Corte invalida Ley de Seguridad por el riesgo que implica convertir a militares en policías
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Corte invalida Ley de Seguridad por el riesgo que implica convertir a militares en policías

El Presidente de la Corte dijo que se evitó un mal mayor pero que sí se requiere una norma que regule a las fuerzas armadas. Los argumentos de los ministros se resumen en tres puntos principales.
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15 de noviembre, 2018
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Con una votación de 9 ministros a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró oficialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) con la cual se buscaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.

La anulación se perfilaba desde el pasado martes cuando seis ministros ya habían mostrado su rechazo a avalar esta ley y hoy, con la intervención de los cinco ministros restantes se confirmó la decisión. La ministra Margarita Luna Ramos que había anunciado también su voto contra la ley, tuvo que salir del Pleno previo a la votación, motivo por el cual esta no quedó 10 a 1.

El único ministro que votó a favor de la Ley fue Jorge Pardo Rebolledo, autor del dictamen en el cual se consideraba que la norma no violaba la Constitución siempre y cuando se eliminaran de la misma varios artículos. Pero sus colegas consideraron lo contrario.

En la sesión de hoy intervinieron los ministros Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Jorge Pardo. Los argumentos en contra de la ley fueron similares a los expuestos por los otros ministros desde el martes pasado y que se resumen en tres puntos principales:

1) Congreso no tenía facultades para legislar

El ministro Franco hizo énfasis en que la Constitución no habilita de forma alguna al Congreso a legislar sobre hechos que pueden afectar la seguridad pública, campo que es competencia exclusiva del Gobierno federal y de los gobiernos estatales. Añadió que la LSI intenta inferir que seguridad interior no es lo mismo que seguridad pública pero, a su juicio, esta diferencia no es clara.

“La intervención de las fuerzas armadas no se puede regular de esta forma. La Ley de Seguridad Interior representa una violación jurídica a la seguridad de todos. Por eso procede su invalidez total”, señaló.

Desde el martes pasado algunos ministros habían concordado con este argumento. Incluso el ministro Arturo Zaldívar lo llamó “un fraude a la Constitución” al intentar hacer pasar a la seguridad interior como si no fuera seguridad pública.

El ministro Pardo Rebolledo – el único que consideraba a la LSI constitucional – señaló en su intervención de hoy que no estaba de acuerdo con esta idea.

“El catálogo de amenazas que incluía la Ley permitía diferenciar que se consideraba seguridad interior a diferencia de la seguridad pública (…) Por eso no comparto que el Congreso haya incurrido en un ilícito no tipificado denominado aquí fraude a la Constitución”, dijo Gutiérrez.

2) Volver a los soldados policías

En sus intervenciones de hoy los ministros Franco y Gutiérrez Mena se refirieron a otro argumento expuesto desde el martes pasado: el que la LSI abre la puerta para normalizar el hecho de que el Ejército intervenga en tareas de seguridad pública, hecho que solo es legal y constitucional si se aplica a situaciones excepcionales, pero no como regla.

“Las facultades de las fuerzas armadas tienen que estar delimitadas con la excepcionalidad que limite su actuación. La Ley de Seguridad Interior no precisa que clases de acciones específicas puede hacer el ejército, y quedan abiertas las preguntas de si los militares pueden hacer arrestos o cateos”, dijo Gutiérrez.

Este argumento fue refutado por el ministro Pardo quien sostuvo que la LSI señalaba que la intervención del Ejército solo se daría si primero quedaban rebasadas las fuerzas civiles de seguridad y si un gobierno estatal expresamente lo solicitaba.

3) El “Fast-track” del Congreso

A diferencia de varios de sus colegas la ministra Margarita Luna Ramos consideró que el Congreso sí tenía facultades para legislar en materia de seguridad interior, postura en la que también coincidió el ministro Presidente de la Corte, Luis María Aguilar.

Sin embargo, la ministra Luna consideró que la LSI es inconstitucional debido a las irregularidades en el proceso de formulación y aprobación en el Congreso, el cual se hizo de forma apresurada sin que algunos diputados y senadores pudieran conocer siquiera el dictamen para analizarlo. Este argumento fue expuesto también el martes pasado por la ministra Norma Piña.

“Si bien no existe un plazo mínimo marcado para que un dictamen se reparta y luego apruebe es claro que en este caso el dictamen fue votado el mismo día en que se entregó, lo cual puede vulnerar la deliberación democrática que se requiere”, dijo la ministra.

