Dos universidades públicas de EU y una trasnacional piratean maíz oaxaqueño
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Dos universidades públicas de EU y una trasnacional piratean maíz oaxaqueño

Por sus características genéticas únicas, este maíz oaxaqueño no requiere fertilizantes químicos y es considerado el santo grial de la industria agrícola mundial. La trasnacional Mars Inc. y dos universidades públicas de Estados Unidos se adjudican su descubrimiento.
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5 de noviembre, 2018
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En la Sierra Mixe de Oaxaca existe un maíz cuyas características genéticas son únicas: no requiere fertilizantes agroquímicos para su producción, lo que le confiere un enorme potencial comercial a escala mundial. Un gran negocio alimentario.

Esta especie de maíz fue desarrollada, durante siglos, mediante técnicas ancestrales de selección de semilla aplicadas por los pueblos indígenas de Oaxaca.

Sin embargo, las universidades Davis de California y Winsconsin-Madison (instituciones públicas de Estados Unidos) y la empresa Mars Inc. (dueña de marcas como Snickers, Pedigree, Wiscas, Orbit, M&M y Milky Way) aseguraron en una publicación científica que fueron ellas quienes descubrieron este tipo de maíz.

Sin embargo, según consta en documentación oficial recabada por Animal Político a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), las universidades y la empresa trasnacional emprendieron las investigaciones del maíz de la Sierra Mixe sin contar con autorización alguna del gobierno mexicano.

En pocas palabras, “piratearon” las características genéticas del maíz mixe para aplicarlo en otras especies.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció, a través de un comunicado —en agosto pasado—, el “descubrimiento” hecho por las universidades y la empresa, en conjunto con el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (de la SEP).

Según la Semarnat, la investigación que derivó en este descubrimiento no solo contó con todas las autorizaciones oficiales requeridas para su desarrollo, incluso se hizo respetando el Protocolo de Nagoya, instrumento internacional que busca garantizar el reparto justo y equitativo de las ganancias que gobiernos o empresas pueden lograr a través del aprovechamiento de recursos biológicos y genéticos para desarrollar productos alimenticios, farmacéuticos u otros.

La dependencia subrayó que el reparto de ganancias que generará la explotación de este maíz oaxaqueño fue aceptado por “la comunidad de la Sierra Mixe”, la cual, dijo, otorgó su consentimiento “previo, informado, y estableció los términos mutuamente acordados para la distribución de los beneficios que de ella se deriven”, tanto para el inicio de estas investigaciones con maíz nativo, como para su futura explotación comercial.

Pero la realidad fue otra: no hubo ninguna autorización del gobierno mexicano, ni de los pueblos oaxaqueños para estudiar el maíz.

De hecho, el permiso para tomar muestras de maíz de la Sierra Mixe se tramitó varios años después de que estas fueron sacadas de México, y solo hasta después de que dicho maíz lograra ser reproducido con éxito en Estados Unidos.

Las universidades presumen su descubrimiento

Las universidades Davis, Wisconsin-Madison y la trasnacional Mars Inc. presentaron los resultados de la investigación en la Sierra Mixe como una “revelación” científica, aunque en el artículo de Plos Biology Journal reconocen que esta especie de maíz “criollo” fue desarrollado mediante técnicas ancestrales de selección de semilla aplicadas por los pueblos indígenas de Oaxaca, durante siglos.

En el artículo, el grupo de investigación reconoció que las tres variedades de maíz que sometió a estudio son “cultivadas localmente” en la Sierra Mixe, y “conocidas como (maíz) rojo, piedra blanca y llano”.

En México, las variedades de maíz criollo “son bienes comunes, pertenecen a toda la comunidad”, explica en entrevista la doctora Yolanda Massieu Trigo, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana en sustentabilidad y soberanía alimentaria.

Las variedades de maíz criollo, detalla, son aquellas que se van desarrollando en los pueblos, en las regiones campesinas, a partir de procesos de selección de semilla que han existido desde milenios, “y en los pueblos hay gente que va haciendo sus propios experimentos, seleccionando semilla, y son conocidos por sus vecinos, con los que comparten e intercambian semilla, entonces, por eso las variedades de maíz criollo no pertenecen a una persona, sino a todas, es una propiedad colectiva”.

