambio de uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios, sin haber obtenido primero el consentimiento de los pueblos indígenas por los que pasaría el proyecto.

“Desde la pasada administración hemos estado expectantes con respecto al megaproyecto Tren Maya, lo hemos seguido puntualmente y desde que se inició a hablar del mismo estamos atentos a su desarrollo. Manifestamos que desde ese momento lo desaprobamos y nos desagrada por cuanto que violentaba los derechos indígenas de los que somos sujetos y que están consagrados en nuestra Constitución Política. Esperábamos que con el cambio de administración nosotros, las comunidades indígenas, fuéramos visibles para la Federación y reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el megaproyecto Tren Maya, pero con desagrado nos percatamos de que en esta nueva administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México.

“Con respecto a la llamada consulta, desde este momento rechazamos cualquier resultado que la misma tenga ya sea a favor o en contra. No es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones”, expresan.

Las comunidades que firman el documento se encuentran representadas en las organizaciones Coordinación “Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio”, Prodiversa A. C., Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab A. C., Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Muuch Kambal A. C., Consejo Indígena de Atasta, Cladem Yucatán, Movimiento de Resistencia Civil, Candelraria Campeche, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila y Ejido de Conhuas en Calakmul.

En su pronunciamiento, explican que se oponen al proyecto porque este ya cuenta con “presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio” y nadie les ha consultado “absolutamente nada”.

“La única información que tenemos es lo que los noticieros han transmitido y las filtraciones que nos han llegado. De manera oficial no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestro territorios; ni hablar de buena fe, esta no existe, todo se ha llevado a nuestras espaldas, y para estar en condiciones de que sea culturalmente adecuada en primer término quisiéramos que cualquier decisión que se pretenda tomar sea en presencia de nuestras representaciones y en nuestros territorios”.

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Las comunidades enfatizan que no se oponen al progreso, sino a la certeza de que el megaproyecto no les dejará beneficios ni desarrollo regional.

“No está planeado para nosotros la gente común, es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros; nosotros los dueños de las tierras sólo lo veremos pasar puesto que las estaciones no están contempladas en la mayoría de nuestros pueblos y sólo están considerados puntos de interés turístico que ya han sido copados por los grandes capitales; a nuestras comunidades sólo nos tocará cargar con la parte perniciosa del proyecto. Esa situación ya la sufren las comunidades por donde circula el Tren Chepe y en su caso el desarrollo aún sigue pendiente, no queremos lo mismo para nosotros y nuestros hijos”.

Advierten que tomarán “las acciones que sean necesarias” para que sus derechos se cumplan y llamaron al presidente electo a considerarlos como sujetos de derechos colectivos y a utilizar las consultas como un mecanismo para acopiar y acercar información para tomar decisiones informadas sobre esa base, no como “una simple encuesta” para aceptar o rechazar el megaproyecto.

También le piden respetar los principios rectores que rigen la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas, como lo establece la ley. “Rechazamos y repudiamos todo intento o simulación de consulta indígena a nuestros pueblos, meramente como requisitos para la obtención de nuestro consentimiento para la instalación del tren maya que se pretende”, se indica en el documento.

Las comunidades piden asimismo que la Manifestación de Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental la elabore un organismo independiente de la empresa que se encargue del mismo megaproyecto, y del gobierno; que cuente de garantes con una misión de observación como la oficina del Alto Comisionado de la ONU, CNDH o CIDH, y que dicha manifestación cuente con una proyección a 40 años.

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Rechazan también cualquier tipo de diagnóstico de tipo forestal o faunístico sin la participación de las comunidades indígenas y menos si con ello “se pretende justificar las afectaciones y destrucción de la selva”, así como la intención de construir o establecer ciudades en el municipio de Calakmul por considerar que ello “descompondría a las comunidades indígenas e impactaría a todo el estado de Campeche y a la Peninsula”.

Piden el establecimiento de mesas de trabajo por entidad y una mesa en la que se encuentren los tres estados de la Península de Yucatán, con el objetivo de garantizar el cumplimento de sus derechos territoriales y la facilitación económica y logística del estado para la realización de un “Plan Regional del Buen vivir Maya”. Dicho plan debe emanar de mesas de trabajo comunitarias, estatales y regionales como una propuesta de los Pueblos Indígenas Mayas, poniendo a discusión los planes de desarrollo que se pretenden implementar en sus territorios, enfatizan.

Hasta el momento, advierten, el tren proyecto de Tren Maya “no tiene nada de maya, ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte de restaurantes son los únicos beneficiarios”.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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