Peña Nieto cierra su sexenio con una última consulta indígena hecha al vapor

Una consulta exprés en Unión Hidalgo, Oaxaca y la impugnación de otras tantas que no cumplían con los estándares de derechos humanos, será el legado de Peña Nieto en materia de atención a pueblos indígenas.

Peña Nieto cierra su sexenio con una última consulta indígena hecha al vapor
Archivo / Cuartoscuro

El balance del sexenio de Enrique Peña Nieto ya era negativo en octubre pasado cuando la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpu, presentó un informe en el que señalaba que en México las consultas sobre megaproyectos han incumplido los estándares internacionales de derechos humanos a los el país se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.

Poco menos de dos meses después, la administración de EPN cierra con un ejercicio exprés y varias demandas contra los funcionarios encargados de realizarlas.

En Unión Hidalgo, pueblo indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la Secretaría de Energía (SENER) ha intentado realizar una consulta desde hace un año sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF EN. De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador del área de Justicia Trasnacional de ProDESC –organización que litiga el caso a favor de los pobladores–  la SENER quiso organizar en abril la primera asamblea con el mismo modelo de consulta que usaron en Juchitán, donde las comunidades la impugnaron ante la Suprema Corte por no considerarla previa, libre e informada.

La comunidad de Unión Hidalgo presentó entonces dos amparos contra el intento de realizar la consulta y ésta se detuvo. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca resolvió, el 3 y 4 de mayo del 2018, que no se lleve a cabo o se continúe (de haberse iniciado) por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes), ni condiciones sociales favorables.

En octubre de 2018 se dictó sentencia a favor de los quejosos y se ordenó una consulta apegada a derecho, con un protocolo elaborado y revisado por la comunidad y por los expertos en derechos humanos que los pobladores elijan.

El abogado de ProDESC asegura que sin respetar ese mandato el pasado miércoles 28 de noviembre, la SENER distribuyó carteles invitando a una consulta para este 30 de noviembre, a las 10:30 de la mañana. “Así cierran, con una consulta a vapor, en un día entre semana cuando la gente está trabajando y sin presentar el protocolo. No había motivo para acelerarla. La nueva administración la habría podido hacer. No había plazo. Pero quieren garantizar que el gobierno entrante quede comprometido con algo que no respeta los derechos de los pobladores”.

Demandas como despedida

Y las inconformidades siguen. Comunidades indígenas del municipio de Hopelchén, Campeche, presentaron una denuncia contra funcionarios federales por haber incurrido en presuntas faltas administrativas en la consulta sobre la siembra de soya transgénica en la región, ordenada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015.

La denuncia se presentó el pasado 27 de noviembre ante los Órganos Internos de Control (OIC) tanto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en contra de Sol Ortiz García, titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), y de Marco Antonio Ramírez Velázquez, subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de la misma Cibiogem, ambos adscritos al CONACYT. También contra  David Mendoza Gaytán, subdirector de Diseño y Operación de la Consulta de la CDI.

En 2012, apicultores mayas interpusieron amparos contra el permiso que otorgó Sagarpa a Monsanto, con el aval de Semarnat para la siembra de soya transgénica. Los demandantes aseguraron que esos cultivos afectan la calidad de la miel que exportan a la Unión Europea y que la fumigación en los sembradíos merma la población de abejas.

Por esos amparos, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló el permiso de soya genéticamente modificada (GM) otorgado a la empresa Monsanto hasta en tanto no se llevara cabo una consulta indígena previa, libre e informada. En marzo de 2016 inició el ejercicio con las comunidades del municipio de Hopelchén, y en abril del mismo año con los de Tenabo, ambos en Campeche.

Pero en el periodo agrícola 2015-2016, las comunidades documentaron que la soya se seguía sembrando, aunque esto era ilegal, asegura María Colín, abogada de Greenpeace. En el ciclo 2017-2018 pasó lo mismo. En la sesión del 27 mayo de 2017, los funcionarios de Cibiogem desconocieron a los representantes de las comunidades e impusieron a otros. “Todo se torció porque los representantes empezaron a denunciar que había siembra ilegal de soya transgénica y las autoridades estaban ocultando información sobre esto”.

Han sido las propias comunidades, señala la abogada, quienes han hecho monitoreos para documentar la siembra ilegal e interpuesto denuncias comunitarias desde 2016 sin que haya respuesta favorable por parte de las autoridades agrícolas.

Colín acusa también que en principio las 34 comunidades de Hopelchén y las siete de Tenabo habían acordado ir juntas en el proceso de consulta a través de una representación. “Pero las autoridades de Cibiogem apostaron a la división. Empezaron a ir comunidad por comunidad haciendo consultas”.

Cuando los integrantes de las comunidades llegaban a las reuniones, los salones están llenos de promotores para sembrar soya transgénica, dice Colín. “En la sesión del 25 de agosto de este año, el salón estaba lleno de esos promotores, así que las comunidades dijeron que así no iban a participar”. Desde entonces el proceso está suspendido. Lo que esperan ahora las comunidades es que lleguen las nuevas autoridades para ver sí se puede llevar el resto del proceso en un ambiente de mayor confianza y de buena fe. “Esperamos reunirnos con las nuevas autoridades en enero y poder establecer mejores condiciones para la consulta”, dice Angélica Ek Canché, habitante de Hopelchén.

Aunque los funcionarios dejan su cargo por el cambio de administración, explica la abogada de Greenpeace, “las comunidades decidieron interponer las demandas administrativas en su contra para que reciban una sanción si se determina que violaron la ley. Y si se comprueba que las faltas fueron graves esperaríamos la inhabilitación”. De los funcionarios demandados, Sol Ortiz García está propuesta para asumir un cargo con la nueva administración, en la Dirección General de Atención al Cambio Climático dentro de la Subsecretaría de Agricultura, según se informó.

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