Estas comunidades, señala la especialista, “están a merced de compañías privadas que lo que buscan es convertir esa propiedad colectiva en propiedad intelectual individual para poder obtener ganancias”.

El informe de la investigación no aclara cómo las universidades Davis, Winsconsin-Madison y Mars Inc. detectaron la existencia y el potencial de este maíz oaxaqueño, solo señalan que “nos enteramos de variedades nativas aisladas de maíz en la región Sierra Mixe de Oaxaca que, según los informes, se cultivaron utilizando prácticas tradicionales con poco o ningún fertilizante”.

Fue como el grupo privado determinó iniciar en la Sierra Mixe una investigación de campo, en busca del “santo grial” de la industria agrícola mundial, debido a la “importancia económica” que puede alcanzar una variedad de maíz que prescinda de fertilizantes añadidos.

La investigación realizada por este grupo científico concluyó que, independientemente del lugar en el que sean plantadas, estas “razas” de maíz de la Sierra Mixe no necesitan fertilizantes nitrogenados (usados para estimular el crecimiento de la planta), ya que para crecer toman el nitrógeno directamente del medioambiente, gracias a asociaciones que entabla con microorganismos atraídos por la planta.

Muestras de maíz ‘irregulares’

Tras el ‘descubrimiento’, Mars Inc. afirmó en un boletín que “esta investigación fue facilitada por la tremenda cooperación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Semarnat y Sagarpa, del gobierno mexicano)” y subraya que la autoridad municipal y la “comunidad en la aldea aislada en la región de Sierra Mixe” en donde se realizó el estudio “fueron una parte integral de este proyecto de investigación”.

Mars Inc. también asegura que, gracias a la aprobación de la comunidad que habita en esa “aldea aislada”, cuyo nombre no aclara, “se accedió a los materiales biológicos y se los utilizó, según un ‘Acuerdo de acceso y distribución de beneficios con la comunidad’, y con el permiso del gobierno mexicano”.

Sin embargo, las fechas no cuadran.

El estudio científico publicado por Mars Inc. y por las dos universidades estadounidenses asegura que la toma de muestras se inició en 2006 y que los experimentos con maíz de la Sierra Mixe comenzaron en 2010, cuando este tipo de maíz fue cultivado en el campus de la Universidad Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Luego, el estudio señala que las “observaciones” realizadas tardaron cinco años, es decir, hasta 2015. De esas observaciones se derivaron experimentos que continuaron hasta 2017.

De acuerdo con las fechas divulgadas por el mismo grupo científico privado, el permiso para obtener muestras y comenzar estudios tuvo que haberse solicitado y obtenido previo al inicio de la investigación, es decir, antes de 2006.

No obstante, el permiso tramitado ante el gobierno mexicano por la firma BioN2, filial de Mars Inc. (del que Animal Político posee copia), fue solicitado y obtenido en 2015, es decir, nueve años después de que las muestras fueron tomadas y extraídas de México, y cuando este equipo de investigación científica ya había concluido sus observaciones.

Según los artículos 87 y 87 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico, antes de iniciar cualquier tipo de investigación sobre recursos biológicos mexicanos (como en este caso es el maíz criollo de la Sierra Mixe), los interesados deben obtener un permiso para el levantamiento de muestras, y existen dos tipos: uno para proyectos sin fines de lucro, y otro para investigaciones que persiguen un beneficio comercial.

La Norma Oficial Mexicana 126-ECOL-2000, que regula la colecta científica de material y recursos biológicos en el territorio mexicano, señala que esos permisos deben tramitarse antes de que se inicie el levantamiento de muestras, y el solicitante debe cumplir distintas condiciones, antes y después de hacer su levantamiento de recursos biológicos.

Para solicitar un permiso el interesado debe obtener antes una licencia como “colector científico”. Ya con esta licencia, el solicitante debe describir ante la Semarnat cuáles son los objetivos y alcances de su investigación y demostrar que cuenta con el “consentimiento previo, expreso e informado” del legítimo poseedor del recurso biológico en cuestión.