Se evitó mal mayor pero se requiere una norma: presidente de la SCJN

El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, fue uno de los que votó en contra de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aunque lo hizo por razones distintas a la de la mayoría de los otros ministros.

En su intervención en el debate Aguilar concordó con el proyecto planteado con el ministro Pardo en el sentido de que el Congreso si tenía facultades para legislar en la materia y que, a su juicio, sí se distinguía adecuadamente los conceptos de seguridad interior y de seguridad pública. También concordó en que era conveniente anular varios artículos como exponía el proyecto.

No obstante el presidente de la Corte hizo énfasis en que la anulación de estos artículos dejaría desarticulada a una ley que no fue pensada sin ellos, situación que no solo la volvía poco práctica sino peligrosa.

“Una ley desarticulada puede generar un mal mayor a la actuación de las fuerzas armadas. Peor el contexto no se puede ignorar y debe construirse otra norma (…) Por eso me inclino por la invalidez total”, dijo el ministro.

En ese mismo sentido se refirió el ministro Pardo al ratificar su proyecto pues sostuvo que es urgente darle un marco de certeza y legalidad a la actuación de las fuerzas armadas.

 

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Justin Trudeau: el nuevo escándalo que tiene en crisis al primer ministro

Un millonario programa de becas para ayudar a jóvenes estudiantes ha puesto al primer ministro de Canadá y su familia en el foco mediático. Te contamos por qué.
27 de julio, 2020
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Justin Trudeau

Reuters
El último escándalo que salpica a Justin Trudeau se ha producido en plena pandemia.

Cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó al poder en 2015, prometió una nueva forma de hacer política. Pero ahora se enfrenta a su tercer escándalo relacionado con cuestiones éticas. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización WE Charity, conocida sobre todo por sus conferencias WE Day a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico.

¿Cómo derivó esa decisión en acusaciones de favoritismo y conflicto de intereses, dos investigaciones federales, el foco puesto en la familia Trudeau y llamados a la renuncia del primer ministro?

Esta es una guía para comprender este último escándalo político en Canadá.

La familia de Trudeau bajo la lupa

Trudeau se enfrenta a su tercera investigación por conflicto de intereses en sus cinco años en el poder por la decisión de su gabinete de otorgarle un contrato valorado en US$43 millones a la organización WE Charity de Canadá.

Sophie Gregoire Trudeau y su esposo el primer ministro Justin Trudeau en un evento de WE

Getty Images for We Day
El primer ministro canadiense y su esposa han participado en eventos de la organización We Charity.

El programa de US$680 millones estaba diseñado para conectar a estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia.

Posteriormente se supo que la madre y el hermano de Trudeau recibieron dinero en el pasado por hablar en distintos eventos de WE.

Margaret Trudeau recibió poco más de US$185,000 por hablar en 28 eventos de WE en cuatro años, y el hermano del primer ministro, Alexander, recibió unos US$23,000 por hablar en ocho eventos entre 2017 y 2018.

Trudeau también ha hecho frecuentes apariciones, incluido su primer evento de WE en 2007, según el sitio de noticias iPolitics. Su esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, fue la locutora de un podcast de temas de bienestar para la organización.

Sophie Grégoire-Trudeau,con la exprimera ministra de Australia Julia Gillard y la cantante Leona Lewis

Getty Images
La esposa de Trudeau, Sophie Grégoire-Trudea (izda.), es embajadora del programa de bienestar de WE.

El primer ministro no se retiró de las discusiones relacionadas con la decisión de darle el contrato a WE y hace dos semanas se disculpó por ello.

El organismo federal de supervisión ética ha confirmado que está investigando el asunto.

“Este país está gobernado por un pequeño círculo de élites y hay un culto a quienes pertenecen al círculo que refuerza ese sistema, que produce este tipo de escándalos de forma bastante rutinaria”, opina el teórico político canadiense David Moscrop.

“Ese es el problema estructural, que Canadá termina siendo un pequeño país gobernado por un pequeño grupo de personas”.

El programa de becas tenía ya más de 35,000 solicitudes y 83 socios no lucrativos.

El ministro de Finanzas bajo presión

Al igual que los Trudeau, la familia del ministro de Finanzas, Bill Morneau, tenía vínculos con WE. Dos de sus hijas están relacionadas con la organización, una de ellas como empleada.

ministro de Finanzas, Bill Morneau

Reuters
El ministro de Finanzas, Bill Morneau ha reconocido haber cometido errores.

