EPN simuló cumplir compromisos en pobreza, derechos humanos y corrupción, acusan ONG

Organizaciones civiles denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto deja la agenda de gobierno abierto en una situación de “simulación y crisis”.

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Cuartoscuro

A pesar de los logros que presumió el presidente Enrique Peña Nieto en su sexto y último informe de gobierno en materia de derechos humanos, pobreza, desigualdad, y combate a la corrupción, entre otros, este miércoles un grupo de organizaciones civiles presentó un informe en el que denunciaron que el Ejecutivo federal simuló haber cumplido múltiples compromisos adquiridos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Como parte de esa Alianza, el gobierno mexicano se comprometió en 2016 a trabajar durante dos años –hasta el final de este sexenio- de manera conjunta con 400 especialistas y académicos de la sociedad civil en el cumplimiento de siete compromisos en materia de: Salud; Agua; Combate contra la Corrupción; Cambio Climático; Pobreza y Desigualdad; Derechos Humanos; e Igualdad de Género.

Juan Manuel Casanova, director de Social TIC, explicó en entrevista que esta Alianza para el Gobierno Abierto plantea, en esencia, que el Gobierno y la sociedad civil fomentaran de manera conjunta acciones y políticas públicas que solucionen problemas a través de tres ejes: la transparencia, la rendición y de cuentas, y la participación ciudadana.

Sin embargo, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC), entre las que están México Evalúa, Fundar, y Social TIC, entre otras, señalaron que, sin tomar en cuenta a los 400 especialistas de la sociedad civil, el Gobierno mexicano hizo cambios en la redacción de cinco de los siete compromisos, lo que originó una reducción de los alcances de éstos y cambios en la esencia de las propuestas originales.

Compromisos “descafeinados”

Uno de los compromisos “descafeinados”, es decir, que sufrieron cambios en su redacción original que redujeron sus alcances, es el de Derechos Humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Sobre este punto, las organizaciones civiles apuntaron que la autoridad se adjudica como compromiso resuelto la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, a pesar de que esta acción no estaba establecida originalmente en el compromiso.

Además, añadieron, las acciones que la autoridad presenta como avances “son acciones aisladas que no están vinculadas a la participación de la sociedad civil o víctimas y movimientos de desaparición forzada”.

En el compromiso Combate contra la Corrupción, Justin Dupuy, de Fundar, señaló que la redacción del gobierno modificó los alcances de incluir mecanismos de participación ciudadana en las designaciones de todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

“El compromiso era elaborar un proceso de designación incluyente y participativo de las personas que iban a encabezar el Sistema Nacional Anticorrupción –recordó Dupuy-. Pero eso nunca pasó y varios de los procesos de designación han sido poco abiertos, como, por ejemplo, el del nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación”.

La integrante de Fundar criticó además que, durante la implementación inicial del compromiso, la Secretaría de la Función Pública designara “de manera unilateral” y sin tener en cuenta a la sociedad civil a 43 titulares de Órganos Internos de Control de algunas dependencias de gobierno.

En el compromiso Pobreza y Desigualdad, las organizaciones apuntaron que originalmente se buscaba crear un “repositorio único de beneficiarios” de los programas de desarrollo social, “con la finalidad de ser el eje rector de la política del país”.

En cambio, el resultado entregado por el gobierno, y con el que ya dio por cumplido el compromiso, fue la publicación de una base de datos del registro de beneficiarios “de algunos programas federales y estatales”, lo cual, en opinión del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, “es un avance sin atributos específicos”.

“Los compromisos de pobreza, derechos humanos y combate a la corrupción, sufrieron una modificación tal que lo realizado por el gobierno no solo es distinto a lo acordado, sino que de menor impacto a lo requerido para atender las problemáticas que vive el país”, subrayó el Núcleo.

La simulación

A partir de estos resultados, que derivaron de un análisis a partir de entrevistas con especialistas de la sociedad civil que participaron inicialmente en la Alianza para el Gobierno Abierto, Juan Manuel Casanova, director de Social TIC, opinó que el Ejecutivo mexicano incurrió en “una simulación” del proceso de gobierno abierto y del cumplimiento de los compromisos establecidos.

Para el director de Social TIC, hay una simulación en varios ámbitos. El primero, a nivel internacional. Cuando el gobierno mexicano “da una apariencia de apertura a nivel de transparencia de datos”. Pero, por otro lado, existen desde 2017 denuncias de espionaje digital en contra de activistas y periodistas mexicanos que todavía no han dado aún resultados ante la justicia.

Y el segundo, cuando el Ejecutivo invitó “solo por aparentar” a organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre políticas públicas, de las que realmente no formaron parte.

Ante esta situación, los diferentes colectivos lamentaron que la administración de Peña Nieto, que está a días de concluir, termine dejando una situación de “simulación y de crisis agravada” que, incluso, puede generar la expulsión de México de la Alianza para el Gobierno Abierto. Por lo que llamaron a la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador a retomar los compromisos de este proyecto.

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