Peña Nieto cierra su sexenio con una última consulta indígena hecha al vapor
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Archivo / Cuartoscuro

Peña Nieto cierra su sexenio con una última consulta indígena hecha al vapor

Una consulta exprés en Unión Hidalgo, Oaxaca y la impugnación de otras tantas que no cumplían con los estándares de derechos humanos, será el legado de Peña Nieto en materia de atención a pueblos indígenas.
Archivo / Cuartoscuro
30 de noviembre, 2018
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El balance del sexenio de Enrique Peña Nieto ya era negativo en octubre pasado cuando la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpu, presentó un informe en el que señalaba que en México las consultas sobre megaproyectos han incumplido los estándares internacionales de derechos humanos a los el país se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.

Poco menos de dos meses después, la administración de EPN cierra con un ejercicio exprés y varias demandas contra los funcionarios encargados de realizarlas.

En Unión Hidalgo, pueblo indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la Secretaría de Energía (SENER) ha intentado realizar una consulta desde hace un año sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF EN. De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador del área de Justicia Trasnacional de ProDESC –organización que litiga el caso a favor de los pobladores–  la SENER quiso organizar en abril la primera asamblea con el mismo modelo de consulta que usaron en Juchitán, donde las comunidades la impugnaron ante la Suprema Corte por no considerarla previa, libre e informada.

La comunidad de Unión Hidalgo presentó entonces dos amparos contra el intento de realizar la consulta y ésta se detuvo. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca resolvió, el 3 y 4 de mayo del 2018, que no se lleve a cabo o se continúe (de haberse iniciado) por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes), ni condiciones sociales favorables.

En octubre de 2018 se dictó sentencia a favor de los quejosos y se ordenó una consulta apegada a derecho, con un protocolo elaborado y revisado por la comunidad y por los expertos en derechos humanos que los pobladores elijan.

El abogado de ProDESC asegura que sin respetar ese mandato el pasado miércoles 28 de noviembre, la SENER distribuyó carteles invitando a una consulta para este 30 de noviembre, a las 10:30 de la mañana. “Así cierran, con una consulta a vapor, en un día entre semana cuando la gente está trabajando y sin presentar el protocolo. No había motivo para acelerarla. La nueva administración la habría podido hacer. No había plazo. Pero quieren garantizar que el gobierno entrante quede comprometido con algo que no respeta los derechos de los pobladores”.

Demandas como despedida

Y las inconformidades siguen. Comunidades indígenas del municipio de Hopelchén, Campeche, presentaron una denuncia contra funcionarios federales por haber incurrido en presuntas faltas administrativas en la consulta sobre la siembra de soya transgénica en la región, ordenada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015.

La denuncia se presentó el pasado 27 de noviembre ante los Órganos Internos de Control (OIC) tanto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en contra de Sol Ortiz García, titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), y de Marco Antonio Ramírez Velázquez, subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de la misma Cibiogem, ambos adscritos al CONACYT. También contra  David Mendoza Gaytán, subdirector de Diseño y Operación de la Consulta de la CDI.

En 2012, apicultores mayas interpusieron amparos contra el permiso que otorgó Sagarpa a Monsanto, con el aval de Semarnat para la siembra de soya transgénica. Los demandantes aseguraron que esos cultivos afectan la calidad de la miel que exportan a la Unión Europea y que la fumigación en los sembradíos merma la población de abejas.

Por esos amparos, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló el permiso de soya genéticamente modificada (GM) otorgado a la empresa Monsanto hasta en tanto no se llevara cabo una consulta indígena previa, libre e informada. En marzo de 2016 inició el ejercicio con las comunidades del municipio de Hopelchén, y en abril del mismo año con los de Tenabo, ambos en Campeche.

Pero en el periodo agrícola 2015-2016, las comunidades documentaron que la soya se seguía sembrando, aunque esto era ilegal, asegura María Colín, abogada de Greenpeace. En el ciclo 2017-2018 pasó lo mismo. En la sesión del 27 mayo de 2017, los funcionarios de Cibiogem desconocieron a los representantes de las comunidades e impusieron a otros. “Todo se torció porque los representantes empezaron a denunciar que había siembra ilegal de soya transgénica y las autoridades estaban ocultando información sobre esto”.

Han sido las propias comunidades, señala la abogada, quienes han hecho monitoreos para documentar la siembra ilegal e interpuesto denuncias comunitarias desde 2016 sin que haya respuesta favorable por parte de las autoridades agrícolas.

Colín acusa también que en principio las 34 comunidades de Hopelchén y las siete de Tenabo habían acordado ir juntas en el proceso de consulta a través de una representación. “Pero las autoridades de Cibiogem apostaron a la división. Empezaron a ir comunidad por comunidad haciendo consultas”.

Cuando los integrantes de las comunidades llegaban a las reuniones, los salones están llenos de promotores para sembrar soya transgénica, dice Colín. “En la sesión del 25 de agosto de este año, el salón estaba lleno de esos promotores, así que las comunidades dijeron que así no iban a participar”. Desde entonces el proceso está suspendido. Lo que esperan ahora las comunidades es que lleguen las nuevas autoridades para ver sí se puede llevar el resto del proceso en un ambiente de mayor confianza y de buena fe. “Esperamos reunirnos con las nuevas autoridades en enero y poder establecer mejores condiciones para la consulta”, dice Angélica Ek Canché, habitante de Hopelchén.