Morneau testificó hace unos días ante un comité de finanzas de la Cámara de los Comunes que investiga el hecho de que su familia realizara dos viajes humanitarios, a Kenia y Ecuador, para ver el trabajo de WE en el extranjero.

El ministro reconoció que recientemente se dio cuenta de que no había pagado alrededor de US$30,000 en gastos de viaje para esas visitas y firmó un cheque para compensarlo.

La organización dijo en un comunicado que, aunque los viajes eran por invitación, el ministro ha desembolsado la cantidad que le hubieran cobrado si hubiera pagado en ese momento.

WE dijo que regularmente organiza visitas para “filántropos bien conocidos”, como Morneau y su esposa, que proceden de ricas familias canadienses.

Los partidos de la oposición piden que renuncie o que sea despedido por los viajes, ya que consideran que violan las reglas éticas.

El académico Moscrop sugiere que si bien el retraso en el pago de los viajes pudo haber sido “un descuido en lugar de malicia”, esta forma de actuar puede generar “cinismo, enojo y frustración. Todo ello en tiempos de una pandemia es doblemente problemático”.

El ministro de Finanzas está actualmente bajo investigación por posibles abusos éticos por no haberse recusado tampoco de las discusiones relacionadas con el contrato a WE, por lo que también se ha disculpado.

Escrutinio sobre WE

La organización WE fue fundada hace 25 años por los hermanos Craig y Marc Kielburger en la casa de sus padres en Ontario, Canadá, cuando Craig tenía 12 años.

Conocida anteriormente como Free the Children (“Liberen a los niños”), la organización se centró en poner fin a la explotación infantil y rápidamente se ganó el reconocimiento internacional.

Sus cofundadores se convirtieron en celebridades locales y aparecieron en programas de televisión como el Show de Oprah Winfrey y 60 Minutes en Estados Unidos.

Sus conferencias motivacionales, llamadas WE Day, se han convertido en un antes y un después para muchos jóvenes canadienses, a quienes les atrae su mensaje de que pueden cambiar el mundo y su lista de conferenciantes y artistas famosos.

Hermanos Kielburger

AFP
La organización WE fue fundada a mediados de los 90 por los hermanos Kielburger.

Actualmente es una organización de amplio alcance que opera en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Ante la polémica, WE se retiró del programa de becas este mes por haberse visto “enredado en la controversia desde el momento del anuncio”, según informó la organización.

Pero el escrutinio sobre el contrato se ha extendido a la propia organización, abriendo interrogantes sobre su estructura en expansión, los lazos entre la rama de empresa social, sus entidades caritativas y su cultura interna.

El viernes, el periódico canadiense The Globe and Mail reportó que algunos socios y patrocinadores, incluidas la Fundación de la Reina de Inglaterra y la aerolínea Virgin Atlantic, están revisando su relación con WE.

A mediados de julio, la organización dijo que ha decidido realizar cambios estructurales y de gobernanza y volver a concentrarse en su mandato original de desarrollo internacional, y que contratará consultoras externas para una revisión.

Impacto sobre el apoyo a Trudeau

Los liberales federales de Trudeau todavía tienen una ligera ventaja sobre sus oponentes conservadores, pero sondeos de opinión sugieren que la controversia les está pasando factura.

Trudeau

Getty Images
Justin Trudeau, de 47 años, llegó al poder como primer ministro de Canadá en 2015.

El apoyo al partido Liberal Nacional ha caído desde que la noticia salió a la luz, al igual que el índice de aprobación de Trudeau, según una encuesta de Abacus Data del 20 de julio.

Las reacciones al manejo que ha hecho el gobierno del tema son negativas por todo el país, también dentro del 40% de personas que votaron por los liberales en las elecciones del año pasado, según el sondeo.

Probablemente seguirá siendo noticia por un tiempo.

Trudeau tiene un gobierno en minoría, lo que hace que los partidos de oposición tengan más control sobre la agenda y cuenten con las herramientas para “alargarlo todo lo que sea posible” (el escándalo), apunta el analista Moscrop.

A petición de los conservadores en la oposición, el primer ministro comparecerá ante el comité investigador de la Cámara de los Comunes en los próximos días. Y también lo harán los Kielburger.


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