Si cumple con estos requisitos, el interesado puede obtener el permiso para el levantamiento de muestras, pero contrae una obligación: al terminar el proceso, debe compartir una parte de esas muestras con alguna institución científica mexicana.

Si no se cumple con este requisito, la Norma Oficial establece que el colector científico no puede proporcionar esas muestras a “colecciones extranjeras”. Además, esta Norma obliga a los colectores científicos autorizados a entregar a la Semarnat un informe anual de sus labores.

Mars Inc. y las universidades Davis o Wisconsin-Madison incumplieron con estos requisitos.

La Semarnat informó a Animal Político que este grupo no le solicitó autorización para iniciar su levantamiento de muestras en 2006, y que hasta la fecha no ha emitido ningún permiso relacionado con el maíz criollo de la Sierra Mixe y sus microorganismos asociados.

Semarnat subrayó que el único permiso existente es el otorgado en 2015, y que fue emitido por un organismo público distinto: el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

A esto se suma otra irregularidad: cuando ese permiso fue tramitado, en 2015, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas consultó a la Semarnat para que “se pronunciara respecto de la solicitud de acceso, colecta y exportación de semillas y plantas realizada por el representante legal de la empresa BioN2 Inc.”.

Según la documentación oficial, de la que se obtuvo copia, Semarnat respondió que el tema estaba “fuera de su ámbito de competencia”, aun cuando la Ley General de Equilibrio Ecológico identifica a esta dependencia como la facultada para autorizar la colecta de recursos y material biológico y genético mexicanos.

Pero esta investigación privada estadunidense no solo se inició sin autorización del gobierno mexicano, también concluyó sin que este se diera cuenta.

Consultadas por Animal Político, tanto la Semarnat como la Sagarpa revelaron que no cuentan con ningún informe del grupo, formado por las universidades y Mars Inc., en que se presenten las conclusiones a las que llegó tras los experimentos con el maíz de la Sierra Mixe y sus microorganismos asociados.

La Semarnat reconoció que conoció los resultados de la investigación de las universidades y Mars Inc. solo hasta que fueron anunciados en Estados Unidos, el 7 de agosto pasado, cuando se publicó un artículo científico en la revista Plos Biology Journal que se refería al potencial de este “santo grial” de la industria internacional de granos.

Tras la publicación en la revista, la oficina central de la trasnacional Mars Inc. (con sede en Virginia, Estados Unidos) difundió un boletín en el que se congratula por el descubrimiento.

Agrega que aún falta tiempo para lograr trasladar este rasgo del maíz de la Sierra Mixe al “maíz comercial”, pero augura que sus mercados potenciales son los países “en desarrollo” con poco acceso a fertilizantes nitrogenados, aunque obviamente podría venderse a cualquier productor del mundo que no quiera seguir pagando por fertilizantes agroquímicos.

Oro por espejitos

La documentación oficial también señala que es falso que las comunidades indígenas de los 17 municipios que conforman la Sierra Mixe de Oaxaca hayan sido consultadas previamente respecto al inicio de la investigación y, por lo tanto, no existe una autorización de todos los pueblos indígenas de la zona para que sus recursos genéticos sean extraídos y explotados comercialmente.

La Semarnat, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el Sistema Nacional para la Inspección y la Certificación de Semillas (únicas instituciones facultadas para autorizar este tipo de investigaciones, o para autorizar la comercialización de recursos genéticos mexicanos), informaron que cuando el maíz de la Sierra Mixe fue extraído de México, ninguno de estos procedimientos había sido autorizado por las autoridades.

Según el Protocolo de Nagoya, los pueblos indígenas deben establecer, junto con el grupo de investigadores, un acuerdo para la distribución de los beneficios de las investigaciones.

Animal Político solicitó a Semarnat (dependencia que debe verificar que el Protocolo de Nagoya se aplique correctamente) una copia del acuerdo firmado entre “la comunidad de la Sierra Mixe” y Mars Inc., y avalado por las autoridades mexicanas, para conocer sus términos.

Semarnat respondió que no cuenta con copia de dicho acuerdo e informó que nunca verificó su contenido, ya que se trató de un acuerdo “entre particulares”.