Aunque los funcionarios dejan su cargo por el cambio de administración, explica la abogada de Greenpeace, “las comunidades decidieron interponer las demandas administrativas en su contra para que reciban una sanción si se determina que violaron la ley. Y si se comprueba que las faltas fueron graves esperaríamos la inhabilitación”. De los funcionarios demandados, Sol Ortiz García está propuesta para asumir un cargo con la nueva administración, en la Dirección General de Atención al Cambio Climático dentro de la Subsecretaría de Agricultura, según se informó.

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EU comenzó a deportar a migrantes haitianos retenidos en Texas

Unas 13 mil personas, la mayoría ciudadanos haitianos, permanecían reunidas bajo un puente fronterizo entre Estados Unidos y México.
20 de septiembre, 2021
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El gobierno de Estados Unidos empezó este domingo a deportar a los migrantes haitianos retenidos en un campamento improvisado bajo un puente en la localidad de Del Río, en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera.

Un total de 208 haitianos que intentaban entrar ilegalmente a EE.UU. fueron ya devueltos, según confirmó el gobierno haitiano a Efe, en un contexto sociopolítico y económico marcado por una aguda crisis.

De los tres vuelos previstos para el domingo ya han llegado dos, declaró a la agencia Jean Négot Bonheur Delva, coordinador de la Oficina Nacional de Migración.

Según el funcionario, todos los vuelos deberían traer 145 pasajeros, pero en el primero avión llegaron 98 personas y 110 en el segundo.

“Son personas que han intentado entrar en Estados Unidos a través de sus fronteras con México. Se trata de personas que vivían en Chile, México, Panamá y Brasil en particular”, añadió.

Migrantes con suministros cruzando el río.

Getty Images
Los migrantes tuvieron que cruzar el río hacia México en busca de suministros.

Formaban parte de un grupo de unas 13.000 personas que permanecían acampadas bajo un puente que conecta Del Río en Texas con Ciudad Acuña en México. Aunque la mayoría eran haitianos, entre ellas también había cubanos, peruanos, venezonalos y nicaragüenses.

El jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Raúl Ortiz, detalló este domingo que aquellos que aún no habían sido devueltos habían sido trasladados a centros de detención.

“Trabajamos las 24 horas del día para mover rápidamente a los migrantes del calor y de debajo de este puente a nuestras instalaciones para procesar y removerlos de Estados Unidos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras políticas”, dijo Ortiz en conferencia de prensa en el puente.

“Quiero vivir una vida sin problemas”

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, envió su apoyo a los migrantes en redes sociales en la tarde del sábado, asegurando que “se habían conseguido acuerdos” para recibir a aquellos que regresen.

Sin embargo, algunos migrantes temen volver.

Migrantes cruzando Río Grande.

Getty Images

“En Haití no hay seguridad. El país está en una crisis política”, comentó Fabricio Jean, de 38 años, a Associated Press.

Jean se encuentra en el campo con su esposa y sus dos hijas.

“En Haití hay gente matándose unos a otros. No hay justicia. Solo quiero vivir una vida sin problemas. Quiero vivir donde sepa que hay justicia”, dijo otro padre de dos hijos, Stelin Jean, de 29 años, al Texas Tribune.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo a través de un comunicado que las transferencias continuarán “para asegurar que los migrantes irregulares sean puestos bajo custodia, procesados y trasladados fuera de Estados Unidos, en concordancia con nuestras leyes y normas”.

Además, anunció que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza enviará 400 efectivos adicionales a Del Río, una ciudad con cerca de 35.000 habitantes.

Migrantes cruzando Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos.

EPA
Estados Unidos planea regresar a los migrantes a sus países de origen.

El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, había declarado el estado de emergencia en la ciudad. Describió la situación como “sin precedentes” y “surrealista”.

También dijo que la patrulla fronteriza había estado abrumada y que los “agitados” migrantes vivían en condiciones imposibles.

El campamento improvisado en Del Río tiene pocos servicios básicos, y los migrantes que esperan a temperaturas de 37°C han estado cruzando el río hacia México para obtener suministros.

La mayoría son haitianos. También hay cubanos, peruanos, venezolanos y nicaragüenses.

Muchos haitianos abandonaron su país tras el devastador terremoto en 2010. Un gran número de los que ahora se encuentran en el campo habían vivido en Brasil y otros países sudamericanos y viajaron hacia el norte tras no poder asegurar empleo o estatus legal.

Migrante en la frontera entre México y Estados Unidos.

Getty Images

Will Grant, corresponsal de la BBC en México, reporta que muchos cubanos también han abandonado la isla en su peor crisis económica desde el fin de la Guerra Fría.

Grant asegura que muchos de los migrantes en Texas probablemente realizaron la travesía migratoria más difícil en América Latina: cruzar a pie la densa selva del Darién entre Colombia y Panamá.

El gobierno de Estados Unidos ha informado de un aumento de migrantes en la frontera con México este año.

El número de migrantes detenidos allí en julio superó los 200.000 por primera vez en 21 años, según datos del gobierno.


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