Animal Político buscó a la Semarnat para saber cómo hizo este organismo de gobierno para determinar que el acuerdo fue justo y equitativo con la comunidad de la Sierra Mixe, como exige el Protocolo de Nagoya, si nunca conoció los términos de dicho acuerdo. No se obtuvo respuesta.

También se solicitó una copia de la consulta realizada entre los pueblos indígenas de la zona, mediante la cual se obtuvo su consentimiento al proyecto de Mars Inc.

La respuesta de Semarnat fue que nunca se hizo esa consulta, ya que el Protocolo de Nagoya no obliga a realizar consultas para obtener el consentimiento “previo informado”.

El organismo federal tampoco aclaró cómo se obtuvo el consentimiento de los pueblos de la Sierra Mixe, si no fue preguntándoles si lo otorgaban.

Por su parte, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, de la Sagarpa, señaló en su oficio C00.03.2141, que el acuerdo de reparto “justo y equitativo” no requiere “ratificación o registro ante este Servicio Nacional”. Por lo mismo, tampoco este organismo de gobierno verificó si dicho acuerdo fue realmente justo con los pueblos indígenas de la Sierra Mixe.

Las omisiones no terminan ahí. Las leyes federales obligan a todo organismo público a poner a consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cualquier política o acción de gobierno que incida en la vida o territorios de estas comunidades. Sin embargo, esto tampoco ocurrió.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que ningún organismo de gobierno le notificó sobre el proyecto de investigación del maíz de la Sierra Mixe con fines comerciales, ni se le consultó su opinión.

Entonces, ¿qué comunidades indígenas de la Sierra Mixe aprobaron este proyecto de Mars Inc., si es que realmente existen? Y ¿qué fue lo que Mars Inc. les ofreció a los pobladores de esa “aldea aislada”, a cambio del maíz desarrollado mediante técnicas tradicionales y durante generaciones?

Mars Inc. rechazó dar una entrevista, pero envió una carta a Animal Político en la cual asegura que no puede proporcionar el nombre de “la comunidad” indígena de la Sierra Mixe que otorgó su consentimiento, para “mantener su privacidad”.

En su misiva, Mars Inc. no aclara tampoco qué le ofreció a dicha comunidad a cambio del maíz y del conocimiento asociado a su uso.

En la misiva, sin embargo, hay un dato relevante: aunque las autoridades mexicanas afirmaron que no conocieron el contenido del acuerdo, por tratarse de un asunto entre “particulares”, Mars Inc. reveló que dicho acuerdo también fue establecido con “la autoridad municipal”, aunque omite revelar de qué ayuntamiento se trata.

Eso quiere decir que este no fue solo entre particulares, pues sí estuvieron involucradas autoridades mexicanas.

Al mantenerse oculto el nombre de los municipios supuestamente involucrados, tanto las autoridades mexicanas como Mars Inc. garantizan que esta transacción quede fuera del escrutinio público.

También se buscó a otro de los involucrados: el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, órgano académico público que, según informó la Semarnat, fue parte del equipo científico que desarrolló la investigación sobre el maíz de la Sierra Mixe.

El Instituto, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, aclaró que no tuvo nada que ver con esta investigación, ni con las presuntas irregularidades implícitas, aunque reconoció que el artículo científico en el que se divulgaron los hechos fue firmado, entre otros, por uno de sus académicos: el profesor Javier López Baltazar, quien tampoco respondió a la solicitud de entrevista.

La especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Yolanda Massieu, asegura que es preocupante que tanto Mars Inc. como las autoridades mantengan en secreto con quién se hicieron estos supuestos acuerdos, “solo hablan de la ‘comunidad de la Sierra Mixe’, pero no dicen cuál, ni tampoco qué autoridad local participó en todo esto, ¿un comisariado de bienes comunales, una asamblea ejidal, una presidencia municipal?”.

Ninguna de esas figuras de autoridad, aclara, puede ejercer control sobre bienes comunes, cuya posesión comparten todos los pueblos indígenas de Oaxaca.

Mantener ese dato en secreto, subraya, impide ir al lugar y preguntar directamente con los responsables a cambio de qué se entregó a una trasnacional este patrimonio mexicano y los conocimientos ancestrales asociados a él.

“Esperemos no estar frente a un caso de biopiratería, simulada por las autoridades”, concluye.

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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